Cristina Fernández, es la clave para ordenar a la justicia federal de Mendoza.
Hace dos años que la los Tribunales Federales están en crisis. La salida debe comenzar por los nombramientos de las dos vacantes que están demoradas por la Presidenta. La incidencia de los juicios a los represores se mezcla con los tironeos entre el gobierno nacional con los grupos mediáticos.
Cual programa televisivo que promueve el vouyerismo colectivo, la vida en los Tribunales Federales transcurre hermética pero intensa y comentada en los pasillos del poder político y judicial.
Cual Gran Hermano televisivo pero sin un término ni una resolución prevista, sólo una posibilidad aparece en el horizonte y es la definición de la presidenta Cristina Fernández a la que se le atribuye el papel de la gran titiritera en este escenario.
Actualmente hay dos espacios que se deben cubrir y depende de la decisión presidencial. La vacante en la Cámara de Apelaciones luego de la renuncia de Carlos Pereyra González ocurrida en abril de 2009 y aceptada por el Ejecutivo debe ser resuelta de una terna que se encuentra en la Casa Rosada. Pereyra González fue el único camarista que zafó del enjuiciamiento por su comportamiento como secretario judicial en un juzgado faderal de San Luis durante la última dictadura militar.
En tanto en el Juzgado número 3 también debe ser también ocupado por un magistrado titular ya que, curiosamente quien ocupa ese espacio es el mismo juez que lo dejó para jubilarse: Alfredo Manuel Rodríguez.
Reseña de una demora
Ambos espacios están vacíos desde hace más de dos años y desde el mismo ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación donde se confeccionan las ternas de postulantes, sostienen que la demora se debe a las especulaciones que el mismo Gobierno central hace para generar una especie de competencia entre quienes promueven a los candidatos a esos cargos.
En medio de esto, el proceso de los juicios por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar que se desarrollaron en Mendoza generaron un clima de tensión interna en los Tribunales Federales locales. Sobretodo porque quedaron involucrados dos camaristas señalados como parte del sistema represor y judicial que facilitó las violaciones producidas por el régimen de facto impuesto por las fuerzas armadas desde 1976.
Uno de ellos, Otilio Romano quien se encuentra en algún lugar de Chile (aseguran que está veraneando en alguna exclusiva playa con vista al Pacífico). Romano ha pedido asilo político y en Mendoza se lo reclama por estar acusado de haber facilitado delitos imprescriptibles cuando era fiscal federal hace 35 años. Para Argentina Romano está prófugo y el Tribunal de Enjuiciamiento lo encontró responsable de esas irregularidades y lo destituyó como magistrado. Miret corrió igual suerte aunque su situación personal es menos gravosa. El otro camarista en el foco de la tormenta es Julio Petra sobre el cual también pesa acusaciones similares.
El entuerto de Romano ha condicionado el ambiente judicial y ha puesto en valor ante los ojos kirchneristas, a dos magistrados que se encuentran alejados entre sí pero que están en la misma línea de ponderación del oficialismo. Ellos son el fiscal federal Omar Palermo y el juez federal Walter Bento. Palermo acusó a Romano y a Miret por sus actuaciones como funcionarios judiciales durante la dictadura y Bento acusó a Romano y luego pidió su captura internacional.
El caso Romano tiene relevancia nacional azuzado por los medios afines al gobierno y desde esos mismos plafones se insiste que la presidenta en su próxima visita a Chile presione para que el país trasandino resuelva la extradición del ex camarista.
Los postulantes y sus avales
Señalan desde los sectores judiciales que dos postulantes a sendas vacantes están avalados por Bento. Se trata de Juan Jesús Castilla segundo en la terna para la Cámara Federal y Marcelo Garnica que se encuentra como tercer postulado para el Juzgado Federal. Ambos son asistentes del juez federal con competencia electoral en el Mendoza.
Con Castilla compiten para camarista la actual jueza federal del Tribunal número 2, Olga Pura de Arrabal (que encabeza la terna) y el actual fiscal de Cámara de la justicia provincial, Javier Pascua (el tercero en la nómina).
La magistrada federal.
A Pura de Arrabal se la identifica como una magistrada enfrentada con los intereses kirchneristas por sus fallos contra la aplicación de la Ley de Medios por pedido del diputado nacional por Mendoza y opositor Enrique Thomas. Sin embargo, esta magistrada fue determinante en el capítulo judicial que terminó con la intervención de Cablevisión (la empresa de televisión por cable del Grupo Clarín) por planteo de Supercanal del tándem Vila-Manzano. Pura de Arrabal impulsó la causa que terminó definiendo Bento porque ella se tuvo que apartar al ser recusada por los abogados del multimedios de la familia Noble.
El fallo que ordenó la desarticulación de la empresa de TV por cable del Grupo Clarín benefició al Gobierno en la pelea mantiene con el multimedios más grande del país. Aunque ahora la causa puede terminar en la Corte de la Nación por la irrupción del un juez federal salteño quien reclamó para sí el expediente por una cuestión de territorialidad y le exigió a Bento que se aparte. Cablevisión representa casi el 70 por ciento de los ingresos del Grupo Clarín.
Por lo que se ve, y de acuerdo a los cálculos que hacen los entendidos de los devenires políticos, la jueza Pura de Arrabal todavía cuenta con chances para acceder a la Cámara Federal de Mendoza por ser la primera en la grilla de postulantes y porque sus fallos que han favorecido al Grupo Vila-Manzano han ido en consonancia con los intereses K. Sin descontar el poder looby que tiene actualmente el empresario José Luis Manzano quien es un frecuente visitante a la Casa Rosada.
En tanto Pascua parece correr con menor posibilidad ya que ocupa el último lugar en la terna de postulantes y antes de ser magistrado provincial también fue funcionario federal y colaborador directo del ex juez federal, Luis Leiva quien a su vez es confeso amigo de Otilio Romano. De hecho, Mariana Leiva es sobrina del ex juez y esposa Pascua. La mujer está apuntada por los organismos de derechos humanos por haber declarado para apartar a Bento de la causa contra Romano.
Hace más de un año, los mismos letrados que impulsan los juicios por crímenes de lesa humanidad en Mendoza han objetado a Pascua ante el ministro de Justicia de la Nación Julio Alak En ese escrito acusan a Pascua de discriminar a bolivianos y a homosexuales, de oficiar de informante de policías federales acusados de cometer ilícitos, de pedir condena perpetua para acusados pobres y ser blando con imputados con poder económico.
En tanto para ocupar el Juzgado Federal 3, además del mencionado secretario judicial Garnica que es respaldado por el juez Bento, de acuerdo a los observadores dentro del Consejo de la Magistratura, se encuentras en carrera, en primer término la funcionaria judicial Claudia Nofal, hermana de la economista mendocina Beatriz Nofal. Y en segundo término se ubica el actual fiscal de Instrucción de la justicia mendocina, Jorge Calle.
La situación es compleja dentro de la justicia federal en Mendoza, la resolución está en manos de Cristina Fernández. La presidenta debe asegurar justicia a los ciudadanos mendocinos y debe comenzar por cubrir los cargos vacantes pero debería ir más allá y transparentar la manera de definir los magistrados. Por las descripción anterior se nota que quedó atrás aquel histórico proceso de selección y evaluación exhaustivo que se aplicó para conformar la nueva Corte de la Nación que en el inicio del periodo de la administración K impulsó el entonces presidente Néstor Kirchner. Después de semejante desguace en la justicia federal local amerita un ordenamiento del aparato judicial acorde a la demanda ciudadana para que haya real Justicia. ¿Será Justicia?
Jorge Fernández Rojas
FuentedeOrigen: http://www.mdzol.com/mdz/nota
Fuente:Agndh
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