LA PAMPA-SUB ZONA 14: Jefe de Policía de Marín investigado.

Martes, 17 de Enero de 2012
Jefe de Policía de Marín investigado por la Subzona 14
Otro ex jefe de la Subzona 14, Modesto Pedro Rooseleer; el médico policial Máximo Pérez Oneto; el ex jefe de Policía, José Daniel Alberdi; y el ex jefe de la Unidad Regional I, Luis Lucero; están entre los 35 nuevos nombres investigados en la denominada causa de la Subzona 14 II, en el marco de la segunda parte de la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en La Pampa durante la última dictadura militar. Ellos acompañaran, entre otros, al ex jefe de Policía durante la dictadura militar, el entonces mayor Luis Enrique Baraldini, hoy encarcelado luego de ser capturado en Bolivia.
A raíz del requerimiento de instrucción elevado por la fiscal Marta Odasso al juez federal Pedro Vicente Zabala, expediente que lleva el número 615/10, el tribunal santarroseño avanzará sobre 11 ex oficiales del Ejército y 24 ex oficiales y agentes de la Policía provincial que actuaron entre finales de 1975, cuando se creó la Subzona para "luchar contra la subversión", hasta 1983, cuando finalizó el denominado Proceso de Reorganización Nacional. La particularidad de esta investigación es que el avance sobre los casos previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, es algo que no se ha dado en muchos juzgados federales del país al tratar el Terrorismo de Estado.

Dos grupos.
La causa Subzona 14 II es la ampliación de la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se juzgaron el año pasado en el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa por delitos de los que resultaron condenados nueve represores -uno de ellos fallecido poco después-.
Odasso dividió en dos a los investigados por supuestos secuestros y torturas de 317 víctimas. Por un lado a los "autores mediatos", que son "aquellos individuos quienes, sin haber tenido intervención propia en la ejecución de los hechos ilícitos analizados, serían penalmente responsables por ellos -también como autores- en virtud de su poder de voluntad sobre los efectivos ejecutores. Ellos son quienes habrían tenido el dominio de la voluntad de los ejecutores en virtud de una maquinaria o aparato de poder organizados".
Y por otro lado, a los "autores", que son "aquellos individuos que habrían realizado de propia mano los delitos antes señalados; en otros términos, el de la eventual responsabilidad de aquellos que tuvieron el dominio de esas acciones".
Entre los "autores mediatos" hay once ex oficiales del Ejército -al menos dos de ellos fallecidos-; y entre los "autores" hay 28, aunque se repite los nombres con la lista anterior de cuatro oficiales del Ejército, y hay un ex comisario fallecido.

Ex militares.
Están mencionados como autores mediatos el coronel Fabio Carlos Iriart (jefe del Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101, de Toay, y de la Subzona, a partir de diciembre de 1975 hasta el mes de septiembre de 1977). Y quien lo sucedió, en el cargo el coronel Modesto Pedro Rooseleer -este fue el tercer jefe de la Subzona, ya que el primero fue el coronel Ramón Camps-.
Entre los funcionarios militares, está el coronel Néstor Greppi, que cumplió el rol de secretario general de la Gobernación (a partir del 24 de marzo del 76 hasta enero de 1977); y el militar Carlos Alfredo Ameza, que fue ministro de Gobierno, Educación y Justicia.
Otro es el mayor Luis Enrique Baraldini, que se desempeñó como jefe de la Sección de Inteligencia del Destacamento entre el 7 de diciembre de 1974 y el 18 de mayo de 1976, para pasar luego a estar a cargo de la Jefatura de la Policía de la Provincia. El ex oficial fue detenido en Bolivia el 24 de diciembre pasado luego de estar prófugo ocho años y expulsado de ese país. Actualmente está preso en la Unidad Penal 4.
Los otros pertenecen al Estado Mayor del Destacamento. Son el coronel Carlos Alfredo Sabbatini, que cumplió funciones de segundo jefe del Destacamento de Toay hasta 1977 y que está sospechado por la apropiación de una beba en La Pampa; el mayor José Edgardo Calderón (fallecido), que estuvo entre 1974 y 1976 a cargo de la Sección de Operaciones del Destacamento de Toay; el mayor Gerardo José Jáuregui que reemplazó en el puesto a Calderón desde diciembre de 1976; el mayor Luis Benavidez Samyn, que reemplazó a Baraldini en el 76 en Inteligencia; y el capitán Jorge Omar de Bartolo, quien durante 1976 estuvo a cargo de la Sección de Logística del Destacamento.
De estos oficiales del Ejército se indicó en la causa que sus conductas "se subsumirían" en las figuras delictivas de "privación ilegítima de la libertad (cometida por funcionarios públicos, y mediando violencia y amenazas"; "tormentos"; y "asociación ilícita".
"Se trata de las autoridades superiores militares o de las fuerzas de seguridad, quienes habrían, por un lado, emitido las órdenes en virtud de las cuales se cometieron los delitos investigados y, por otro, habrían puesto a disposición de este aparato ilegal todos los recursos materiales y humanos necesarios para el cumplimiento del objetivo criminal. Ellos serían, en consecuencia, quienes habrían dominado la voluntad de los ejecutores en virtud de un aparato de poder organizado", indicó el requerimiento de la fiscal.

Los "autores".
Entre los 28 que "cometieron directamente y de propia mano los delitos que afectaron a las víctimas", o sea secuestros y torturas, están nuevamente acusados los siete ex oficiales del Ejército y de la Policía presos actualmente por haber sido condenados en 2010: Omar Greppi, Omar Aguilera, Roberto Oscar Fiorucci, Athos Reta, Oscar Yorio, Néstor Cenizo, Roberto Escalada y Carlos Reinhart; más Hugo Marenchino, hoy excarcelado por tener la libertad condicional. Y también otros dos, uno que ya fue procesado: Iriart; y otro que espera preso su situación: Baraldini.
En la lista sigue el médico Máximo Pérez Oneto por "participación en torturas"; Miguel Gauna -secuestro y tortura-; Juan Domingo Gatica -secuestro-; Oscar "Miseria" López -secuestro y tortura-; Rubén René "Chaleco" Giménez -secuestro y tortura-; Eulises Guiñazú (fallecido) -secuestro y tortura-; Chamorro -tortura-; Luis Lucero -secuestro-; Miguel Ochoa -secuestro y tortura-; Eduardo Velásquez -tortura-; Carmelo Carnovale; Humberto Riffaldi, ex jefe de la D2, la Sección de Inteligencia de la Policía; Orlando Pérez -secuestro-; el ex jefe de Policía, José Daniel Alberti -secuestro-; Mario Balduini -secuestro-; Enrique Pereyra -secuestro-; Ignacio Sosa -secuestro-; y Benavides, del cual se ignora el nombre, pero puede ser el oficial del Ejército, por torturas. En su mayoría, las acusaciones surgieron del juicio oral y público realizado por el TOF local.

LOS QUE
QUEDAN
La fiscal Marta Odasso, en su requerimiento, dejó abierto investigar la situación de un grupo de policías, en su mayoría suboficiales y agentes, que estuvieron de "apoyo" de los secuestros y torturas, por lo que "realizaron comportamientos que claramente se incluyen en un amplio espectro de actividad delictiva". La funcionaria indicó que "este grupo, se conforma por todas aquellas personas que trabajaron en la Seccional Primera de Policía, en la Brigada de Investigaciones, en la Comunidad de Información, etc., como torturadores, guardias, administrativos y no existen pruebas en autos para acreditar que cometieron de propia mano los crímenes de esta instrucción".
Fuente:LaArena