Año 5. Edición número 193. Domingo 29 de enero de 2012
Por Exequiel Siddig
esiddig@miradasalsur.com
Darío Rivas Cando e Inés García Holgado encabezan la querella para que España investigue los crímenes contra sus familiares. Piden que más gente se sume a la causa radicada en el juzgado federal de María Servini de Cubría.
Hace 75 años. Un hombre, ex alcalde de su pueblo, camina por la carretera luego de tres días de haber estado confinado en la cárcel. Le apuntan por detrás de la espalda. Es el 29 de octubre de 1936. Una nota escrita de puño y letra por el encargado de la Falange Española, Andrés López, dice que Severino Rivas Barja está acusado “de traición a la patria y tenencia ilícita de armas”. Pamplinas. Si el ojo de un testigo imaginario se aproximara desde un satélite –como una especie de Google Earth histórico–, vería primero España, luego Galicia, si se acercara más la provincia de Lugo, el Ayuntamiento de San Esteban de Loentia, hasta llegar al pueblo de Castro de Rei, donde nació y vivió Severino, el labrador. Al margen de la carretera que va de Lugo a Portomarín, el hombre, que cuenta con 58 otoños gallegos, recibirá cinco descargas; el tiro de gracia, directo a la frente. Lo dejarán boca arriba para escarmentar a los vecinos. Su hijo Darío Rivas Cando, en Argentina desde los 9 años (ahora cuenta dieciséis), recibe la noticia por carta de sus hermanos: “Papá murió a manos de los falangistas”.
Darío recién pudo exhumar los restos de su padre en 2005. Lo enterró junto a su madre. Fue el primer fusilado desenterrado en Galicia. En 2010, con la argentina Inés García Holgado iniciaron una querella desde el país que lo acogió de niño para que el Estado español informara sobre los nombres y el último domicilio de los Ministros de Gobierno del Estado español, más los de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores Generales de Seguridad y dirigentes de la Falange.
El exhorto por vía diplomática lo realizó el Juzgado federal Nº 1 a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría. Pide información sobre personas desaparecidas, asesinadas, niños sustraídos a sus familias de origen, localización de fosas comunes y “la lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas”.
Más aún, en el exhorto del 13 de diciembre de 2011, la jueza pide que “se arbitren las diligencias pertinentes tendientes a que quien suscribe se traslade al Reino de España a los fines de constatar y recibir testimonios, denuncias y querellas de todas aquellas personas que se presenten como víctimas de los crímenes aquí denunciados, en la Embajada Argentina en la ciudad de Madrid, teniéndoselo presente para su oportunidad procesal”.
En el contexto de los juicios por prevaricato que se llevan a cabo en Madrid contra el juez Baltasar Garzón, la decisión de Servini de Cubría tiene peso político. “La causa necesita más querellantes. Hasta ahora somos sólo seis en todo el mundo. En España todavía hay miedo. Mi abuelo tenía nueve hermanos. Imaginate que ninguno de mis primos españoles se movilizaron para investigar estas muertes”, dice Inés García Holgado, que consiguió documentos probatorios de los asesinatos de sus tíos abuelos Elías y Luis García Holgado, fusilados en el comienzo de la dictadura de Franco.
Lo trascendente de la causa también es el período del tiempo a indagar: desde la represión masiva que comienza el 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones parlamentarias “libres y pluralistas desde las de 16 de febrero de 1936”, reza la querella, que está patrocinada por los abogados David Baigún, Beniusz Szmukler, Ricardo Huñis y Máximo Castex, y representada en España por Carlos Slepoy y Ana Messuti.
Según hizo notar muchas veces el abogado argentino radicado en España Carlos Slepoy, el lapso de tiempo a investigar supera todavía lo que se había propuesto Baltasar Garzón. El juez español en el Auto del 16 de octubre de 2008 circunscribe la última etapa de la represión entre 1945 y 1952, fecha tope en que se constatarían “la eliminación de guerrilleros y personas que los apoyaban”.
La extensión del tiempo hasta el confín de la dictadura franquista en 1977 permitió que la abogada española Silvia Carretero, cuyo esposo José Luis Sánchez Bravo fue ejecutado por el régimen genocida en septiembre del ’75, se convirtiera en querellante en la misma causa.
Según García Holgado, en febrero o marzo de 2012 se sumarán a la querella los familiares y amigos de las diez víctimas de Pajares de Adaja, en Ávila. Aquellos interesados en conocer con qué documentación se debe contar para presentarse como querellantes en la causa contra la impunidad del genocidio franquista y conocer el destino de sus familiares, puede contactarse con la Asociación para la Recuperación por la Memoria Histórica o el Foro por la Memoria Histórica.
“Hablamos porque difundir sus historias es una forma de reivindicarlos”, dicen tanto Inés como Darío.
Pasaje de vuelta. Darío Rivas tiene 92 años. Es un polemista nato. Cuenta que en 2004, en uno de los 17 viajes que hizo a España, se encontró esperando en un negocio de souvenirs en Cortapezas, un pueblo de Portomarín, cuando de repente la dueña le preguntó si era extranjero. Darío le contó la historia de su padre.
La señora le dijo que recordaba haber visto a uno de los dos asesinados por el franquismo de la localidad de Castro de Rei con un gabán cubriéndo su cuerpo. “Fue impresionante. Me dí cuenta que era mi padre porque en ese entonces nadie tenía una prenda tan cara. Mi hermana le había mandado desde Buenos Aires el gabán. Era él.”
Darío reivindica que en la tumba que hizo a su padre en 2005 está “la única lápida que dice expresamente que lo asesinaron los falangistas”.
Desde su casa de Ituzaingó, donde recibió a Miradas al Sur, continúa como un faro prendido de militancia por la memoria política e individual de su país de origen. El 30 de junio del año pasado encabezó la Ronda del Sol de todos los jueves, en la madrileña Puerta del Sol, donde junto al grupo de republicanos marchantes hizo un acto de desagravio a su padre. Es que, a diferencia de Alemania, la Ley de Memoria Histórica no anuló los bandos de guerra y juicios sumarios que –junto con asesinatos no consignados– condenaron a muerte a más de 100 mil personas en España.
Rivas hijo ya consiguió exhumar a su padre, fundar una calle con su nombre (la Rua Severino Rivas) y desagraviarlo públicamente. “Pero todavía me falta algo: le tengo que devolver la plata que me dio a los 9 años para que viniera a Buenos Aires.”
Juntando firmas. A Inesita, su abuela Mauricia solía contarle la historia de su esposo muerto durante algunos atardeceres. “Mi abuelo Vicente García Holgado había estado preso en una cárcel de Madrid. Cuando salió, lo exiliaron en el País Vasco. Se recicló como pescador. Lo tiraron desde el séptimo piso de la Dirección de Pesca”.
Del papá de su papá no tiene documentos que acrediten fehacientemente estos datos. Pero cuando se puso a investigar en 2004 sobre el paradero de sus familiares muertos dio con un investigador que se ofreció a buscarlos en España. En el Archivo de Salamanca consiguió los expedientes de los “represaliados”. Se los envió. El tío abuelo Elías García Holgado, nacido en 1891, fue diputado provincial en Salamanca entre 1931 y 1936. El 5 de julio de 1937 fue fusilado luego de un proceso sumarísimo, condenado por adhesión a la rebelión.
Inés también pudo enterarse de su otro tío abuelo. Luis García Holgado había nacido en 1897; fue masón, participó de la Revolución socialista de Asturias del ’34 y más tarde fue trasladado a la cárcel de Hervás, en la provincia de Cáceres, donde fue torturado. Finalmente, el 21 de septiembre de 1936 fue fusilado en la carretera de Baños de Montemayor, al lado de un cementerio.
Vicente, su tío nacido en Buenos Aires en 1915, está desaparecido. Se recibió de médico en la Universidad de Salamanca y participó como teniente médico de la 11ª División, Brigada Líster, una de las más profesionales unidades republicanas.
La abogada argentina Inés García Holgado, nacida en 1963, lejos de aquellas muertes, cerca de su sangre, se convirtió en una militante para que se conozcan los crímenes durante el franquismo. El 4 de febrero planea concurrir a las puertas del tribunal Supremo español para manifestar a favor del juez Garzón. El papá de Inés se llama Benjamín y le está agradecido. Él no puede activar, llora. Tiene 78 años, abogado por la UBA. Cuando su hermano Vicente desapareció tenía sólo 2 años. En 2010, Inés accedió al carnet de las Milicias Castellanas del tío Vicente. Benjamín supo por primera vez cómo era la firma de su hermano.
Fuente:MiradasalSur
Argentina investigará los crímenes de Franco
Por Gabriela Juvenal
gjuvenal@miradasalsur.com
Las asociaciones de recuperación de memoria histórica y de familiares de víctimas de España están, por demás, contentas. Ayer, en distintos puntos de su país, expresaron su satisfacción por la decisión de la Cámara Federal argentina de reabrir la investigación sobre los crímenes del franquismo. Además de anular el dictamen de la jueza María Servini de Cubría –que había archivado esas actuaciones–, ordenó que se envíe un exhorto al gobierno español para que informe si está investigando esos crímenes en el período comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. El abogado Carlos Slepoy fue quien impulsó la primera denuncia para la aplicación del mismo principio de jurisdicción universal que tiempo atrás había sido traído –con las leyes de impunidad vigentes– por el juez Baltasar Garzón para juzgar los crímenes de la dictadura argentina. En diálogo con Miradas al Sur, Slepoy destacó que “es la primera vez que una Cámara federal en Argentina consagra el principio de justicia universal”.
–¿Qué pasará, sabiendo la resistencia de la Justicia española?
–No puede existir ningún tipo de ley o práctica de impunidad respecto de estos crímenes. Ocurre del mismo modo en que los tribunales españoles actuaron de acuerdo con este principio respecto de los crímenes en Argentina, en América latina en general y otros países. Esto pone en cuestionamiento la actitud que tienen la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo español respecto de los crímenes que hubo en su país. En España no se está investigando nada. Lo demuestra lo que sucede con Garzón. Sin embargo, si la jueza no adopta otras medidas de producción de pruebas, lo que puede suceder es que el procedimiento quede dilatado o congelado durante un tiempo largo a la espera de la decisión que adopten las autoridades españolas.
–¿Harán algo al respecto?
–Vamos a solicitar que, además del exhorto, se adopten otras medidas que son las que habíamos pedido en la querella: la remisión de todas las actuaciones impulsadas por Garzón y la identificación y localización de todos los ministros y jefes de la fuerzas armadas, policiales, Guardia Civil, dirigentes de la Falange.
–Se suele decir que todos están muertos….
–Sí, pero hay una enorme cantidad de personas vivas. Lo que hemos solicitado a la Cámara es que se extienda a todo el período de la época franquista. En España, después de esas primeras dos décadas donde la represión fue masiva, hubo fusilamientos, jueces que firmaron sentencias de muerte, torturas sistemáticas, apropiación de bienes y el delito de desaparición forzada. Garzón estimó 113 mil personas y unos 30 mil niños apropiados.
–¿Cómo califica que se haya aceptado como querellante a Inés García Holgado, sobrina y nieta de una víctima?
–Muy importante. Aceptó a alguien que la jueza había denegado por la ley procesal argentina. Ahora, se entiende que, en virtud del principio de protección de las víctimas, una persona que está directamente afectada puede serlo, como lo pueden ser las organizaciones que pueden hacerlo.
Fuente:MiradasalSur
No hay comentarios:
Publicar un comentario