Familiares de las víctimas aportan datos a la causa de Campo de Mayo
Publicado el 22 de Enero de 2012
Por Gimena Fuertes
Organizaciones de Derechos Humanos y ex detenidos recaban información en la zona de la guarnición militar donde funcionó el mayor campo de concentración de la dictadura. Los vínculos empresarios y la pata civil. La investigación sobre lo que sucedió en Campo de Mayo, el mayor centro clandestino del país durante la dictadura militar, excede las instancias y los tiempos judiciales. Mientras la megacausa duerme en la Cámara Federal de San Martín, los ex detenidos desaparecidos, abogados querellantes, familiares de las víctimas y militantes de Derechos Humanos se organizan en los barrios que rodean la mayor guarnición del Ejército para juntar información, sistematizarla y aportarla a la causa. “Había mucho poder en Campo de Mayo y eso explica que el juicio sea el que más tarda”, definieron los integrantes de la comisión por la Memoria de Campo de Mayo que trabajan juntos desde hace seis años.
El control político represivo de Campo de Mayo se extendía en toda la ex Zona IV que abarca desde el partido de San Martín hasta Zárate y desde Moreno hasta Vicente López. En sus 1500 hectáreas funcionaron los centros clandestinos “El Campito”, “Las casitas”, el Hospital Militar que incluyó la maternidad clandestina, y la ex Cárcel de Encausados, donde hoy residen represores con prisión preventiva. Por esta guarnición pasaron más de 5000 detenidos desaparecidos y muy pocos sobrevivieron, por lo que no hay tantos testimonios para aportar a la causa, a diferencia del otro gran centro clandestino que fue la ESMA.
Campo de Mayo abarcaba 12 escuelas militares, y cada una de ellas regenteaba la represión en una localidad. Por ejemplo, la Escuela de Infantería tenía a cargo el partido de Vicente López, la de Caballería a Tigre, la de Suboficiales operaba en Hurlingham. “Las escuelas actuaban en forma casi independiente pero centralizaban la represión en Campo de Mayo”, relata Antonio Fernández, miembro de la Comisión y del Servicio de Paz y Justicia de Zona Norte. El jefe de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros ex jefe del Comando de Institutos Militares, las 12 escuelas que tenían a su vez su propio jefe, y las fuerzas policiales estaban subordinadas a su servicio. “De hecho, se siguen descubriendo nuevos lugares de detención, tortura y muerte en cada una de las localidades, como en Zárate, Campana, Escobar, donde estuvo la influencia de Luis Abelardo Patti”, cuenta Antonio.
En los cordones industriales de la zona norte y oeste vivieron y trabajaron miles de obreros que, debido a su participación sindical y territorial, terminaron sus días en los centros clandestinos de Campo de Mayo y sus satélites. En esos barrios se instalaron las automotrices Ford y Mercedes Benz, también Terrabussi, Tensa, Sasetru y Editorial Abril, entre otras. Es por eso que los ex delegados de las fábricas, que sobrevivieron al secuestro y la tortura también aportan su saber a la Comisión, como Carlos Cropato, ex delegado de la Ford.
Jorge Briozzo, uno de los abogados querellantes en la causa y miembro de la Comisión, que pertenece a la Liga por los Derechos Humanos del Hombre, opina que “el poder económico actual de las autoridades que estuvieron en Campo de Mayo es enorme, son represores con múltiples vinculaciones políticas, ya que por Campo de Mayo pasaba todo el poder político de la dictadura”.
“Son portadores del proyecto político que triunfó, el núcleo duro ideológico del neoliberalismo que luego se impuso en el país”, define el abogado.
A la Comisión se sumaron investigadores sociales y economistas para desentrañar las relaciones entre el poder económico y el terrorismo de Estado. “Estamos investigando la relación de las empresas monopólicas que florecieron durante la dictadura de manera escandalosa y después desaparecieron en los ’80 y ’90, pero es imposible rastrear cómo se formaron y se desintegraron esos capitales gigantescos”, cuenta Briozzo.
“Se complica avanzar la investigación sobre lo que sucedió en Astarsa, Ford y Mercedes Benz, porque son casos de terrorismo vinculados al poder económico”, define el abogado. “Es la zona más impune que queda por desentrañar. De hecho, la Cámara Federal de San Martín es la única que se animó a decir que la anulación de las leyes de impunidad era inconstitucional, y eso demoró dos años y medio la investigación”, recordó Briozzo.
Probar el genocidio
Publicado el 22 de Enero de 2012
Dentro de la megacausa de Campo de Mayo están condenados Santiago Omar Riveros y Reynaldo Bignone. Sin embargo, los abogados se quejan por la forma que tomó la instrucción de la causa, producto de la fragmentación y dispersión de los casos.
Además piden que se juzgue a los imputados por el delito de genocidio, ya que al haber tan pocos sobrevivientes, los testimonios son escasos y parciales.
“Se sigue tratando a los casos por separado y no como un aparato organizado de poder que cometió una serie de delitos en el marco de un mismo genocidio. Son juicios parciales, los tratamientos son caso por caso, y eso lo que hace es endiablar la prueba. A su vez, tenemos muchos sobrevivientes que no saben donde estuvieron e infinidad de compañeros que todavía nadie puede decir a dónde los llevaron”, argumenta Jorge Briozzo, uno de los abogados querellantes.
“Es necesario probar el genocidio, no ya como figura histórica cultural que todo el mundo reconoce, sino como figura jurídica, incluso con sus bemoles y deficiencias. Esto a su vez es complicado, porque en Argentina no cambió el Poder Judicial, muchos jueces de hoy eran secretarios de la dictadura. Siempre es más fácil condenar al verdugo que al juez que dio la orden, es el brazo más débil”, sostiene Briozzo.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
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