Sin lugar a dudas, el caso de las madres de Plaza de Mayo, Schoklender y los sindicalistas detenidos, fueron los que marcaron las causas judiciales durante 2011.
sábado, 31 de diciembre de 2011
Sergio Schoklender fue uno de los protagonistas de los hechos judiciales de 2011.
Por Luis Angulo
El 2011 comenzó, transcurrió y cierra como un año atravesado por las causas judiciales contra sindicalistas, no habituados a rendir cuentas ante la Justicia, y por el caso Schoklender, que salpicó al Gobierno nacional por el supuesto desvío de fondos públicos que recibieron las Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales.
El líder del gremio de los peones rurales, Gerónimo "Momo" Venegas, el dirigente bancario Juan José Zanola y los ferroviarios José Pedraza y Rubén "Pollo" Sobrero pasaron por la Justicia con mejor y peor suerte, pero con duras acusaciones.
Venegas fue detenido el 10 de febrero por el juez Norberto Oyarbide en la causa de la "mafia de los medicamentos", acusado de defraudar al Estado y de envenenamiento de sustancias, lo que provocó cortes de ruta en todo el país y marchas ante los tribunales.
El sindicalista fue liberado al día siguiente tras declarar y depositar una fianza de 500 mil pesos en efectivo y desde entonces Oyarbide lo citó para volver a indagarlo pero el trámite fue postergado en seis oportunidades.
Zanola estaba preso desde el 30 de noviembre de 2009, también en la causa por los medicamentos, y fue liberado hace dos semanas luego de que la Cámara Federal anulara la prórroga de su detención con críticas a Oyarbide por el trámite de la causa.
Suerte variada tuvieron los ferroviarios Pedraza y Sobrero.
Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria, fue detenido el 22 de febrero acusado de planificar el crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre del año pasado en Barracas, durante un reclamo de empleados ferroviarios.
Desde entonces está preso y el próximo 22 de febrero comenzará el juicio contra él y otras nueve personas acusadas de participar del hecho.
Por su parte, Sobrero estuvo preso cuatro días, tras ser detenido el 30 de setiembre, acusado de liderar la quema de trenes que había ocurrido el 2 de mayo en las estaciones de Haedo y Ciudadela.
El juez de la causa, Juan Manuel Yalj, había declarado que había prueba suficiente para imputarlo y detenerlo, lo que fue ratificado públicamente por el entonces jefe de Gabinete y hoy senador nacional, Aníbal Fernández.
Pero la prueba se cayó -estaba basada en dichos de un indigente preso y las tareas de inteligencia de la Policía Federal hechas en la red social Facebook- y el sindicalista fue liberado y luego recibió una falta de mérito.
Hugo Moyano, titular de la CGT, también fue nombrado reiteradas veces en tribunales: tiene abierta una causa donde se lo acusa de firmar carpetas del gremio de camioneros en las que le pidió al Estado el pago por remedios para pacientes que en realidad nunca se habrían entregado, pero no fue citado a declarar.
También el jefe de los albañiles de la Uocra, Gerardo Martínez, uno de los "niños mimados" de la Casa Rosada y erigido en un momento como candidato a suceder a Moyano en la CGT, quedó en la mira de la Justicia por una denuncia sobre su presunta pertenencia a inteligencia del Ejército en la última dictadura y delitos cometidos en esa época. Sobre el filo del fin de año, desde el propio Gobierno se desligó al dirigente de aquellos episodios.
En tanto, Sergio Schoklender, condenado junto a su hermano Pablo por asesinar en 1981 a sus padres, volvió a ser protagonista de una causa judicial.
Los hermanos fueron acusados de haber desviado fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la que fueron hasta mayo pasado sus apoderados, para comprar bienes como yates, aviones y autos, a través de distintas empresas.
El fiscal Jorge Di Lello pidió que los Schoklender y otras 66 personas, entre ellas Alejandra Bonafini, hija de la presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, sean citados a indagatoria.
Se trata de fondos públicos que el Ministerio de Planificación Federal destinó a las Madres para la construcción de viviendas, por lo que funcionarios de esa cartera fueron citados por el Congreso Nacional a dar explicaciones.
También el ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, fue enviado a juicio por recibir dádivas de empresarios a los que debía controlar y el fiscal federal Carlos Rívolo pidió que sea indagado por presunto enriquecimiento ilícito por seis millones de dólares, decisión que el juez Oyarbide postergó para el año que viene.
La emblemática causa de la empresa sueca Skanska, por el presunto pago de coimas para la ampliación de dos gasoductos, fue cerrada el 10 de noviembre por la Cámara Federal tras una pericia que concluyó que no se pagaron sobornos, ya que no hubo sobreprecios en la adjudicación de las obras.
En el expediente, Oyarbide había procesado al secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron; al ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) Fulvio Madaro; al ex titular de Nación Fideicomiso, Néstor Ulloa, y a directivos de Skanska, que terminaron sobreseídos.
En 2011 también se hicieron juicios de suma trascendencia institucional pero con distintos resultados.
Por ejemplo, el Tribunal Oral Federal 5 condenó el 26 de octubre pasado a prisión perpetua a Alfredo Astiz, a Jorge "El Tigre" Acosta y a otros represores a penas de entre 25 y 18 años por crímenes de lesa humanidad cometidos en la ESMA, el emblemático centro clandestino de detención de la dictadura por el que pasaron cinco mil personas.
En tribunales del interior del país siguieron los juicios a otros represores, destacándose el "récord" de perpetuas -siete hasta el presente- impuestas a uno de los ex hombres fuertes de la última dictadura, el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
En tanto, el 13 de setiembre, el ex presidente Carlos Menem y otros 17 acusados fueron absueltos por el supuesto contrabando de 6.500 toneladas de armas a Croacia y Ecuador.
Fue el juicio más largo de la historia judicial argentina. Comenzó el 12 de octubre de 2008 y por primera vez se juzgaba a un ex presidente, pero terminó sin culpables.
También se decidió que otro ex presidente, Fernando de la Rúa, esté en el banquillo por el caso de los sobornos en el Senado para una reforma laboral aprobada en 2000. Pero ese proceso -cuyo inicio estaba previsto para noviembre- fue postergado sin fecha.
Fuente:LosAndes
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