viernes 25 de noviembre de 2011
Analizan impugnar nombramiento de militar en Ministerio de Justicia
Por David Ernesto Pérez (COLATINO)
La investidura del general David Munguía Payés como Ministro de Justicia y Seguridad Pública provocó el rechazo de más de diez organizaciones civiles, que estudian impugnar la designación presidencial por vías legales.
La argumentación esgrimida es la posibilidad de vulneración del artículo 168 de la Constitución de la República, que obliga al nombramiento de autoridades civiles al frente de la Policía Nacional Civil (PNC), institución bajo tutela del Ministerio de Justicia.
Asimismo, pusieron en tela de juicio el carácter “volátil” del retiro militar, contemplado en el artículo 8 de la Ley de la Carrera Militar, el cual establece que cualquier miembro castrense que se retire podrá ser llamado de nuevo “cuando las necesidades del Servicio lo requieran”.
“Tenemos que discutir esa condición de retiro, y si exonera absolutamente a un militar, y ver si, efectivamente, existe o no una violación constitucional. Habrá que estudiar si se puede impugnar, es una de las vías posibles”, explicó Juan Carlos Sánchez, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
Mientras tanto, el ex rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el sacerdote José María Tojeira, niega la posibilidad de la impugnación vía legal del nombramiento, aunque tampoco comparte la decisión del Presidente Mauricio Funes de designar a un militar de baja en la cartera de Estado, calificando el hecho de “error político”.
“No existe ninguna prohibición para que sea un militar o un militar retirado (designación como ministro), creo sobre todo que se trata de un error político y no legal”, analizó el religioso.
“Militares están preparados para destruir al enemigo, no para seguridad pública”
Los sectores insatisfechos con la designación de Munguía Payes sostienen que la formación militar se enfoca en la llamada “seguridad nacional”, doctrina implantada durante los años de la guerra civil, que generó, entre otras cosas, más de 70 mil muertos y siete mil desaparecidos.
“Los militares están entrenados para localizar y destruir al enemigo, evidentemente la seguridad pública implica prevenir la delincuencia, investigar, entre otras cosas. Es importante que la seguridad pública no se contamine con el pensamiento militar”, contrastó el ex rector.
El Salvador experimenta actualmente, desde la firma de los Acuerdos de Paz, una fuerte presencia militar que se evidencia con más de ocho mil militares en tareas de seguridad y dos militares de carrera en el Gobierno del Presidente Funes.
Munguía Payés dirigió el Ministerio de Defensa, y en su lugar fue nombrado el General José Atilio Benítez. Los sectores sociales temen, principalmente, que el país entre en la ola de militarización que sufren México, Guatemala, Honduras, Colombia, entre otros, con la justificante de la lucha contra el crimen organizado.
En comunicado de prensa, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) mostró su preocupación por el nombramiento castrense en la cartera de seguridad, temiendo “un posible giro” en las estrategias implementadas por el Gobierno.
La organización norteamericana coincide con amplios sectores sociales del país en que, el nombramiento “atenta contra los Acuerdos de Paz”, lo que podría confundir los roles militares y policiales.
WOLA propone, como alternativa a los problemas de seguridad pública, “fuerte inversión en programas de prevención social a nivel comunitario para responder a las causas que conducen a la violencia”.
Fuente:Argenpress
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