La Fiscalía Federal de La Plata pidió una pena de 10 años de prisión para un ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense acusado de torturar a presos políticos detenidos en la Unidad 9 durante la última dictadura, mientras la querella pidió 14 años. El pedido fue formulado por el fiscal federal Rodolfo Molina ante el Tribunal Oral Nº 1 en el juicio que se le sigue a Pedro Guerrero, acusado de tormentos agravados en 15 casos. Molina consideró que el imputado fue responsable en sólo 4 casos y dio por probado que participó de una requisa el 13 de diciembre de 1976 “en la que fueron brutalmente golpeados los internos”. Acusó al ex agente penitenciario de aplicar tormentos agravados por la condición de presos políticos en los casos de Ernesto Villanueva, Carlos Genson, Carlos Martínez y Julio Mogordoy. Por su parte, la querella, a cargo del abogado Marcelo Ponce Núñez, pidió al tribunal que se condene a Guerrero a 14 años de prisión por tormentos en 15 casos.
Fuente:Pagina12
Por delitos de lesa humanidad
Unidad 9: piden de 10 a 14 años de prisión para el ex penitenciario
Alegaron las querellas y la fiscalía. Denunciaron jueces por inacción
09.11.2011
La fiscalía y los querellantes de la APDH y la CTA pidieron 10 y 14 años de prisión al ex penitenciario de la Unidad Penitenciaria Nº9 de La Plata, Pedro César Guerrero, acusado de tormentos cometidos contra presos políticos de esa cárcel durante la dictadura cívico militar. En sus alegatos, ninguna de las dos partes pidió el máximo previsto para los delitos, pero el ministerio público solicitó pena por sólo cuatro casos de los quince que se trataron en el debate. Los querellantes también pidieron que el tribunal denuncie a cinco jueces mencionados por los testigos por haber desoído a los presos. Por su parte, las querellas de Justicia Ya! y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que no estaban habilitados para pedir pena pero si para alegar, contextualizaron los hechos ocurridos en la prisión platense con lo ocurrido en el país en esos primeros años del terrorismo de Estado.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1, integrado por los jueces subrogantes Jorge Chávez, Mario Reynaldi y Héctor Acuña dio por finalizado ayer la etapa de la exposición de prueba en el juicio por crímenes de lesa humanidad que en los tribunales de 8 y 50 se sigue al ex penitenciario identificado por los testigos como “el sátiro de la zapatilla” y dio paso a los alegatos que fueron encabezados por la querella unificada de la CTA y APDH, representada por los abogados Marcelo Ponce Núñez y Oscar Rodríguez respectivamente, y por el fiscal Rodolfo Marcelo Molina, quienes estaban habilitados para solicitar pena.
En primer término los querellantes pidieron “que se condene a Pedro César Guerrero a la pena de 14 años de prisión, accesorias y costas, en cárcel común con inhabilitación absoluta y perpetua”, detalló Rodríguez en el final de su alegato compartido con Nuñez.
Para pedir la pena, los querellantes consideraron a Guerrero “coautor en siete oportunidades del delito de aplicación de tormentos por parte de funcionario público, agravado por ser la víctima un perseguido político, en concurso real”, por su participación en la violenta requisa del 13 de diciembre de 1976, cuando, según surge de los testimonios del debate, en la Unidad 9 se instaló el terrorismo de Estado.
Además, los querellantes consideraron al ex penitenciario como “autor material de torturas en ocho casos”.
A su turno, el fiscal Molina concluyó su alegato en una tónica más tenue, con un pedido de condena a la pena de 10 años de prisión, accesorias legales y costas, inhabilitación absoluta y perpetua por el delito de “tormentos en cuatro hechos, agravados por ser el autor un funcionario público y las víctimas presos políticos”. En los restantes casos pidió la absolución del imputado.
Para pedir la pena, los querellantes de la Apdh y CTA citaron jurisprudencia nacional e internacional, e incluso apelaron al artículo 29 de la Constitución Nacional para develar que su accionar –esto es, emplear el aparato del Estado para agredir a los habitantes de la Nación– se inscribía en el delito de lesa traición a la Patria. También inscribió los delitos cometidos por el acusado en el marco de un genocidio.
Molina fijó su alegato en desbaratar con documentación de la causa la defensa del acusado para demostrar que participó en la requisa del 13 de diciembre de 1976, pero lo acusó por ese hecho por la única víctima que pudo verlo: Julio Mogordoy. Con el mismo razonamiento, lo acusó de tormentos por sólo tres casos, desechando la persecución y la imposición del terror como tortura.
Luego fue el turno del alegato de la abogada de la AEDD Guadalupe Godoy, quien circunscribió los hechos imputados a Guerrero como parte del rol que la Unidad 9 cumplía en el aparato Estatal destinado para la comisión de un genocidio.
La audiencia finalizó con el alegato del abogado de Nación Inti Pérez Aznar quien inscribió los hechos de la cárcel platense en línea con los crímenes cometidos en la Unidad 1 de Córdoba o en la Masacre de Margarita Belén, en Chaco. En ese marco, destacó que Guerrero fue una parte esencial de ese plan macrocriminal.
JUECES DENUNCIADOS. Como parte del alegato, la querella de la APDH y CTA pidió al tribunal que “formule una denuncia contra todos aquellos jueces que han sido mencionados por los testigos y que no han prestado, no sólo la adecuada atención sino que hasta en algunos casos han desoído reclamos concretos de los padecimientos sufridos por los detenidos en la Unidad 9”, destacó Ponce Núñez. Y señaló: “Me estoy refiriendo al doctor Rivarola, Martúa, Rosa, Santiago Olmedo Santillán y Arzuaga”.
Fuente:Diagonales
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