12 de Noviembre
Guatemala: un lento camino hacia la verdad histórica de 36 años de dictadura
Por Ariel Bargach
A 26 años del fin de la larga dictadura y a 15 de la firma de los acuerdos de paz que terminaron con el conflicto interno, Guatemala inició un lento camino hacia la condena de masacres y violaciones a los derechos humanos, proceso incierto ahora, ante la próxima asunción del general retirado Otto Pérez Molina como presidente.
Los 36 años de gobiernos de facto dejaron la asombrosa cifra de 250.000 víctimas -se calcula que 40.000 de ellas desaparecidas- y unos 400.000 desplazados, y recién en los últimos años el Estado guatemalteco asumió la responsabilidad por las masacres y genocidios, buena parte de ellos sobre poblaciones indígenas.
Reconocimiento del Estado, programas de resarcimiento económico, cultural y psicosocial, procesos judiciales incipientes y una lenta y paulatina "aparición" del tema en medios hasta no hace mucho reticentes forman parte de una nueva instancia, que para las autoridades en DDHH es "irreversible".
"Fue importante reconocer las atrocidades. Este era un Estado que había negado todo. Y había, y hay, un cúmulo de sectores poderosos que se oponen a la búsqueda de la verdad histórica", destacó el ministro de la Gobernación, Carlos Menocal.
En la misma línea, el director del Programa Nacional de Resarcimiento, César Dávila, subrayó que "la puerta ya está abierta y se puso el pie, así que ahora hay que meter el resto del cuerpo", aunque "hay dinosaurios que creen que se están reabriendo heridas, cuando, en verdad, nunca se habían cerrado".
En Guatemala, el accionar de grupos guerrilleros creados a partir del golpe de 1954 fue reprimido con métodos similares a los que posteriores dictaduras usaron en países de la región: masacres, desapariciones, violaciones a mujeres, fusilamientos, robo de niños y hasta prohibiciones de idiomas.
Tras varios intentos por poner fin al conflicto armado, con la democracia restaurada en 1985, en 1996 se firmaron los históricos Acuerdos de Paz.
"El silenciamiento sobre lo que pasó obedece a que los sectores poderosos todavía tienen resabios colonialistas, son oligarquías retrógradas. Es un trabajo muy lento, pero se va a avanzando. Ya no se habla de esto en voz baja y los medios empiezan de a poco a contar la historia", remarcó Dávila.
Para el ministro Menocal, buena parte de los cambios se deben a la administración de Alvaro Colom, que hizo una tarea en tres ejes: "los reconocimientos por parte del Estado de que fue responsable de delitos de lesa humanidad; el respeto a la persecución penal; y el hecho de que las fuerzas de seguridad ya no son cómplices y ahora son las que hacen las capturas".
En declaraciones a Télam, Menocal puso de relieve que "nunca en la historia se había registrado la captura de ex jefes militares, ex directores de la Policía, un ministro de Defensa", por lo que "el avance en algunos casos tienen implicaciones importantísimas".
Entre los logros, Dávila citó que desde 1992 se hicieron más de 1.000 exhumaciones -12 de ellas en el último año- en cementerios clandestinos y el hecho del reconocimiento del Estado, que "le devuelve a las víctimas su derecho ciudadano y la chance de reclamar justicia".
"Los que vivimos durante el conflicto todavía tenemos un policía en la cabeza. A veces me sorprende ver a jóvenes estallar en júbilo, porque nosotros lo tuvimos prohibido. Es un cambio que se respira, se siente", dijo Dávila a Télam.
Cuando se le sugiere algún paralelo con Argentina, el funcionario reseñó que visitó los centros clandestinos de detenciones ESMA y Olimpo. "Y me encontré con edificios vacíos, apenas con plaquetas. Preguntaba por qué no había nada, y me dijeron que no era necesario porque la población argentina está politizada y no necesitaba ver para creer. Acá es muy distinto. Se daban masacres y ni se sabían. Y si se filtraba algo, salía la contraparte. Hay lagunas generacionales".
Sobre el programa, Dávila explicó que es "de resarcimiento y no de reparación, porque las víctimas siempre dijeron que no son cosas que puedan repararse, y ya está en el imaginario social la idea de resarcimiento".
El Programa Nacional de Resarcimiento, creado en abril del 2003, tiene por ahora 52.000 expedientes, que abarcan a unas 75.000 víctimas, y otras 30.000 que ya lograron medidas, aunque todavía se está lejos de las 250.000 víctimas estimadas.
El plan incluye cinco variantes: una, el resarcimiento económico; dos, el material, dado por una vivienda o elementos productivos; tres, la atención psicosocial; cuatro, la reparación cultural (muchas de las comunidades afectadas fueron indígenas, y varias dejaron de hablar su idioma, usar sus trajes, tocar su música); y cinco, la llamada dignificación, que es el pase de víctima a sobreviviente y de ahí a ciudadano.
Entre los cambios del período Colom también aparece el hecho de que se entregaron a la Fiscalía General unos 15.000 expedientes que pueden dar paso a procesos penales.
"Nos cuestionaron por eso, porque dicen que el Estado no se puede acusar a sí mismo. Pero eso es voluntad política y sentido común. La Constitución dice que todo funcionario que sabe de un delito debe denunciarlo. Y si nos llegan, corresponde hacerlo.
Nadie se había atrevido", explicó Dávila.
Mencionó también la decisión de abrir los archivos militares, la firma de un acuerdo con el Instituto de Ciencias Forenses para crear un banco genético que favorezca el hallazgo y reconocimiento de víctimas y la inminente publicación de una guía para que en las escuelas "se enseñe qué pasó durante el conflicto armado".
"Hay un cuentista guatemalteco, Augusto Monterrosso, que escribió un texto muy breve: ´cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba ahí´. Cuando se habla de esto, los dinosaurios también están ahí. Pero se avanzó. Y ya no hay marcha atrás", concluyó Dávila.
Paredes de Guatemala capital pidiendo justicia, preguntando el destino de desaparecidos y mostrando fotos de víctimas y reclamando la verdad parecen ir en el mismo sentido.
Fuente:Telam
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