Finalmente se inhibió tras ser recusado
Revelan escritos contradictorios del conjuez Juan Piñero
En el primero, tras ser recusado por la fiscalía federal, el conjuez dijo que había un “hostigamiento” hacia su persona. Sin embargo, días después reconoció su vinculación profesional con un exrepresor y se inhibió
En su edición de este miércoles, Diario Norte consigna que "con tres días de diferencia, el conjuez designado en las causas Caballero y Caballero Residual envió a la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dos informes con conceptos diametralmente opuestos: en el primero, luego de exponer sus argumentos, rechaza la causal de recusación de la Fiscalía Federal y solicita al tribunal que la desestime. Allí también advierte “el hostigamiento” de los fiscales Patricio Sabadini y Diego Jesús Vigay hacia su persona. En cambio, en el segundo escrito, el magistrado presenta su inhibición y admite la vinculación como abogado patrocinante de César Pablo Casco “en causas de derecho familiar”, aunque descarta la existencia de algún elemento que indique que el exrepresor le hubiera conferido otras cuestiones amparadas en el secreto profesional.
El primer escrito, fechado el 21 de diciembre de 2011, se sustenta en los dichos del fiscal federal Patricio Sabadini y del fiscal federal ad hoc de Derechos Humanos Diego Jesús Vigay, quienes iniciaron la causa Ministerio Público Fiscal s/recusación con causa. “Inicialmente hago notar que el suscripto no acepta la causal de recusación invocada, toda vez que claramente aparece como una vulgar maniobra de quien pretende cambiar de juez habida cuenta de que los pronunciamientos jurisdiccionales no le resulten satisfactorios, y a cuyo respecto han iniciado una campaña de hostigamiento”, resalta Piñero en uno de los principales párrafos.
Tras tildar de llamativas las consideraciones vertidas por los fiscales luego del largo trámite de años que tiene la causa, Piñero considera: “No existe al día de la fecha ningún requerimiento de instrucción judicial a mi cargo o declarado conexo en el cual el Ministerio Público Fiscal impute alguna conducta delictiva a quién indican fue mi cliente, esto es el señor César Pablo Casco”.
En ese orden, el conjuez acota que “ni siquiera existe requerido un pedido de investigación sobre hechos ocurridos en dependencias de la Unidad Penal 7 del Servicio Penitenciario Federal, lo que aparece como lógico ya que en tal supuesto la competencia correspondería al juez federal de Resistencia…, toda vez que mi intervención como conjuez federal se ve limitada a los casos en que exista conexidad objetiva y subjetiva del hecho con lo investigado…, y que se habrían producido en dependencias de la policía de la provincia del Chaco”.
A la vez, Piñero considera llamativo que luego de tantos años en que la Fiscalía Federal de Resistencia interviene en la causa, nunca antes haya formulado planteos sobre actuaciones en el ámbito de la Unidad Penal 7, y sí lo hiciera respecto de la alcaidía policial.
Por último, expone su preocupación sobre el planteo del Ministerio Público Fiscal en cuanto a una serie de “consideraciones sobre la vinculación de Casco a actos de terrorismo de Estado…, indicando inclusive relatos de algunos testigos”. En este contexto, pregunta y reflexiona: “Si conocían la situación de Casco, ¿cuál es la razón por la cual nunca requirieron a su respecto en tales hechos?”.
El segundo informe
El segundo escrito que Piñero envía a la Cámara de Apelaciones está fechado el 24 de diciembre y se sustenta en “imputaciones vertidas por medios periodísticos” respecto de su persona. Allí, “con el sólo efecto de evitar agravios”, informa su inhibición y admite que asistió profesionalmente a César Pablo Casco “en calidad de patrocinante en causas sobre cuestiones de familia en la justicia provincial hasta principios de 2006”.
Así, el conjuez sostiene: “Tratándose de causas de derecho de familia, las únicas que me vincularon profesionalmente con Casco, no existe ningún elemento que indique que me hubiera conferido algunas otras cuestiones amparadas bajo el secreto profesional”, señala. También deja en claro que todavía no se expidió ni aceptó su competencia respecto de los hechos sucedidos en el ámbito de la Prisión Regional del Norte (Unidad 7) del Servicio Penitenciario Federal.
Piñero concreta así su inhibición en el marco del artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, aunque deja en claro que lo hace aun cuando la relación que lo vinculó con Casco, además de finalizar con anterioridad a su intervención en las causas, estuvo sujeta a la figura del patrocinante jurídico. “Al no existir actos de asesoramiento a abril del año 2006 es evidente que tal asesoramiento no existió hasta esa fecha”, acota.
El conjuez Piñero tuvo a su cargo la causa Caballero Lucio y otros s/tormento agravado (Expediente 243/84) y actualmente es el magistrado que lleva adelante la causa conocida como Residual Caballero Humberto Lucio y otros s/tormento agravado en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada, desaparición forzada de persona (expediente 25/10).”
FuentedeOrigen:DiarioNorte
Fuente:Agndh
PIDEN QUE SE APARTE UN CONJUEZ DE CHACO DE LAS CAUSAS DE DERECHOS HUMANOS
Con un pasado cuestionado
El fiscal federal Patricio Nicolás Sabadini recusó por falta de imparcialidad al juez Juan Antonio Piñero, porque fue abogado de un represor en su juicio de divorcio. La Cámara Federal de Resistencia convocó a una audiencia para escuchar a las partes.
Juan Antonio Piñero (izquierda) instruye desde hace cinco años expedientes por delitos de lesa humanidad en Chaco.
Imagen: Gentleza Día por día
Un abogado chaqueño que durante ocho años defendió a un torturador de la cárcel de Resistencia en un juicio civil pretende instruir la causa en la que se investiga a los compañeros de su ex cliente. Se trata de Juan Antonio Piñero, quien asumió como conjuez por sorteo e instruye desde hace un lustro expedientes por delitos de lesa humanidad en Chaco. Ante la recusación por falta de imparcialidad que presentó el fiscal federal Patricio Nicolás Sabadini, el abogado aceptó apartarse en el caso de César Pablo Casco, ex miembro de la “guardia dura” de la Unidad 7 a quien patrocinó entre 1998 y 2006, pero asegura que se siente “perfectamente habilitado” para avanzar en la instrucción sobre el resto de los penitenciarios. El lunes, el juez federal Carlos Skidelsky se declaró competente para entender en la investigación y le pidió a Piñero que se aparte. Si el abogado decide resistir, la cuestión se resolverá en la Cámara Federal de Resistencia, que convocó a las partes a una audiencia oral y pública para el próximo martes.
Casco perteneció durante la dictadura al Servicio Penitenciario Federal y prestó servicios en la Unidad 7, de donde fueron arrancados los presos políticos masacrados en Margarita Belén. Ex detenidos lo recordaron como la persona que obligó a los presos a salir de sus celdas el día del fusilamiento, que se juzgó el año pasado. Casco fue detenido justamente por orden del Tribunal Oral Federal responsable de ese proceso, pero no por su rol durante la dictadura sino por el delito de falso testimonio, que denunciaron los querellantes y el Ministerio Público Fiscal.
Piñero elevó a juicio como conjuez las causas Caballero, que tenía como imputados a policías de la Brigada de Investigaciones, y Margarita Belén. El 12 de diciembre, la Cámara de Diputados de Chaco lo distinguió con el premio de derechos humanos Amanda Mayor de Piérola. Días antes, sin embargo, un grupo de organismos de derechos humanos y de familiares de víctimas le habían escrito una carta pública para cuestionarle “retrasos en la sustanciación de la instrucción” y reclamarle que indagara a ex mandos militares, ex funcionarios judiciales de la dictadura y ex penitenciarios, incluido Casco, a partir de las pruebas surgidas en los juicios orales.
El 21 de diciembre, dos semanas después de asumir como fiscal federal con acuerdo del Senado, Sabadini y Diego Jesús Vigay, fiscal federal ad hoc de derechos humanos, presentaron el pedido de recusación contra Piñero. El dato de la relación con Casco, según el escrito, se originó en un llamado anónimo, corroborado en los registros del Poder Judicial provincial. “El doctor Piñero tuvo una activa participación en el expediente principal en el que Casco tramitaba su divorcio, así como en sus actuaciones accesorias (división de bienes, alimentos, beneficio de litigar sin gastos, etcétera)”, que se prolongaron entre octubre de 1998 y septiembre de 2006, precisaron.
Como ejemplo de la “carencia de imparcialidad” apuntaron que Vigay había hecho un requerimiento de instrucción contra Casco el 17 de noviembre, que había presentado un pedido de pronto despacho el 7 de diciembre y ante la falta de respuestas había recurrido en queja a la Cámara Federal el 19, dos días antes de la recusación. “Esta falta de respuesta por parte del conjuez pone un manto de sospecha respecto de la posibilidad de beneficiar a su ex cliente en comparación con los demás imputados”, señalaron los fiscales. Destacaron “la actitud frente a otros requerimientos presentados por esta fiscalía con mayor anticipación, entre los que se hallan, además de altos jefes militares y de la policía provincial, magistrados y funcionarios de la justicia federal que cierran la cuadratura de funcionamiento y complicidad en actividades contra la vida y la dignidad humana de víctimas del terrorismo de Estado y perseguidos políticos”.
Tras conocer la recusación, Piñero declaró públicamente que “la causa que invocó el Ministerio Público es falsa”, aunque se inhibió de seguir actuando en la imputación contra su ex cliente. “No se trata de si tuve una vinculación profesional sino de si esta persona es requerida por el Ministerio Público”, dijo en Radio Ciudad, y aseguró que “hasta el día de hoy, después de cinco años en la causa, no hay ningún requerimiento sometido a mi investigación, dirigido a mi persona, en el que se pida que se investigue la conducta de esta persona”. “Es preocupante, no entiendo el motivo de este hostigamiento por parte de la fiscalía federal”, agregó.
El último día hábil de 2011, luego de recibir el fragmento del expediente que derivó en la inhibición, Skidelsky se declaró competente, le pidió a Piñero que le remita “la totalidad de las actuaciones” y que ponga a su disposición a todos los detenidos, las pruebas secuestradas y “todo lo que tenga conexión con la misma”. “Entiendo que el conjuez no es imparcial, atento a las pruebas documentales presentadas, y lo que abunda a esa situación es el mismo conjuez, quien en principio sostuvo que no comprende la causal (de inhibición), la niega y dice que no existe en la causa requerimiento alguno dirigido contra el señor Casco. Luego no le quedó otro camino que admitir la verdad, la que no es otra que fue el abogado patrocinante, o como se le quiera llamar, de una persona acusada por delitos de lesa humanidad, que estaba requerida en el expediente que el mismo conjuez averigua y en el marco de su propia investigación”, escribió Skidelsky.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agndh
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