Martín díaz lestrem cobrará los haberes adeudados a su madre, víctima de la dictadura
Pagarán a su hijo los sueldos de una ex fiscal desaparecida
Publicado el 11 de Octubre de 2011
Por Néstor Espósito
En una decisión inédita, el Consejo de la Magistratura le reconoció derechos al heredero de los ex funcionarios judiciales Guillermo Díaz Lestrem y Nelly Esther Ortiz.
El heredero de dos funcionarios judiciales desaparecidos durante la última dictadura cobrará, 33 años más tarde, los sueldos que su madre no pudo percibir justamente porque estaba en manos de la patota que la secuestró en noviembre de 1976. Se trata de Martín Díaz Lestrem, hijo de Guillermo Raúl Díaz Lestrem, defensor oficial secuestrado por la dictadura y asesinado el 30 de noviembre de 1978 –el auditorio principal de la Defensoría General de la Nación lleva su nombre– y de la ex fiscal Nelly Esther Ortiz, cuya fecha presuntiva de muerte es el 24 de mayo de 1978. Ortiz estaba jubilada de la justicia cuando el 25 de noviembre de 1976, mientras se dirigía desde su casa en el barrio porteño de Palermo al Hospital Italiano, fue capturada, llevada a la ESMA y nunca volvió a saberse de ella. Su marido era defensor oficial hasta el golpe de Estado del 24 de marzo. Estuvo detenido, fue liberado pero el 20 de octubre de 1978 ingresó nuevamente a la lista de desaparecidos. Su cadáver apareció el 30 de noviembre de 1978 en la entrada del Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Martín quedó huérfano siendo menor de edad, al cuidado de una abuela que falleció en 1990.
Cuando se hizo mayor comenzó a reclamar “el pago de los sueldos que van desde noviembre de 1976 a mayo de 1978, incluidos los aguinaldos y aumentos correspondientes” que su madre no había podido cobrar. El Departamento de Previsión y Asistencia Social de la Dirección General de Recursos Humanos mostró una mueca mezcla de burocracia y crueldad: le dio de baja al pago previsional a Ortiz el 23 de agosto de 1977 “por no presentarse al cobro”.
“Cabe entender este reclamo bajo la política de reparación histórica que está llevando a cabo el Estado argentino a través de los distintos poderes que lo integran… El acogimiento favorable de la solicitud de Martín Díaz Lestrem en ningún modo significa la creación de un derecho especial sino del reconocimiento de un beneficio ya concedido a su madre y que, en su carácter de único heredero, le corresponde ejercer, en la medida que su madre no pudo hacerlo por circunstancias que el Estado argentino no puede desconocer sino, en sentido contrario, reconocer”, sostuvo la resolución aprobada por mayoría por el Consejo de la Magistratura.
“El reconocimiento del derecho del peticionante no puede implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus familiares sino otorgarle lo que por derecho propio le pertenece. El reclamo en cuestión se encuentra en sintonía con la política de Estado seguida respecto de las víctimas del terrorismo de Estado, que comprende no sólo el juzgamiento de las violaciones a los Derechos Humanos esenciales como la vida, la dignidad y la integridad, sino también la reparación de las privaciones a sus derechos patrimoniales”, añade.
El Consejo puso así fin a un largo derrotero judicial que se inició a mediados de los ’90 y que atravesó por su médula toda la trama de papelerío que demora por años los procesos en la justicia. Las distintas instancias judiciales, entre ellas la Corte Suprema, buscaron durante meses y meses constancias que acreditaran que esos salarios no fueron cobrados por otra persona mientras Ortiz estuvo desaparecida y hasta la fecha de su muerte presuntiva. “De todas las cuestiones administrativas llevadas a cabo con el objeto de referencia jamás existió resolución que concretamente indicara respecto de la existencia de mi derecho a percibir las sumas reclamadas y dispusiera su pago”, explicó el heredero Díaz Lestrem en el marco de un expediente que tardó más de tres lustros en resolverse.
Pese al voto en contra de los legisladores de la UCR Mario Cimadevilla y Oscar Aguad, y del abogado Daniel Ostropolsky, el Consejo le ordenó a la Administración General de la Justicia el pago de los salarios caídos.
Fuente:TiempoArgentino

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