La peor tradición del pasado
Por Leo Ricciardino
El guiño del juez federal Marcelo Bailaque a revisar el pasado reflotando el paradigma de la teoría de los dos demonios, cayó como un balde agua fría entre organizaciones, familiares y abogados defensores en la causas de derechos humanos en Rosario. En rigor, la primera publicación daba casi como un hecho consumado que había orden de investigar el atentado adjudicado a Montoneros en septiembre de 1976, cuando un artefacto de gran poder estalló al paso de un colectivo que traía policías que venían de custodiar un partido en la cancha de Central. Fue a la altura de donde hoy está el shopping de calle Junín y hubo once muertos.
Lo pernicioso de este paradigma que sobrevoló durante muchos años tras la recuperación democrática, es que esconde tras un velo de supuesta justicia ?-para un lado y para el otro-? diluir lo que en realidad le da carnadura a un crimen de lesa humanidad: la responsabilidad del Estado constituyéndose en aparato terrorista. Ese es el nervio motor que mueve hacia adelante las causas -?precisamente-? por terrorismo de Estado que se sustancian aquí y en todo el país desde hace algunos años. Es esa búsqueda de justicia y reparación posible porque ya hay muchos genocidas que fallecieron producto de su avanzada edad.
Pero la repuesta en escena de esta línea argumental que busca deslegitimar los procesos que ya están arrojando condenas y que son el fruto de más de 25 años de una batalla ideológica incesante; no es totalmente nueva. Ya se ha visto recientemente en la intención de involucrar a conocidos periodistas e intelectuales en casos resonantes de los '70 como la voladura del comedor de la policía federal en Buenos Aires o el propio asesinado del metalúrgico José Ignacio Rucci.
Es volver a la edad de piedra del debate nacional en esta cuestión. Es el regreso a la frase "esto era una guerra", cuando ya se probó que no había frente a las Fuerzas Armadas Argentinas otro ejército regular que combatiera en diversos territorios. El engaño del debate moral en torno de las muertes a veces confunde por su conmoción y es difícil cuando los familiares de las víctimas creen estar ejerciendo sus derechos de resarcimiento judicial y económico. Hay bibliografía reciente destinada a establecer cuánto cobraron las víctimas del ejército y cuánto las de la "subversión" en casos puntuales como el copamiento del regimiento de Formosa en 1975. Libros enteros dedicados a volver hacia un falso dilema que costó muchos años desterrar para que pudiera aparecer la verdadera justicia.
En una sociedad que aún hoy se pregunta "¿dónde están los derechos humanos del policía?" que fue abatido por un delicuente, por ejemplo, estas operaciones malintencionadas son sumamente peligrosas. Una cuestión es el dolor personal ante la tragedia y otra muy distinta es la conceptualización de la configuración de un delito de lesa humanidad y por lo tanto, imprescriptible.
Es central que las causas de Rosario y del país sigan avanzando en el camino que lo vienen haciendo porque lo demás sería ingresar en un terreno ya transitado. Un recorrido sinuoso que lamentablemente en algunos países del mundo aún se sigue caminando, donde hay algunos estados que siguen eligiendo transformarse en algo mucho peor de lo que dicen representan sus enemigos.
Salir de adentro de la Caja
El gremio de los docentes santafesinos se prendió en la discusión con el gobierno por la jubilación del sector, pero olvidó un detalle que sería sumamente esclarecedor para la sociedad santafesina que -?azorada?- se pregunta cómo es posible que un maestro llegue a jubilarse con 7.400 pesos como dice el gobernador electo Antonio Bonfatti, si gana un sueldo que apenas supera los 4.000 pesos. Amsafé prefirió ajustar los números y responderle al actual ministro de Gobierno que en realidad, el haber está en los 6.000 pesos. Pero siguen sin responder la cuestión central: ¿Cómo es que estamos ante el único caso en que un pasivo gana mucho más que un activo en su rubro? La respuesta es sencilla y podrían haberle ahorrado a la sociedad andar por ahí haciendo cuentas con cuanto docente conocido o cercano encontraran. Los maestros de esta provincia llegan a semejante jubilación (entre los 7.400 que dice el gobierno y los 6.000 que corrige el gremio) porque hacen doble turno. Es decir, trabajan un promedio de 14 horas diarias durante 35 años para llegar a esas cifras. De lo contrario, apenas superarían los 3.000 pesos incluyendo el famoso 82 por ciento que pregona esta administración.
Una vez despejada esta cuestión, la pregunta pasa a ser inmediatamente otra. Mucho más profunda y menos matemática: ¿Qué clase de educación brinda un docente que llega al segundo turno con más de seis o siete horas frente a cursos de 35 chicos? La imagen del docente "taxi" que va de un lado al otro es más común entre los profesores de nivel medio que ?-es obvio-? tienen un compromiso determinado con la transmisión de conocimientos, pero menor a la hora de establecer un vínculo casi personal como el que establece un maestro de nivel inicial con los más pequeños.
Estos razonamientos podrían ser quizás de utilidad para la inmensa masa de padres que expresa en general un desprecio supino por la actividad docente. Esa franja que exige "nivel educativo" sin preguntarse con demasiada precisión qué es lo que eso significa. ¿O alguno cree que se trata realmente de los 180 días de clase? Está claro que un colectivero que trabajara doble turno podría estar llegando hoy, después de más de 30 años de servicio, a una jubilación de 9.500 pesos. Pero sucede que se mataría y mataría a su pasaje mucho antes de llegar a cumplir unos pocos años de servicio. En el caso de los maestros difícilmente puedan llegar a matar a alguien por deficiencias en el cumplimiento de su trabajo, pero el deterioro sí existe. Para él y para el sistema educativo en general.
Hay que partir de la premisa que gremios y gobierno están discutiendo esto porque el escenario lo permite. A nadie en 2001, por ejemplo o en los '90 del ministro Fernando Bondesío aquí en Santa Fe, se le hubiera ocurrido semejante debate. En esa época el salario era de 400 pesos y el presentismo equivalía a 80 pesos. Esa era la discusión y el cepo que el ministro había logrado poner a los reclamos.
Para los que hoy dicen que Néstor Kirchner era menemista en esos años, se puede buscar información y determinar que cuando asume la gobernación de Santa Cruz por primera vez en 1991 -?al mismo tiempo que lo hacía Carlos Reutemann en Santa Fe-?; descontó un 13 por ciento a los empleados públicos incluidos los docentes para recuperar las quebradas arcas provinciales. Pero al poco tiempo fue devolviendo retroactivamente esos descuentos y para el año '94 tenía casi el 75 por ciento de popularidad en su territorio. Aquí, se hizo también ese descuento en el marco de la emergencia económica pero nunca se devolvió retroactivamente. Apenas si dejó de descontarse cuando cesó la norma que transfirió millones y millones al Estado provincial.
Respecto de la jubilación anticipada, la discusión debe salir de adentro de la Caja y establecer que la docencia es una actividad que enferma. Si esto no se comprende, nunca se dará el salto cualitativo hacia un debate acerca de la calidad educativa. La propuesta del gobierno de crear cargos pedagógicos para docentes que aún en edad de trabajar abandonaran las clases frente al aula, era una idea que empezaba a considerar el aspecto del desgaste laboral. Muchos docentes que tienen los aportes pero no la edad para el retiro estarían dispuestos a seguir trabajando si pudieran hacerlo en un ámbito que no fuera la clase directa con chicos a cargo. Porque es esa la parte que enferma y desgasta física y psíquicamente. Son personas aún jóvenes pero con más de 20 años de experiencia, una combinación ideal para seguir desarrollándose en la capacitación. Pero la primera propuesta de creación de cargos de este tipo, era insuficiente en número frente a la demanda que habría disparado. Hoy en debate necesita ser encarrilado nuevamente. Quizás después de las elecciones se pueda despejar el escenario para una solución que involucra mucho más que el retiro anticipado de los maestros santafesinos.
Fuente:Rosario12
Oberlin: "La derecha intenta reinstalar que hubo una guerra de dos bandos en los 70"
La abogada que actúa en el juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Paraná cuestionó una decisión de la Justicia de Rosario de reabrir la investigación de un supuesto atentado de Montoneros en esa ciudad.
Ana Oberlin, querellante en juicios contra represores –entre ellos el que se realiza en Paraná por robo de bebés–, rechazó que la Justicia reabra una investigación por un presunto atentado de Montoneros ocurrido en septiembre de 1976 en Rosario, cuando explotó un micro policial en el que murieron 11 personas que venían de cumplir adicionales en la cancha de Central.
Oberlin manifestó que se trata de “una estrategia de la derecha que está queriendo instalar estos temas para volver hacia atrás en lo que hemos andado como pueblo argentino”.
“Está enmarcado en una especie de cruzada que se está intentando llevar adelante en distintos lugares del país en donde se pide que se investigue algunos episodios que supuestamente habrían cometido organizaciones armadas de los 70”, dijo Oberlin este viernes a "Trascendental" de La Ocho. “Forma parte de intentar reinstalar a nivel social la idea de que sucedió una guerra y hubo dos bandos y que por lo tanto hay que investigar los crímenes de ambos bandos. Así es como se está presentando a nivel general”, agregó.
La abogada dijo que para “la normativa nacional e internacional es muy diferente lo que ocurrió con terrorismo de Estado, que está más que probado, con lo que podrían haber sido hechos cometidos por personas, incluso por personas que podrían haber integrado organizaciones armadas, que de ninguna manera pueden ser investigados porque han prescripto”.
“Solamente son imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, y para que sean tales tienen que haber sido cometidos por el Estado o por organizaciones que hayan tenido poder dentro del territorio. Entonces lo que decimos, es una estrategia de la derecha que está queriendo instalar estos temas para volver hacia atrás en lo que hemos andado como pueblo argentino, es la claridad que tenemos respecto de que se trató de un terrorismo de Estado y de ninguna manera de una guerra”.
El caso
El titular del Juzgado Federal Nº4 de Rosario, Marcelo Martín Bailaque, ordenó reabrir una investigación por el atentado explosivo contra un micro policial perpetrado el 12 de septiembre de 1976, y en el que resultaron muertos nueve efectivos y dos civiles. Según trascendió de fuentes tribunalicias, el juez ordenó al fiscal que instruya el sumario correspondiente.
La resolución judicial fue en respuesta a una demanda presentada por Gabriel Amado Alfonso, hijo de Domingo Hipólito Alfonso, uno de los policías muertos por la explosión. Así lo confirmó a La Capital el abogado patrocinante de Alfonso, Carlos Racamato, quien destacó que "durante muchos años se trató de abrir la investigación, pero se rechazaba porque en teoría está prescripto", por eso la solicitud apuntó a que este hecho sea declarado crimen de lesa humanidad.
El 12 de setiembre de 1976, un micro que transportaba a 32 policías que venían de cumplir tareas adicionales en la cancha de Rosario Central sufrió un atentado. Según las crónicas de la época, una bomba instalada en el interior de un automóvil Citroën 2CV estacionado fue detonada a distancia en el instante en que el ómnibus pasaba a su lado, en la esquina de las calles Junín y Rawson.
La onda expansiva y las esquirlas impactaron de lleno en el transporte policial causando la muerte de nueve efectivos y heridas de diversa consideración a los restantes miembros de la comitiva. También fallecieron dos civiles que transitaban en su automóvil, y otras tres personas que circulaban por el lugar fueron heridas.
Si bien en su momento se abrió una investigación, y el gobierno de facto de entonces ordenó la apertura de un Consejo de Guerra, nunca se supo públicamente quiénes fueron los responsables del atentado, que se atribuyó, mediante panfletos, la organización Montoneros.
Racamato explicó que "se abrió una investigación en la Justicia cuando fue el hecho por homicidio, pero luego se cerró", y añadió que "durante muchos años se trató de reabrir la investigación, lo cual se rechazaba porque en teoría está prescripto". Sin embargo, la querella apunta a que el hecho sea declarado crimen de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible.
Por lo pronto, el juez Bailaque ordenó abrir una investigación y al fiscal Marcelo Degiovanni la instrucción de un sumario, aunque la querella aún desconoce si el magistrado ha declarado o no crimen de lesa humanidad el atentado de septiembre de 1976. De todas formas, la orden del juez, rubricada el miércoles pasado, iría en una dirección favorable a la solicitud del demandante.
Fuente:LaCapital
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