Fuerte respaldo a la nueva ley que democratizó el papel para diarios
Publicado el 24 de Diciembre de 2011
Por Carlos Romero
La democratización del papel para diarios en la Argentina, hecha ley este jueves por el Senado de la Nación, fue tan celebrada por la enorme mayoría de los medios gráficos de todo el país como rechazada por Clarín y La Nación, las dos empresas que por más de 35 años se beneficiaron con el manejo discrecional del insumo básico producido por Papel Prensa SA.
La norma, sancionada por 41 votos a favor, 26 en contra y una abstención, declara que la fabricación, distribución y comercialización de pasta celulosa para papel de diario será considerada de interés público. Hasta ahora, sucedía exactamente lo contrario: era un asunto controlado por dos privados.
El 71% de lo que se fabrica en la planta de San Pedro era monopolizado por los medios impresos de Héctor Magnetto y de la familia Mitre, quienes también disponían cómo se asignaba el 29% restante, a repartir entre 168 diarios a los que les hacían sentir el rigor de la dependencia: tenían que pagar un precio diferencial, hasta 15% mayor; comprarle a intermediarios que hacían subir los costos aun más o, directamente, recurrir a la importación.
Como respuesta a este estado de cosas, la medida que se tomó por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso nacional busca establecer un mercado periodístico donde la competencia se dé en condiciones de mayor igualdad. Según los argumentos del proyecto enviado por el Ejecutivo, esta será la base para el fortalecimiento del derecho a la comunicación y una garantía en la circulación de ideas.
La concreción de este paso fundamental, que Tiempo Argentino consideró histórico y que sintetizó en su portada de ayer con la palabra “Igualdad”, para el diario de Magnetto y de Ernestina Herrera de Noble, en cambio, significó otro episodio de “la embestida del gobierno contra la prensa”, con el fin de “poner a la empresa Papel Prensa bajo la supervisión política” de la presidenta Cristina Fernández. La Nación, en sintonía fina con su socio en la pastera, aseguró en su tapa que el kirchnerismo “tendrá el control total del mercado de papel para diarios”, que el resultado de la votación de diputados y senadores integra “la ofensiva contra los medios independientes” y que el país se dirige “hacia un poder hegemónico”.
Muy por el contrario, para los más de 80 medios que conforman Diarios y Periódicos Regionales de la Argentina (Dypra), cuyos dueños y trabajadores experimentaron en primera persona lo que fue para la industria gráfica el control monopólico sobre Papel Prensa, la nueva ley “viene a poner equidad y justicia luego de más de 35 años de manejo discrecional en la provisión de este insumo”, además de abrir la participación del sector en la Comisión Federal Asesora, que asistirá y acercará propuestas a la autoridad de aplicación.
En su comunicado, Dypra también relató que “por años los editores de todo el país que no estaban comprendidos dentro de los cupos establecidos, habían peticionado incansablemente a diferentes gobiernos y a la propia fábrica de papel para que esta les provea este vital insumo”. La respuesta, recordó la entidad, había sido “siempre la misma y perversa: ‘Papel Prensa no puede producir más.’”
Para el senador por el Frente para la Victoria Daniel Filmus, lo aprobado por la Cámara Alta fija reglas de juego que permitan “garantizar que a todos los diarios del país le llegue por igual algo que hasta ahora era un monopolio”. En declaraciones radiales, Filmus –que vivió en carne propia el silencio de la prensa hegemónica cuando fue víctima de una campaña de desprestigio– explicó que “la lectura de la ley no deja lugar a dudas que no se trata de un intento de condicionar a los medios, sino de un intento, como lo fue en su momento la Ley de Medios, de distribuir democráticamente las voces”.
A lo largo y ancho del país, empresas periodísticas de distinta envergadura se mostraron a favor de lo dispuesto en el Congreso. Los que siguen son sólo algunos ejemplos: “Papel de diario: se aprobó el proyecto para su democratización”, destacó en su portada de ayer La Arena, de La Pampa. Desde Córdoba, Comercio y Justicia planteó que “El Estado garantizará el suministro de papel para diarios”, El Diario hizo tapa informando que “El Estado recuperó la producción de papel para diarios” y La Mañana publicó que “Es ley el proyecto que democratiza el papel de diario”. El Mensajero de la Costa anunció que “Los diarios locales celebramos la sanción de la Ley que regula la producción de papel”, y llevó a su contratapa el documento emitido por Dypra. En la provincia de Buenos Aires, el periódico cooperativo La Posta del Noroeste tituló que “El Senado aprobó el papel igualitario”.
Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia Papaleo, viuda de David Graiver y una de las personas que sufrió el despojo de Papel Prensa durante la dictadura, sostuvo que se dio “un paso más hacia la democratización del país”. Para Papaleo, “ellos –por Clarín y La Nación– no esperaban esa sanción”. Y con respecto a quienes salieron a rechazar con fuerza la medida, les respondió que “lo irregular es lo que ocurrió hasta hoy”.
Entre las manos que se levantaron en contra del proyecto impulsado por el kirchnerismo estuvieron los cuatro senadores del Frente Amplio Progresista (FAP). Para explicar esta oposición que los llevó a votar junto al radicalismo, la Coalición Cívica y el PJ disidente, el líder del FAP, Hermes Binner, argumentó que la ley significa “una presencia del Estado que no es necesaria”. Esto a pesar de que el ex gobernador santafesino sí consideró que “el gobierno tiene que asegurar que haya papel. De producción nacional o de importación con arancel cero. Es un insumo vital para la libertad de prensa”. Para resolver la disyuntiva, Binner vaticinó que con el nuevo marco regulatorio esto no va a pasar “en absoluto”.
En el mismo sentido se habían expresado las dos organizaciones que abroquelan a los medios escritos más poderosos a nivel regional y local, respectivamente: la influyente Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Entidades Periodística Argentinas (ADEPA). Como en otras oportunidades donde Magnetto y los Mitre vieron amenazado el statu quo que blinda sus intereses, estos dos sellos institucionales salieron al cruce. ADEPA –entidad controlada por Clarín y La Nación y sus firmas subsidiarias–, sentenció que “la ley de papel para diarios es inconstitucional”, además de que “abre incertidumbre real sobre la libertad de expresión”. A esta prédica se sumó la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), que demonizó a la norma definiéndola como “el último capítulo de lo que parece ser una campaña permanente de la presidenta Cristina Kirchner contra la prensa independiente en el país”. Para esta organización, “la medida, que impone el control gubernamental sobre la empresa privada, es un paso atrás para la Argentina y hará daño a la reputación internacional del país”. WAN-IFRA, que dice reunir a 18 mil periódicos, 15 mil páginas web y 3000 compañías en más de 120 países, tiene como miembro de su consejo de administración a Jorge Carlos Rendo, director de relaciones exteriores de Clarín y uno de los principales operadores del grupo, quien en los últimos días mantuvo reuniones con legisladores de la oposición.
Por fuera de estas advertencias en clave apocalíptica de ADEPA, la SIP y sus entidades afines, Dypra remarcó que el papel, eso que hasta ahora siempre escaseó para muchos diarios y sobró para muy pocos –dos, más precisamente–, constituye “un insumo esencial que no sólo hace a la libertad de expresión en general, y a la de prensa en particular, sino que es constitutivo de la soberanía nacional”.
Florencio randazzo y la evaluación del gobierno nacional
“Es un avance y contribuye a que la Argentina sea más igualitaria”
Publicado el 24 de Diciembre de 2011
El ministro del Interior, Florencio Randazzo, aseguró que la ley que declara de interés público la producción y distribución del papel para diarios significa “un avance” y que, por medio de ella, “van a poder acceder a este bien todos los medios del país sin ningún tipo de diferencia”.
Randazzo habló con la prensa al encabezar un operativo de seguridad vial en la localidad bonaerense de Hudson. En ese marco, sostuvo que el gobierno “siempre ha impulsado que cada uno pueda decir lo que quiera sin ningún tipo de limitaciones” y dijo que la nueva ley sancionada el jueves por el Senado “hace a la libertad de expresión, a una Argentina mucho más igualitaria”. El titular de la cartera política dijo, además, que significa “un avance” y que, por medio de ella, “van a poder acceder a este bien todos los medios del país sin ningún tipo de diferencia”.
En cuanto a la ley antiterrorista, Randazzo reconoció que su sanción “era una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que tiene precisamente el sentido de establecer delitos que no estaban tipicados en el Código Penal, cuando ocurren hechos de terrorismo que van en perjuicio del pueblo argentino”. Randazzo, a su vez, negó que vaya a ser aplicada contra medios de prensa o protestas sociales y rechazó así las críticas a la ley que hicieron organismos de Derechos Humanos, entre otros sectores. Además, se refirió a las expresiones del juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien había calificado como un “disparate” la iniciativa antiterrorista, tras advertir que la norma es “una extorsión” del GAFI.
“La ley establece un párrafo muy preciso y contundente sobre el ejercicio de los derechos constitucionales. Y de ninguna manera está vinculada a los derechos más esenciales, y está explicitado en la ley que no comprende los derechos constitucionales, humanos, sociales, de información y mucho menos los vinculados al tema de la protesta social”, aclaró.
Opinión
Asegurar la provisión del papel a los medios
Publicado el 24 de Diciembre de 2011
Por Eduardo Santillo Diario Comercio y Justicia de Córdoba.
La más importante consecuencia de lo que sucedió en el Congreso esta semana es que el gobierno, al impulsar la ley, ha decidido asegurar la provisión de papel a todos los medios que no son hegemónicos y no pertenecen a grandes empresas.
El papel para diarios es un espacio de difusión, una de las posibilidades que tiene la población para expresar sus ideas. El papel no es un insumo: es un modo de asegurar la expresión de sus ciudadanos. Y aquí ya no hablamos de una cuestión material, sino de una política de Estado para asegurar a la población tener un medio de comunicación donde expresarse.
Por el monopolio, como todo medio pequeño, en Comercio y Justicia sufrimos las consecuencias de estar atados a un cupo, tener que importar papel cuando Papel Prensa empieza a retacear esos cupos, y la desigualdad en el financiamiento.
El 80% del costo de un diario se va en el papel. Esta nueva ley a nosotros nos abre una perspectiva de tranquilidad para contar con el papel, que antes era una espada de Damocles sobre cualquier medio chico.
Nosotros no nos hemos enfrentado directamente a los medios hegemónicos, porque somos un diario de nicho, muy especializado. Pero otros medios colegas –como el Diario de Villa María, por ejemplo– han tenido problemas mucho más serios con la provisión de papel, y allí se observa la presión que ejercen los medios hegemónicos contra los diarios chicos cuando surge alguna información que ellos no quieren que se publique. Eso es una extorsión.
Hecha la ley...
Publicado el 24 de Diciembre de 2011
Por Alberto Dearriba Periodista
Detentar el poder y la impunidad durante décadas los convenció de que son los demás los que deben cumplir las leyes y no ellos. No están dispuestos a aceptar a la justicia cuando adopta decisiones que no los favorece.
El gobierno de Cristina Fernández celebra la Navidad con una catarata de leyes que en las últimas dos semanas le dio más actividad al Congreso que en los dos años anteriores, en los cuales la oposición trabó cuanta iniciativa intentara el oficialismo.
Es obvio que una parva de leyes aprobadas no es sinónimo de calidad institucional. Cuando el discurso antipolítico condena a los legisladores por escaso apego al trabajo, omite poner énfasis la calidad de ese trabajo. No se trata de celebrar que sancionen muchas leyes, sino de ponderar a quiénes benefician las que aprueban. El raid parlamentario exhibe en verdad la voluntad política contenida durante dos años de palos en la rueda. Y las quejas opositoras por el “apresuramiento” son excusas que esconden que, en realidad, les duele el contenido de esas leyes. Están experimentando los efectos prácticos de la derrota de octubre y la semana pasada se convencieron de que el gobierno no desperdiciará esta nueva aritmética parlamentaria para avanzar en su modelo. Entre las iniciativas sancionadas se cuentan algunas tendientes a garantizar la caja fiscal, otras que preservan la flexibilidad para reasignar recursos presupuestarios, una que mejora sensiblemente las condiciones laborales de los peones rurales y otra que acota los excesos del mercado al limitar el proceso de extranjerización de la tierra. En todos los textos está presente el rol que el kirchnerismo le asigna al Estado y a la política, lo que desata el horror de la derecha conservadora.
Pero el cuco principal fue, obviamente, la ley que regulará el negocio que durante más de tres décadas controlaron a discreción los paladines de la libertad de prensa: la fabricación de papel para diarios. Es comprensible que los dos grupos económicos que perderán su posición dominante pongan el grito en el cielo y que sus portavoces intenten confundir la sacrosanta libertad de prensa con la de empresa. Es lo que hacen cuando presentan el allanamiento judicial a Cablevisión, originado en una denuncia de un competidor, como un operativo de la dictadura; cuando se rasgan las vestiduras por el embargo de la AFIP a La Nación para cobrar deudas fiscales; o cuando condenan la citación a indagatoria a los directivos de Papel Prensa para que expliquen cómo llegaron a controlar la empresa.
Lamentan permanentemente que se les conceda menos pauta publicitaria oficial que a otros medios, cuando durante décadas fueron largamente favorecidos. Creen que el gobierno tiene la obligación de reproducir con la contratación de sus avisos el esquema de concentración mediática y aun acrecentarlo, porque “siempre fue así”. Del mismo modo, consideran un atentado a la prensa independiente que los funcionarios se nieguen a recibir a cronistas de Clarín o La Nación, cuando cualquier periodista veterano de medios más pequeños, puede dar cuenta de las veces que se quedó plantado en la antesala de los despachos oficiales, mientras sus colegas de los diarios más poderosos entraban y salían como Pancho por su casa. Detentar el poder y la impunidad durante décadas, los convenció de que son los demás los que deben cumplir las leyes y no ellos. No están dispuestos a aceptar a la justicia cuando adopta decisiones que no los favorece. No es la libertad de prensa lo que se está perdiendo en un país en el que cualquiera que tenga acceso a un medio dice lo que se le antoja, sino los privilegios de unos pocos para imponer la agenda nacional de acuerdo a sus propios intereses. Los directivos de Clarín elogiaron la medida cautelar de la justicia que tiene suspendida desde hace dos años la aplicación del artículo que promueve la desinversión en la Ley de Medios. Pero se les ponen los pelos de punta cuando el procurador general, Esteban Righi, recomienda a la Corte Suprema de Justicia disponer el levantamiento de la medida que impide el desmembramiento de los grupos dominantes. Y si el máximo tribunal accediera al pedido del procurador, lo acusarían seguramente de connivencia con el poder político. Pareciera que la justicia sólo es buena cuando los ampara. Pero más patética aun es la actitud de los corifeos de la política, que se rasgan las vestiduras por la libertad de prensa a cambio de un minuto de aire o un centímetro de columna.
En el paquete de leyes sancionadas se filtró una norma que generó razonables críticas en organismos de Derechos Humanos: la ley antiterrorista, que incorpora dos modificaciones al Código Penal para cumplir con exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pena el lavado de dinero y el terrorismo. La manzana de la discordia es la reforma del artículo 41 del Código Penal, que sanciona severamente a quienes cometan delitos “con la finalidad de aterrorizar a la población”. No hace falta ser jurista para entender que una afirmación tan vaga sirve para un barrido y para un fregado. Los terroristas pueden ser quienes provoquen corridas cambiarias, golpes de mercado, rompan vidrios en una manifestación o impidan un servicio público con una huelga. No es sensato imputarle al gobierno secretas intenciones de criminalizar la protesta social, porque tiene sobrados antecedentes en la protección de esas demandas y en la reivindicación de los Derechos Humanos. Pero el gobierno de Cristina se termina en cuatro años y nadie sabe cómo sigue la película. Y aun bajo su mandato no es el Ejecutivo el que interpreta las leyes, sino los jueces. El gobierno abogó por la Ley de Medios y el Congreso la aprobó con amplia mayoría, pero un juez paraliza la aplicación de su meollo hace casi dos años. Los que defienden esta reforma del Código Penal dicen que la legislación argentina ofrece suficientes garantías como para que no se use para criminalizar la protesta social. Pero nadie puede paralizar una interpretación judicial bien o malintencionada. El propio gobierno sería cuestionado si un magistrado librepensador decide meter preso a un luchador social y tenerlo entre rejas hasta que la cuestión llegue a la Corte Suprema. Con sólo recordar la repercusión de la detención del “Pollo” Sobrero, basta para ejemplificar acerca de la repercusión negativa que tendría una eventual aplicación del polémico artículo del Código Penal contra un militante gremial o político por terrorista.
La ambigüedad de la norma quedó en el ojo de la tormenta apenas sancionada, cuando el ministro del Interior, Florencio Randazzo, debió salir a aclarar una supuesta interpretación del titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), José Sbatella, quien patinó en un reportaje radial al señalar que la nueva normativa podría alcanzar a los responsables de corridas cambiarias que “luego difunden los medios”. Bastó con eso para que el coro de paladines de la prensa libre montara un escandalete.
Está claro que los grupos empresarios sobre los cuales pende la posibilidad cierta de tener que desprenderse de señales de radio y TV seguirán estimulando interpretaciones capciosas. Y que los jueces, que integran una corporación muy conservadora, harán lo propio cuando puedan. Pero un gobierno popular no debería darles armas que pueden ser utilizadas en su contra.
Fuente:TiempoArgentino
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