Cuando los blancos fueron médicos y enfermeros
Por Alejandra Dandan
Las voces tardaron unos minutos en empezar a escucharse. Los jueces del Tribunal Oral Federal 2 ya se habían ido de la sala. Los policías levantaron de la silla al dictador Reynaldo Benito Bignone, que acababa de recibir una nueva condena, la tercera, esta vez a quince años de prisión por la privación ilegal de la libertad de quince trabajadores del Hospital Posadas, donde funcionó el centro clandestino conocido como El Chalet. Recién entonces, cuando el ex presidente de facto empezó a caminar para irse de la sala, se escucharon las primeras reacciones de una sentencia que incluyó a otros dos represores, pero de la que muchos esperaban más. Cuando Bignone se acercó, de traje, a la puerta de salida, desde el fondo alguien dijo: “¡Asesino! ¡Genocida!”. Las voces gritaron en plural, les hablaban también a los otros acusados. Finalmente se cantó “como a los nazis, les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar”.
La sentencia del Tribunal alcanzó a los tres acusados: Bignone, que entonces era funcionario del Ministerio de Acción Social y ordenó la intervención del hospital el día del golpe de Estado; Hipólito Rafael Mariani, que era jefe de la Brigada Aérea de El Palomar y ya estaba condenado a 8 años de prisión como jefe de la Mansión Seré y llegó al juicio en libertad, y a Luis Muiño, parte del grupo SWAT, el grupo de tareas que llegó a sumar más de diez personas contratadas por el Ministerio de Acción Social a mediados de 1976, actuó bajo las órdenes del director del Posadas, reclutó a ex policías y al mismo Muiño, que había sido gendarme. Este se encargó de sembrar terror entre los trabajadores y pacientes y fue mano ejecutora de secuestros y desapariciones.
El Tribunal los condenó a todos. Además de Bignone, le dio a Mariani 8 años de prisión por privación ilegal de la libertad y tormentos de Gladys Cuervo. Y a Muiño le dio 13 años de prisión como coautor de la privación ilegal de la libertad y tormentos agravado en cinco oportunidades.
“Es una sentencia formal, pero no alcanza –dijo cuando todo terminó, Cuervo, enfermera y sobreviviente–. Este tipo de sentencia deja abiertas las puertas para la impunidad, para que todo vuelva a pasar.” En la puerta de los Tribunales de Retiro se acumulaban voces parecidas. Zulema Chester, hija de Jacobo Chester, uno de los desaparecidos del Posadas, dejaba la sala convencida de que las condenas eran demasiado poco para los años de espera. Un grupo de médicos, en cambio, entendía que eran el comienzo de una ganancia. “Me voy con la sensación de que las cosas fundamentales están. Faltaron años y la acusación por homicidio, pero están”, decía Hernando Salas, secuestrado en las primeras horas del golpe y trasladado a Coordinación Federal. Alrededor, entre los enfermeros y médicos que dejaban el Tribunal vestidos con delantales de trabajo, Carlos Apezteguía, otro de los médicos, exiliado después del secuestro, decía que “faltó una condena más enérgica”, pero entendió que en el fallo “hubo un reconocimiento de que éstos fueron crímenes de lesa humanidad y un dato importante es que todos recibieron condenas”.
Para la fiscalía encabezada por Javier de Luca y Guillermo Silva, el fallo de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Luciano Gorini y Pablo Bertuzzi fue jurídicamente correcto. “Dejó escrito que hay una historia oficial de lo que pasó que el Estado reconoce –dijo De Luca–, a nosotros se nos dio la razón en casi todo lo que pedimos, y digamos que faltó decisión sobre el monto de las penas.”
La sentencia
Uno de los aspectos más objetados fue el monto de las penas. En todos los casos, el Tribunal dio menos años de lo que pidió la fiscalía y la querella representada por el colectivo Kaos. Para Bignone, que recibió 15 años, fiscales y querella pidieron 25. Para Mariani, que recibió 8 años, los fiscales pidieron 12 y la querella 25. Para Muiño, que recibió 13, los fiscales pidieron 20 y Kaos 25. Otro problema del fallo es que no consideró como agravante de los tormentos la condición de perseguidos políticos de las víctimas, una figura que había pedido la fiscalía.
Fuera de eso, el fallo habilitó lecturas importantes para la historia de la causa. Una es el reconocimiento que el Estado hace por primera vez de lo que sucedió en el hospital. Otra, también simbólica, está atada a la condena a Muiño, porque al acusarlo los jueces también parecen reconocer la existencia del grupo SWAT y su desarrollo operativo. En palabras de la fiscalía, dentro del hospital funcionaron dos grupos de seguridad: uno periférico y otro que se hizo con más de diez personas que llegaron del Ministerio de Acción Social para llevar a cabo lo que llamaron “la guerra contra la subversión” y actuaron bajo las órdenes de la Fuerza Aérea encarnadas por el director. Ese fue el grupo SWAT. Hasta ahora ese grupo no estaba reconocido jurídicamente. Las defensas intentaron mostrarlo como laxo y un mero grupo de seguridad administrativo.
Otro de los puntos del fallo fue una orden para iniciar una investigación paralela sobre un odontólogo que terminó siendo jefe del servicio de seguridad. La persona declaró como testigo durante el juicio, pero ese día uno de los sobrevivientes lo reconoció como uno de los colaboracionistas del hospital.
Los antecedentes
La causa llegó al juicio oral definida por el trabajo de instrucción del juez Daniel Rafecas y del fiscal Federico Delgado. El expediente, que según los querellantes estuvo bien fundado ideológicamente, arrastró un problema que no se pudo resolver en la etapa oral: la ausencia de las acusaciones por homicidio y entonces, la imposibilidad de pedir prisiones perpetuas. Los fiscales pidieron al Tribunal Oral sumar a la acusación de tormentos y privación ilegal de la libertad, dos acusaciones por homicidios por los casos de Jacobo Chester y Jorge Roitman. Chester era un trabajador del hospital, secuestrado y cuyo cuerpo reapareció sin vida días después. Roitman todavía permanece desaparecido, pero su muerte fue conocida por los sobrevivientes, que dieron testimonio de ella. El Tribunal argumentó que eso debía haberse resuelto así en la instrucción.
Al mediodía, los trabajadores y sobrevivientes del Posadas se subieron a un escenario levantado en la calle. Se escucharon las voces de Gladys Cuervo, Zulema Chester y el médico Apezteguía. Y luego las abogadas del colectivo Kaos decían: “Somos representantes de las querellas y siempre vamos a ir por más: si nuestros compañeros se hubiesen conformado con lo posible tal vez todavía estarían acá”. Alguien luego hacía los recuentos. “Ayer no teníamos nada –se oyó–: hoy tenemos tres, no nos vamos con las manos vacías.”
Fuente:Pagina12
El fallo provocó decepción entre los familiares y los organismos de derechos humanos
Bignone fue condenado a 15 años de prisión por los delitos en el Posadas
Publicado el 30 de Diciembre de 2011
Por Gimena Fuertes
Decepción y bronca fueron las palabras que más se escucharon dentro y fuera de los tribunales de Comodoro Py después de conocerse la sentencia contra tres represores, entre ellos Reynaldo Benito Bignone, que actuaron en el centro clandestino que se instaló en el Hospital Posadas, en la localidad de Haedo, durante la dictadura y donde desaparecieron 15 trabajadores de la salud.
Mientras que Bignone fue sentenciado a 15 años de prisión, en lo que suma ya su tercera condena por delitos de lesa humanidad por las que cumple prisión domiciliaria, también fueron condenados los represores Luis Muiña a 13 años de prisión y el ex brigadier mayor de la Fuerza Aérea Hipólito Mariani a ocho años. De este último se dispuso la detención inmediata y su posterior arresto domiciliario. Ninguno de los represores fue juzgado por el delito de homicidio, aunque los testigos aportaron datos sobre el destino de los médicos, enfermeros y empleados desaparecidos. De hecho, los cuerpos de dos de las víctimas ya fueron encontrados e identificados.
Mariani era jefe de la Brigada Aérea de El Palomar, y ya fue condenado a ocho años de prisión como jefe de la llamada Mansión Seré. Ahora sólo fue condenado por la privación ilegal de la libertad agravada de Gladis Ester Cuervo, una enfermera de traumatología del Posadas, quien permaneció 58 días en el centro clandestino “El Chalet” que funcionó en ese hospital, y fue torturada con picana eléctrica en la base aérea de Morón, donde Mariani era jefe y ahora cumplirá su condena con el beneficio de la prisión domiciliaria. Gladis Cuervo fue la única sobreviviente de las víctimas que incluyó la instrucción del juicio y aportó su testimonio. Ayer, bajo el rayo del sol del mediodía, se quejó: “Había esperado una condena mayor, hace 35 años que espero justicia, esta sentencia le deja la puerta abierta a la impunidad. Tiene sabor a poco.”
Por su parte, Muiña fue encontrado culpable de los delitos de “privación ilegal de la libertad agravada por el uso de violencia y aplicación de tormentos” en cinco oportunidades, cuyas víctimas fueron Cuervo, Jacqueline Romano, Marta Elena Graiff, Jacobo Chester, un empleado administrativo del hospital cuyo cuerpo fue identificado y prueba que hubo asesinatos, al igual que el de Jorge Mario Roitman, un médico también asesinado e identificado.
Bignone, por su parte, fue condenado por 15 hechos de privación ilegal de la libertad por haber designado como interventor del hospital a Agatino Di Benedetto, quien no fue acusado en el juicio por estar “declarado insano”. Sus víctimas fueron Lidia Cristina Albano, Marta Muñoz, Carlos Apezteguía, Ana Maria Muhlmann, Camilo Francisco Campos, Enrique Malamud, Juan Manuel Nava, Julio César Rodríguez Otero, Dora Elvira Agustín, Carlos Bevilacqua, Daniel Manigot, Rubén Ernesto Drago, Hugo Nin, Hernando Luis Sala y Davor Kvaternik.
En la sentencia también se dispuso que extraiga testimonio para que investigue la presunta participación de Carlos Paladella en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro de tortura, quien fue reconocido como un “señalador” ante los represores.
El silencio inundó la sala tras la lectura del fallo. Fuera del tribunal todo estaba preparado para festejar otra condena a represores que cometieron delitos de lesa humanidad, pero los familiares de las víctimas, los sobrevivientes y los organismos de Derechos Humanos aprovecharon la convocatoria para cargar contra los jueces del Tribunal Oral Número 2, Pablo Daniel Bertuzzi, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini.
Fuente:TiempoArgentino
Fuente:ElArgentino
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