COSTA RICA.

miércoles 28 de diciembre de 2011
¿A qué vino Figueres Olsen?
Por Álvaro Montero Mejía
El espectáculo mediático que se ha producido alrededor del regreso a Costa Rica del señor Figueres Olsen y que probablemente continuará durante algún tiempo más, constituye uno de los hechos más bochornosos de la vieja politiquería doméstica.

Los medios hablan de autoexilio, palabra con la que se quieren cubrir una rápida escapada fuera del país para eludir un embrollo judicial. No es lo mismo salir del país a trabajar, a escribir, a pasear o incluso a vivir en el extranjero, que correr ante la amenaza de una posible acusación penal. Cumplido el plazo de la prescripción, el peligro de un nuevo juicio también queda detrás. Pero ¿Qué ha hecho este señor para merecer semejante atención y sobre todo que méritos o antecedentes cívicos posee para gozar del beneplácito de algunos reconocidos personajes quienes no sólo lo exoneran, sino que incluso le auguran un venturoso futuro electoral? Aunque es mejor que nos curemos en salud. En asuntos de política, en este país cualquier cosa es posible.

Es cierto que fue Presidente, como otros, sin otra capacidad que no fuera la de prometer lo divino y lo humano. Dentro de esas promesas, incluía la derrota del neoliberalismo. Pero ocurrió lo contrario: le abrió las puertas y contribuyó a entregarles el país a las corporaciones.

En medio de una interminable cadena de desafueros, puso oídos sordos a las demandas multitudinarias de los maestros y terminó por escamotearles decenas de millones legítimamente ahorrados en sus fondos de pensiones.

Después cerró el Banco Anglo sin indagar sobre las causas reales del descalabro ni exigir el resarcimiento de sus deudas, ni los multimillonarios créditos no pagados y absorbidos por el sistema financiero estatal y en muchos casos, con la devolución de las garantías a los acreedores. Pocos ciudadanos, que los hubo, tuvieron el pundonor de pagarle al Anglo sus deudas. Como dijera con especial gracejo un buen amigo, "al Banco Anglo no lo cerraron, lo mataron para que no hablara". Vale la pena recordar que ese cierre se realizó a expensas de la carrera profesional de centenares de abnegados trabajadores, algunos de los cuales fueron llevados a la desesperanza e incluso el suicidio.

Pero las desventuras del recién llegado exmandatario no parecían concluir. Después liquidó, sin el menor escrúpulo de conciencia, esa obra magna del esfuerzo nacional, el único ferrocarril interoceánico de Centroamérica. Cambió ferrocarriles que con una sola locomotora eran capaces de arrastrar más de 600 toneladas, con un solo chofer y sin gasto de llantas ni peligros viales, por un verdadero alud de furgones, que sin planificación alguna, inundaron y destruyeron carreteras y de paso provocaron centenares de accidentes. Sin que fuera su propósito pero sin duda un resultado previsible, facilitaron el masivo trasiego de drogas por vía terrestre. Aun valdría la pena investigar los intereses detrás de algunas empresas beneficiadas.

En estos días, sólo gracias al empecinamiento y determinación de un empeñoso ciudadano, los ferrocarriles comienzan de nuevo a aparecer en el paisaje nacional y quizás, si no aparece de nuevo una mano negra destructora, dentro de algunos años podremos tener la ilusión de verlos funcionar como un factor indispensable del desarrollo económico nacional.

Como si no fuera suficiente, viene después el asunto de las coimas, esa forma indecente de hacerse de millones sin más esfuerzo que el poder de la influencia política y claro está, un generoso y subsiguiente reparto de otros tantos.

Como el asunto parece centrarse en la culpabilidad o la inocencia del recién llegado, nos parece necesario enfrentar aquí, una de las concepciones más desventuras del quehacer político nacional. En virtud de esta concepción, tal como lo explicaremos luego, un montón de pillastres o malandrines, como solía decir Enrique Obregón, han escapado de todo tipo de sanciones, la penal y la política. Se trata de la confusión entre "culpa Penal" y la correspondiente "sanción penal" y la "culpa Política" y la correspondiente "sanción política".

La primera condición, la sanción penal, hace alusión a las distintas formas de comportamiento social o personal que se ven enfrentadas a eso que los abogados llaman "tipificación". Esto significa que para poder sancionar, el comportamiento de un individuo debe está descrito en la ley como delito o culpa. Aún así, se requiere que un juez, en virtud de un proceso judicial más o menos complejo, determine en virtud de las pruebas a su alcance, si el acto cometido corresponde a lo que la ley describe como delito. Sólo entonces el responsable de ese comportamiento es condenado a purgar la sanción prevista por la ley, que por lo general es el pago de una multa o el encierro en una prisión.

La segunda, la sanción política, tiene una connotación filosófica y social diferente. Los políticos gozan, en las sociedades humanas, de un elemento que se deriva directamente de su ubicación en el aparato del Estado. Ese elemento se llama "poder político". Se refiere a las decisiones que toman los distintos actores políticos de todos los niveles, incluidos los funcionarios públicos que ejercen cargos de confianza, y que realizan innumerables actos que están sujetos, supuestamente, al mandato superior que proviene de los ciudadanos que les han transferido ese poder. El poder político constituye una fuerza inmaterial de incontrastable potencia, que le permite a quien lo posee, tomar decisiones trascendentales, supuestamente, en beneficio de los ciudadanos cuyos intereses defiende o tutela.

Todo esto no es más que una ficción que depende, en última instancia, de la decisión personal, de los valores y los principios que acompañen a la persona que ostenta esa forma particular de poder.

Por más controles que se impongan, por más leyes que intenten regular o establecer formas diferentes de vigilancia sobre el comportamiento de los políticos, al final no sirven de nada si no se dan dos condiciones. La más importante es la existencia de una verdadera "democracia participativa", donde los distintos grupos sociales tienen plena capacidad para meter sus narices en todas las decisiones del Estado y opinar y participar de esas decisiones de manera directa y personalizada. De este modo, los políticos quedan sujetos a una estricta vigilancia ciudadana.

La "democracia participativa" incluye lo que se llama comúnmente "rendición de cuentas", según la cual los políticos están obligados a la plena y permanente ventilación de sus actividades económicas y públicas.

La otra condición se refiere a las características ideológicas, morales y éticas de los políticos. La política, quizás algún día, deberá estar regida por valores y principios ideológicos y sociales, por una filosofía cuyo acatamiento está por encima de las normas o las leyes y que obliga, por imperativo categórico, abordaremos a dedicar de manera rigurosa sus mejores facultades humanas y cívicas al servicio de su pueblo.

Todo lo dicho está plenamente vinculado con el examen que hacemos del regreso del Expresidente Figueres Olsen. Ahora, como en distintas ocasiones, repetimos que no somos jueces ni estamos investidos de poderes particulares, al igual que la inmensa mayoría de los ciudadanos, para decidir si Figueres Olsen es penalmente culpable o no. Lo que digan los tribunales carece totalmente de importancia. Si lo enjuician lo más probable es que lo exoneren y si no lo enjuician, seguirá tan campante.

Un político puede ser responsabilizado penalmente e incluso ir a la cárcel, tal como ha ocurrido en innumerables ocasiones en América Latina y sobre todo durante el infausto período de las dictaduras militares y ser después exonerado por la historia y por los pueblos. Lo contrario es aún más frecuente: andan libres de todo enjuiciamiento decenas de políticos pícaros, deshonestos, demagogos y mentirosos, que se han enriquecido gracias a la política. Estos sujetos han traicionado la confianza de sus pueblos, han actuado como promotores de los peores actos de corrupción y peculado, han utilizado el poder para favorecer a sus asociados e incluso para facilitar el arribo de narcotraficantes o de mafias financieras internacionales. Nadie los juzga. Son objeto permanente del agasajo de una corte de oportunistas y aduladores que sólo esperan el momento de cobrar su parte.

Por eso es caer en una trampa discutir el asunto a propósito de si José María Figueres Olsen es o no penalmente culpable o si debería o no pagar por esa culpa Penal que se le atribuye. Pero el hecho de que la prescripción de la acción penal opere en beneficio suyo y que ya no pueda haber un enjuiciado por parte de los tribunales comunes, no significa que como ciudadanos no podamos señalarlo con el dedo y afirmar que es culpable, políticamente culpable, no sólo por la coima de casi 1 millón de dólares que recibió por haber influido en el asunto de Alcatel, sino por las innumerables tropelías que cometió en perjuicio del pueblo costarricense.

Ese juicio, ese examen, ese veredicto de culpabilidad, debe ser realizado por los órganos políticos competentes y no por el aparato judicial. Ese juicio, ese examen y ese veredicto, debería ser realizado en primera instancia por el órgano político más competente que existe en Costa Rica para examinar la vida política nacional: la Asamblea Legislativa.

Pero en Costa Rica, tal parece que la Asamblea Legislativa como Primer Poder de la República, ha dejado de existir. La Asamblea Legislativa, con notables excepciones, es solamente un lugar de cháchara, donde algunos pachucos exhiben su malacrianza y su incultura, o cosas peores, en vez de cumplir su deber de supremo vigilante de la probidad pública y de la acción de los propios políticos.

Esto que decimos es, naturalmente, un juicio político sobre el órgano político por excelencia. Sirva como ejemplo para demostrar que no puede existir Código, Reglamento o mandato de ningún tipo, que sirva para controlar semejante comportamiento. Como en el caso de Figueres Olsen, el único juicio posible es el político, el señalamiento de lo que algunos ciudadanos consideramos como una suprema traición a los intereses de nuestro pueblo. No es un señalamiento caprichoso. Los hechos hablan por sí solos.

En la vida social de los pueblos nada ocurre por azar. El hecho de que no tengamos una explicación plausible frente a diferentes procesos o acontecimientos sociales, no significa que esos procesos o acontecimientos resulten imposibles de examinar. Así las cosas y por encima de toda la exaltación hipócrita de la llamada democracia representativa, la politiquería doméstica es decir, la búsqueda insaciable del poder político para obtener beneficios personales, sólo tiene un objetivo: perpetuar el control de las instituciones en beneficio de los pequeños grupos que han logrado capturar y controlar el conjunto del aparato del Estado.

¿Cómo es posible que en medio de la situación de angustia e incertidumbre social, cuando el país sufre los embates de la crisis que se engendra en los centros neurálgicos del capitalismo mundial, cuando resulta absolutamente urgente detener la erosión o la destrucción sistemática de toda la herencia institucional y social del siglo XX, un sector destacado de la prensa y algunos comentaristas, provoquen un auténtico alboroto por la llegada de un personaje que jamás ha dicho nada, no digamos hacer, digno de ser reseñado o examinado con seriedad por los estudiosos de la realidad nacional?

¿Qué clase de deterioro se intenta provocar en la conciencia cívica de los ciudadanos para que nos importe más el arribo y ahora su periplo por el país, de un personaje intensamente cuestionado, que la discusión en profundidad de los problemas nacionales?

Mientras en Costa Rica funcionó el llamado "bipartidismo", eso que han dado en llamar "gobernabilidad", no era otra cosa que el acuerdo permanente entre los dos segmentos más importantes de las maquinarias electorales que se repartían cada cuatro años, con excepciones, el ejercicio del poder del Estado.

Este proceso fue pulverizado con el ascenso al poder de Oscar Arias en su segundo mandato. Regresar al gobierno exigía la liquidación integral de las fuerzas de la llamada posición, en pocas palabras, de los grupos de poder que gravitaban en torno a la Unidad Socialcristiana, PUSC y a sus cabezas más visibles. El enjuiciamiento y posterior prisión de los dos Expresidentes Calderón Fournier y Rodríguez Echeverría, limpió completamente el panorama para el ascenso de Oscar Arias Sánchez.

Algunos discuten todavía si esos procesos no fueron parte de una trama inteligentemente orquestada con los grupos sociales interesados en el regreso de Oscar Arias al frente del gobierno.

Sin entrar en detalles, está a la vista de todos que el bipartidismo feneció con Oscar Arias. Ésa misma ausencia de oposición, le permitió a los hermanos Arias el montaje del proyecto de "Dictadura en Democracia".

Había un obstáculo: el impedimento constitucional de la reelección. Nadie lo expresó con mayor dramatismo que el Expresidente Luis Alberto Monge cuando, una vez puesta de rodillas la Sala Constitucional, habló sin ambages del "bazucaso a la Constitución".

Las fuerzas cívicas más importantes del país, tenían toda la fuerza moral y todo el derecho para impedir semejante latrocinio. Pero no se hizo nada. El precio fue enorme.

Ahora, asoma en el horizonte un estado general de rebeldía ciudadana, que se expresa de distintas maneras y que ha crecido sistemáticamente. Esa situación, con sus eventuales consecuencias, es perfectamente conocida por los grupos que controlan la camarilla dirigente de la política y del Estado. Aunque la Señora Presidenta no lo quiera, tratarán de comprometerla con la línea de los que han decidido prescindir totalmente de su mandato y sólo conciben la política con la reiteración de un hombre fuerte a la cabeza del gobierno. Ocupada de los avatares provocados por una situación económica completamente heredada y una estructura de gobierno cada vez más dividida en distintos territorios de poder, se verá presionada para que reciba a Figueres Olsen y termine dándole una especie de bendición.

Como alguien expresaba con suma agudeza, desde hace años los "planes de gobierno" fueron sustituidos por los "planes de negocios". Casi no existe asunto trascendental en las acciones gubernamentales, que no implique algún tipo de ingresos suplementarios para los funcionarios públicos encargados de promoverlos: licitaciones públicas, concesiones de servicios, aparatos de seguridad, cámaras en carreteras, privatizaciones, deterioro intencional de servicios públicos etc. La corrupción o la delincuencia pura y simple, carcomen el aparato del Estado y de esto no son responsables decenas de miles de trabajadores honestos. Éste sistema político y social, no lo inventó doña Laura. Ella se lo encontró construido, articulado y magistralmente manejado por la misma camarilla que ha decidido acabar con el Estado de derecho y de servicio público por el que, a duras penas, marchaba Costa Rica.

¿Se trata de encontrarle al señor de marras un parecido físico con su padre, o de indagar a fondo si es o no parte de esa maquinaria demoledora de los valores, principios y conquistas que son haberes legítimos del pueblo costarricense: las reformas sociales, el Estado moderno y de servicio público, la honradez y la probidad como fundamentos de la vida ciudadana y quizás lo más importante, si es o no este recién llegado, un eslabón más del proyecto antinacional y antihumano que el neoliberalismo, incluido su propio cuatrienio, se han propuesto instalar en Costa Rica por los próximos 100 años?

Y finalmente ¿Cuál es la tarea? ¿Será permitir que se perpetúen en el poder las fuerzas que han instaurado lo que el viejo intelectual venezolano Laureano Vallenilla llamara en los años 20 el "Cesarismo Democrático", como propuesta que intentaba demostrar que estos pueblos ignorantes y permisivos, "domesticados", diría el papá, sólo eran gobernables en virtud de un virtuoso "gendarme necesario", según la tesis reinterpretada en nuestros días bajo el concepto de la "dictadura en democracia"?

A nosotros nos parece que la tarea inmediata y urgente es la de iniciar, paso a paso, con espíritu de sacrificio y determinación, una unidad de fuerzas políticas y sociales que se proponga la recuperación del proyecto social que el pueblo costarricense decidió edificar desde el "Pacto de Concordia" o el Código Civil, hasta la fundación de la Universidad de Costa Rica, la Caja del Seguro Social, la nacionalización bancaria, la abolición del ejército o la creación del ICE.

Nuestra tarea salta a la vista porque, en todo caso, antes de que regresara Figueres Olsen, la corrupción, la demagogia, el oportunismo, los diputados de medio pelo, el sistema de concesiones públicas, los ministros incapaces, los vicios y dramas de un sector de la prensa sin voluntad para hacer un trabajo a conciencia y en fin, una población mayoritariamente desinformada y acrítica, ya estaban aquí.
Fuente:Argenpress