URUGUAY: Caducidad: Mujica dice que la Corte tendrá la última palabra.

Caducidad: Mujica dice que la Corte tendrá la última palabra
Caducidad. Entre hoy y mañana se presentarían nuevas denuncias de exreclusas por torturas y violencia sexual Un grupo de retirados prepara unas 30 demandas contra exguerrilleros

El presidente José Mujica dijo a El País que será la Suprema Corte de Justicia la que tendrá la última palabra en los casos que se denuncien al amparo de la ley que deja sin efecto la prescripción de los delitos cometidos en dictadura.

Mujica reiteró que no usará la facultad de veto y que promulgará la nueva ley antes del 1° de noviembre, fecha en la que prescribirían todos los delitos contra los derechos humanos que implica a militares que actuaron durante la dictadura (1973-1985).

"Si a usted le interesa mi opinión, usted sabe que reiteradamente yo he dicho que soy contrario al veto como instrumento. Lo vuelvo a reafirmar", dijo Mujica, y anunció que el proyecto de ley se promulgará "cuando se pueda" aunque respondió "sí, sí" cuando se le preguntó si sería antes del 1° de noviembre.

En cuanto a cómo observaba la solución legislativa al tema, Mujica dijo que "los problemas jurídicos tienen varias bibliotecas", y que esta materia no era su "especialidad". Pero agregó: "Alguna decisión tendrá que haber por parte de la Suprema Corte de Justicia y estaremos a lo que ella decida".

Más allá de que las nuevas denuncias por apremios físicos a los detenidos se iban a presentar de todos modos, la aprobación de la norma que declara de lesa humanidad los delitos cometidos durante la dictadura, le brinda a los denunciantes un mayor respaldo jurídico para hacer los planteos.

El delito de tortura está previsto en la ley 18.026, de septiembre de 2006, que castiga los ilícitos de la Corte Penal Internacional contra el genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La primera denuncia por torturas fue presentada en diciembre de 2010 ante la jueza Mariana Mota por un grupo de expresos de la base aérea de Boiso Lanza. En ese caso, los denunciantes son actualmente más de 40 personas.

Waldemar Tarocco, presidente de Crysol, organización que nuclea a ex detenidos políticos, dijo a El País que recientemente se presentó una nueva acción por torturas en el Batallón 6° de Caballería.

Por otro lado, en breve también se presentará una denuncia por torturas en el establecimiento de reclusión de La Tablada y otra por la "Operación Morgan", que se desarrolló en 1975 y que implicó la persecución a dirigentes comunistas.

VIOLENCIA SEXUAL.
A su vez, entre hoy y mañana un grupo de 28 ex presas políticas presentarán una denuncia por las torturas y violencia sexual que sufrieron estando detenidas. La denuncia apunta contra oficiales, personal subalterno y médicos y enfermeros del Hospital Militar. Entre los denunciados, que en total son más de 40, figuran los exrepresores que ya están en prisión.

En la acción se denuncian hechos ocurridos en la Cárcel de Punta Rieles, que durante la dictadura funcionó como centro de detención femenino.

A su vez, se pondrán en conocimiento de la Justicia los ataques sexuales sufridos por las detenidas en al menos otros seis centros de reclusión.

Pero, además, en la denuncia también se da cuenta de hechos ocurridos en unidades militares de Paso de los Toros y Mercedes, así como bajo jurisdicción de las jefaturas de Policía de Montevideo y Salto.

La ley que se aprobaba esta madrugada salva el escollo jurídico que se planteaba el 1° de noviembre, fecha que según la tesis jurídica mayoritaria, se extinguirían los ilícitos.

"toda la cancha". A nivel de los militares retirados, también hay reacciones ya que se anunció que se presentarán denuncias contra miembros de la guerrilla que no fueron juzgados en su momento.

"Ahora vamos a salir a jugar el partido en toda la cancha", dijo a El País el presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrez, quien estimó que habría unos 30 casos que podrían ser denunciados.

Las denuncias serán presentadas por un grupo de cuatro abogados que trabajaban en la institución.

Asimismo, el Centro Militar también pidió asesoramiento jurídico para reclamar ante la Suprema Corte de Justicia la inconstitucionalidad de la ley que se aprobaba en la madrugada.
FuentedeOrigen:ElPaisDigital
Fuente:Agndh

Palabra del supremo
Publicado el 28 de Octubre de 2011
El presidente de la Suprema Corte de Uruguay, Leslie Van Rompaey, señaló que a los dos plebiscitos que ratificaron la aberrante ley de impunidad en 1989 y 2009 sólo “se le debe dar la importancia que tienen en una institucionalidad democrática”. Aclaró que “los Derechos Humanos no están a disposición de las mayorías”, sino que “son derechos de las minorías”, por lo que “deben ser protegidos aun contra la opinión de las mayorías”.
De tal forma, la máxima autoridad judicial uruguaya dio por tierra con el argumento de quienes dicen que, por haber sido sometida al voto directo de la ciudadanía, la ley tiene mayor entidad que cualquier otra votada por el Legislativo.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh

REPORTAJE A ALBERTO PEREZ PEREZ, JUEZ URUGUAYO DE LA CIDH
“La Ley de Caducidad no puede ser obstáculo”
Alberto Pérez Pérez se de-sempeña como juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por ser uruguayo no participó en el fallo sobre la causa Gelman. Legisladores del Frente Amplio lo consultaron sobre el proyecto sancionado en la madrugada de ayer. “Esta ley es un paso adelante”, afirmó en entrevista con Página12 el profesor titular de Derechos Humanos y Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en donde fue decano.

–¿Cómo interpreta esta nueva ley?
–Es una forma de dar cumplimiento a gran parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó que la Ley de Caducidad es incompatible con el Pacto de San José de Costa Rica y carece de efecto jurídico. El fallo de la CIDH sostiene que el Estado uruguayo tiene que hacer lo necesario para que la Ley de Caducidad no sea un obstáculo a los fines de investigar y castigar a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Y que uno de los institutos como la prescripción no sea un obstáculo. La ley que impulsó el Frente Amplio se ubicó en este punto: el de la imprescriptibilidad de los delitos. La urgencia de los legisladores tiene que ver con que el 1º de noviembre la Corte Suprema determinó que esos delitos prescriben.

–Hay quienes dicen que como ya está el fallo de la CIDH no hacía falta sancionar esta norma.
–Los que lo dicen son contrarios a la aplicación del fallo. Esta ley no está de más. Como dijo el senador Rafael Michelini, hijo del desaparecido Zelmar Michelini, el Legislativo estaría cometiendo una omisión si dijera que no se necesita nada más.

–¿Por qué se dice que en los hechos se anula la Ley de Caducidad?
–La nueva ley establece que a los efectos de la prescripción no se computará el período entre el 22 de diciembre de 1986 (en que se sancionó la Caducidad) y la vigencia de la nueva ley. Es decir, que no corre ningún día de prescripción durante estos veinticinco años. Y tampoco durante el período dictatorial (1973-1985), en el que cualquier persona que hacía una denuncia terminaba presa: en eso los jueces uruguayos coinciden en que no corría ningún plazo de prescripción. Antes, el Poder Ejecutivo tenía que decidir si un caso quedaba excluido de la Ley de Caducidad. Durante los gobiernos blanco y colorado los casos quedaban comprendidos en la ley. Con Tabaré Vázquez primero y después con José Mujica se pudieron investigar casos de violaciones a los derechos humanos. Después del fallo de la CIDH, Mujica decretó que quedaban sin efectos las declaraciones en la materia de gobiernos anteriores al Frente Amplio, con lo que abrió la posibilidad de juzgar 85 casos. Sin embargo, aunque se siguiera adelante, la prescripción podría haber actuado como freno. Por eso lo importante de esta nueva ley. Es un paso adelante sin duda.

–¿Por qué la Caducidad fue ratificada en dos referendum?
–Yo fui miembro de la comisión pro referéndum en 1989. No logramos convencer a la mayoría porque existía un temor de que los militares volvieran o reaccionaran, fue muy próximo a la vuelta a la democracia. Hoy el clima es distinto. En 2009 no hubo ratificación de la ley. No se pidió que se votara a favor o en contra, sino que se preguntaba si el pueblo quería anular la norma vía una reforma constitucional. No se alcanzó para el 50 más uno de los votos.

–¿La próxima batalla será en la Corte Suprema?
–Si alguien presenta un recurso de inconstitucionalidad a un juzgado o a la Corte Suprema tiene que alegar que la ley lo afecta y de este modo reconocer que cometió un delito. En cambio, si alguien está procesado, entonces puede presentar ese recurso.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agndh

CON PRISIÓN
Procesaron con prisión a dos militares
Ley. Ejecutivo promulgó ayer la norma que restablece la "capacidad punitiva" del Estado
La Justicia procesó con prisión a dos militares por la muerte de un detenido en 1973. El Poder Ejecutivo promulgó la ley que declara imprescriptibles los delitos militares cometidos durante la dictadura, y que en los hechos anula la Caducidad.

A pedido del fiscal Diego Pérez, el juez penal Eduardo Pereyra ordenó ayer los enjuiciamientos con prisión de dos militares retirados que prestaban servicios en el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OOCA) y que estuvieron implicados en la muerte por torturas de un detenido en el Batallón Florida de Infantería N° 1.

Los procesados, a quienes se les imputó el delito de "homicidio muy especialmente agravado", son Alberto Gómez Graña y Arturo Aguirre, quienes al momento del hecho ostentaban el grado de capitán.

El juez Pereyra y el fiscal Pérez concluyeron que ambos tuvieron responsabilidad en la muerte de Gerardo Alter, ocurrida el 19 de agosto de 1973.

Alter, de 27 años de edad, era argentino y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores del vecino país. Se había trasladado a Montevideo en julio de 1973, donde se incorporó al MLN.

El juez también pidió la captura internacional de otro militar, Hermes Tarigo, cuyo procesamiento también solicitó la Fiscalía. Los magistrados estiman que Tarigo se encuentra en Europa, ya que posee ciudadanía italiana, pero desconocen su paradero, dijeron fuentes del caso a El País.

Durante la investigación judicial, los indagados admitieron, en forma indirecta, que Alter falleció por los apremios físicos que sufrió estando detenido, pero ninguno admitió haber torturado al joven argentino.

Sin costo. El Poder Ejecutivo promulgó ayer la ley que restablece la capacidad punitiva del Estado, según informó a El País el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia.

Por su parte, la senadora Lucía Topolansky (MPP) dijo a El País que el Frente Amplio "no pagará ningún costo político" por aprobar la ley que restablece la capacidad punitiva del Estado, en contra de lo que se había definido en dos consultas populares realizadas en los años 1989 y 2009. "No entiendo por qué dicen eso del costo político, no tiene nada que ver con los plebiscitos. Hay que escuchar lo que dijo Van Rompaey. Comparto todo lo que dijo", indicó Topolansky.

Ayer, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Leslie Van Rompaey, aseguró que a las dos consultas populares que en 1989 y 2009 ratificaron la ley de Caducidad "se les debe dar la importancia que tienen en una institucionalidad democrática".

De todos modos, el magistrado subrayó: "Los derechos humanos no están a disposición de las mayorías. Son derechos de las minorías y deben ser protegidos aún contra la opinión de las mayorías". Van Rompaey dijo que por el momento no tiene posición sobre la legalidad de la ley que declaró imprescriptibles los delitos de la dictadura, y señaló que la SCJ analizará el punto cuando se presenten recursos.

Por su parte, el presidente José Mujica pidió ayer "tolerancia" en las posiciones discrepantes en relación a la ley de Caducidad.

"Hay que remitirnos a los hechos. Hay una decisión tomada por la mayoría del Parlamento, nosotros la acompañaremos y después estaremos a lo que decida la Justicia".

El primer mandatario rechazó las críticas de la oposición en cuanto a una violación a la Constitución al aprobar esta norma. "Siempre en el debate se dicen cosas un poco exageradas. La Constitución está vigente en todos sus aspectos fundamentales", sostuvo Mujica.

El Secretariado del Frente Amplio se encamina a negociar con los partidos opositores una declaratoria de la Asamblea General. Fuentes frenteamplistas dijeron a El País que se intentará aprobarla antes del 30 de noviembre, fecha en la que se realizó el plebiscito de 1980.

Por otra parte, está pendiente la sanción que le aplicará el Ministerio de Defensa al jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Bonilla, por las declaraciones en las que advertía que de aprobarse la ley, "los militares no aportarían datos por temor a ser procesados".

Balance político
El Secretariado del Frente Amplio analizó ayer la aprobación de la ley que deja sin efecto la Caducidad. La diputada Daniela Payseé (Asamblea Uruguay) dijo a El País que durante la reunión del organismo se evaluó "con satisfacción" la sanción de la norma que habilita al Estado a investigar los delitos cometidos durante la última dictadura militar.
FuentedeOrigen:ElPaisDigital
Fuente:Agndh