Se trata del ataque con explosivos a un micro policial ocurrido en septiembre de 1976. El hijo de una de las once víctimas pidió que sea considerado crimen de lesa humanidad.
07.10.2011
El titular del Juzgado Federal Nº4, Marcelo Martín Bailaque, ordenó reabrir una investigación por el atentado explosivo contra un micro policial perpetrado el 12 de septiembre de 1976, y en el que resultaron muertos nueve efectivos y dos civiles. Según trascendió de fuentes tribunalicias, el juez ordenó al fiscal que instruya el sumario correspondiente.
La resolución judicial fue en respuesta a una demanda presentada por Gabriel Amado Alfonso, hijo de Domingo Hipólito Alfonso, uno de los policías caído por la explosión. Así lo confirmó a este diario el abogado patrocinante de Alfonso, Carlos Racamato, quien destacó que "durante muchos años se trato de abrir la investigación, pero se rechazaba porque en teoría está prescripto", por eso la solicitud apuntó a que este hecho sea declarado crimen de lesa humanidad.
El 12 de septiembre de 1976, un micro que transportaba a 32 policías que venían de cumplir tareas adicionales en la cancha de Rosario Central sufrió un atentado explosivo. Según las crónicas de la época, una bomba instalada en el interior de un automóvil Citroën 2CV estacionado fue detonada a distancia en el preciso instante en que el ómnibus pasaba a su lado, en la esquina de las calles Junín y Rawson.
La onda expansiva y las esquirlas impactaron de lleno en el transporte policial causando la muerte de nueve efectivos y heridas de diversa consideración a los restantes miembros de la comitiva. También fallecieron dos civiles que transitaban en su automóvil, y otras tres personas que circulaban por el lugar fueron heridas.
Si bien en su momento se abrió una investigación, y el gobierno de facto de entonces ordenó la apertura de un Consejo de Guerra, nunca se supo públicamente quiénes fueron los responsables del atentado, que se atribuyó, mediante panfletos, la organización Montoneros.
Racamato explicó que "se abrió una investigación en la Justicia cuando fue el hecho por homicidio, pero luego se cerró", y añadió que "durante muchos años se trató de reabrir la investigación, lo cual se rechazaba porque en teoría está prescripto". Sin embargo, la querella apunta a que el hecho sea declarado crimen de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptible.
Sin precedentes
El abogado señaló que no hay antecedentes de resoluciones judiciales similares sobre crímenes cometidos por organizaciones armadas. Explicó que este caso es diferente al del secuestro y muerte del coronel Argentino del Valle Larrabure, actualmente en investigación, porque ocurrió antes del golpe militar de 1976 y habría sido perpetrado por el ERP; mientras que el del ómnibus policial fue durante el gobierno de facto y atribuido a Montoneros.
Añadió que lo que aquí se trata "es una cuestión técnica jurídica y no es política", y aclaró que se trata de "una causa compleja de la cual hay secreto de sumario", pero resaltó que "lo importante es que sobre este hecho se va investigar".
El demandante, Gabriel Alfonso, persigue una "reparación histórica, ya que tenía dos años cuando pasó todo", explicó Racamato. "Sirve a los fines de la reparación histórica de los hechos de los años 70, y se destaca las cualidades de valentía del juez en abrir una investigación de este calibre", remarcó.
"Tenemos expectativas de que se averigüe la verdad, porque una cosa es que digan «mi papá murió», pero Montoneros era una agrupación grandísima, y saber por qué te mataron a tu papá merece una respuesta", aseveró en relación a su cliente.
Apuntó que las víctimas "eran policías, no eran represores, venían de cubrir servicios adicionales de la policía en la cancha de Central, eran agentes con sólo dos años de antigüedad".
Por lo pronto, el juez Bailaque ordenó abrir una investigación y al fiscal Marcelo Degiovanni la instrucción de un sumario, aunque la querella aún desconoce si el magistrado ha declarado o no crimen de lesa humanidad el atentado de septiembre de 1976. De todas formas, la orden del juez, rubricada el miércoles pasado, iría en una dirección favorable a la solicitud del demandante.
Las víctimas
Las víctimas mortales del atentado del 12 de septiembre de 1976 fueron los agentes de policía Edgardo Ferri, Juan Domingo Matiasevich, Domingo Alfonso, Andrés Acosta, Carlos González, José Luis Boggino, Hugo Pellegrina, José María Gutiérrez y Darío Pietrani; y los civiles Oscar Ledesma y su esposa Irene Dib.
Fuente:LaCapital
07/10/2011
Juicios contra ex represores
El ingenio del odio
La agrupación HIJOS Rosario y la representante legal de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en esta ciudad, Ana Oberlin, repudiaron este viernes la decisión del juez federal Martín Bailaque de reabrir la investigación por el atentando explosivo contra policías –ocurrido en septiembre de 1976 en inmediaciones del estadio del Club Atlético Rosario Central–, presuntamente cometido por la organización Montoneros, al señalar que “se trata de una estrategia de la derecha por reinstalar la teoría de los dos demonios”. Lo que sucedió en aquellos años fue “Terrorismo de Estado y de ninguna manera una guerra”, coincidieron.
Se trata de “una estrategia de la derecha que está queriendo instalar estos temas para volver hacia atrás en lo que hemos andado como pueblo argentino”, dijo Oberlin, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos en juicios por delitos de lesa humanidad en Rosario y Entre Ríos.
Juan Emilio Basso, militante de HIJOS Rosario, sostuvo: “Nos parece un disparate, lo que hay es una embestida política que pone en cuestión el proceso de juicio y castigo al Terrorismo de Estado, que se funda en una pelea de muchos años pero que se profundizó desde 2003 a esta parte”.
El juez Bailaque, titular del juzgado federal Nº4 de esta ciudad, ordenó reabrir la investigación por un atentado explosivo ocurrido el 12 de septiembre de 1976 cerca del estadio de Rosario Central, en el que murieron 9 policías santafesinos y dos civiles, reveló este viernes el diario La Capital.
Según el matutino, el pedido de reapertura de la causa –que fue motivo de un Consejo de Guerra durante la última dictadura– fue impulsado por Gabriel Alfonso, hijo de una de las víctimas del atentado, Domingo Alfonso, quien solicitó que el crimen de su padre sea considerado de lesa humanidad.
Oberlin dijo que para “la normativa nacional e internacional es muy diferente lo que ocurrió con el Terrorismo de Estado, que está más que probado, con lo que podrían haber sido hechos cometidos por personas, incluso por personas que podrían haber integrado organizaciones armadas, que de ninguna manera pueden ser investigados porque han prescripto”.
“Solamente son imprescriptibles los delitos de lesa humanidad, y para que sean tales tienen que haber sido cometidos por el Estado o por organizaciones que hayan tenido poder dentro del territorio”, abundó la abogada.
“Entonces decimos que es una estrategia de la derecha que está queriendo instalar estos temas para volver hacia atrás en lo que hemos andado como pueblo argentino; se trató de Terrorismo de Estado y de ninguna manera de una guerra”, afirmó en declaraciones a LT8.
Juicio y castigo si señor
“Hay un intento de poner obstáculos a ese proceso de enjuiciamiento a los represores, que abre una oportunidad a la Argentina –que sufrió varias dictaduras–, de poner al país en el concierto de los países que no perdonaron a los verdugos que cometieron crímenes aberrantes”, dijo Basso.
“Con la idea de reinstalar la teoría de los dos demonios, lo que buscan es que no se pueda avanzar sobre otro costado de estos temas, que es discutir el proceso histórico que vino a encarnar la dictadura”, avanzó el militante de HIJOS.
En esa línea, agregó que “la idea de dos bandos armados es la manera de reducir que de lo que se trató fue de un proyecto político para construir una Argentina diferente, y que la dictadura como brazo armado de sectores económicos minoritarios vino a barrer a los opositores que cuestionaban su poder, como lo hicieron en el 55, en el 30 y con la conquista del desierto”.
Para Basso, “el proceso de los juicios por crímenes de lesa humanidad viene a frenar esa espiral de violencia en la Argentina, por la cual las Fuerzas Armadas cada vez que entendieron que debían defender los intereses económicos de las minorías, recurrieron a esas experiencias”.
Agregó que los juicios contra los genocidas vienen a decir “basta al poder concentrado, y que quien defina el rumbo del país sea la política y la democracia”.
Por eso, entiende que “la derecha propone el debate de la teoría de los dos demonios para reducir esta cuestión”.
Demonio hubo uno solo
Oberlin coincidió al asegurar que la reapertura de la investigación del atentado presuntamente organizado por Montoneros “está enmarcado en una especie de cruzada que se está intentando llevar adelante en distintos lugares del país, en donde se pide que se investigue algunos episodios que supuestamente habrían cometido organizaciones armadas de los 70”.
“Forma parte de un intento por reinstalar a nivel social la idea de que sucedió una guerra y hubo dos bandos y que por lo tanto hay que investigar los crímenes de ambos bandos”, concluyó.
Fuente: Télam
Fuente:RedaccionRosario
LOS ATENTADOS DE LA GUERRILLA NO SON DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Un debate que está saldado
A partir de la decisión del juez Bailaque de hacer lugar a un pedido para que se reabra una causa prescripta por el atentado a un micro de la policía rosarina en el 76, abogadas de derechos humanos señalaron que "no fue un crimen de lesa humanidad".
Por Lorena Panzerini
Abogadas querellantes en causas que se siguen en Rosario aseguraron que el atentado explosivo que se adjudicó Montoneros en setiembre de 1976 --en un micro donde se trasladaban 32 policías-- "de ninguna manera es un crimen de lesa humanidad". En el hecho murieron nueve efectivos y dos civiles, y ahora el hijo de uno de los policías fallecidos reclamó a la Justicia Federal que se reabra la causa prescripta como una "reparación histórica". Según indicó el abogado del demandante, el juez federal Marcelo Bailaque hizo lugar al pedido, pero no confirmó que sea un hecho de lesa humanidad. "Sería como intentar que se investigue un hurto cometido 30 años atrás", señaló Gabriela Durruty, quien se manifestó en contra de la resolución de Bailaque, junto con las abogadas Jésica Pellegrini y Daniela Asinari. En ese marco, aseguraron que "se intenta reeditar un debate que hasta la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene saldado, y que es el caballito de batalla de los sectores que defienden los crímenes de la última dictadura militar". Para las abogadas, el juez "debió desestimar inmediatamente la denuncia, por ser un delito claramente prescripto". Aunque ya se habían intentado reapertura de causas, ésta es la primera vez que se hace.
Luego de que Gabriel Alfonso, hijo del oficial fallecido Domingo Alfonso, presentara una demanda para que el hecho sea considerado delito de lesa humanidad y se reabra la causa, el juez habría resuelto a su favor, aunque se trata de un delito prescripto. En este sentido, las letradas del equipo jurídico de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Rosario indicaron que "la Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) ratificó que los atentados de la guerrilla no son delitos de lesa humanidad: en un fallo del 24 de marzo de este año, el máximo tribunal penal del país emitió un pronunciamiento en el que dejó clara la diferencia entre el terrorismo de Estado y la acción de las organizaciones armadas de los '70. No pueden parangonarse con los crímenes cometidos por la dictadura. No son lo mismo. Aquí no hubo una guerra".
Por su parte, la abogada Ana Oberling dijo a LT8 que "es una estrategia de la derecha, que está queriendo instalar estos temas para volver hacia atrás en lo que hemos andado como pueblo argentino".
En tanto, insistieron con "hacer hincapié en estos conceptos a fin de evitar su tergiversación y su utilización por parte de los sectores que están intentando reactivar la teoría de los dos demonios y de la existencia de una guerra en el país, que justificaría el genocidio perpetrado por la última dictadura militar y que obligan a la Justicia a pronunciarse y actuar claramente rechazando de plano estos intentos".
Para las letradas, "lo que debe hacer el fiscal (Marcelo Degiovanni) es cumplir con la normativa nacional e internacional en la materia y establecer que se trata de un hecho que no puede ser objeto de investigación alguna por los mismos motivos".
A modo de ejemplificar la "ilegalidad" de la situación, las letradas citaron un fallo publicado el 24 de marzo pasado, en el que fueron sobreseídos por "prescripción" ex integrantes de la agrupación Montoneros. En tanto, en el caso de José María Salgado y Rodolfo Walsh, también sindicados como autores, no pudieron ser sobreseidos: el primero está muerto y el segundo, desaparecido desde 1977. En este caso, la investigación giraba en torno a un atentado de Montoneros del 2 de julio del '76, en Buenos Aires, cuando estalló un artefacto explosivo en el casino de la entonces Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal.
En aquel momento, los familiares de algunos de los muertos, representados por el ex juez de la dictadura Norberto Angel Giletta y José María Sacheri, integrante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, "iniciaron la acción judicial para poner a un mismo nivel los atentados guerrilleros y la represión de Estado". Sin embargo, la sala primera de la Casación, con las firmas de los jueces Raúl Madueño, Juan Fégoli y Mariano González Palazzo, estableció la diferencia: "Los crímenes de lesa humanidad no lesionan sólo a la víctima que ve cercenados sus derechos básicos por el delito, sino que también implican una lesión a toda la humanidad como conjunto. Los crímenes contra la humanidad también trascienden al individuo porque cuando el individuo es lesionado, la humanidad es atacada y anulada".
Puede definirse como crímenes contra la humanidad a una serie de actos inhumanos, incluidos el homicidio, el encarcelamiento, la esclavitud, la tortura y la desaparición forzada, cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático, contra cualquier población civil, tanto en tiempos de guerra como de paz.
Fuente:Rosario12
Gacetilla de prensa
La prensa hizo conocer la presentación de una denuncia ante el juzgado federal 4 para investigar delitos comunes atribuidos a militantes populares el 12 de setiembre de 1976.
Los únicos hechos de lo años 70 que pueden y deben ser investigados por la justicia en nuestros días son aquellos cometidos por el estado terrorista al amparo de aquel.
Vale decir, aquellos delitos que se cometieron cobardemente, utilizando toda la estructura estatal no solo para cometerlos sino para procurar la impunidad de sus autores.
Cualquier otro acto se encuentra prescripto y fuera del alcance de los magistrados.
Esto lo sostiene no solo toda la jurisprudencia internacional en la materia, los jueces democráticos a lo largo y a lo ancho de nuestro país y el máximo tribunal penal argentino.
Los hechos que pudieran haber cometido las organizaciones guerrilleras en los ’70, definitivamente, no son delitos de lesa humanidad. No pueden parangonarse con los crímenes cometidos por la dictadura. No son lo mismo. Y aquí no hubo una guerra.
La teoría de los dos demonios ha sido desterrada jurídicamente desde la sentencia de causa 13 y políticamente a tres décadas interrumpidas de democracia.
¡¡Por la memoria, la verdad y la justicia!!
FAMILIARES DE DETENIDOS Y DESAPARECIDOS POR RAZONES POLITICAS ROSARIO.
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS ROSARIO.
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE.
NormaRios
Presidenta APDH
Rosario
PRENSA
COLECTIVO ES PRESOS POLITICOS y SOBREVIVIENTES-ROSARIO
Está más que claro, que el hecho que nos ocupa no tiene como encuadre jurídico ser un delito de lesa humanidad.
Nos llama poderosamente la atención que en estos momentos con 240 genocidas condenados en todo el país, más de 120 cuerpos identificados por el EAAF, que pretendió hacer desaparecer la última dictadura cívico-militar, camaristas ha los que la corte han hecho renunciar por haber sido parte del aparato represor, centros clandestinos en todo el país que son preservados y convertidos en centros de Memoria para no olvidar el genocidio, integrantes de organismos que han sido despedidos por ser funcionarios de la ex-dictadura, la restitución de identidad de 104 nietos recuperados de 400 apropiados y demás situaciones que tienen que ver con la Verdad, Memoria y Justician se intente reabrir una investigación que a todos luces no corresponde.
La Argentina tuvo una sóla y unívoca situación: terrorismo de estado. Abundante jurisprudencia local e internacional avalan esta clarísima determinación y es por ello que se llevan adelante los juicios en todo el país.
No existe entonces teoría de los dos demonios alguna. Aquí hubo un único ejecutor y responsable y fue el Estado con la complicidad civil.
Retroceder en estos términos es querer imponer aquella teoría, estancar la Verdad en vericuetos jurídicos y distorsionar la Memoria en los hechos ocurridos.
Por lo expuesto el Colectivo de ex Presos Políticos y Sobrevivientes Rosario, sostiene la prescripción de cualquier causa que no encuadre con lo antes expresado y apoya el avance realizado hasta hoy en materia de Verdad, Memoria y Justicia, no aceptando ninguna reapertura de causa que no se ajuste a lo enunciado.
Por Colectivo
Mónica Garbuglia
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