Represión tercerizada
Una investigación de Página/12 sobre el desalojo violento de los docentes que rechazaban en la Legislatura porteña la ley de Juntas de Clasificación. Cómo fue el reclutamiento, los barras, la utilización de adolescentes en riesgo social, la vinculación con custodios y el vínculo con el crimen de Mariano Ferreyra.
Por Emilio Ruchansky
Organizando la retirada de la patota: Marcelo García, de remera blanca y El Mudo Damián.Imagen: Bernardino Avila
La patota que el 1º de diciembre atacó a los docentes que protestaban con un abrazo simbólico a la Legislatura porteña estaba conformada mayormente “por chicos jóvenes, sin contención, y menores en riesgo, reclutados por barrabravas pesados”. Así la describió una fuente que integró el Comité Provincial de Seguridad Deportiva (Coprosede). Tras identificar al Mudo Damián como uno de los líderes de la patota, Página/12 investigó el entorno del grupo y dio con otro de los organizadores, Marcelo García, quien también pertenece a una violenta facción de la barra de Dock Sud. Este diario también dio con el agente de seguridad de la Legislatura que fue fotografiado en una amena conversación con El Mudo luego de cumplida la faena de los barras. El custodio argumentó que sólo le preguntó al Mudo si “ya se retiraba”, pero la secuencia fotográfica revela que media hora antes, cuando la patota llegaba al lugar, otro agente de la Legislatura fue saludado con un beso por el mismo barrabrava. El grupo violento conformado por 120 personas desplazó a los docentes para que los legisladores macristas entraran sin cruzarse con ellos y pudieran votar una norma que recorta atribuciones de los maestros en las designaciones y ascensos en las escuelas. Por el ataque, ya hay dos causas judiciales iniciadas por sindicatos del sector.
Marcelo García y Damián El Mudo aparecen juntos, cerca de los colectivos que trasladaron a la patota, en una de las fotografías tomadas por este diario. También, por separado, comandando a la patota tras la infiltración. El Gobierno porteño llamativamente desconoce la agresión ocurrida hace poco más de dos semanas, cuando el PRO consiguió tratar y aprobar el proyecto de ley, pese a la resistencia de buena parte de los bloques opositores y de los gremios docentes.
Varias fuentes reconocieron a jóvenes que responden al hermano de Marcelo: Ramón “Pelé” García, dirigente peronista con contactos políticos en Avellaneda. El 26 de abril de 2000, los hermanos García fueron detenidos junto a otros hinchas de Dock Sud por copar un colectivo de la línea 134. Walter Torres, el chofer, fue amenazado de muerte si no cambiaba el recorrido e iba a la cancha de Ituzaingó. Lo obligaron a ver el partido con ellos para asegurarse la vuelta. Tras el empate 1 a 1, la policía detuvo a los hermanos dentro del micro, a pocas cuadras del estadio de Ituzaingó.
“Al final fueron todos absueltos porque no se podía demostrar que los mismos hinchas que se subieron en Dock Sud eran los que después tomaron ese micro para volver”, recordó un fiscal de Morón, que tuvo parte de la causa. A diferencia de su hermano, Marcelo pasó cuatro años con prisión preventiva por tener antecedentes penales. “Recuerdo que los dos tenían muchos contactos políticos”, dijo un abogado que defendió a algunos de los 17 hinchas detenidos entonces por el episodio del colectivo.
Según informó un allegado al club Dock Sud, Marcelo García es de esos “que van al frente” pero ni él ni el Mudo traen problemas dentro de la cancha. Se los conoce como la barra de Los Homeros. “Piden entradas gratis y ese tipo de cosas, nada más. El resto de la hinchada los aplastaría si quieren mandar en las tribunas”, agregó la fuente. Durante la infiltración y la pelea en la Legislatura porteña, Marcelo ganó la puerta por la que entraron los legisladores macristas y mantuvo “alineada” a la barra.
Mercenarios unidos
Marcelo y El Mudo Damián (su apellido sería López) pertenecen a la facción de Dock Sud que responde a Nelson “El Pollo” Domene, “un tipo pesado, con mucha historia”, explicó un especialista que integró el Coprosede. Luego recordó: “El Pollo y sus muchachos se treparon por las cabinas de transmisión en el estadio de Racing para llegar al palco de (Fernando) Marín (ex presidente de ese club). Lo querían agredir porque les había cortado el chorro pero los detuvo la policía. El Pollo es un jodido”.
Domene y los suyos fueron echados de la tribunas de Racing en 2008 tras una sangrienta pelea por quedarse con la Guardia Imperial, la barra brava de La Academia. Las crónicas de la época ubican al Pollo y a Gabriel “El Payaso” Sánchez como socios en esa batalla perdida; además, señalan que 30 barrabravas de Defensa y Justicia se unieron a esa facción cuando recaló en el Doque. Entre ellos estaría Gabriel Favale.
El Payaso y Favale están detenidos a la espera del juicio oral por el crimen del militante Mariano Ferreyra, acusados de ser los autores de los disparos.
Hubo un careo entre ambos y negaron conocerse. Los rastreos de sus celulares no indican que hayan hablado ese día ni los previos al ataque. “Igual Favale llevó a su patota y Sánchez fue junto a otros ferroviarios”, comentó un integrante de la fiscalía que llevó el caso.
Todas las fuentes judiciales, deportivas y de seguridad consultadas para esta investigación coinciden: “El mundo de las barras bravas es chico y se conocen todos”. En general, tienen uno o más contactos políticos, pero no se casan con nadie. “Son mercenarios”, dijo la fuente ligada a Dock Sud. Se los contrata para infiltrar una manifestación y disolverla o concurrir a un acto político. También para conflictos como la toma del Parque Indoamericano, donde hace un año una patota mató a Juan Castañeta Quispe. Según testigos, ese ataque contó con la complicidad de la Policía Metropolitana.
Morcilla al plato
Pese a que el ataque de la patota fue registrado por fotógrafos y cámaras de televisión en vivo a las 11 de ese día, el Gobierno porteño evita mencionarlo. Cuando le preguntaron a Mauricio Macri qué opinaba del grupo que agredió a los docentes, respondió: “La verdad que me cuesta que me preguntes eso, cuando lo que yo vi fue gremios docentes no dejando entrar a los legisladores a sesionar a la Legislatura, legisladoras agredidas, mujeres que fueron agredidas, la verdad que me dio mucha tristeza”.
Hasta ahora, sólo la legisladora oficialista Victoria Morales Gorleri informó de una supuesta agresión de los docentes ante un policía federal y luego lo comunicó a la fiscalía de Daniela Dupuy, dijo su vocera. Allí el macrista Oscar Moscariello radicó una denuncia contra quienes, por la noche, atacaron el edificio de la Legislatura, cuando iba encaminada la sanción de la norma. Los gremios Ademys y UTE-Ctera denunciaron a la patota por “lesiones” y “asociación ilícita agravada”, respectivamente.
En las fotos del ataque que publicó este diario puede verse al Mudo Damián charlando con Mariano “Morcilla” Maurín (ése fue el apellido que dio), integrante del cuerpo de seguridad de la Legislatura porteña, quien estuvo en medio de los incidentes ordenando la entrada de legisladores macristas sobre la calle Hipólito Yrigoyen por intermedio del cordón formado por la patota. Entre otros entraron Morales Gorleri, Diana Martínez Barrios, Alejandro García, María Eugenia Rodríguez Araya.
En diálogo con Página/12, Maurín aseguró que no conoce al barrabrava de Dock Sud, que cuando le habló él ya estaba “sin el saco” y fue sólo para preguntarle si se iba. “Yo estaba cuidando mi puerta en Yrigoyen. Primero estaba apostado en la galería, con otros legisladores. Y después me acerqué y le pregunté si se retiraba y me dijo que sí”, contó. Por esa galería, el pasaje Roverano, entró la patota con tres banderas con letra de molde para disimularse entre los docentes. “Bullrich + Macri = Dictadura”, “No a la dedocracia” y “No al dedo de Macri”, eran las consignas.
En los minutos previos a los incidentes, al ver el abrazo simbólico de los docentes, un asesor de una legisladora macrista fue a consultar a alguien de seguridad sobre Yrigoyen. Y trajo esta respuesta: “Esperemos, me dicen que en cinco minutos despejan y entramos”. Incluso El Mudo Damián saludó en la galería a otro empleado de la seguridad de la Legislatura, área a cargo del legislador macrista Cristian Ritondo, según confirman varias fuentes de esa institución. Al menos uno de los micros que trasladó a la patota fue contratado el día anterior, según pudo averiguar este diario. Había un plan previo (ver aparte).
La relación entre el área de Seguridad y los barrabravas existe al menos desde fines de los ’90, cuando Santiago Horacio Lancry, barra xeneize, entró a trabajar en la Legislatura apadrinado por el radical Enrique Nosiglia. Desde entonces, otros barras fueron pasados a la planta permanente.
Mientras tanto, los gremios docentes reclaman que se identifique a otros reclutadores de la patota y a sus financistas. “A este grupo no sabemos quién le está pagando, pero sí sabemos a quién le sirve, sirve al gobierno de turno, sirve al PRO, que no tiene cara. No se animan a reprimirnos con la policía porque saben que este guardapolvo tiene respeto en la opinión pública”, dijo ese día ante una cámara de tevé una docente, mientras sus compañeros eran corridos a palazos por la patota. La agresión aún no empezó a ser investigada porque las dos fiscalías intervinientes no resolvieron cuál de ellas llevará la causa.
HABLA EL DUEÑO DE UN MICRO
Un viaje relámpago
Por Emilio Ruchansky
A diferencia de los otros tres colectivos, ex líneas 17, 24 y 28, el que manejaba
Raúl tiene cortinas negras, el escudo nacional, algunos filetes arriba de las luces delanteras, en los espejos y los simbolitos de un larga distancia: WC, tragos, televisor y calefacción. Y más aún: su celular inscripto al costado. Los demás vehículos son de la zona sur, algunos son “bondis truchos” que salen de Constitución y van a Florencio Varela. Están patentados en Capital Federal, Pilar y San Isidro.
Raúl dice que estacionó en Diagonal Sáenz Peña, a metros de la peatonal Florida, y el primero en bajar fue el señor canoso, quien movilizó a los pasajeros. Los otros tres micros ya estaban ahí. “Me fui a comer un sandwich de milanesa y a tomar una Coca. Y al rato me llama el que me contrató, que me fuera rápido, que ya nos íbamos. Tuve que dejar el sandwich, me acuerdo porque pagué 19 pesos y no me lo pude ni llevar”, cuenta el chofer. En ese momento, la patota ya venía en retirada.
“Como mi micro tiene candado, se subían por las ventanillas. Algunos pibes estaban encapuchados, con palos. Yo estoy seguro de que no era la misma gente que traje. Lo busqué al canoso. No estaba. Y uno me dice ‘seguí al micro verde’ y arranqué”, detalla. Según él, los micros fueron custodiados por dos motos de la Policía Federal, que abrieron paso a los micros violando los semáforos rojos, como si se tratara de una hinchada de fútbol. Las motos, asegura, lo acompañaron por la avenida Corrientes y luego por Ingeniero Huergo. Se habrían retirado al llegar al Parque Lezama.
Unas cuadras antes, en Huergo y Estados Unidos, aparecieron tres autos, dice Raúl, y un pasajero le indicó que debía seguirlos hasta terminar el viaje. “Y... en el trayecto los pibes tiraban piedras a los autos, meaban por la ventanilla, saltaban. Encima me destrozaron la parte de atrás del micro”, lamenta. “Los autos me llevaron para el puente Avellaneda, lo cruzamos, pasamos por una zona de containers, después por la Isla Maciel y se bajaron en una estación de servicio, la primera después de pasar por debajo de la autopista Buenos Aires-La Plata”, recuerda.
El destino final de la patota fue una estación de bandera blanca en la esquina de Sargento Ponce y Billinghurst (o Nicolás Avellaneda, según el mapa), a 12 cuadras del Club Dock Sud. Por todo el viaje, según él, cobró 650 pesos. “Y de yapa llevé de vuelta a ocho pibes que iban para Retiro”, agrega. Antes de cortar, Raúl aclara que tiene sus dos colectivos registrados y de sopetón pregunta: “¿Hay mucho quilombo con todo esto?”.
LAS DOS CAUSAS YA ABIERTAS
Cuestión de competencia
Por Emilio Ruchansky
Las dos denuncias radicadas por los gremios docentes Ademys y UTA-Ctera recayeron en dos fiscalías que aún no resolvieron su competencia. En el caso del primer sindicato, que denunció a la patota por “lesiones” contra tres personas, la investigación quedó en la Fiscalía Nacional en lo Correccional N° 2. La segunda denuncia, hecha por “asociación ilícita agravada”, fue radicada en el Juzgado de Instrucción N° 39, a cargo de Ernesto Boto, e implica penas de prisión más altas, de hasta 20 años. Boto dio parte a la Fiscalía de Instrucción 6, encabezada por Elsa Areu Franco.
“Entendemos que hay otra causa en trámite, por lo tanto estamos evaluando si corresponde trasladar la investigación a esa fiscalía”, señaló a este diario una fuente de la fiscalía de Areu Franco. Sin embargo, el viernes 2 de diciembre, cuando el abogado Ricardo Gagliardi, de Ademys, denunció las agresiones, le explicó a este diario: “Si seguimos avanzando vamos a encontrar una asociación ilícita y agravada porque eran más de diez”. La patota estaba conformada como mínimo por 120 personas, si nadie viajó parado en los cuatro micros fletados para traerlos.
“Existirían indicios de que el grupo violento participante conformaría de manera estable un agrupamiento de los conocidos bajo el nombre de barra brava, que habría sido contratado y/u organizado por persona o personas que se relacionarían con la bancada oficialista y con autoridades de la Legislatura de la Ciudad, entendemos que corresponde investigar la posible adecuación de los hechos denunciados a la tipicidad establecida por el artículo 210 bis (asociación ilícita agravada)”, señala la denuncia presentada por ATE-Ctera.
El artículo 210 bis establece que se impondrá prisión de 5 a 20 años a quien tome parte, coopere o ayude a la formación y mantenimiento de una asociación ilícita, en el marco de los delitos contra el orden público. Para ello deben cumplirse dos de ochos características descriptas en el artículo. Los denunciantes encuentran que podrían darse tres: “Estar integrada por diez o más individuos. Tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior. Recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos”.
Una fuente ligada a la causa que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra comentó que lo más complejo es “demostrar que la patota se conformó más allá de un hecho particular, en este caso el ataque a los docentes, sino que existe con la finalidad de cometer otros delitos”. Los Homeros, la facción de la barra brava de Dock Sud que integran El Mudo Damián y Mariano García está acusada de agredir en mayo de 2009 a tres personas que realizaban una pintada para la entonces candidata a diputada del peronismo disidente Mónica López.
Fuente:Pagina12
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