Piden que se anule el segundo juicio a Garzón
Baltasar Garzón está acusado de prevaricato al intentar investigar los crímenes del franquismo. El juez instructor de la causa, Luciano Varela, está siendo cuestionado por irregularidades. En el caso Gürtel aún se espera la sentencia.
Si la causa sigue en curso, representantes de asociaciones de la memoria histórica y el propio Garzón irán a declarar.Imagen: EFE
La primera jornada del juicio contra Baltasar Garzón, por investigar los crímenes del franquismo, comenzó ayer con el pedido del fiscal del Tribunal Supremo de anular el proceso por irregularidades. Luis Navajas sostuvo que la Sala Penal permitió que la organización sospechada de ser el instrumento del gobernante Partido Popular para presentar querellas, Manos Limpias, funcione como soporte a una acusación original carente de sentido. “Si la parte acusadora había sido incapaz de presentar un escrito, lo lógico hubiera sido excluirla con las consecuencias y archivar la causa”, argumentó el fiscal, quien dijo que el escrito de Manos Limpias es una mera copia de un auto del juez instructor de la causa, Luciano Varela.Garzón está acusado de prevaricato por arrogarse funciones que no le competían al investigar en 2008 los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil (’36-’39) y el franquismo (’39-’75) en España, que dejaron más de 100 mil desapariciones forzadas. El magistrado conocido por haber ordenado la detención del dictador chileno Pinochet en 1998, enfrenta la posibilidad de recibir una sentencia de veinte años de inhabilitación, lo que a sus 56 años significaría el fin de su carrera.
Navajas calificó la actuación de Varela de insólita e insostenible, por lo que pidió la nulidad radical del juicio y el sobreseimiento de la causa. Al ordenar su procesamiento, Varela había dicho que Garzón era consciente de que carecía de competencia para investigar los crímenes del franquismo. Además, lo había acusado de ignorar deliberadamente la Ley de Amnistía de 1977 y de superar los límites de la Ley de Memoria Histórica de 2007, al ordenar las localizaciones y exhumaciones de las víctimas. El abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, le pidió a la Sala Penal del Supremo la nulidad del escrito de acusación presentado por Manos Limpias. También remarcó que Varela no sólo les dio una segunda oportunidad a los denunciantes, sino que los ayudó, iniciativa que no tiene precedente.
De avalarse el pedido de defensa y fiscalía, el ex magistrado de la Audiencia Nacional no debería verse obligado a declarar el 31 de enero, día en que se reanudaría el juicio. Sin embargo, para el director de la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), este proceso contra Garzón significa que por primera vez en la historia de España se tratarán los crímenes del franquismo en el máximo tribunal. “En el fondo esto expone una oportunidad para que el Supremo oiga el relato de quince familiares de desaparecidos que padecieron esos delitos”, dijo Emilio Silva en diálogo con Página/12. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo había rechazado a más de la mitad de los testigos solicitados por Garzón. No declararán ni expertos internacionales en jurisdicción universal ni el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. En ese marco declararán los representantes de asociaciones de la memoria histórica y el propio Garzón.
En este segundo proceso contra el juez suspendido de la Audiencia Nacional en una semana, Garzón tuvo un fuerte acompañamiento tanto de la ciudadanía como de los observadores internacionales Human Rights Watch y Amnesty International, que se hicieron presentes en el Tribunal Supremo. Unas doscientas personas se agolparon a las puertas del Supremo al grito de “fascistas y terroristas”. También había pancartas que decían “Verdad, justicia, reparación. Ni olvido ni perdón”, “Heridas abiertas, fosas cerradas” o “Tribunal Supremo, vergüenza internacional”.
Según Silva, la sensación de impunidad que despierta este caso en algunas personas es un bálsamo dentro de una sociedad que aún tiene miedo de condenar aquellos crímenes de lesa humanidad, y que padecen lo que él llama franquismo sociológico. Ese síntoma pudo verse recientemente, con los homenajes que le rindieron el PP y el PSOE al fallecido ex funcionario de la dictadura Manuel Fraga Iribarne. “Acá hay un pasado que todavía tiene consecuencias, estamos viendo parte de las resistencias que hay en la oligarquía española para abrir las investigaciones. Quienes gestionaron este país desde que murió Franco son los hijos de la dictadura”, acusa el presidente de ARMH. “Ningún presidente del gobierno español después de muerto Franco ha hecho un acto público junto a las víctimas de la dictadura. Es como si ellas fueran una casta intocable a las que la política no se puede acercar. Eso produce que los pueblos sientan que tienen detrás un cacique que los vigila. Si un presidente se pusiera detrás de ellos sería una revolución en la política cultural española”, explicó Silva, recordando todas las plazas públicas que hay en España con el nombre de Franco.
Para entender el caso español, Silva señala que el organismo de derechos humanos que tiene el país depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir que no se fomentan las políticas de derechos humanos desde el Estado y son vistas como algo ajeno. “Somos el país del núcleo de la Unión Europea que tiene peor formación en derechos humanos y el país al que más falta le hace”, admite Silva. El director de la ARMH define a la Ley de Amnistía como el parapeto donde se esconden las elites de la dictadura que disfrutan de la impunidad. “Los 113.000 hombres y mujeres que están en las fosas son los padres de la democracia de este país”, dice Silva.
Informe: Juan Nicenboim.
Fuente:Pagina12
España: solicitan la nulidad de los procesos judiciales contra Garzón
24 de Enero de 2012
La defensa de Garzón realiza la solicitud alegando que las acusaciones hechas por grupos ultraderechistas no son válidas.
En la apertura del juicio oral contra el juez Baltasar Garzón -reconocido mundialmente por investigar y pedir extradiciones para juzgar a genocidas de diferentes dictaduras sudamericanas e investigar crímenes del franquismo- su abogado defensor, Gonzalo Martínez Fresneda, objetó la validez de las acusaciones contra el juez debido a que "no cumplían las exigencias legales mínimas" y contenían una "alta carga ideológica", por lo que "debieron ser anuladas".
Además indicó que el juez instructor Luciano Varela no sólo les dio "una segunda oportunidad" a los denunciantes, sino que los ayudó, "iniciativa que no tiene precedente".
Entre otros argumentos para solicitar la nulidad del juicio, el letrado se refrió al "sesgo peyorativo" del escrito de procesamiento, a que todas las pruebas solicitadas por Garzón fueron denegadas y a que las tesis del magistrado sobre el franquismo "se defienden alrededor del mundo".
Por su lado, la Fiscalía del Tribunal Supremo apoyó a la defensa y también solicitó la nulidad "radical" del proceso y el sobreseimiento de la causa, tras afirmar que los escritos de las acusaciones "debieron ser rechazados" y que "Garzón sufrió indefensión".
"La actuación del magistrado instructor es insólita e insostenible", señaló el fiscal Luis Navajas, quien consideró que sería "bochornoso" que un tribunal extranjero viniera después a decirnos que no "hemos sido imparciales y que se han vulnerado derechos fundamentales".
El juez español, de 56 años, se enfrenta a la pena máxima de 20 años de inhabilitación prevista por prevaricato (dictar a sabiendas una resolución injusta) al haberse declarado competente en 2008 para investigar más de 100.000 desapariciones forzadas del franquismo en el marco de crímenes de lesa humanidad.
La querella contra Garzón fue interpuesta por la organización ultraderechista Manos Limpias, y luego se sumaron otros dos grupos de corte fascista, Libertad e Identidad y el partido Falange Española de las JONS, aunque éste último fue expulsado del proceso por defectos de forma de la acusación.
Tras solicitar la defensa y la fiscalía el cierre y archivo del procesamiento, y la acusación su continuidad, el tribunal se retiró a deliberar.
La semana próxima se sabrá sobre la decisión para considerar o on la nulidad, y de denegar el pedido Garzón deberá sentarse en el banquillo para declarar.
A las puertas del tribunal se concentraron unas doscientas personas con una gran pancarta con el lema "No hay justicia para estos crímenes", en referencia a las ejecuciones franquistas.
"Contra la impunidad, solidaridad con las víctimas del franquismo", podía leerse en otra.
"Queremos jueces como Garzón", gritaban los indignados, que también llamaban "fascistas y terroristas" a las organizaciones ultraderechistas que llevaron al juez a los tribunales.
"Verdad, justicia, reparación. Ni olvido ni perdón", "Heridas abiertas, fosas cerradas", "Tenemos memoria, queremos justicia", o "Tribunal Supremo, vergüenza internacional", eran algunas de las consignas de os manifestantes.
Al ordenar su procesamiento, Varela sostuvo que Garzón, quien pidió la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1998) y logró que se juzgara en España al represor argentino Adolfo Scilingo (2005), "era consciente de que carecía de competencia" para investigar los crímenes del franquismo.
Además, lo acusó de "ignorar deliberadamente la Ley de Amnistía de 1977" y de "superar los límites de la Ley de Memoria Histórica de 2007" al ordenar las localizaciones y exhumaciones de las víctimas.
El juez, reconocido también por haber desactivado redes de narcotráfico y procesado a numerosos miembros de ETA y políticos corruptos, se declaró competente para juzgar los crímenes del franquismo dos años después de recibir una demanda de varias asociaciones de víctimas.
En su resolución, también autorizó la apertura de 19 fosas comunes en toda España, entre ellas la que se creía que estaban enterrados los restos del poeta Federico García Lorca.
El juez acusó al general Francisco Franco y a otros 34 militares golpistas de desarrollar "un plan sistemático de exterminio dilatado en el tiempo" contra los adeptos a la II República que "requería el uso de la violencia", similar al que llevó a cabo la Alemania nazi.
No obstante, declaró extinguida la responsabilidad penal de Franco y el resto de los militares sublevados, entre los que se incluyen generales como Emilio Mola, Juan Yagüe o Gonzalo Queipo de Llano, debido a que ya han muerto.
El magistrado posteriormente se inhibió a favor de los juzgados territoriales para que sean éstos los que esclarezcan el destino de los cerca de 160.000 desparecidos y unos 30.000 niños apropiados, pero las investigaciones se paralizaron.
Este es el segundo juicio contra Garzón. Hace cinco días tuvo que defenderse de los poderosos empresarios implicados en la trama de corrupción y lavado de dinero “Gürtel”, ligada al gobernante y derechista Partido Popular (PP), y sus abogados, que lo acusan de haber autorizado escuchas telefónicas ilegales en prisión.
Fuente:Minuto1
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