Denuncia por las trabas de Casación a las causas de Derechos Humanos
Publicado el 24 de Diciembre de 2011
Por Gerardo Aranguren
La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las investigaciones por delitos de lesa humanidad advirtió sobre las “preocupantes demoras” registradas en el tribunal. Ejemplos paradigmáticos y las provincias comprometidas.
“Resultan especialmente preocupantes las demoras que se vienen registrando en el ámbito de la Cámara de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los Tribunales orales. Durante 2011 la Cámara de Casación revisó seis sentencias en relación con 13 imputados, cifra que no muestra cambios relevantes en su actividad si se toma en cuenta que durante 2010 revisó 5 sentencias respecto de 12 imputados”, señaló el informe anual de la Unidad Fiscal a cargo de Jorge Auat y coordinada por Pablo Parenti.
Del total de 266 condenados por delitos contra la humanidad desde la vuelta de la democracia, sólo la sentencia de 43 de ellos fue confirmada por Casación o la Corte Suprema de Justicia, siendo el centro de las demoras el máximo tribunal penal, donde “continúan presentándose situaciones alarmantes”, agrega la Unidad.
El informe toma como ejemplo la causa De Marchi, en la que el Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó en septiembre de 2008 a cinco represores. La sentencia fue apelada y el caso ingresó en Casación en febrero de 2009. Sin embargo, luego de 33 meses, la Sala II todavía ni siquiera fijó fecha para el debate.
De esta manera, la Casación funciona desde hace años como un cuello de botella en las causas de lesa humanidad: mientras las cifras de represores procesados, elevados a juicio y condenados continúan creciendo, en la Cámara se frenan los avances. Símbolo de esas demoras era el ex juez Alfredo Bisordi, recordado por sus cruces con el ex presidente Néstor Kirchner y ahora devenido en defensor del ex comisario Luis Patti. Casación es ahora un escenario de disputa entre ese sector que representaba Bisordi y otro integrado por camaristas jóvenes que iniciaron una renovación del máximo tribunal penal, y se espera que esos nuevos aires permitan también una agilización en las causas por el terrorismo de Estado.
Según el informe de gestión de la Unidad Fiscal, las cifras de represores procesados, elevados a juicio y condenados continúan creciendo: durante el año 2011 finalizaron 19 juicio orales y públicos en los que fueron condenadas 80 personas, de las cuales 67 recibieron una sentencia por primera vez. Con estos casos, ya suman 266 los condenados.
“Más allá de estos avances, se prevé que los resultados más contundentes de la política de acumulación de casos para el logro de juicios significativos –que redunden en una optimización de los recursos humanos y materiales, la celeridad del procedimiento, la maximización del rendimiento de la prueba y en evitar una sobreexposición de los testigos– se evidenciarán con mayor claridad aún durante el año que viene”, detalló la Unidad, que también cuestionó algunas situaciones puntuales que se dieron este año.
El informe criticó la “excesiva prolongación” del juicio oral que realizó el TOF 5 por delitos cometidos en la ESMA, que llevó casi dos años de audiencias llegar a la histórica sentencia contra los marinos Jorge “Tigre” Acosta y Alfredo Astiz. Esta demora “repercutió negativamente en el trámite de muchos casos vinculados a ese centro clandestino (en total cerca de 800 casos que involucran a unos 70 imputados) que ya se encontraban radicados ante el mismo tribunal. Sin lugar a dudas, la duración del juicio por casi dos años implicó un retraso considerable en el ingreso de ese universo de casos al juicio oral”. Otro caso resaltado por los fiscales es el de Córdoba, donde se demora el inicio de dos juicios orales muy importantes, uno por La Perla y otro por el D2, que involucran en conjunto a 48 procesados en relación con 404 víctimas.
La Unidad también puso énfasis en la necesidad de investigar dos aspectos que hasta ahora han quedado relegados en las causas por delitos de lesa humanidad: los funcionarios judiciales cómplices y partícipes del terrorismo de Estado y los casos de violencia sexual.
“El proceso de juzgamiento aún presenta aspectos que deben profundizarse y a los que es necesario prestar mayor dedicación. Por ejemplo, el estudio del rol que han tenido los funcionarios de la administración de justicia durante el terrorismo de Estado ha comenzado hace muy poco, a partir de testimonios y del análisis de documentos de la época (en particular, los expedientes judiciales). Otro aspecto a desarrollar es el tratamiento de los casos de violencia sexual. El objetivo principal es que salgan a la luz muchos casos de abusos sexuales hasta el momento no denunciados o que, denunciados, no habían obtenido un tratamiento judicial adecuado. De ser así, ello implicará encontrar un nuevo campo de trabajo a explorar, del que muy probablemente surgirán nuevos problemas para pensar”, señaló la Unidad
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
SUMAN 266 LOS CONDENADOS POR CRIMENES DE LA ULTIMA DICTADURA. LOS PRESOS SON 593
Los juicios a los represores en números
En 2011 terminaron veinte juicios y 67 personas recibieron condenas por primera vez. Los datos surgen de un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de estas causas en el que se advierte sobre la demora en confirmar las sentencias.
Por Victoria Ginzberg
Durante 2011, 193 personas fueron juzgadas o están siendo juzgadas por crímenes de lesa humanidad. La cifra es la más alta desde la reanudación de los juicios por violaciones de derechos humanos en la última dictadura y es cinco veces más alta que la de 2009. Hasta el momento, los condenados suman 266 y los presos, 593. Los números surgen del informe anual de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos de la Procuración General de la Nación. El documento registra los avances y obstáculos del proceso de justicia por los delitos vinculados con el terrorismo de Estado. Las demoras en la revisión de las sentencias por parte de la Cámara de Casación son, para este organismo, el principal motivo de preocupación.
Avances
En 2007, cuando la Unidad que dirigen Jorge Auat y Pablo Parenti hizo el primer análisis de la situación de las causas contra los represores de la última dictadura, encontró que existía una demora significativa en la etapa de instrucción, es decir, que las investigaciones tardaban más del tiempo justificado en ser elevadas a juicio oral y que se advertía una “atomización” de los casos, lo que implicaba que no se acumulaban hechos que debían ser investigados juntos y se realizaban juicios aislados y repetitivos. Estos problemas, señalaron ahora, fueron abordados y mejorados. “En los últimos tiempos pudo observarse una consolidación del proceso de juzgamiento en casi todo el país. El anterior fue el año en el que más casos fueron llevados a juicio oral y la cantidad de condenas logradas se incrementó exponencialmente con el período completo desde el retorno de la democracia”, dice el informe. Sobre 2011, sostiene que “se mantiene una tendencia positiva” y que “se iniciaron juicios significativos en jurisdicciones en las que ello era una deuda pendiente”, como Bahía Blanca, en donde se está realizando un juicio que involucra a 17 acusados por 92 víctimas del centro clandestino La Escuelita.
Números
Actualmente hay 842 personas procesadas y 296 que fueron juzgadas (desde 1983 hasta ahora) por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado; 266 fueron consideradas culpables y 30 fueron absueltas. Hasta 2008, las condenas eran 68, al final de 2009 ascendieron a 98, en 2010 a 199 y este año a 266 (ver cuadro 2). Es decir que entre 2008 y 2011 la cantidad de condenados casi se cuadruplicó. En 2011, además, terminaron veinte juicios, en los que se condenó a 81 personas (a 66 por primera vez) y la Cámara de Casación revocó la absolución del represor Alejandro Guillermo Duret por el caso de Carlos Labolita. Todavía hay 12 debates orales y escritos en trámite, en los que se juzga a 118 acusados, y para los próximos meses se espera que se inicien otros ocho juicios que involucran a 60 procesados. Así, a lo largo de este año, 193 personas fueron o están siendo juzgadas en todo el país (ver cuadro 1).
Desafíos
La Unidad Fiscal señaló como desafíos para el futuro el avance en las investigaciones sobre violencia sexual durante el terrorismo de Estado, las complicidades civiles, en particular en el ámbito judicial y el trabajo con los archivos de las Fuerzas Armadas. Pero lo que identificó como “especialmente preocupante” es “la demora que se viene registrando en el ámbito de la Cámara de Casación Penal para la revisión de las sentencias de los tribunales orales”. De los 66 represores condenados, sólo 43 tienen condena firme y la mayoría son de juicios realizados durante la década del ’80 o por apropiaciones de niños. Este año, sólo tres condenas quedaron firmes. Durante 2011, Casación revisó seis sentencias con relación a 13 imputados. Uno de los ejemplos graves que ya había sido mencionado en el informe del año pasado es el del Regimiento IX de Corrientes. El caso ingresó a Casación hace casi 34 meses y todavía no se resolvió.
La Cámara de Casación fue uno de los grandes obstáculos a salvar luego de la reapertura de los procesos por delitos de lesa humanidad. En febrero de 2007, Página/12 publicó que el tribunal acumulaba más de cien recursos sin resolver vinculados con crímenes de la última dictadura y que algunos de esos expedientes estaban allí hacía tres años. Los organismos de derechos humanos denunciaban que se trataba de un plan deliberado para demorar el inicio de los juicios. Esto fue confirmado por el entonces presidente de la Cámara de Casación, Alfredo Bisordi, que luego de una confrontación pública con el entonces presidente Néstor Kirchner renunció y se dedicó a ejercer como abogado defensor de los represores que antes apañaba desde el Poder Judicial. Luego, las causas comenzaron a destrabarse, aunque ahora otra vez los ojos están puestos en ese tribunal. En el último tiempo, Casación entró en un proceso de renovación: fueron nombrados tres nuevos magistrados y el jurista Pedro David fue designado como su presidente. Resta ver si se produce un avance en la confirmación de las condenas a los represores.
Fuente:Agndh
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