Denuncian que peligra la realización de los juicios orales Jujuy
Jueves, 17 de Noviembre de 2011
S. S. de Jujuy - El pedido de Aplicación del Código Procesal viejo del Defensor Oficial ante el Tribunal Oral Federal de Jujuy por parte del Dr Alberto Oscar Aragone causa inquietud, dijeron desde la organización, Madres y Familiares de Detenidos desaparecidos de Jujuy.
La Cámara Nacional de Casación Penal hizo lugar a un pedido interpuesto por la defensa del represor Luciano Benjamín Menéndez quien pidió que la causa Álvarez de Surta, Dominga en la cual está imputado por el secuestro, torturas y su posterior desaparición y muerte, sea tramitada a través del ya derogado código de Procedimientos (ley 2372) que no prevé el juicio oral y público.
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy denuncia la aviesa intención del Defensor Oficial Dr.Alberto Oscar Aragone de evitar la realización de los juicios orales en nuestra provincia y de esta manera favorecer a los represores que no quieren sentarse en el banquillo de los acusados. Hay que mencionar que estos genocidas tienen todas las garantías que el estado de derecho les brinda, garantías que no tuvieron nuestros familiares que fueron secuestrados, torturados y muertos en total clandestinidad, a tal punto que no sabemos actualmente donde están sus restos.
De esta manera Jujuy, a contramarcha de lo que viene sucediendo en el resto del país, en donde se están realizando numerosos juicios orales y públicos, sería la única provincia en la cual se daría esta lamentable excepción
Creemos que la realización de los juicios orales, forman parte de un largo proceso de reparación de las víctimas, que desde hace más de 35 años esperan respuestas de la Justicia Federal sobre el destino de los desaparecidos durante el Terrorismo de Estado. Con estas medidas se está violando el derecho a la verdad y la justicia que hace tanto tiempo venimos luchando de manera pacífica.
Impedir que los familiares y víctimas no tengamos la oportunidad de poder concurrir a audiencias públicas, constituye un grave retroceso en la lucha contra la impunidad que nuestro país ha emprendido desde la derogación de las leyes de la impunidad y atenta contra la memoria histórica, ya que las futuras generaciones de jóvenes que no vivieron esa época no podrán conocer quiénes son y que hicieron estas personas durante el terrorismo de estado.
"La sociedad jujeña merece conocer la verdad histórica. Los juicios tienen que ser orales y públicos", manifestaron desde la organización social.
Fuente:LaHoradeJujuy

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