ENTREVISTA A ALEJO RAMOS PADILLA, EX ABOGADO DE CHICHA MARIANI y RECIÉN NOMBRADO JUEZ FEDERAL.

Entrevista a alejo ramos padilla, ex abogado de chicha mariani y recién nombrado juez federal
“Los juicios contra la impunidad son una política de Estado y no hay marcha atrás”
Publicado el 6 de Noviembre de 2011
Por Daniel Enzetti
Representó a la ex presidenta de Abuelas en la búsqueda de su nieta Clara Anahí y llevó los primeros procesos contra Miguel Etchecolatz, Christian von Wernich y Jorge Videla. Publica su libro Crímenes de lesa humanidad en la Argentina.

En el Poder Judicial se está produciendo una oxigenación muy grande –comienza Alejo Ramos Padilla–, y no sólo por las nuevas designaciones en la Cámara de Casación Penal y en la fiscalía, como el caso de Javier de Luca, sino por los que se están yendo. Por ejemplo Alfredo Bisordi, Juan Manuel Romero Victorica o Gustavo Mitchell, que se aleja mientras es acusado por la entrega de un bebé. Es un contexto que a uno lo mueve a participar, un buen momento para formar parte de ese cambio.” Y agrega: “De todos los poderes, el judicial es el que produce sus cambios más lentamente. Durante la dictadura fue promovida mucha gente, que después alcanzó cargos muy altos con el menemismo. Era una justicia resentida que no investigaba, y encima apañaba a la corrupción. En el comienzo de la democracia la cuestión mejoró, pero después el sistema volvió a degradarse cuando la Corte convalidó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los tribunales en general apoyaron los indultos. Todo eso empezó a cambiar en los últimos años.”
El recién nombrado juez federal de Dolores aborda esa transformación en Crímenes de lesa humanidad en la Argentina. De la cultura de la impunidad a la inexorabilidad del Juicio y Castigo, libro que le dedica a las tres personas que lo marcaron con más fuerza: su padre Juan Ramos Padilla, el primero que se animó como magistrado a declarar inconstitucionales las leyes de impunidad; Chicha Mariani, anterior presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, a quien Alejo representó como abogado durante varios años; y Alfredo Bravo, ex diputado e histórico militante por los Derechos Humanos hasta el último día de su vida. La idea de la investigación, prologada por el español Baltasar Garzón, apareció hace una década “cuando me tocó intervenir en los Juicios por la Verdad, y en el primer proceso contra Miguel Etchecolatz y Christian von Wernich. Existían muchos obstáculos para investigar esos crímenes y se hacía necesario cambiar la formación de los abogados, que frente a cualquier traba legal o mensaje que pretendía legitimar la impunidad, repetían esos discursos porque las facultades de Derecho los habían formado de esa manera.”

–Una especie de perfil, de molde intocable.
–Sí, pero que no era nuevo. Desde el golpe de Estado de 1930 los juristas vienen avalando las peores aberraciones, a partir de aquella acordada de la Corte que creó la Doctrina de la Revolución Triunfante, usada luego para justificar los asaltos a los gobiernos democráticos. La doctrina de las leyes de facto también fue impulsada por juristas, que quisieron dar a las leyes surgidas de una dictadura la misma validez que a las normas votadas por el Congreso. Después apareció lo que yo llamo la doctrina de la impunidad, que intentó hacer prevalecer leyes que de un modo u otro impedían el juzgamiento del más grande genocidio sufrido por el pueblo argentino. Desde mi punto de vista, eso, ontológicamente, era una aberración, pero necesitábamos explicarlo, y vencer los prejuicios de los alumnos en esas facultades. Hay cosas que pueden ser consideradas derecho, y otras no. Es algo relacionado con los valores que nos constituyen como sociedad. Desde 2003, con la derogación de las leyes de impunidad, sumada a la lucha de los familiares que nunca habían claudicado en sus reclamos, esa realidad fue cambiando. Pero lo social había que completarlo ofreciendo un sustento jurídico, para que aquellos que tachan como ilegítimos a los juicios se quedaran sin argumento. Eso fue lo que me movió a escribir el libro, a partir de un curso que desde hace cinco años damos con Mónica Pinto sobre la base de dos cuestiones claves: las razones por las que se logró el juzgamiento, y por qué en la Argentina se deben juzgar estos hechos aberrantes. Compilamos material, reunimos antecedentes históricos, y comparamos los juicios en la Argentina con procesos como el de Nuremberg, Yugoslavia o Ruanda. La primera gran satisfacción fue contar con el prólogo de Baltasar Garzón, una persona a la que respeto muchísimo, y considero un amigo. Cuando surgió su problema en España, yo manifesté que me parecía increíble tanta indiferencia con alguien que había hecho tanto para recuperar la justicia en nuestro país. La gente valiente que se anima a dar un paso más, y se pone del lado de las víctimas, siempre es atacada por el poder.
–Generalmente se habla del “rol de los jueces”, y de la objetividad que implica su función. ¿Cómo te ves parado en este lugar, después de un importante y reconocido papel en la defensa de los Derechos Humanos?
–Primero hay que aclarar que neutralidad no es lo mismo que imparcialidad. Los jueces no pueden ser neutrales frente a crímenes de lesa humanidad o ante cualquier delito grave, como la violación de un menor. Sí hay que ser imparcial delante del caso concreto, dando garantías a cualquier imputado para demostrar su inocencia. Y finalmente decidirse entre dos caminos: decretar esa inocencia, o aplicar con la mayor dureza todas las herramientas del Código Penal al acusado. Es la diferencia entre imparcialidad, cuando nos topamos con una circunstancia en particular, y la supuesta “neutralidad” que algunos piden al cruzarse con hechos terribles de la historia. Cualquier magistrado que asuma en estos tiempos debe tener un compromiso muy activo para investigas esas cosas. Si no son juzgados los crímenes de lesa humanidad, todo el Derecho Penal y el sistema en general se resiente. Y si uno no persigue a quienes hicieron desaparecer a 30 mil personas, ¿qué legitimidad tiene para imputar al que se roba un celular, que es el delito más común en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cuál sería el mensaje a la sociedad?
–¿En qué se basan los que tachan de ilegítimos a los procesos?
–Existen ciertos juristas, por llamarlos de algún modo, que sobre la base de principios formales, y muchas veces con un prestigio mal habido, viven diciendo que los juicios violan garantías constitucionales, y afectan el Estado de Derecho. Un argumento absolutamente falso. Es verdad que el Estado de Derecho y la seguridad jurídica son útiles para defender las normas dictadas por un país soberano, pero a lo largo de la historia también eso fue usado para sostener y legitimar las peores dictaduras. Sin ir más lejos, la Revolución Francesa se enfrenta contra el Estado de Derecho que imperaba en aquel momento. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad eran contrarios al statu quo de la monarquía. Mantener la seguridad jurídica era, en ese momento, negar los principios de esa revolución. Es normal abrir el diario y encontrarnos con entidades “preocupadas” por la seguridad jurídica, y lo relaciono con esos juristas que se arman un “prestigio” para opinar desde ese peldaño. Un ejemplo es FORES, ONG nacida en 1976 para enfrentar la campaña “antiargentina” en el exterior, fundada por Jaime Smart, hoy investigado en la causa del circuito Camps. FORES reparte anualmente el premio al mejor magistrado, al mejor juzgado, a la mejor cámara, y hasta hace impugnaciones en el sistema de la selección de jueces. Son varios los magistrados que tienen colgado en la pared de sus despachos el premio de esa gente. Otro caso es el de Alberto Rodríguez Varela, profesor de Derecho Penal y ex ministro de Justicia de Jorge Videla. Forman asociaciones, colegios, salen en revistas, y todo eso genera un falso prestigio de personas que lo único que hicieron fue ir siempre en contra de los mandatos esenciales de la Constitución Nacional. Hablan de la necesidad de “mirar hacia el futuro y no al pasado”, algo ridículo, porque con esa premisa deberíamos abrir las cárceles y dejar en libertad a todos los que cometieron delitos menores. Habría que preguntarse con qué criterio un político o un abogado pide mirar para adelante, olvidándose de los que sufrieron el terrorismo de Estado. Y otra cuestión es la del perdón, algo que le compete sólo a la víctima. Recuerdo la frase de la esposa de un asesinado en Sudáfrica, ante la Comisión de Verdad y Reconciliación: “¿Quiénes son ustedes para perdonar por mí? Ni siquiera yo, que soy la viuda, me animo a perdonar en su nombre.” El Estado no tiene nada que ver con eso, lo único que le corresponde es velar por las garantías de un juicio, y llegar a un veredicto.
–Hace pocos días, los mismos que boicotean los juicios reaccionaron durante la presentación del libro de Ricardo Lorenzetti. Es probable que ahora hagan lo mismo.
–No me preocupa. Si lo leemos con profundidad, lo que le ocurrió a Lorenzetti hay que considerarlo como algo muy bueno. Esa reacción sirvió para que alguien manifestara que Argentina no daría marcha atrás en su política de Derechos Humanos. Y esa persona fue el presidente de la Corte Suprema, nada menos.

–Venís de una familia con varios antecedentes importantes en la pelea contra la impunidad, a partir de la tarea que hizo Juan desde principios de los ochenta. Uno imagina que eso te marcó.
–Lo de mi viejo es especial. Fue el primero que trabajó con un equipo de antropología forense y llamó a un grupo de estudiantes para que lo ayudaran con las identificaciones de cuerpos. Y uno de los que más aportó en esas épocas en la restitución de niños apropiados. Aplicó la Ley de Defensa de la Democracia durante el gobierno de Raúl Alfonsín, lo que le costó que fuera muy maltratado por Mariano Grondona, Bernardo Neustadt, el diario Clarín y la corporación judicial. Le destruyeron el juzgado cuando declaró inconstitucional la Obediencia Debida, y decidió irse, porque no quería quedarse en los tribunales para perseguir a ladrones de gallinas. Hasta que empezó a trabajar con Alfredo Bravo, y con el tiempo se fue reintegrando. Me enseñó que teníamos que llevar las convicciones a todos lados, y no había que dejarlas colgadas en la puerta de entrada de una sala. El libro se lo dedico a él, a Alfredo, que fue un personaje entrañable y profundamente ético, y a Chicha, con la que metimos preso a Videla y a más de 20 represores. El regalo más preciado que recibí en el acto por mi nombramiento como juez fue un pañuelo blanco, que me entregaron Chicha y Elsa Pavón. Son gestos imposibles de olvidar.
–Durante el juicio vinculado al circuito Camps, Etchecolatz sostuvo que Clara Anahí no fue una beba robada, sino que había muerto durante el ataque a la casa del hijo de Chicha. ¿Cómo tomaste esas declaraciones?
–Muchas veces lo importante no es lo que se dice, sino quién lo dice. Y eso lo dice justamente Etchecolatz, condenado por mentiroso, y encontrado culpable en 2007 gracias al esfuerzo de Chicha. Lo dicen los represores para hacer daño, y encima se convierte en título de los diarios. Como si la palabra de un genocida valiera lo mismo que la de Chicha Mariani, cuya lucha reunió más de 40 cuerpos de prueba que demuestran delitos aberrantes. Estamos hablando de alguien que, mientras fue presidenta de las Abuelas, logró la recuperación de la identidad de 60 chicos. ¿Vale lo mismo lo que dice esa gente que el discurso de criminales como Hitler o Heichmann?
–Si en la designación como juez se toman tus antecedentes en el terreno de los Derechos Humanos, lo que para vos es tu mejor virtud, para otros significa tu peor defecto. ¿Imaginás eso como un problema de ahora en adelante?
–Alguien me preguntó, incluso, si me habían nombrado por mi participación en juicios relacionados con delitos de lesa humanidad. Y yo contesté que, si era por eso, estaba orgulloso. No soy ingenuo, se dio en medio de un ataque generalizado a las Madres y a todos los organismos de parte de ciertos sectores. Pero es como decís, lo tomo como un reconocimiento. Algo que, por otro lado, habla muy bien del gobierno. Me pongo del otro lado: si yo hubiera estado vinculado con la dictadura y con los genocidas, sería incorrecto que me nombraran.
–A propósito del gobierno, siempre se dice que los poderes son independientes. Sin embargo, ¿creés que sin una decisión del Ejecutivo la justicia hubiera cambiado, y sería lo que es hoy?
–La impunidad en la Argentina no se logró sólo por culpa del poder político, sino también gracias al aval que le dio el Poder Judicial a las leyes de impunidad, como decíamos antes. Otra vez vuelvo a mi viejo: cuando dijo que el Punto Final y la Obediencia Debida no respetaban la Constitución, ningún juez lo acompañó. Creo realmente que cada uno de los tres poderes, aunque sea en forma solitaria, como le ocurrió a Garzón en España, tienen siempre la facultad de actuar correctamente. La Corte de los años noventa avaló la impunidad menemista, permitió que esa fiesta de entonces no fuera juzgada ni analizada. Pero el panorama cambió sustancialmente cuando el poder político empezó a hacer públicas esas cosas, y promovió juicios políticos como el de Julio Nazareno. No fue una acción apenas discursiva, sino que se tomaron medidas concretas para cambiar el Poder Judicial, siempre dentro de los mecanismos constitucionales. Es decir, no fue una invasión de un poder sobre otro. La Constitución tiene previsto que los malos jueces deben ser removidos, y esa tarea necesariamente tiene que llevarla a cabo el Ejecutivo o las cámaras legislativas. No se trata de una injerencia, sino de cumplir con las obligaciones constitucionales. Esa transformación posibilitó que hoy las nuevas generaciones de camaristas, secretarios y abogados tengan una actitud más comprometida, algo bueno para la justicia pero también para la sociedad en general. Esos profesionales transitan muy bien los juicios. El contacto directo con las víctimas los sensibiliza, y ver de cerca a las madres y a las abuelas, que siguen sufriendo y reclamando, los conmueve. Les hace entender que la impunidad para los que alguna vez fueron dueños de la vida y la muerte en este país se terminó definitivamente.
Fuente:TiempoArgentino

Juan, el que siempre molestó
Publicado el 6 de Noviembre de 2011
“Fue un momento duro para la familia, recibíamos muchas presiones, y no sabíamos qué pasaría al día siguiente.” Alejo se refiere a cuando su padre Juan, ex juez federal de Morón, señaló como inconstitucionales las leyes de impunidad. Lo que le valió seguimientos, amenazas y un par de atentados en su “despacho”, una oscura y vieja oficina frente a la Comisaría 1ª del distrito, parte de una casa de paredes húmedas tapada por biblioratos carcomidos por las ratas. “De él aprendí a mantener las convicciones –agrega–, que hoy me llevan a asumir un cargo como este.”
A pesar de su extracción radical y del enorme respeto que sentía por Raúl Alfonsín, Juan Ramos Padilla empezó a cosechar enemigos dentro del mismo partido centenario. Sobre todo, del ala más conservadora de la UCR, que nunca le perdonó su postura ética y jurídica contra la Obediencia Debida y el Punto Final.
A la derecha del peronismo tampoco le resultó simpático. Hace diez años, mientras el país se incendiaba, amagó con investigar los nichos de corrupción en la Policía Bonaerense desde la Subsecretaría de Investigaciones. Ni bien asumió se le ocurrió husmear de qué trabajaban en la división de Inteligencia con asiento en Mar del Plata, un área influenciada por carapintadas y matones duhaldistas que a Ramos Padilla le despertó curiosidad, porque nunca emitía informes de ninguna clase. Al visitar la sede se encontró con salones de lujo, vajilla para fiestas y 36 copas de champagne. Lo informó inmediatamente. Duró en el cargo cinco días.
Entre otras tareas, Juan representó al ex diputado Alfredo Bravo, y fue abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) durante varios años. Militó siempre por la expulsión de los jueces cómplices de los genocidas, como Gustavo Mitchell, y en las épocas en que estaba vigente la Ley de Radiodifusión de la dictadura se manifestó varias veces a favor de la democratización de los medios, y del acceso de cooperativas a la administración de radios y canales de televisión.
Actualmente es juez de Instrucción en la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente:TiempoArgentino

“No es un hombre ajeno a la realidad política”
Publicado el 6 de Noviembre de 2011
Por Baltasar Garzón (*)
Cada vez que nos enfrentamos al análisis de los denominados crímenes internacionales contra la humanidad, el genocidio o como quiera denominarse a estas ofensas tan extendidas contra la dignidad humana, se plantean los mismos problemas, y como una especie de fantasma levita siempre el espectro de la impunidad. La alegada necesidad de olvidar o de pasar página junto a las dificultades estatales para afrontar estos hechos se contrapone con la tozudez de las víctimas que exigen justicia.
Frente a este falso y recurrente dilema no deberían existir dudas. Los perpetradores de estos hechos deben, con todas las garantías, rendir cuentas ante la justicia. Sin embargo, las construcciones jurídicas para conseguir impunidad se reproducen una y otra vez, y de este modo se busca un espacio para la justificación y el olvido de aquellas prácticas que tanto daño han causado.
El autor de este trabajo aborda con singular pericia, propia de quien ha estudiado en profundidad el tema y lo ha vivido desde la responsabilidad de la defensa de las víctimas, las razones jurídicas y morales que determinaron el juicio y castigo de los criminales de Estado y pretende, consiguiéndolo, alcanzar un claro objetivo práctico: contrarrestar la cultura de la impunidad y avanzar en el juzgamiento de esos delitos. Desde esa óptica, se analizan las diferentes opciones por las que debió transitar el pueblo argentino y en especial las víctimas, familiares y organismos de Derechos Humanos para, progresivamente, alcanzar metas que ofrecieran diferentes alternativas para enfrentar esa impunidad, hasta alcanzar esa máxima que se explicita en el libro y que determina que es inexorable que los pueblos y la comunidad internacional procedan al juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad.
Aquellos cuestionamientos, y en particular las posiciones de quienes sostienen que a través de estos procesos se estarían violando los Derechos Humanos y las garantías de los imputados, son analizados a través de una discusión profunda y racional, lo que contribuye en definitiva a reivindicar la vigencia de los Derechos Humanos y el reconocimiento de este paradigma, que alejado del voluntarismo estatal, impone el enjuiciamiento de los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, y como se advierte en la obra, este debate no ha sido siempre del todo franco, dado que quienes pretenden deslegitimar los avances de los juicios realizan sus críticas a partir de una visión sesgada, que implica omitir en su análisis las características que configuran los crímenes de lesa humanidad. De ahí que al explicitar las razones morales y jurídicas que determinan el juicio de los crímenes de lesa humanidad, y confrontar los principales argumentos, Ramos Padilla deja al descubierto a aquellos que, aun cuando pretenden mostrarse neutrales frente a la alternativa de juzgar o no juzgar estos hechos, terminan actuando como operadores y justificadores de la impunidad.
Finalmente, debo decir que Alejo Ramos Padilla no es un hombre ajeno a la realidad política e histórica de su país; se ha comprometido en la defensa de los Derechos Humanos, acompañando a las víctimas en su reclamo de justicia. Sus esfuerzos a favor de aquellos que sufrieron la dictadura, por reivindicar la memoria y por exigir que la acción de la justicia independiente se alce definitivamente sobre lo acomodaticio de quienes tienen por norma la indiferencia, son memorables y deben servir de ejemplo para generaciones venideras.
Desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hace ya varios años se encuentra a cargo del dictado de un curso donde precisamente analiza las claves para derribar la impunidad. Estoy convencido que, ahora desde el ejercicio de la judicatura, continuará su lucha clara y decidida por las víctimas y tendrá bien presente que la coherencia y las convicciones son las virtudes que deben sustentar, junto con el apego a la ley, la acción de un buen juez, aunque a veces, eso no sea totalmente fácil ni cómodo.

(*) Prólogo especialmente escrito por el juez español para el libro de Alejo Ramos Padilla.
Fuente:TiempoArgentino