Caso Castro: delito de "lesa humanidad"
La Justicia consideró que el secuestro y posterior desaparición del maestro Julio Castro "es un delito de lesa humanidad", al avalar la participación de las víctimas en el proceso penal. El fallo se produce en el marco de un debate sobre la imprescriptibilidad o no de los crímenes de la dictadura.
El juez penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, resolvió que el caso del secuestro y desaparición del maestro Julio Castro debe tramitarse al amparo de la Ley Nº 18.026, por cuanto las pruebas agregadas a la causa determinan que se trata de "un delito de lesa humanidad". "Atento a la denuncia presentada y los elementos que se han diligenciado se puede sostener en forma preliminar que la desaparición de Julio Castro es un delito de lesa humanidad. Claro, se investiga quién es responsable de ese delito. Pero como la investigación se refiere a delito de lesa humanidad es procedente la aplicación de la norma", expresó el magistrado en un reciente fallo judicial. Fernández Lecchini tramita la denuncia promovida por integrantes de "Maestros para la Paz", en el marco del expediente ficha P 289/1985, por el cual se procura desentrañar la desaparición de Julio Castro, en plena dictadura. En este contexto, los denunciantes solicitaron tramitar la causa al amparo del artículo 13 de la Ley Nº 18.026, el cual consagra la participación de las víctimas en procesos por casos de violaciones a los derechos humanos. El pedido contó con la férrea oposición de la defensa de un militar, bajo la tesis de que dicha norma no puede aplicarse para la indagatoria judicial de crímenes de la dictadura, por cuanto fue aprobada en setiembre de 2006.
Sin embargo, "las víctimas y los denunciantes, en derecho positivo uruguayo y en relación a los crímenes de lesa humanidad, pueden reclamar el derecho a proponer pruebas, estar presentes en las audiencias", e incluso, interrogar a los testigos e indagados, lo cual "está relacionado con el carácter colectivo que tiene el derecho a conocer la verdad", señala el fallo. "Los denunciantes obviamente tienen interés en aportar al Ministerio Público elementos de prueba. Ello es observable y controlable en el proceso e inevitable en la esfera extrajudicial porque no se puede decir a la víctima que abandone su interés obvio en el proceso", agrega.
La categorización "preliminar" del caso de Julio Castro como "delito de lesa humanidad" se efectúa cuando se avecina el inicio de un debate jurídico sobre la eventual prescripción de los crímenes de la dictadura el próximo 1º de noviembre.
SOLUCION. UNA DECLARACIÓN SERÍA SOMETIDA A LA ASAMBLEA GENERAL
Prescripción: FA no impulsará ley pero irá tras "señal política"
El Frente Amplio (FA) aspira a embarcar a todo el sistema político en la aprobación de una declaración que establece que los delitos de lesa humanidad no prescriben.
El texto de un solo artículo fue acordado ayer por todos los sectores del oficialismo, tras renunciar a impulsar un proyecto de ley que evite la prescripción. La intención de la izquierda es dar "una fuerte señal política" al Poder Judicial, antes del 1º de noviembre, día en que podrían prescribir los delitos.
El presidente del FA, Jorge Brovetto, fue encomendado a iniciar una ronda de contactos con referentes del Partido Nacional, Partido Independiente y eventualmente el Partido Colorado, para evaluar el nivel de apoyo que puede tener la declaración, luego de recibir el aval del presidente José Mujica a la iniciativa. En la coalición se espera que el texto, que no tendrá significación legal, cuente con los votos de sectores del Partido Nacional, como Alianza Nacional y alguna otro sector blanco, al tiempo que se espera que el texto tenga el respaldo del Partido Independiente.
Fuentes del FA destacaron que en el texto de la declaración se buscó evitar frases que pudieran ser objetadas por la oposición.
El acuerdo en el oficialismo se alcanzó al ratificarse la falta de consensos dentro de la coalición para llegar a una solución legal que prorrogara el plazo de la prescripción o en su defecto le diera carácter de ley al fallo de la Corte Interamericana de la OEA.
Para la decisión incidió la negativa de Presidencia de la República a promover un proyecto que plasmara la aspiración de la fuerza política.
En la declaración se contemplan planteos realizados por el conductor del Nuevo Espacio, Rafael Michelini, y el jerarca de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, Javier Miranda, aseguraron a LA REPÚBLICA fuentes de la coalición.
Una subcomisión integrada por la senadora socialista Mónica Xavier y los diputados Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) y Aníbal Pereyra (MPP), será la encargada de recibir las eventuales sugerencias que surjan de la ronda de contactos de los próximos días.
El tema de la declaración se debatió ayer en la comisión especial sobre Caducidad, que quedó instalada en forma permanente a partir de mayo, cuando naufragó el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. Al término de la comisión, el tema fue discutido durante la reunión del Secretariado Ejecutivo del FA, donde se terminó de llegar al acuerdo.
El resultado de las conversaciones que mantenga Brovetto durante el fin de semana será analizado el martes próximo por la comisión sobre Caducidad y la Mesa Política del FA. Si la oposición no acompaña la propuesta, la declaración podría ser llevada a la Asamblea General solo por el oficialismo, indicaron las fuentes.
NUEVE PROPUESTAS
* Para el FA, haber alcanzado un acuerdo sobre los contenidos del texto de la declaración fue "un logro", luego de que sobre la mesa de la comisión sobre Caducidad se pusieron ayer nueve propuestas que perseguían el mismo fin pero diferían en su contenido. La jornada fue agitada dentro y fueron de la sede de la calle Colonia, ante la diversidad de contactos que tuvieron lugar, incluso con Presidencia de la República.
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
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