22 de diciembre de 2011

CHACO: Piden profundizar la investigación del plan de exterminio.

Jueves, 22 de Diciembre de 2011
Piden profundizar la investigación del plan de exterminio en el Chaco
Organizaciones de derechos humanos junto a familiares, ex detenidos y compañeros de desaparecidos reclamaron “la indagatoria a los mandos militares, penitenciarios y judiciales que planificaron asociarse ilícitamente para ejecutar el plan sistemático de exterminio en el Chaco”.

Una serie de organizaciones de derechos humanos, familiares, ex detenidos y compañeros de desaparecidos exigieron al juez subrogante Juan Antonio Piñero la indagatoria a otros autores, partícipes, cómplices, instigadores y encubridores que se identificaron en el Gobierno constitucional ’75-76, y después en la Dictadura: al ex Juez Luís Córdoba, ex Fiscal Roberto Mazzoni, ex prosecretario Rezka, Def. Ofic. Nora Pacce

A través de una nota enviada al juez subrogante Juan Antonio Piñero reiteraron “que se indague a los mandos militares-penitenciarios-judiciales que aun vivan, que planificaron asociarse ilícitamente para ejecutar el plan sistemático de exterminio en el Chaco”.

“Urge investigar la responsabilidad de la asociación ilícita del Gral. Serrano, interventor del Chaco; Cnel. Zucconi, ministro de Gobierno; Cap. Brinzoni, Secretario de Gobierno (F); Cap Schenone, interventor de Resistencia; Gral. Nicolaides, Cte. de la VII Brigada (F); Tte. Larrateguy, Jefe del Área 233 Guarnición Militar 7(F); Tte. Cnel. Baguear; Mayor Renés, condenado; Integrantes del Grupo de Artillería 7: Tte. 1º Martínez Segón, condenado; Tte. 1º Patetta, condenado, Cap Bianchi, Cap Rampulla, Subte. Simoni, condenado; Destacamento de Inteligencia 124: Tte. Cnel Hornos, Jefe; Cap. Tozzo, prófugo, extraditado; Tte., 1ro Carnero, Cap. Betolli, condenado, Cap. Romero Pavón, Cnel Losito, condenado; Tte. Cnel Riquelme, condenado, Tte. Cnel Reyes, condenado. U otros como Vega, Bianchi, Ferreyra, Alberto Valussi (F), Silvero Zanella, Benítez, Farmache, Morán, Rampulla, Abel Martínez, Acuña, Taberna, Soto, Guañabens Perelló”, expusieron.

También exigen “la indagatoria a otros autores, partícipes, cómplices, instigadores y encubridores que se identificaron en el Gobierno constitucional ’75-76, y después en la Dictadura: al ex Juez Luís Córdoba, ex Fiscal Roberto Mazzoni, ex prosecretario Rezka, Def. Ofic. Nora Pacce por los nuevos elementos de investigación probatorios aportados en los juicios orales, que se incorporen y se les aplique el castigo penal correspondiente conforme a derecho”. Sostienen que “ellos y otros fueron partícipes, en distinto grado, de graves delitos de lesa humanidad via torturas, tormentos, violaciones y robos a jóvenes militantes, mujeres embarazadas, bebés y familiares omitiendo investigarlos, así como negarse a dar cuenta de muertes y desapariciones de ciudadanos indefensos bajo su responsabilidad penal constituyéndose en funcionarios esenciales del Poder Judicial chaqueño y crueles garantes de la impunidad del Genocidio”.

Así también piden que se indague “al personal de la Alcaidía Provincial: Oscar Ayala (F), Monzón, Roldán, Galarza, Alvarez, Vittorello, Esquivel, Caballero, Barrientos, Paniagua, Ruiz Díaz, Ríos, Rodríguez Valiente (F), Núñez (F). Y recordamos al personal del Servicio Penitenciario Nacional de la Unidad Nro 7: ex oficiales Pablo Casco, Brocas, Britez, Gómez, Pintos como coautores de tormentos a ex detenidos políticos”.

Solicitaron además “la no fragmentación de los actos procesales y que las audiencias indagatorias contra imputados puedan unificarse en un sólo acto de declaración en la ciudad de Resistencia a través de video conferencias, concretizando economía procesal”. En tal sentido, consideraron que “la situación actual ha generado retrasos en la sustanciación de la instrucción para la elevación a juicio, que conllevaría, de seguir produciéndose, el fallecimiento de imputados y la impunidad sin fin”.

Pidieron también “el resguardo de la información de testimonios y todos otros actos procesales”. Ya que consideraron que “últimamente se publican informaciones cedidas por el Juzgado sin preservar vivencias siniestras de las víctimas, sus lugares de residencia o se adelantan actos procesales con el riesgo de fuga de los imputados. Se debe priorizar el derecho de las víctimas para no tener que volver a padecer y sufrir experiencias límites traumáticas”.

“El pueblo del Chaco y de la Nación necesitan saber que se está cumpliendo con la Ley efectivamente porque "toda demora en emitir justicia es una negación de la misma", aseveraron.

Acompañan el pedido las siguientes firmas: A.P.D.H. Central/ A.P.D.H. Formosa/ APDH San Luis.vicep. Lilian Videla/ AEDD. Asociación de ex Detenidos Desaparecidos/ Madres Línea Fundadora / Comisión Provincial de La Memoria Chaco/ Asociación de ex Presos de Córdoba/ Asociación de ex presos Mendoza/ Comisión por la Verdad, Justicia y Memoria de Mar del Plata. Madres Línea Fundadora, Mar del Plata, María Rivas de Rave. Ex detenidos políticos Mar del Plata / Casa por la Memoria y la Cultura Popular. Mendoza/ C.E.LS./ Colectivo de ex Presos Políticos y Sobrevivientes-Rosario / Dr. Edwin Peco Tissembaum/ Familiares de Detenidos Desaparecidos/ H.I.J.O.S.Chaco/ H.I.J.O.S. Capital/ H.I.J.O.S Bahía Blanca./ H.I.J.O.S. Formosa/ L.A.D.H. Formosa/ / MEDHES Goya/ Mesa de la Memoria por la Justicia de San Nicolás / Secretaria Gral. CTA Chaco, Mora Pared/ Registro Unico por la Verdad Chaco/ Taty Almeida Madres Línea Fundadora
Fabricio Bolatti, Diputado Provincial, presidente del Bloque Frente Grande.Chaco
Daniel Trabalón, Diputado Provincial, Bloque Frente Grande.Chaco
Daniel San Cristóbal, Secretario general Partido Frente Grande, orden nacional.Chaco
Familiares,ex detenidos y y compañeros: Munú Actis, Martín Almada, Elena Arena, Carlos Aranda,Julio Aranda,Cristina Arévalo, Juan Arguello, Susana Barco de Surghi, Miguel Bampini, Hugo Barúa, Martha Bardaro, Armando A. Benítez, Mirta B. Benitez, Estela Binaghi, José María Budassi, Margarita Carbajal, Jorge Casales, Mirta Clara, Julio Cossio, Olga Chamorro de Voucouver, Graciela de la Rosa, Roberto Díaz, Ramón Duarte, Carlos Flaskamps, Cristina Feijoó, Juan Carlos Fernández, Silvia Few, Mariela Fogar, Carolina Fule, Mónica Garbuglia, Realdo Gastaldi, Ana Jaksa, Jorge Giles, Nora Giménez, Juan Lenscak, Mirian Lewin, Graciela López,Marta Magaro, Luis Megías, Mario Mendoza, Hugo Pamies, Zulema Ramírez, Susana Muñoz, Silvia Ontivero, Luis Paredes, Yuyo Pereyra, Silvana Pérez, Arturo Píccoli, Aníbal Ponti, C. Malena Rosso, Ana María Ruíz, Mariana Sala, Juan Andrés Sala, Orlando Seniquel, Alfredo Serantes, Victor Hugo Sotelo, Paula Souilhé, Edgar Surghi, Ana Testa, Arquímedes Terpolilli, Raúl Tierno, Laura Tissembaum, Lucho Soria, Ricardo Vassel, Pedro Velázquez Ibarra, Sara Waitman, David N. Zambrino, Dafne Zamudio, Mario Zareceanzky, Carlos Zorzoli.
Fuente:DataChaco


Polémica y cruce de acusaciones
Un conjuez acusado de defender a un represor
Se trata de Juan Antonio Piñero, quien fue acusado por el fiscal Patricio Sabadini de haber defendido a Pablo Casco, exServicio Penitenciario Federal. El conjuez se defendió y señaló que es víctima de “hostigamiento”.

Tras el fervor de los juicios –con sentencia- por crímenes de lesa humanidad y el primer Margarita Belén con genocidas condenados por la matanza ocurrida hace 35 años, la polémica estalló en el futuro judicial de causas relacionadas a los derechos humanos, al conocerse ayer una denuncia contra el conjuez Juan Antonio Piñero.
Sucede que ingresó al Juzgado Federal de Resistencia un pedido de recusación contra el conjuez Piñero, presentado por el flamante fiscal federal Patricio Sabadini (hace menos de dos semanas juró en su nuevo puesto, tras el aval del Senado a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional).
En el escrito, el fiscal federal acusa a Piñero de haber sido abogado defensor del represor Pablo César Casco, que perteneció al Servicio Penitenciario Federal, y como tal, fue jefe de la denominada guardia dura de la U7.
Justamente, de la U7, donde estuvieron detenidos, entre otros, el hoy diputado nacional Carlos Kunkel, los militares sacaron a presos políticos que luego fueron fusilados en la conocida Masacre de Margarita Belén, en 1976.
A pesar de no haber estado de guardia en ese momento, fue el propio Casco quien obligó a los presos políticos a salir de las celdas, amenazándolos de que si se resistían iba a dejar actuar a los militares.
Más acá en el tiempo, durante el juicio por la Masacre de Margarita Belén, sustanciado en 2010 (con sentencia a principios de este año), Casco fue detenido por disposición del Tribunal Oral Federal, dando lugar al pedido de falso testimonio hecho por la Fiscalía y la Querella.

LA POLÉMICA
Con las sentencias firmes, la estrategia fue concentrarse a las denominadas causas residuales relacionadas a delitos de lesa humanidad. Así, debería haber una segunda parte de la Causa Caballero y otra por la Masacre de Margarita Belén.
En el caso de la Masacre, espera turno en el banquillo de los acusados el exmilitar Norberto Tozzo, quien no fue juzgado con sus camaradas de armas, primero, por estar prófugo; luego, porque se dilató su extradición desde Brasil.
Lo cierto es que fuente de la Fiscalía Federal señalaron que desde hace más de un año veían con preocupación que no avanzaba la investigación en el caso Casco. Esa preocupación, derivó en una investigación del fiscal Sabadini.
Esa investigación llegó a la Justicia Provincial chaqueña, buscando una conexión entre Piñero y Casco. En la base de datos digital del Poder Judicial provincial, se encontró la primera pista, datada en la neoliberal década menemista: 1998. El lugar: el juzgado conducido por Iride Isabel Grillo.
Según consta en la presentación del fiscal Sabadini el conjuez Piñero fue abogado del represor Casco, hecho que sería causal de recusación, ergo, que se debería sortear otro conjuez o bien que las causas residuales regresen al Juzgado Federal de Carlos Skidelsky, quien fue el que comenzó la investigación que derivaron en los primeros juicios por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Chaco.
Ni bien se conoció la presentación judicial, el conjuez Piñero salió a refutar la recusación: “Es falsa”, declaró a FM Ciudad, de Resistencia. El conjuez también desmintió que haya habido requerimiento alguno para investigar el ex SPF Casco.
Piñero, que fue reconocido por la Cámara de Diputados del Chaco con un premio a la labor ligada a Derechos Humanos, fue aún más allá y aseguró que el pedido de recusación forma parte de un "hostigamiento" de la Fiscalía Federal.


Recusaron al conjuez Piñero por vinculaciones profesionales como defensor de un exrepresor
Jueves, 22 de Diciembre de 2011
La Fiscalía Federal de Primera Instancia de Resistencia formalizó ayer la recusación al conjuez Juan Antonio Piñero, quien tiene a su cargo el trámite de las causas conexas con la denominada “Causa Caballero”.

El escrito, que lleva las firmas del fiscal federal titular Patricio Nicolás Sabadini y de Diego Jesús Vigay, fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos, fundamentó la determinación en la incompatibilidad que significa que el magistrado actuara como abogado defensor del exrepresor César Pablo Casco, uno de los más atroces torturadores en la Unidad Penal 7 de Resistencia durante la última dictadura militar.
La confirmación de la presentación del escrito llegó pocos días después de que el conjuez federal Piñero recibiera el premio Amanda Mayor de Piérola, entregado por la Cámara de Diputados de la provincia por su labor y compromiso en la defensa de los derechos humanos.
La presentación del Ministerio Público Fiscal se enmarca en los autos del expediente N°25/10 “Residual Caballero, Humberto Lucio y otros S/Tormento agravado en concurso real con privación ilegítima de la libertad (agravada), desaparición forzada de personas”. Allí, según consta en el escrito al que NORTE tuvo acceso, la Fiscalía advierte “la posible comisión de un delito de acción pública, por causal sobreviniente”, y solicita el alejamiento del letrado recusado de la causa “por afectar la garantía de imparcialidad que debe guardar el juzgador”.

Las razones
Del escrito surge que la recusación contra el conjuez se apoya en “la posible comisión de un delito de acción pública, atento a que el doctor Piñero registra como cliente a César Casco, requerido por el delito de tormentos en una causa anterior a la presente”. Se refiere puntualmente a los casos que se tramitaron ante el Juzgado Civil y Comercial 6 a cargo de Iride Isabel María Grillo. Según consta en las pruebas presentadas por la Fiscalía, serían cuatro causas, las principales por un divorcio y separación de bienes, desde 1998 y hasta 2006.
Casco está sindicado por la mayoría de las víctimas del terrorismo de Estado como la persona que entregara a los presos políticos en la U-7, algunos de los que posteriormente fueron ejecutados en Margarita Belén. El año pasado, mientras declaraba como testigo de la defensa de los exrepresores en la causa por la matanza, fue acusado y detenido por falso testimonio.

Algunos detalles
Entre los detalles sobresalientes del escrito se cuenta la forma en que el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento de las supuestas vinculaciones de Piñero con un exrepresor. Fue a través de “un llamado telefónico anónimo a esta dependencia, que solicitaba hablar con el fiscal federal ad hoc y, a la vez, secretario de DD.HH”, confirma el texto.
Allí, el denunciante anónimo “manifestó que el doctor Piñero habría sido abogado del sindicado como autor de tormentos en la dictadura militar César Casco, en una causa del año 1998 en trámite en el Juzgado Civil y Comercial”. “Sobre la base de ello -continúa- esta Fiscalía ordena se efectúe una compulsa en el sitio web www.justiciachaco.gov.ar a los fines de corroborar si el requerido Casco figuraba en listas de despacho de expedientes y, caso afirmativo, si se hallaba consignado el apellido Piñero”.
Considerando esta solicitud y luego de cotejar datos, los letrados informaron que en el Juzgado N°6 “se advierte que tanto César Casco como parte, como un letrado de apellido Piñero se encuentran incluidos en varias actuaciones”. En tanto, al completar los sondeos, la Fiscalía determinó efectivamente “que se trataba del doctor Juan Antonio Piñero”.
Más adelante, el Ministerio Público resalta que, “tal como surge de las sendas documentales certificadas, el doctor Piñero tuvo una activa participación en el expediente principal en el que Casco tramitaba su divorcio, así como sus actuaciones accesorias (división de bienes, alimentos, beneficio de litigar sin gastos, etcétera); de tal entidad que, entre la demanda de divorcio iniciada por Casco y patrocinada por Piñero de fecha 21 de octubre de 1998, y el último impulso dado al expediente de fecha 20 de septiembre de 2006 se computan aproximadamente ocho años”.

Demoras
No es todo. En sintonía con esto último, la Fiscalía Federal sostiene que “la carencia de imparcialidad se advierte en que, en fecha 17 de noviembre de 2011, el fiscal federal Diego Vigay presentó un requerimiento de instrucción formal contra, entre otros, César Casco por los delitos de tormentos, por la víctima Oscar Alberto Varela, además del pronto despacho solicitado por el fiscal citado, de fecha 7 de diciembre”.
Ante la falta de respuestas por parte del conjuez, la Fiscalía elevó una queja el 19 de diciembre, ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. “Esta falta de respuesta por parte del conjuez pone en un manto sospecha respecto de la posibilidad de beneficiar a su excliente, en comparación a los demás coimputados”, advierte. Y acota finalmente: “No podemos dejar de mencionar, además, la actitud frente a otros requerimientos presentados por esta Fiscalía con mayor anticipación, entre los que se hallan, además de altos jefes militares y de la policía federal, magistrados y funcionarios de la Justicia Federal que cierran la cuadratura de funcionamiento y complicidad en actividades contra la vida y la dignidad humana de víctimas del terrorismo de Estado y perseguidos políticos”.

La fiscalía federal pidió el apartamiento del magistrado
El conjuez Piñero afirmó que es “falsa” la causal de su recusación
El doctor Juan Antonio Piñero aseguró que es “falsa” la causal de recusación de la Fiscalía Federal ingresada este miércoles ya que hasta el momento nunca tuvo requerimientos para indagar por delitos de lesa humanidad a una persona de apellido Casco.
Conjuez federal Juan Antonio Piñero
El conjuez federal de Resistencia, Juan Antonio Piñero, aseguró que es “falsa” la causal de la recusación presentada este miércoles contra él por parte del Ministerio Público Fiscal alegando una supuesta vinculación profesional con un exmilitar de apellido Casco en el marco de las causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia del Chaco durante la última dictadura cívico militar. El magistrado precisó que en ninguna de las causas bajo su competencia hubo requerimiento alguno del Ministerio Público Fiscal para investigar a un exmilitar de apellido Casco y consideró que su recusación forma parte de un "hostigamiento" por parte de la Fiscalía Federal.

El planteo de recusación impulsado por el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, contra el conjuez Piñero tuvo ingreso este miércoles y fue difundida por el portal de noticias datachaco.com. En el planteo se alega una supuesta vinculación profesional del magistrado con una persona de apellido Casco a la que describen como “uno de los más feroces torturadores dentro de la Prisión Regional del Norte U-7 de esta ciudad”.

Al ser consultado por RADIO CIUDAD, el conjuez Piñero consideró que “no se trata si tuve una vinculación profesional, sino si esta persona es requerida por el Ministerio Público Fiscal, a partir de ahí uno tiene que analizar si existió o no esa vinculación que invocan”, y advirtió que “lo concreto es que hasta el día de hoy, después de cinco años en la causa, no hay ningún requerimiento sometido a mi investigación, dirigido a mí persona, en el que se pida que se investigue la conducta de esta persona”.

En este sentido, el conjuez federal de Resistencia que continúa la etapa de instrucción en las causas residuales Caballero y Margarita Belén, reveló que ya informó a la Cámara Federal de Apelaciones “que la causa que invocó el Ministerio Público Fiscal es falsa”. “No existe en mi poder, no ha estado bajo mi competencia ningún hecho en el cual esté vinculado este señor Casco”, abundó.

Piñero sostuvo que “el Ministerio Público Fiscal, conforme dice la publicación que apareció en los medios, que evidentemente fue entregado por el Ministerio Público, porque por la Secretaría no ha tenido difusión, ellos refieren que Casco tenía participación activa en los actos de Terrorismo de Estado”. Al respecto, reflexionó: “me surge la pregunta, la inquietud, si eso es así, por qué se acordaron ahora de Casco, y qué paso antes que el Ministerio Público Fiscal no requirió contra esta persona. Es preocupante, y se lo he señalado a la Cámara Federal (de Apelaciones)”.

Pedido de investigación al Ministerio Público Fiscal
El conjuez federal adelantó además que “seguramente, más adelante, cuando esto pase, voy a ser impulsor de un pedido de investigación respecto de la conducta del Ministerio Público Fiscal que no han cumplido con su trabajo. Si es como manifiestan que desde hace 20 años que tienen conocimiento de esta situación es inexplicable que no exista ningún pedido de requerimiento”.

Piñero aclaró que “soy conjuez federal en una causa y los pedidos que van dirigidos al conjuez federal en el marco de la causa que yo investigo y en la cual me declaro competente, no hay ninguno que no esté tramitado”. “Por eso le he manifestado a la Cámara Federal que la imputación es falsa”, insistió.

Por último, el magistrado anticipó que “de esto me voy a ocupar en la faz personal por el daño que me provoca que desde la Fiscalía Federal se de difusión a un hecho que no es real. Es preocupante, no entiendo el motivo de este hostigamiento por parte de la fiscalía federal. Seguramente no está de acuerdo con algunas resoluciones que adopto”.

La decisión en manos de la Cámara Federal de Apelaciones
Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones serán quiénes deban resolver sobre la recusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal contra el conjuez federal Juan Antonio Piñero. “Normalmente la Cámara Federal es bastante expeditiva y supongo que esta cuestión la va a resolver a la brevedad porque en el marco de la causa Caballero existen cuestiones pendientes a resolver como pedidos de excarcelación, resoluciones que tienen que ver con indagatorias tomadas al doctor (exmédico policial, Héctor) Grillo en días pasados. Hay que resolver si sigo interviniendo en la causa o no, si se le da entidad al planteo o no", indicó.
FuentedeOrigen:ChacoDiaPorDia
Fuente:Agndh                                        

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