24 de enero de 2012

Human Rights Watch destacó la política de Derechos Humanos.

El camino de Memoria, Verdad y Justicia luego de la derogación de las leyes del perdón
Human Rights Watch destacó la política de Derechos Humanos
Publicado el 23 de Enero de 2012
Por Gerardo Aranguren
En su informe anual, el organismo elogió los juicios a los represores de la última dictadura cívico-militar. Criticó sin embargo las demoras de los procesos en la instancia de apelación. Recordó la desaparición de Jorge Julio López.

La ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) destacó en su informe 2012 los logros de la Argentina en materia de Derechos Humanos al juzgar los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. En un documento muy crítico con Europa por su “menguante respeto por los Derechos Humanos”, la organización señaló que “la Argentina continúa logrando avances significativos en los juicios”, aunque recordó que persisten graves problemas en las cárceles y en las restricciones a los derechos reproductivos de las mujeres.

El informe anual de HRW fue presentado ayer en El Cairo, Egipto, por su director Ejecutivo, Kenneth Roth, quien llamó a apoyar la “primavera árabe” y cuestionó a Europa por proclamar la importancia de los Derechos Humanos en los países árabes pero no en su territorio.

En su capítulo dedicado a la Argentina, el informe, que examina todos los años las prácticas de Derechos Humanos en el mundo, destacó los logros alcanzados desde 2003 en el proceso de juzgar a los responsables de la represión ilegal durante la última dictadura cívico-militar.

“La Argentina continúa logrando avances significativos en los juicios contra militares y policías por desapariciones forzadas, asesinatos y hechos de tortura ocurridos durante el período de terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, si bien hubo demoras procesales”, señala el documento conocido ayer.

La organización realizó un resumen de cómo la sociedad argentina llevó al banquillo de los acusados a los responsables militares y civiles del terrorismo de Estado. Recordó que en 2003 el Congreso anuló las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y que a esto se sumó en 2005 la declaración de la justicia federal de la nulidad de los indultos que otorgara el ex presidente Carlos Menem.

Según cifras oficiales de un relevamiento de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos, el total de condenados delitos de lesa humanidad llegaron durante 2011 a 267 desde el regreso de la democracia. A esto se suman las 843 personas que se encuentran procesadas, de las cuales más de la mitad ya tienen alguna causa en etapa de juicio o con requerimiento fiscal de elevación a juicio.

Al igual que la Unidad Fiscal y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Human Rights Watch cuestionó que los juicios “han sufrido demoras en la instancia de apelación y las causas suelen tardar más de dos años en llegar a los tribunales de alzada luego de la sentencia en primera instancia”. Además, criticó la baja cantidad de condenas que la Corte Suprema de Justicia o la Cámara Nacional de Casación Penal han dejado firme.

En el documento se destaca la sentencia en marzo de 2011 a los responsables del centro clandestino de detención Automotores Orletti, que funcionó como centro de operaciones en el país del Plan Cóndor. Por último, señala la preocupación por la seguridad de los testigos. “Jorge Julio López, un hombre de 79 años que había sido víctima de torturas, desapareció de su vivienda en septiembre de 2006, el día anterior a la fecha en que debía declarar en una de las últimas audiencias de una causa por violaciones de Derechos Humanos. Su paradero se desconoce hasta el día de hoy”, recordó.

Además del relevamiento sobre los juicios a represores, HRW analizó la libertad de expresión, las condiciones de detención en las cárceles, la investigación por el atentado a la AMIA y los derechos reproductivos en el país.

En el apartado sobre libertad de expresión, la organización resumió el proceso de sanción de la Ley de Medios en 2009 y las demoras en su aplicación por las medidas cautelares. Recordó como una amenaza a la libertad de los medios el pedido del juez Alejandro Catania para que periodistas que escribieron artículos sobre las mediciones inflacionarias de consultoras privadas revelaran sus fuentes, y aseguró que desde septiembre de 2010 se encuentra paralizado en Diputados un proyecto de ley para impulsar el acceso del público a información de organismos del Estado.

Con preocupación, la ONG revisa que por el atentado a la AMIA en 1994 “ninguna persona ha sido condenada”. “Las investigaciones y los juicios penales se han visto obstaculizados como resultado de corrupción judicial y encubrimientos políticos en el ámbito interno, y por la falta de cooperación de Irán, país al cual se atribuyen los atentados”, agrega el documento en el que se resalta la actitud de la presidenta Cristina Fernández y del ex presidente Néstor Kirchner, quienes han “pedido justicia en varias oportunidades durante su discurso anual ante las Naciones Unidas”.

En medio de la polémica generada a partir del pedido de una niña de once años de Entre Ríos para abortar tras una violación, HRW cierra su informe con un análisis muy crítico sobre los derechos reproductivos en el país. “Salvo excepciones limitadas, el aborto es ilegal en el país, y las mujeres y niñas enfrentan numerosos obstáculos al acceso a productos y servicios de salud reproductiva, como anticoncepción, procedimientos voluntarios de esterilización y aborto después de una violación”, reprocha la organización, y agrega que mientras se espera el tratamiento de varios proyectos de despenalización del aborto “cada año se producen aproximadamente medio millón de abortos ilegales, y el aborto inseguro ha sido una de las causas principales de mortalidad materna durante décadas”.

Problemas en las cárceles
Al relevar las condiciones en las cárceles argentinas, Human Right Watch consideró que “persisten graves problemas, que incluyen sobrepoblación, condiciones edilicias inadecuadas, abusos por parte de guardias penitenciarios y violencia entre internos”.

Se basó para su análisis la visita efectuada en junio de 2010 a la provincia de Buenos Aires del Relator Especial para los derechos de las personas privadas de su libertad de la Organización de los Estados Americanos, quien informó que, según cifras oficiales, 4040 internos (sobre una población carcelaria de 30.132 en la provincia) permanecían detenidos en celdas en dependencias policiales, las cuales no cuentan con condiciones necesarias para detenciones de largo plazo. El relator también señaló como preocupante la aplicación abusiva de la prisión preventiva, las torturas y los malos tratos por parte de guardias policiales, las condiciones sanitarias deficitarias y la atención médica deficiente en estos establecimientos.

Cita en el informe una denuncia del CELS de 2011 en la que indica que en 2010 las condiciones abusivas en las cárceles provocaron 124 muertes.

La clave
AMIA. Human Rights Watch dijo ver con preocupación la persistencia de obstáculos en la investigación por el atentado a la AMIA. Aunque cargó la responsabilidad en la falta de colaboración iraní y destacó la posición argentina al reclamar ante la ONU

Opinión
“La Argentina fue capaz de recuperar la senda de la justicia”
Publicado el 23 de Enero de 2012
Por Pablo Parenti
Unidad Fiscal de Seguimiento de Causas por violación de Derechos Humanos.

Si uno tuviera que referirse en pocas líneas al proceso actual de juzgamiento de los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, no podría dejar de destacar, por un lado, que se trata de una experiencia absolutamente valiosa, tanto si se tiene en cuenta nuestra historia, así como el contexto regional y mundial.

La Argentina fue capaz de recuperar la senda de la justicia luego de años de impunidad y transita un proceso de juzgamiento que abarca prácticamente todo el país y que tiene una enorme significación, tanto para reconstruir nuestra historia reciente como para nuestro futuro.

Sin embargo, hay que advertir que, pese a los importantes avances registrados en los últimos años, se trata de un proceso de juzgamiento claramente inconcluso y con muchos desafíos por delante.

Existe una gran cantidad de acusados con juicios orales pendientes y hay muchas causas que todavía permanecen en la etapa de instrucción. También hay provincias en las que el proceso de juzgamiento encuentra trabas muy difíciles de vencer (por ejemplo Jujuy).

Desde la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado consideramos que es imperioso redoblar los controles y los esfuerzos institucionales (sobre todo en el seno de la propia administración de justicia) para que los juicios todavía pendientes puedan concretarse rápidamente (por ejemplo, los juicios orales deben ser más ágiles) y las sentencias sean revisadas en tiempos razonables.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh                                  

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