18 de noviembre de 2011

BRASIL: SANCIONAN LA LEY PARA INVESTIGAR LOS CRÍMENES DE LA ULTIMA DICTADURA.

SANCIONAN LA LEY PARA INVESTIGAR LOS CRIMENES DE LA ULTIMA DICTADURA
Brasil comienza a buscar su verdad
Investigar los crímenes del terrorismo de Estado es prioritario para la política de derechos humanos del gobierno de Dilma, quien sufrió sus efectos durante los dos años en que estuvo presa y sometida a torturas.
Para Rousseff, la ley “significa la consolidación de la democracia”.
Por Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro

Todo fue preparado para una sesión solemne. La invitación al acto, expedida por la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, recuerda que la sanción de la ley que crea la Comisión de la Verdad, por parte de Dilma Rou- sseff, “significa la consolidación de la democracia y de los derechos humanos”, y que se trata de “un momento histórico”.

Así que hoy, día de la sanción, momento histórico, Dilma cumple con lo que prometió el 1o de enero, cuando asumió la presidencia. Investigar los crímenes del terrorismo de Estado es una de las prioridades de la política de derechos humanos del gobierno de quien sufrió directamente sus efectos, durante los dos años en que estuvo presa y sometida a torturas de todo tipo. Pero se trata de algo más complejo. Se investigarán crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura que sojuzgó al país entre 1964 y 1985, pero ese terrorismo de Estado quedará impune. Asegurar esa impunidad fue condición impuesta por los militares para que hubiese acuerdo con su antecesor, Lula da Silva. Y Lula, quizá el presidente con mayor respaldo popular de la historia de Brasil, se tragó esa imposición.

También hoy se espera que Dilma anuncie los nombres de los siete miembros que integrarán la comisión. Hay expectativa en relación con esa lista. Acorde a los términos que Dilma sancionará serán brasileños, “de reconocida idoneidad y conducta ética, identificados con la defensa de la democracia y de la institucionalidad constitucional, como con el respeto a los derechos humanos”.

Esa obviedad –¿alguien pretendería nombrar a brasileños de reconocida conducta inmoral e identificados con la agresión a la democracia para semejante tarea?– le fue impuesta por el sector más derechista del Congreso, no por casualidad heredero de la dictadura. Ha sido una forma de impedir que quienes hayan participado de la lucha por la amnistía o que hayan defendido la revisión de la ley que aseguró impunidad perpetua para los represores (una aberración jurídica, bajo la luz de acuerdos internacionales firmados por Brasil) sean llamados para investigar el terrorismo de Estado. Queda abierta la posibilidad de que los sectores más recalcitrantes de las fuerzas armadas, a través de sus propuestas en el Congreso, traten de vetar a quien no sea considerado, bajo su óptica peculiar, imparcial.

En los últimos días, grupos de defensores de los derechos humanos y de familiares de víctimas de la represión elaboraron una lista de nombres, que ha sido formalmente enviada al despacho de Dilma, como sugerencia para el nombramiento de la Comisión de la Verdad. Hay juristas, altos funcionarios del Poder Judicial, profesores universitarios, abogados, viudas de muertos por la represión. João Vicente Goulart, hijo de Jango Goulart, el presidente constitucional depuesto por el golpe de 1964, está en una de esas listas. Aunque hasta la noche de ayer los nombres efectivamente seleccionados por Dilma fuesen un misterio, parece obvio que nadie directamente relacionado con víctimas de la represión integrará la lista efectiva. Serían vetados por los voceros de los cuarteles en el Congreso.

Durante la tramitación del proyecto de ley fueron muchos los grupos y organizaciones que propusieron enmiendas para que, además de investigar, la comisión pudiese elevar sus conclusiones y denuncias a la Justicia. Todas las enmiendas fueron rechazadas.

Frente a las limitaciones de los trabajos de la comisión, muchas personalidades relevantes pidieron de manera velada que sus nombres no fuesen evaluados por el gobierno para una eventual invitación. Figuras históricas de la lucha por el derecho a la memoria y a la verdad han preferido no legitimar una comisión que no llegue a las últimas consecuencias, o sea, a la punición de los que participaron en actos de lesa humanidad.

De todas formas, se trata de un avance. Si logra efectivamente cumplir con su tarea, la comisión realizará sesiones públicas, convocará testigos y requerirá informaciones de órganos públicos, como el ejército, inclusive documentos clasificados como secretos. No habrá punición pero seguramente habrá malestar por lo que será expuesto al público. Ese resultado servirá de base, según esperan los optimistas, para lo que pueda ocurrir el día en que Brasil entienda que su ley de amnistía, decretada al cierre de las luces de la dictadura, es absurda bajo el punto de vista moral, jurídico y del derecho a la verdad y a la memoria.

De parte de Lula da Silva, Dilma Rousseff recibió un legado plagado de conquistas formidables. Pero también recibió un baúl lleno de espinas. Además de ministros corruptos, heredó la corrupción de la memoria, practicada por los sectores militares que siguen creyendo que pueden amenazar al régimen democrático constitucional y que todavía existe alguien que todavía les teme. Lula da Silva, por ejemplo.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agndh

LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA BRASILEÑA
Una ayuda para Astiz
Por Darío Pignotti
Desde Brasilia

La dictadura brasileña sabía que Alfredo Astiz era buscado por la Justicia francesa por el asesinato de dos monjas, pero aun así realizó gestiones ante Gran Bretaña para su repatriación en 1982, reveló Folha de São Paulo. “Me parece importante que se haya publicado información sobre cómo Brasil intercedió a favor de Astiz, y es fantástico que yo venga a saberlo el mismo día que aguardamos su sentencia en Buenos Aires”, por la causa ESMA, dijo Juan Gelman por teléfono desde México el miércoles pasado. El Palacio de Itamaraty fue informado por su embajada en Londres de que Astiz era requerido por los jueces de Francia y Suecia, pero eso no frenó la presión para que sea liberado, lo cual finalmente ocurrió en un avión que antes de aterrizar en Buenos Aires hizo escala en Río y a bordo del cual viajó un diplomático brasileño.

Telegramas del Servicio Exterior de 1982, desclasificados por el gobierno de Rousseff, reflejan el empeño con que el embajador brasileño en Londres, Roberto Campos, amigo del entonces canciller argentino Nicanor Costa Mendes, trabajó por la libertad/impunidad de Astiz, prisionero de las fuerzas británicas tras rendirse en las Georgias del Sur.

Hasta hoy, el relato oficial sobre la solidaridad brasileña con los generales y almirantes argentinos durante la guerra de Malvinas soslayó que, bajo el repentino antiimperialismo del dictador Figueiredo, quien durante años comandó los servicios de Inteligencia, se escondía la solidaridad entre los camaradas de la guerra sucia transnacional.

Como explica Martín Almada, a partir de los años ‘80 entró en acción una “fase nueva del Cóndor”, que entre otras tareas se abocó a dar cobertura a los asesinos requeridos por la Justicia”, y así fue como varios represores argentinos huyeron a Brasil y Paraguay en los años ‘80, algunos alegando ser perseguidos políticos de la democracia.

La recopilación de una decena de cables secretos generados por la embajada de Brasil en Buenos Aires, entre 1975 y 1978, ilustra sobre los contactos con altos mandos militares en los que se exhiben coincidencias en la necesidad de actuar conjuntamente contra la “subversión”. Se observa en esos documentos, hasta hace poco tiempo secretos, una recurrente mención a la Marina y consideraciones elogiosas sobre Eduardo Massera, como lo muestra el “telegrama confidencial urgente” del 27 de julio de 1977.

Allí se habla de un supuesto viaje de Ma- ssera a Río de Janeiro como parte de su agenda diplomática personal y la influencia del marino en la política externa de la dictadura, la cual estuvo marcada por la aproximación con Brasilia. El ex prisionero de la ESMA, Víctor Basterra, declaró a este diario que tuvo conocimiento del enlace entre ese centro de detención clandestino de la Armada y los servicios brasileños. Basterra, quien realizó un extraordinario trabajo de contrainteligencia sobre la represión durante sus años de cautiverio, recuerda que en la ESMA fue obligado a montar afiches con las fotos de Juan Gelman y el cura Jorge Adur, desaparecido en 1980, los cuales fueron enviados a la frontera con Brasil.

La cooperación entre la ESMA y los organismos represivos brasileños se prolongó por lo menos hasta noviembre de 1982, “esto me consta, estoy seguro de que fue así”, afirma el ex prisionero político luego de citar fechas y nombres con una precisión que asombra.

El testimonio de Basterra y los telegramas enviados desde la embajada de Londres no dejan dudas de que Brasilia estuvo envuelta en el Plan Cóndor, en los planos represivo y diplomático hasta 1982. La participación comenzó pocos días antes del golpe, el 18 de marzo de 1976, cuando fue secuestrado el pianista Francisco Tenorio Cerqueira Santos, que había participado en un concierto ofrecido en el Gran Rex por Vinicius de Moraes y Toquinho. La historiadora Janaína Teles cuenta con pruebas incontrastables, fechadas el 20 y 25 de marzo de 1976 (habrían sido presentadas ante la Justicia argentina), sobre la complicidad entre el régimen brasileño y la ESMA en ese crimen. Se trata de dos notas enviadas a la embajada de Brasil, firmadas por Jorge “Tigre” Acosta, las cuales hacen referencia a la detención y posterior muerte del pianista.
Fuente:Pagina12

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