A 10 años de las historicas jornadas de rebelión y descontento popular contra las medidas de FMI y los grupos financiaeros internacionales, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba nos pronunciamos en desacuerdo y repudio a la actual ley antiterrorista que se está promoviendo en el Congreso Nacional.
Dicha ley tiene por finalidad reforzar la capacidad estatal de reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes los financien. El proyecto incorporaría al Código Penal una nueva agravante para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población o de obligar a un gobierno a adoptar o abstenerse de tomar determinada decisión. En estos casos se elevaría la pena aplicable al doble de la pena mínima y de la máxima.
Por ejemplo, actualmente la pena prevista por una usurpación es de 6 meses a 3 años, pero según este proyecto pasaría a ser de 1 a 6 años si se considera que tiene finalidad terrorista, introduciendo así el riesgo de la prisión efectiva. Además, este proyecto implicaría nuevas desproporciones en la escala penal: por ejemplo, quien cometiera un hurto en el contexto de una conmoción pública podría recibir una condena mayor que la que corresponde a un policía que ocasionara torturas.
El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público. Una normativa similar ha tenido
graves consecuencias en su aplicación en Chile, lo que ha permitido la persecución penal de dirigentes del pueblo Mapuche en el marco de la ley antiterrorista, por cargos asociados al incendio de bosques.
Este concepto ambiguo que se aplica a la gente que nada tiene que ver con el terrorismo. Ya sean estudiantes, trabajadores, indígenas, campesinos, ambientalistas o movimientos sociales, que luchan pacíficamente por ampliar la Democracia, la Libertad y los Derechos Humanos.
La reforma propuesta agravaría la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por la reivindicación de sus derechos y generaría las condiciones para una mayor criminalización de la protesta social a través de la ampliación de las figuras penales, el aumento de las penas y el estigma social de los luchadores populares, por su eventual asociación simbólica al terrorismo.
Mientras los asesinos de 38 argentinos muertos en 19 y 20 de diciembre del 2001 siguen impunes, los autores de los atentados a la embajada de Israel y AMIA tambien, al igual que los responsables de los atentados producidos en nuestra localidad de Rio Tercero para facilitar la venta ilegal de armas. Nosotros seguimos pidiendo justicia.
Sabemos que la primera ley antiterrorista surgió en Estados Unidos en el año 1996. Sabemos que se trata de un derecho de extraterritorialidad imperialista. Sabemos que después del atentado a las Torres Gemelas en el año 2001, Estados Unidos presionó atravez del GAFI (Grupo de Apoyo Financiero Internacional) a muchos países para que adoptaran una ley antiterrorista. Esta legislación se perfecciona y va a niveles nacionales y provinciales como instrumento que excede un adecuado control social, victimizando a los integrantes de los movimientos sociales que luchan por sus derechos lesionados.
Históricamente, políticamente y comparativamente la Ley Antiterrorista en el mundo de hoy es un sustituto, de gran semejanza a lo que fue la Doctrina de la Seguridad Nacional durante la guerra fría (1947 -1991) al considerar, a los estudiantes o trabajadores, campesinos, e indígenas, etc., como enemigos internos de la nación.
Hoy no debemos caer en esta trampa. Sabemos quienes son y fueron los genocidas y los terroristas.
Manifestamos nuestra oposición al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y llamamos a las autoridades políticas a abstenerse de aprobar esta reforma en tanto constituye una nueva ampliación de la respuesta punitiva estatal mediante la incorporación de figuras inconstitucionales, el aumento de penas y la legitimación de la persecución penal a la protesta social.
Seguimos exigiendo justicia para David Moreno y Sergio Ferreyra asesinados en Córdoba, y por todas las victimas de la represion policial del 19 y 20 de diciembre.
Por justicia para las victimas de las explosiones de Río Tercero
Por Juicio y Castigo para los genocidas que perpetraron el Terrorismo de Estado
Ni un paso atrás. Aqui se respira Lucha!
Fuente:AexppCdba.
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