Impulsan un proyecto para asegurar la difusión completa de los juicios
Publicado el 2 de Octubre de 2011
Por Gerardo Aranguren
El Ministerio de Justicia trabaja en una iniciativa que garantice la transmisión pública de todas las etapas de los procesos. Aspira a unificar criterios de los Tribunales que hoy aplican de manera restrictiva la normativa de la Corte.
Desde 2008, la difusión de los juicios está garantizada por la acordada 29/08 de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, los Tribunales la interpretan de manera restrictiva: sólo permiten la publicidad de los actos iniciales del proceso, los alegatos y la lectura de la sentencia, y prohiben el ingreso de medios audiovisuales en la etapa testimonial.
El Ministerio de Justicia de la Nación está trabajando en un proyecto de ley para garantizar la difusión completa de todos los juicios orales y públicos, incluyendo los de lesa humanidad. El objetivo es unificar el criterio de los Tribunales. En el texto, que según confiaron fuentes oficiales a Tiempo Argentino, ingresaría al Congreso a fin de año, se prevé que los medios tengan el mismo tratamiento que el público en general, por lo que podrían acceder a todas las etapas del proceso, salvo excepciones puntuales que estarán detalladas (ver recuadro). Mientras esto sucede, hay quienes señalan que se podría llegar al mismo resultado aplicando de manera menos restrictiva la acordada de la Corte. Esta es la postura del juez platense Carlos Rozanski. En diálogo con Tiempo el magistrado se manifestó a favor de la difusión masiva de las audiencias, sobre todo por tratarse de delitos cometidos hace 35 años (ver página 15).
Hasta el momento, los organismos de Derechos Humanos que impulsan el acceso de la televisión a todas las etapas del juicio debieron, sin éxito, apelar las decisiones de los Tribunales. Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en el juicio por el Plan Sistemático de Robo de Bebés, elevó al TOF 6 un requerimiento en ese sentido en marzo pasado. “La publicidad y el derecho a la información no se satisfacen simplemente mediante el acceso del público a la sala de audiencias. Una interpretación más amplia de la garantía constitucional comprende la difusión televisiva de estos juicios. Se trata de un caso de indudable interés público donde su difusión por medios televisivos se torna no sólo conveniente sino hasta imperiosa”, argumentó la asociación al presentarse en queja ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Luego de seis meses de reclamos, a fines de agosto, la Sala III rechazó el pedido por cuestiones formales.
El abogado Alan Iud explicó que para Abuelas “es importante la difusión en todos los medios disponibles porque favorece a uno de los objetivos de estos juicios”. Y subrayó: “No se trata sólo de imponer una sanción penal sino contribuir a generar una memoria social.”
El abogado del organismo subrayó que la acordada de la Corte de 2008 fija un piso que indica que “no puede ser prohibida la trasmisión de esas etapas”, pero advirtió que, desde Abuelas, creen que “esto no se puede convertir en un límite y que los Tribunales tienen que evaluar la pertinencia de una publicidad mayor”.
La abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Carolina Varsky coincidió con esa postura y opinó que la aplicación restrictiva “genera un estándar de difusión baja”. Y subrayó: “La difusión permite conocer de manera directa lo que ocurrió y es el testimonio vivo de lo que puede ser una herramienta de enseñanza.”
Uno de los argumentos jurídicos para no permitir la difusión de la etapa testimonial es el artículo 384 del Código Procesal Penal, que establece que “antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la sala de audiencias”.
“Entendemos que los jueces piensen que los testimonios puedan influir en otros testigos pero pensamos que esto no se aplica en los juicios de lesa humanidad, en los que la gente declara desde hace mucho tiempo en otras causas”, argumentó Varsky.
Para Iud, esta prohibición se transforma en una formalidad en la cotidianeidad de los juicios.
“Las partes tomamos nota de lo que se declara en las testimoniales, lo mismo hace el público y los propios diarios, que cuentan lo que sucede”, opinó. Y agregó: “Cuando sea necesario se pueden buscar alternativas, como trasmitir en diferido una declaración que puede perjudicar la investigación.”
El histórico juicio a las Juntas y la condena a los comandantes en 1985 es un antecedente clave. La transmisión en vivo fue prohibida por la Cámara Federal porteña, pero se permitió la grabación de las audiencias y se les dio a los noticieros el acceso a sólo tres minutos diarios sin sonido. El material estuvo archivado en la justicia hasta que 15 años después se realizó un documental que resumió las 530 horas “ESMA: el día del juicio”.
Actualmente, por un convenio firmado por la Corte Suprema y el INCAA, todos los juicios por delitos de la dictadura son filmados. El material queda al resguardo de cada Tribunal, pero no se permite su difusión hasta que el juicio finaliza y la sentencia queda firme.
Fuente:TiempoArgentino
Las claves de una iniciativa esperada
Publicado el 2 de Octubre de 2011
El proyecto que el Ministerio de Justicia trabaja desde hace más de un mes en conjunto con organismos de Derechos Humanos propone una reforma puntual de los artículos 363 y 364 del Código Procesal Penal, para garantizar la difusión y publicidad de los juicios orales y públicos de delitos de lesa humanidad o comunes. El proyecto, que surgió luego de comprobarse que la mayoría de los Tribunales adoptaban la acordada de la Corte Suprema de manera restrictiva, ingresaría antes de fin de año al Congreso.
La iniciativa impulsa que se garantice el acceso de los periodistas como el público general a las audiencias, incluso con cámaras de televisión y en cualquier etapa del juicio. Incluirá una cláusula prevista para que el Tribunal pueda restringir el acceso por motivos muy específicos: seguridad nacional, secreto de Estado o el honor de la persona. Pero para que esto no sea usado como una forma de restringir discrecionalmente el acceso, el juez podrá desalojar la sala del público y disponer para los medios formas técnicas para distorsionar la voz o la imagen de los testigos.
Un segundo aspecto del proyecto estará enfocado a que todos los Tribunales se deberán hacer cargo de registrar las audiencias por audio y video, algo que hasta ahora sólo sucede con los juicios por delitos de lesa humanidad.
Con esa medida, las partes, querellas, defensa y fiscal, y el propio Tribunal tendrá un elemento decisivo más de la marcha del proceso, ya que contarán con una copia exacta de lo que sucedió y no sólo lo que consta en las actas, que es un resumen del juicio.
Fuente:TiempoArgentino
Opinión
“Por el derecho a la información”
Publicado el 2 de Octubre de 2011
Por Ezequiel Klass
Profesor Derecho a la Información (UBA).
Todo lo que pueda servir para permitir que haya un registro amplio para toda la ciudadanía de los juicios por delitos de lesa humanidad, una mayor comunicación y transparencia, es favorable y positivo. Esta clase de juicios tienen que tener una máxima apertura y publicidad, en tanto y en cuanto la televisión pueda favorecerlos. En los tiempos que corren y en el afán de generar hechos sociales no hay motivo que prevalezca.
Es un tipo de juicio muy especial, que hace a la trascendencia de la historia contemporánea argentina y la televisación permite que la ciudadanía pueda estar apropiadamente informada. Desde lo que tiene que ver con estándares y principios actuales de derechos a la información, la televisación es una vía de acceso a la difusión y en definitiva de cumplimiento efectivo de principios emergentes del derecho a la información que merece ser fomentada, como el principio de publicidad de los actos de gobierno. Sin embargo, nadie mejor que el director del juicio, el tribunal, para determinar si se debe limitar alguna declaración en particular.
Fuente:TiempoArgentino
Entrevista al juez carlos rozanski
“La memoria se construye a través del conocimiento”
Publicado el 2 de Octubre de 2011
Por G. A.
El magistrado defiende la difusión total de los juicios por delitos de lesa humanidad. “Lo más transparente es lo que se sabe”, explica.
–En los juicios que presidió accedió a la difusión completa de las audiencias, ¿por qué tomó esas decisiones?
–Es una interpretación que hicimos en cada juicio respecto del significado de la publicidad de un juicio oral y público. Estos 35 años que pasaron desde que sucedieron los hechos es una cantidad de tiempo tan importante que los protagonistas de estos procesos han trascurrido su vida hablándolo entre ellos, charlándolo entre ellos, declarando en algunos casos en procesos judiciales que se iniciaron en esa época y se reabrieron luego, en el caso de matrimonios lo han conversado en su casa. De modo que aquellas normas que hacían razonable no trasmitir determinados momentos de un juicio, 35 años después de los hechos tienen un sentido distinto. Por supuesto que con las limitaciones que deberían respetarse, que tienen que ver con la intimidad de algunos testigos. Es por eso que en nuestro caso, antes del testimonio se le pregunta a la persona si tiene algún reparo en que se difunda su imagen y la prensa lo respetó. Lo que hay que discutir es lo que significa difundir.
–¿Y qué significa para usted?
–Si hay hechos que prescriben y otros no, los criterios con los que se analiza la mecánica de los juicios debe ser analizada. No se puede dar exacto tratamiento a la difusión de un juicio por delitos de lesa humanidad. Sí en la cuestión de fondo por supuesto, si es inocente o culpable, pero no lo que significa la puesta en marcha del juicio. Considero que en un país que juzga hechos que pasaron 35 años atrás, es obvio que muchos de estos temas han sido conversados y no deberían aplicarse estrictamente los mismos criterios que para un proceso tradicional que están sujetos a prescripción. Toda esta gente ha hablado durante décadas y ha transformado la realidad por encima de lo que establecía históricamente un sistema judicial. La realidad fue delante de las prácticas y el mismo delito de lesa humanidad como imprescriptible muestra que hay determinadas situaciones en las que hay que tener una mirada distinta. La propia esencia de los juicios indica que se debe tener otra mirada.
–¿Qué implicó la acordada de la Corte en la difusión de los juicios?
–Para mí fue muy importante porque en la propia acordada y en el informe sobre evolución de las causa, de junio de 2010, se habla de la importancia de dar difusión a los juicios. Esto es lo que la Corte entendió y entiende que es importante. Salvo algunas restricciones, la regla es reconocer la importancia de la difusión. Coincido en que la continuidad de los juicios es una política de Estado y en que el conocimiento y la difusión de esos procesos es parte de esa política de Estado porque es con el conocimiento que se construye la memoria necesaria para que las cosas no vuelvan a pasar. Dicho de otra manera, si estos procesos fueran secretos y en la oscuridad de una sala, el efecto cultural que tendrían sobre nuestra sociedad serían totalmente distintos. Creo que eso es una diferencia importantísima y es lo que la Corte ha mantenido. El principio de la necesidad de difusión no puede ser discutido en la Argentina de hoy.
–¿La necesidad de la difusión es también para una mayor transparencia del Poder Judicial?
–Sí, salvo situaciones muy puntuales que son entendibles que no se difundan, todos los actos del Estado deben ser difundidos porque administra lo público. Lo más transparente es lo que se conoce y lo menos transparente es lo que no se deja conocer.
–¿Cree necesario el debate dentro de la justicia sobre la acordada y la difusión de los juicios?
–Un tema tan sensible como es la publicidad o no de estos procesos sería útil de discutir. Lo que no tengo dudas es que hoy hay una política de Estado, en este caso en la Corte Suprema, y que, salvo algunas restricciones, el principio es la difusión. Habrá que discutir las restricciones pero la decisión de la Corte y sus razones no están en discusión.
–¿Cuál sería la situación ideal de difusión?
–Soy partidario de una difusión completa, con la excepción de situaciones que puedan perjudicar a una persona específica o al proceso en sí mismo.
Fuente:TiempoArgentino
“Lo de Zaffaroni fue una señal”
Publicado el 2 de Octubre de 2011
“No me extrañaría que detrás de la operación contra Raúl Zaffaroni esté metida una manito del imperio”, dice Szmukler. Para el abogado, el juez de la Corte Suprema “es un provocador, pero un provocador porque te hace pensar, y eso no se lo aguantan”.
“Lo que pasó fue una venganza y una señal que quiere dar el poder, para decir que está y que no soporta ciertas cosas. Pero además de provocar, Zaffaroni es molesto por otra característica que siempre demostró: su defensa de los derechos de la gente en un sentido amplio. Es un tipo que no encaja dentro de lo que se espera de un ministro de la Corte, no va con los moldes normales”, agrega.
“Lo que usaron para atacarlo es una canallada y lo digo porque yo mismo alquilo un departamento, y no tengo la menor idea de quién está y qué hace. Imaginate si tuviera varias propiedades. Otro tema es el de la prensa. Ponen un título: ‘Zaffaroni admitió que tiene una cuenta en el exterior.’ Suena terrible: ¡Un juez de la Corte con una cuenta en el exterior! Resulta que en la nota, Zaffaroni explica cómo tuvo la cuenta, de dónde salió el dinero, y aclara todo. Pero el daño ya está hecho, porque la gran mayoría lee solamente el título. Si me preguntás, la Corte todavía tiene pendientes aspectos de la Ley de Medios. Creo que el ataque viene por ahí.”
Fuente:TiempoArgentino
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