Otra nena muerta por un aborto inseguro
La niña, de 13 años, murió como consecuencia de una infección generalizada. Sólo en la capital provincial se atienden seis cuadros de abortos por día, según el ministro de Salud. En las escuelas no enseñan educación sexual, sino catecismo.
Por Mariana Carbajal
La criminalización del aborto se llevó otra vida. Una nena de 13 años murió en el Hospital Materno Infantil de Salta como consecuencia de una infección generalizada provocada por un aborto inseguro, realizado en la clandestinidad. Para intentar salvarle la vida, primero se le extirpó el útero, pero luego de la operación la niña falleció por un shock séptico, confirmó ayer a Página/12 el secretario de Salud provincial, Sergio López Alcobendas. La tragedia –una entre un centenar de casos similares con desenlace fatal que ocurren cada año en el país– se produjo en momentos en que en la Cámara de Diputados de la Nación se pospuso la discusión de un proyecto de Interrupción Voluntaria de Embarazo. Y generó la reacción de especialistas de distintos ámbitos (ver aparte). El caso no es excepcional.
Desde que comenzó 2011, cada día, informó López Alcobendas, se atendió un promedio de seis mujeres con cuadros de aborto incompleto sólo en el Hospital Materno Infantil, de Salta. En total, entre enero y septiembre fueron 1605 mujeres, de las cuales 499 llegaron con cuadros de infecciones graves, indicó el funcionario. Violeta Carrique, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta, advirtió que el gobierno provincial “hace poco y nada” para prevenir los embarazos no deseados y promover la educación sexual integral: “La ley de sexualidad responsable nunca fue reglamentada, y en consecuencia el programa de salud reproductiva de la provincia no tiene presupuesto propio, no hay consejería en anticoncepción en la mayoría de los centros de salud y hay médicos que se niegan a colocar DIU o a hacer una ligadura de trompas si las mujeres son jóvenes, no hay educación sexual integral en las aulas y, en cambio, se imparte educación religiosa católica en forma obligatoria”, describió Carrique, en diálogo con Página/12.
El secretario de Salud de la provincia dijo a este diario que recién a partir de la campaña de vacunación contra el virus HPV, obligatoria desde los 11 años para las niñas, que se lanzó hace pocas semanas, empezaron a “hablar algo de educación sexual” en las escuelas.
La muerte de la niña de 13 años, que ocurrió el martes, es una fotografía del drama del aborto en la Argentina, donde estimaciones oficiales calculan que se practican alrededor de 500 mil interrupciones voluntarias de embarazo cada año, en la clandestinidad, reflexionó Carrique. “Esta muerte nos pone frente a la realidad del aborto clandestino en Argentina –es la primera causa de morbimortalidad materna y representa un tercio del total de las muertes– y frente a la urgente necesidad del debate por la despenalización y legalización. No podemos seguir indiferentes a las más de cien mujeres que mueren al año en la Argentina por abortos practicados en condiciones de riesgo”, opinó Alvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
Alcobendas recordó otro caso que se registró en Salta unos años atrás, cuando a otra nena de 13 años le tuvieron que extirpar el útero para salvarle la vida por el gravísimo cuadro infeccioso que sufrió a causa también de un aborto inseguro. En marzo, el mismo Hospital Materno Infantil se negó a realizar un aborto no punible a una niña de 13 años que había sido violada, cuyo caso llegó a judicializarse.
“Salta es territorio particularmente conservador”, apuntó Carrique. Al punto que dos días después del fallecimiento de la nena, el Senado provincial se pronunció en forma unánime en contra de la despenalización del aborto y aprobó un proyecto de declaración por el cual insta a los legisladores nacionales de Salta que arbitren todos los medios necesarios para rechazar la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo en el Congreso. El gobernador Juan Manuel Urtubey milita activamente en contra de la legalización del aborto en una liga mundial de “parlamentarios y gobernantes por la vida”, que lidera en el país la senadora puntana Liliana Negre de Alonso, ferviente opositora al matrimonio igualitario tanto como a la despenalización del aborto. De hecho, en diciembre de 2010 Urtubey distinguió a Negre de Alonso por su activismo “en defensa de la vida y la familia”.
“Se oponen a la despenalización del aborto, pero no hacen nada para prevenirlos. No hay políticas públicas en Salta para prevenir los embarazos no deseados y evitar las muertes por abortos. Seguramente esta niña no tuvo educación sexual. Sólo hablan del derecho a la vida del embrión. Pero la vida de las mujeres, como la de esta niña, no les importa. Quienes defendemos la despenalización del aborto estamos a favor de la vida de las mujeres, de las niñas”, enfatizó Carrique, docente e integrante de la Multisectorial de Mujeres de Salta, un colectivo que reclama la reglamentación de la ley 7311 de sexualidad responsable, que fue sancionada en 2004. Como contrapartida, en Salta se imparte catecismo en las escuelas públicas como materia con calificación, las alumnas y alumnos rezan antes de ingresar al aula y escriben en sus cuadernos oraciones de agradecimiento a la Virgen María.
Fuente:Pagina12
OPINION
¿Cuántas niñas estamos dispuestos a perder?
Por Mariana Romero *
¿Por qué el fallecimiento de una niña de 13 años por un aborto séptico nos provoca esta sensación de angustia e impotencia? Quizá porque en ella se ponen de manifiesto descarnadamente las consecuencias dramáticas de la ilegalidad y la clandestinidad con las que las mujeres interrumpen los embarazos en nuestro país. Porque estuvieron ausentes las medidas preventivas más esenciales. Faltó la educación sexual integral por vivir en una provincia que ha devuelto intactas las cartillas que envió el Ministerio de Educación de la Nación. Faltó información, porque quizá nunca supo de la existencia de la píldora del día después, o sabiéndolo, no tuvo acceso al sistema de salud para conseguirla. Tal vez ese embarazo fue producto de una violación y podría haber accedido a un aborto permitido por nuestro marco legal. Faltó quizás el acceso oportuno para tratar las complicaciones de un aborto inseguro y así no sufrir consecuencias para su salud y su vida.
Esta situación no es excepcional. En 2009, ocho niñas de entre 10 y 14 años fallecieron en Argentina por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. A ellas se suman 35 adolescentes de entre 15 y 19 años, ocho de ellas muertas por abortos inseguros. Las últimas estadísticas publicadas por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud nos muestran que durante ese año, cada mes y medio murió una adolescente por aborto y cuatro adolescentes por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio. El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Argentina, en base a las muertes maternas del último quinquenio, estima que en lo que va de 2011, ya fueron 25 las niñas y adolescentes que se nos han muerto por causas maternas. Todas y cada una de las muertes de mujeres durante la gestación son importantes, únicas, trágicas. Debemos preguntarnos como sociedad cuántas niñas más estamos dispuestos a perder.
* Cocoordinadora del Observatorio de Salud Sexual de Argentina.
Fuente:Pagina12
"Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar verguenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en Sanatorios hacen fortunas sacándoles la verguenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la flia. y sólo fue el fin de la verguenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá mas ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar".
René Favaloro.
M.G.
Entrevista a Gladys Ponte, médica integrante de Católicas por el Derecho a Decidir
“América latina es el último reducto de la Iglesia Católica”
Por Cristian Maldonado
10.11.2011
Es doctora en medicina, especialista en ginecología y obstetricia. Llegó a ser la primera directora mujer del Hospital Rawson donde, después de la dictadura, consiguió que los legrados dejaran de practicarse sin anestesia. En esta nota analiza lo que significa para las mujeres pobres el aborto inseguro, que es desde hace tres décadas la primera causa de muerte materna en nuestro país.
Después de que por primera vez en la historia del país se debatiera la problemática del aborto en el Congreso de la Nación, Veintitrés conversó con Gladys Ponte, doctora en medicina y cirugía, especialista en ginecología y obstetricia, docente de la UNC y coordinadora adjunta de Católicas por el Derecho a Decidir. Ponte conoce como pocas la problemática de las mujeres que padecen complicaciones en situación de aborto. Llegó a ser la primera y única directora mujer del Hospital Rawson, adonde después de la dictadura consiguió que los legrados dejaran de practicarse sin anestesia. En esta entrevista repasa lo sucedido durante las últimas semanas y analiza en profundidad lo que significa para las mujeres pobres el aborto inseguro, que es desde hace tres décadas la primera causa de muerte materna en el país.
–Por primera vez se discutió la despenalización del aborto en el Congreso, ¿cómo vivió lo que pasó ese martes?
–Fue una jornada histórica, es muy importante que en el ámbito del Congreso y precisamente en la comisión penal se comience a debatir un tema tan sensible a la sociedad, y tan doloroso para las mujeres. Por supuesto que no faltó la presencia de los antiderechos con sus manifestaciones agresivas hacia los miembros de las organizaciones que forman parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, pero aun con sus manifestaciones no pudieron impedir que el tema tomara un amplio estado público más allá de que no hayamos logrado el estado parlamentario.
–¿Cómo se explica que el dictamen haya perdido validez por la falta de las firmas de algunos legisladores que votaron a mano alzada y luego no firmaron?
–Con respecto a los legisladores que, a pesar de que se habían comprometido, posteriormente no lo hicieron, me parece que es parte del comportamiento de los políticos cuando no tienen nada que ganar o nada que llevar para su molino; creo que un número importante de los legisladores no tiene nada más que apetencias personales y no les interesa la sociedad a la que dicen representar, en este caso a las mujeres.
–¿Y qué opina sobre las declaraciones de Ricardo Gil Lavedra, que dijo que ahora su firma queda supeditada a lo que determine su partido?
–Qué cosa tan extraña lo que dice Gil Lavedra… Hace muy poco tiempo murió Florentina Gómez Miranda, del mismo partido, quien ya había intentado que el tema se tratara durante presidencia del doctor Alfonsín. Ella fue un ejemplo de legisladora que impulsó la ley del divorcio, la patria potestad compartida, entre otros temas. A mí se me cae mucho la imagen de alguien que tuvo bastante que ver con el Juicio a las Juntas, y que hoy se discipline al partido sin jugarse con una opinión personal. Me parece mucho más digna la postura de la diputada Gil Lozano, que perteneciendo a un bloque donde no hay consenso sobre el tema, se expresó a favor sin disciplinarse.
–Usted pasó buena parte de su vida trabajando esta problemática con las mujeres en los hospitales, ¿cómo fue durante la dictadura militar?
–Bueno, yo fui directora del Hospital Rawson, fui también jefa del servicio de ginecología por muchos años, y pasé toda mi carrera profesional, desde el año ’71 prácticamente, te diría, trabajando con las complicaciones de las mujeres en situación de aborto.
–¿Cómo trabajaban entonces con esos abortos?
–Mi preocupación fue siempre que yo no quería que se murieran las mujeres, pero la realidad de la década del ’70, con una dictadura militar tan instalada, era difícil. Teníamos una ley, la 6.222, de la provincia de Córdoba, del ejercicio profesional, que prohibía la indicación, el asesoramiento y el suministro de métodos anticonceptivos. A esa ley se la conoce como “Ley Rezzónico”, que era el ministro de Salud durante la dictadura militar. Y se producía una inequidad muy grande porque quienes también trabajábamos en la medicina privada, todos asesorábamos e indicábamos métodos anticonceptivos, pero en el ámbito público no, decíamos que había una ley que nos lo prohibía. Otro gran problema que teníamos era que existía la obligación de denunciar la situación cuando conocíamos el delito. Y la otra situación que se producía era que, hasta el inicio de la democracia, a las mujeres se les hacía el legrado sin anestesia, de tal modo que se las culpabilizaba totalmente en esa situación tan difícil de sus vidas. No estaba contemplado que las mujeres tuvieran que completar los abortos con anestesia.
–¿Por qué no se podía hacer con anestesia?
–Porque esto era parte de las políticas represivas y de culpabilización de las mujeres. Pero aun en esas condiciones tan difíciles de su vida, se animaban y teníamos que hacerlo sin anestesia.
–¿Pero estaba prohibido?
–No, no estaba prohibido, pero era parte de la cultura médica en el Hospital de Urgencias y en el Rawson. Nadie se planteaba por qué a las mujeres les estaban ocurriendo estas cosas. Había muchos profesionales que decían: “Hacéselo nomás sin anestesia”, como para que sintiese el sufrimiento por haber interrumpido el embarazo. Además esto les pasaba a las mujeres y las direcciones siempre estuvieron en manos de hombres. La primera y única directora mujer de ese hospital, el Rawson, fui yo.
–¿Y esta situación tan martirizante hasta cuándo siguió?
–Cuando vino la democracia yo ya había tomado un rol más protagónico en el servicio y empecé a solicitar que se utilizara anestesia. Y un día, haciendo una indicación médica en la parte externa de la sala de internación, escuché la conversación de unas mujeres en la sala. Una le preguntó a la otra cómo era. Y la otra le respondió, nunca lo voy a olvidar: “Te llevan, te acuestan en una camilla y te ponen unas botitas en los pies. Después llega la Ponte y te dice que respires hondo, que ya termina, y en realidad ella te tortura, te tortura, te tortura…”. Eso contaron las mujeres sin saber que yo estaba ahí. Inmediatamente dejé la historia clínica y subí a la dirección y le dije al director que mi servicio no hacía un solo legrado más si no nos daban la posibilidad de ponerles anestesia. Eso me llevó nueve meses, entre conseguir el instrumental, convencer a los anestesistas, al jefe de servicios, a la jefa de enfermaría.
–¿Desde entonces se hacen con anestesia?
–Sí. A la semana de que finalmente conseguimos poner la primera mujer bajo anestesia, llegué muy temprano una mañana y me esperaban el jefe de cardiología, el jefe de anestesia, el jefe de quirófanos y la jefa de enfermería y me dijeron: “Desde que a vos se te ocurrió poner los legrados bajo anestesia, mirá la cantidad de mujeres que tenemos”. Me lo reprocharon y yo dije que no iba a ceder en eso. Desde entonces cualquier prestación en el Hospital Rawson se hace bajo anestesia.
–Dijo recién que otro problema era que estaban obligados a denunciar.
–Ese era otro gran tema. A través de una enferma mía que había estado muy grave, de algún modo hice la inducción para que nos denunciara por falta de secreto profesional. Y una cámara falló en contra de los médicos del Hospital Rawson por falta de secreto profesional. Y amparados en esto logramos que tampoco se denunciara más. Todo esto logró reducir la mortalidad materna en el hospital.
–¿Cómo siguió todo esto en la década del ’90?
–En la década del ’90, a pesar de que estaba la ley 6.222 vigente, constituimos un grupo, junto con la gente de la maternidad provincial, un equipo interdisciplinario y trabajábamos con el tema. Lo trabajamos científicamente para ver cómo podíamos mejorar la situación de las mujeres. Pusimos un consultorio de planificación familiar y comprábamos anticonceptivos y dispositivos intrauterinos a través de la cooperadora. Y mi hospital se dedicaba mucho a la Villa Angelelli.
–Hoy siguen siendo las mujeres pobres quienes más duramente padecen la penalización del aborto.
–Por supuesto. En nuestro trabajo estudiamos la problemática durante 17 años. Entrevistábamos a las mujeres, les preguntábamos por las causas y la pobreza aparecía siempre como el elemento fundamental. Y son las mismas que se siguen internando hoy. El perfil de las mujeres no cambió. Entre 75 mil y 80 mil son los egresos hospitalarios que se producen anualmente en la Argentina, y son las mujeres pobres porque son ellas quienes se van a internar. Supongamos que son 500 mil abortos anuales, 420 mil no se complican. Los que se complican son los 80 mil que no pueden acceder a eso. Esto es lo que deja claro la inequidad que les producimos a las mujeres que por no tener dinero no pueden acceder a un aborto seguro. Hay 80 mil mujeres que se ponen en riesgo de muerte. Son las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación.
–¿Por qué cree que en general no se cumple una ley que ya existe, la del aborto no punible?
–Es un tema que tiene varias miradas. Primero, que las currículas universitarias de los profesionales del área de salud tienen conceptos equivocados acerca del artículo 86. Este dice que el aborto es no punible y que no necesitamos judicializar. Ahí subyace todo un temor de los profesionales médicos a la posibilidad de ser enjuiciados. Mucho tiene que ver con la ignorancia. Algunos, a lo mejor, no lo hacen por razones de fe, de moral, o lo que sea; sin embargo, si la decisión es no trabajar por objeción de conciencia con el aborto no punible, estos médicos podrían plantearles a sus jefes de servicio o al director del hospital que ellos no lo van a hacer pero que entienden que está contemplado en el Código Penal en el artículo 86. Y es precisamente este planteo lo que no ocurre, es una deuda que tenemos los profesionales médicos.
–¿Y qué explicación le encuentra a que estos sectores de la sociedad se opongan al aborto incluso en casos de violaciones?
–Creo que son concepciones muy rígidas que directamente no están tomando en cuenta las problemáticas que tenemos las mujeres. Es decir, no miran la vida de la mujer como una vida válida. Cuando ellos plantean que trabajan por la vida, bueno efectivamente por la vida de estas mujeres no trabajan, que son mujeres reales, que tienen familia, niños.
–Sin embargo, muchos de estos sectores que dicen estar “a favor de la vida”, se han opuesto históricamente a la educación sexual, a los preservativos…
–¡Por supuesto! Esos mismos grupos no sólo se oponen al aborto y al aborto no punible, sino que se oponen a todas las medidas preventivas, por ejemplo a la anticoncepción hormonal de emergencia en el caso de las mujeres que son sujetas a una violación. Se oponen a todos los avances científicos demostrados. A todo, a todo lo que es prevención. Y también se oponen al preservativo porque dicen que no evita la infección de VIH. Entonces proponen la abstinencia. Ahora, a esos mismos grupos, si uno les pregunta por el número de hijos que tienen y dicen tres o cuatro, que me expliquen entonces si sólo la abstinencia, si sólo dichos métodos han sido efectivos para esas mujeres. Y yo les puedo decir que entre muchos de esos que dicen que se oponen a la anticoncepción hormonal de emergencia, hay mujeres con dispositivos colocados, te lo aseguro. Hay una ley de 2007, que es la ley de educación integral, en vigencia y reglamentada para que se aplique en las escuelas, y también se oponen a ella.
–Más allá de que la sociedad argentina parece estar cada vez más madura en este sentido, seguimos muy atrasados si tenemos en cuenta por ejemplo a países como Holanda o como la misma España adonde, incluso con una presencia tan fuerte del Opus Dei, el aborto está legalizado.
–Me parece que el último reducto importante de la Iglesia Católica es América latina. Aquí está instalado el problema de la represión jerárquica más significativa. En España la población católica es importante pero América latina es la que se ve más represiva desde el punto de vista del ejercicio de la sexualidad. De hecho hay países que tienen penalizada totalmente la interrupción del embarazo, como El Salvador, donde las mujeres se pueden morir. Es muy significativo el papel de la Iglesia imponiéndose sobre la moral de las personas. Italia tiene legalizado el aborto y el Vaticano funciona allí. Seguramente que hay cosas consensuadas que nosotros no sabemos. Hace poco Ratzinger dijo que los agnósticos están más cerca de Dios que los que van todos los días a la iglesia. Y que quizás era hora de que la Iglesia empezara a desprenderse de los bienes patrimoniales. No sé si lo dijo convencido por los juicios que tiene la Iglesia por pedofilia en diferentes países o efectivamente está cambiando su forma de pensar. Porque para África dice que no usen preservativos, y las mujeres ahí se mueren en la calle por el VIH, y África es uno de los continentes con mayor número de abortos inseguros. Quizá para estos grupos hacer desaparecer el África también sea parte de los mismos fundamentos que tienen por la vida.
–En los países en los que el aborto está despenalizado, ¿el número de muertes es mínimo?
–Por ejemplo en Holanda, Bélgica, Suecia, las tasas de mortalidad materna son muy bajas, y las tasas de aborto seguro también son muy bajas porque tienen instalados los dos conceptos anteriores: la educación sexual es transversal a todas las edades, y el acceso a la anticoncepción segura también está dentro de las posibilidades de acceso generalizado.
–¿Cuáles son las demandas que existen hacia Salud Pública a la hora de la prevención?
–El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la ley, del programa nacional, asegura el suministro de métodos anticonceptivos para cubrir a toda la población. Mujeres y varones de este país, eso está garantizado. El problema es, creo, la falta de ejercicio de ciudadanía a la que se ven sometidas las mujeres porque no conocen que deberían reclamar como un derecho, en los distintos centros, la posibilidad de ingresar a un programa de salud reproductiva para que se le suministren todos los métodos posibles.
–¿Falla la difusión?
–¿Dónde está la falla? En la difusión. Porque también dentro del articulado de la ley se dice que debería hacerse una campaña al menos anualmente. Lo mismo pasa en la provincia de Córdoba. Y por eso yo me pregunto: ¿por qué si está en la ley y si hay un compromiso establecido como política pública, no se hace difusión? ¿A quién estamos haciendo una concesión para que esto no se difunda? Los gobiernos de Salta, de San Juan y de Mendoza no quisieron recibir los materiales preparados por el Ministerio de Educación de la Nación que hablan de educación sexual en la familia. Y les puedo asegurar que están fantásticos.
–¿Cómo cree que va a continuar esto?
–Es un hecho más que positivo, entró al Congreso aun con un resultado incierto todavía; el diputado Vega hizo una nueva convocatoria, de todos modos seguramente el año que viene y con una composición diferente de las cámaras será posible trabajar para llevarlo a estado parlamentario. Tendremos que poner todo el esfuerzo para que así sea y sensibilizar a los legisladores de que la vida de las mujeres es importante y depende de nosotros.
Fuente:Revista23
No hay comentarios:
Publicar un comentario