España desclasifica los listados oficiales de sus ciudadanos represaliados
Por ÁNGELES VÁZQUEZ
MADRID16/12/2011
El último Consejo de Ministros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero permitirá avanzar en un proceso judicial que lleva abierto 14 años. Es en el que se investigan los crímenes cometidos durante las dictaduras de Chile (1973-1990) y Argentina (1976-1983). Lo inició en 1997 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y ahora lo continúa Pablo Ruz, que fue quien solicitó al Ejecutivo una copia de los archivos existentes en la Embajada y en los consulados españoles en Argentina referidos a la desaparición de españoles.
En concreto, el magistrado solicitó al Gobierno la documentación contenida en los archivos de la delegaciones diplomáticas de España en el país sudamericano "relativa a los desaparecidos españoles" en ambas décadas, "así como los expedientes de las denuncias de ciudadanos españoles o sus descendientes por desapariciones forzadas".
El juez Ruz investiga los crímenes de la represión militar
Para que el juez tuviera acceso a dicha información, que le había sido solicitada por la acusación que en el procedimiento ejerce Izquierda Unida (IU), el Gobierno tenía que proceder a su desclasificación, al ser esta una facultad del Consejo de Ministros en función del artículo 7 de la Ley de 5 de abril de 1968 Reguladora de Secretos Oficiales.
Se trata de "conciliar la protección de la seguridad del Estado, de una parte, y el derecho fundamental de tutela judicial efectiva", explica la referencia del Consejo de Ministros. Para ello el Ejecutivo debe determinar cuál de los bienes jurídicos enfrentados debe prevalecer.
La desclasificación supone que entiende que debe imperar la cooperación con el Juzgado Central de Instrucción número 5 que investiga, entre otros, los delitos de genocidio, terrorismo, tortura y lesa humanidad cometidos en Argentina durante su dictadura militar.
Arresto de Pinochet
Este procedimiento es en el que fue detenido el dictador chileno Augusto Pinochet en Londres por orden del juez Baltasar Garzón. Fue el 16 de octubre de 1998 y significó la consagración del juez a nivel mundial como paradigma de la lucha contra la impunidad de los dictadores de todo el mundo. Y eso que unos días después el general pudo volver a su país. En cualquier caso, su arresto sirvió como aviso a navegantes de que los crímenes contra la humanidad no tenían por qué quedar impunes.
Continúa la causa iniciada por Garzón y que culminó con la condena de Scilingo
También fue en esta causa en la que el Tribunal Supremo condenó a 1.084 años de cárcel al exmilitar argentino Adolfo Scilingo, quien se puso voluntariamente a disposición de la Justicia española y, de momento, es el único condenado en España por los crímenes cometidos por las juntas militares que gobernaron Argentina durante más de siete años.
El último represor argentino puesto a disposición de la Justicia española, Ricardo Miguel Cavallo, fue finalmente entregado a Argentina en 2008 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Cinco años antes, las autoridades mexicanas lo habían extraditado a España para que fuera juzgado, después de que varias víctimas lo reconocieran como su torturador en la fotografía que apareció en un diario.
Reapertura del sumario
El sumario 19/1997 fue devuelto por la Sala de lo Penal al Juzgado Central de Instrucción número 5 hace un tiempo, a petición de las acusaciones que solicitaron la realización de nuevas diligencias. Una de ellas era reiterar una comisión rogatoria remitida a Estados Unidos para poder interrogar a un testigo, lo que no ha podido hacerse.
La otra prueba que solicitaron consistía en la documentación ahora desclasificada por el Consejo de Ministros, que ha tenido en cuenta "el carácter excepcional de las circunstancias del procedimiento, la naturaleza de los hechos que se investigan y la gravedad tanto de la calificación que pudieran merecer tales hechos como de las penas que pudieran corresponderles".
El Gobierno, que ahora deberá remitir a la Audiencia Nacional la información existente en las sedes diplomáticas argentinas, ha incluido la cautela de pedir "la máxima protección y reserva procesal posible", dada "la sensibilidad de la materia".
Fuente:PublicoEs
Desclasifican los archivos de los 576 españoles muertos en la dictadura de Argentina
17.12.11
M. B. | MADRID.
Una de las reivindicaciones más antiguas de la Justicia española será por fin cumplida. El Gobierno acordó ayer desclasificar la documentación existente en los archivos de la Embajada y Consulados español en Argentina sobre los ciudadanos desaparecieron durante la dictadura militar que dirigió el país entre 1976 y 1983. La petición fue realizada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la muerte de al menos 576 españoles en los años de plomo del general Jorge Videla.
La apertura de los archivos secretos se realiza en virtud del artículo 7 de la Ley Reguladora de Secretos Oficiales, también desclasificará los expedientes de las denuncias de ciudadanos españoles o sus descendientes por desapariciones forzadas.
No obstante, resulta curioso que estos mismos documentos fueron reclamados por el juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional hace un año y la respuesta fue que eran «reservados». Sin embargo, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, se comprometió entonces a solicitar al Consejo de Ministros su desclasificación, algo que ha ocurrido en la última reunión.
Legajos
Con estos documentos, pedidos al juez Ruz por la acusación popular de la causa ejercida por Izquierda Unida, se pretende avanzar en la investigación de los actos de genocidio, terrorismo, tortura y lesa humanidad que habrían sufrido al menos 576 ciudadanos españoles durante la dictadura argentina, donde murieron unas 13.000 personas.
El juez reclamó a Exteriores «el legajo de desaparecidos de 1970-1980, así como los expedientes de denuncia de ciudadanos españoles o descendientes por desapariciones forzadas». Una vez aprobada la desclasificación, el Ejecutivo reclamó al magistrado «la máxima protección y reserva procesal posible» dada «la gravedad y la naturaleza» de los hechos que se investigan.
En el marco de esta causa se desgajó una pieza separada por la que se procedió a la entrega a Argentina del excapitán de corbeta argentino Ricardo Miguel Cavallo, condenado por los delitos de detenciones ilegales, torturas, robos con violencia o intimidación y falsificación documental. Aquella investigación también fue la piedra angular de la acusación contra el excapitán de fragata argentino Adolfo Scilingo, condenado a 640 años de cárcel en 2005 por los llamados 'vuelos de la muerte'.
Fuente:Hoy.Es
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