Por Leónidas Ceruti
Monday, Jan. 16, 2012
Privatización del Frigorífico Lisandro de la Torre: Enero 1959
Entre los ajustes, la resistencia y el represivo Plan Conintes
Sumario
Introducción
El proyecto del desarrollismo
Frondizi y los trabajadores
El Frigorífico Lisandro de la Torre y la privatización
Toma, represión y resistencia
La lucha pasó al barrio
Los conflictos aumentaron
El represivo Plan Conintes
El Plan Larkin
Aquellos años y estos
Introducción
En este artículo centraremos nuestro análisis recordando la Privatización del Frigorífico Lisandro de la Torre, la heroica lucha de los obreros de la carne, la represión y la lucha en el barrio de Mataderos. Aprovechamos para repasar las políticas de Frondizi para con la clase obrera: los ajustes, las privatizaciones, el pase a disponibilidad de los empleados estatales, congelamiento de salarios, despidos. A la vez rescatamos las huelgas y resistencia de los trabajadores, y la decisión del Ejecutivo Nacional de sancionar y aplicar el Plan Conintes, para reprimir a los asalariados que se oponían a esas políticas, a los que llamaban “terroristas”. Finalmente abordamos el panorama actual, con los planes tanto del gobierno nacional como de las gobernaciones.
El proyecto del desarrollismo
En las elecciones presidenciales de 1958, Arturo Frondizi, que se había apartado de la Unión Cívica Radical, supo capitalizar el fracaso de los golpistas del 55. Con la proscripción del peronismo, la porción mayoritaria del electorado que no tenía posibilidades de manifestarse a través de expresiones políticas propias, la UCRI (Unión Cívica Radical Intransigente) se decidió a captar esos votos a través de una negociación directa con el líder justicialista.
El pacto implicaba, por parte de Perón, desautorizar a los movimientos neoperonistas y dejar en libertad de acción a la masa peronista a fin de que sufrague en la forma que mejor exprese su repudio a la dictadura militar y a la política seguida por ella en todos los órdenes. Frondizi se comprometía, en caso de asumir el gobierno, a restablecer las conquistas logradas por el pueblo en los órdenes social, económico y político; a anular todas las medidas de persecución política adoptadas desde el 16 de septiembre de 1955: procesos, interdicciones, inhabilitaciones; a normalizar los sindicatos y la CGT en un plazo de ciento veinte días; a devolver la personería y los bienes al Partido Peronista, y a convocar, en un plazo máximo de dos años, a una Convención Constituyente que declararía la caducidad de todas las autoridades y llamaría a elecciones generales. Se aseguraba así el respaldo numérico del peronismo.
Frondizi asumió con un programa que tenía entre los puntos principales en el plano económico desarrollar un complejo industrial integral poniendo el mayor énfasis en las llamadas industrias básicas o industria pesada como el acero, química, petroquímica, celulosa, maquinarias. Todo a través del flujo masivo de capitales extranjeros, para proveer los recursos requeridos. La política industrial significó una apertura sin restricciones a la inversión externa y se produjo una concentración creciente en manos de las empresas extranjeras, que controlaron así importantes sectores de la economía.
En síntesis, desde el gobierno nacional se trataba de lograr una inversión masiva de capitales en la industria pesada, infraestructura y secundariamente en la renovación del capital constante ya acumulado, pero ineficiente por el atraso tecnológico.
Frondizi y los trabajadores
Las relaciones de Frondizi con los trabajadores y las organizaciones sindicales se intensificaron unos días antes de su asunción a la presidencia, cuando respondió al memorando que le remitieran las 62 Organizaciones, con una declaración en la que prometió aumentos masivos de salarios para contrarrestar el aumento del costo de la vida, ya que “la correlación salarios-costo de la vida ha sufrido una variación sustancial en prejuicio de la clase trabajadora, el gobierno aplicará de inmediato como anticipo de los convenios a firmar entre las partes un aumento de emergencia, que no trabe la producción y eleve el costo de vida. El salario deberá tener un apropiado poder adquisitivo”. Además dejó en claro el “derecho de las organizaciones obreras a desarrollar sus actividades en libertad y de gozar de sus derechos, incluyendo entre ellos el derecho de huelga. Se propiciará la derogación de toda legislación represiva que impida a los gremios defender a los trabajadores, y se devolverá la CGT a los trabajadores”. (1)
El trato con los sindicatos continuó con el cumplimiento de lo pactado: se sancionó la Ley de Asociaciones Profesionales el 8 de agosto de 1958, reclamada por el sindicalismo, y que respetó los fundamentos que habían dado al peronismo su dominio en las organizaciones sindicales: una sola central obrera, un solo sindicato por rama de actividad y listas completas en las elecciones. Posteriormente se normalizó la CGT, devolviéndose a sus legítimas autoridades diversas federaciones.
En su primer mensaje ante el Congreso, el 1º de mayo de 1958, Frondizi en varios pasajes se refirió a la clase obrera y los gremios, apuntando que “Cesarán las intervenciones, interdicciones e inhabilitaciones gremiales, la entrega de las organizaciones sindicales que todavía deben reintegrarse a sus legítimos dueños deberá cumplirse en término breve y perentorio. El debate entre los trabajadores se desarrollará sin injerencia alguna del Estado. Quedará descartada la intromisión policial en la vida sindical. El Poder Ejecutivo no reconocerá ningún derecho a la dirección de un sindicato que no nazca de la voluntad de los afiliados. Democracia sindical, elección de los legítimos representantes, el gobierno garantizará el derecho de huelga, de asociación, de reunión, de expresión”. Puntualizando sobre las libertades democráticas que “Mientras dure nuestro gobierno, en la Argentina nadie será perseguido por sus ideas, ni por su actuación política o gremial, ni habrá otras comisiones investigadoras que aquellas que se propongan estudiar las inmensas posibilidades de progreso espiritual y material de la Nación”. (1 bis)
La lucha de clases demostraría todo lo contrario.
Ese año, los acontecimientos más importantes fueron la huelga de petroleros de Mendoza durante octubre, la denuncia de Perón de los contratos petroleros a principios de noviembre, la huelga ferroviaria, las elecciones en varios gremios donde triunfaron los dirigentes agrupados en las 62 Organizaciones.
A pesar de que el Ejecutivo Nacional había decidido tanto aumentos de salarios como una amnistía general, la relación del gobierno con el movimiento obrero se fue deteriorando, destacándose:
*.- El anuncio del gobierno, a fines de diciembre de 1958, del Plan de Estabilización, que consistió en la aplicación de la ortodoxia monetarista recomendada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las medidas que afectaron a la clase obrera fueron la reducción del gasto público, las tarifas de los servicios que fueron considerablemente aumentadas, como las ferroviarias entre el 50 y 60%, el precio del petróleo aumentó el 200%, la electricidad el 50%, se congelaron las vacantes del Estado, reduciendo el personal en 40.000 personas, las obras públicas fueron paralizadas. Además se estableció el mercado libre de cambios, abolición de los controles de precio, eliminación de los subsidios a los productores, etc.
*.- La huelga de los petroleros en Mendoza, en noviembre de 1958, llevó al presidente a acusar a peronistas y comunistas de un plan subversivo. Se declaró el Estado de Sitio, movilizándose tropas militares, deteniéndose a numerosos dirigentes sindicales.
*.- Conflictos en bancarios, textiles y metalúrgicos.
*.- Huelga de los obreros de la construcción de 45 días.
En diciembre de 1958, en plena vigencia del Estado de Sitio dictado para tratar de frenar las luchas obreras, el Gobierno había reprimido duramente las protestas de los ferroviarios con el recurso de la movilización del personal, lo que los colocaba bajo las leyes militares y los obligaba a trabajar. Varios activistas ferroviarios fueron juzgados y condenados por tribunales militares por su participación en las medidas de fuerza.
En los primeros días de enero de 1959, el presidente Arturo Frondizi tenía previsto visitar los Estados Unidos; sería el primer mandatario argentino en visitar oficialmente la potencia dominante de posguerra. Su política reciente había dado muestras sobradas de su alineamiento.
El Frigorífico Lisandro de la Torre y la privatización
A fines de 1958, el gobierno nacional se olvidó de las promesas y del pacto con Perón, y la industrialización avanzaba en manos de capitales extranjeros. La crisis se profundizaba al compás de posibles privatizaciones y del Plan de Estabilización que le había prometido al FMI.
Esto impactaba directamente sobre los trabajadores: congelación salarial, despido de la planta de empleados públicos, además de las privatizaciones en los sectores del petrolero, servicios y también en el sector productivo.
El Frigorífico Lisandro de la Torre, ubicado en el barrio de Mataderos, era el más grande de América Latina. Nacionalizado por Perón y cedido a la municipalidad de la Capital, para aprovisionar el consumo de los habitantes de Capital y Conurbano. Se faenaban un millón y medio de kilos de carne vacuna por día.
Hacia fines de los 50, se había convertido en un objeto de deseo de los grupos privados ligados a la industria de la carne por la importancia creciente que iba adquiriendo en el rubro el mercado interno por sobre los negocios de exportación. Su privatización formaba parte del Plan de Estabilización pactado por Frondizi con el FMI.
En este contexto, el 10 de enero de 1959, el Poder Ejecutivo envió a las cámaras un nuevo proyecto de Ley de Carnes que contemplaba la privatización del frigorífico. El objetivo manifiesto era venderlo a la C.A..P. (Corporación Argentina de Productores), controlado por los ganaderos. El interés de estos en la posesión de establecimientos frigoríficos era reciente, pues el mercado internacional para las carnes argentinas había decaído y el mercado interno era el destino obligado de las mismas.
El sindicato tenía un contraproyecto para aumentar la productividad y el rendimiento de la planta mediante la adquisición de maquinaria para la utilización y aprovechamiento del sebo, la cerda, la sangre, las pezuñas, etc. Al decir de los trabajadores: "Lo único que no pudimos lograr fue una forma de industrializar el mugido".
El 12 de enero, alertados por el inminente tratamiento de la ley, se entrevistaron con el presidente de la Cámara de Diputados, el Dr. Gómez Machado, quién se comprometió a darles una respuesta el día siguiente. A la salida, Sebastián Borro expresó al diario Clarín que los obreros estaban dispuestos a luchar hasta el fin para evitar la privatización: “…le diremos a usted algo que no le hemos dicho al Dr. Gómez Machado. En camiones cargaremos los escombros del frigorífico…”. Para el día siguiente, en que la ley sería tratada en Diputados, el sindicato convocó a una concentración en la Plaza del Congreso. La seguridad de los parlamentarios fue reforzada con la Guardia de Infantería, mientras dos mil obreros se movilizaban con un ternero en el que habían pintado: “Señores Diputados, no me entreguen, quiero ser nacional”. Contra lo que les habían prometido, esa noche la ley fue sancionada. Era la madrugada de la última sesión del año. En la Cámara de Senadores se aprobó sin debate: todos los legisladores eran del oficialismo. (2)
Siempre aprobando esas leyes a escondidas y a las apuradas.
Toma, represión y resistencia
El miércoles 14 de enero, el cuerpo de delegados convocó a una asamblea luego de conocer la decisión de Frondizi de no recibir a la Comisión Directiva. La noticia había corrido y el barrio se encontraba convulsionado por los acontecimientos.
La investigación de Ernesto Salas sobre lo acontecido en esas jornadas es ejemplificador de una de las luchas de resistencia de la clase obrera que se destacaron en el periodo, y por ello queremos compartir estas líneas: “Al otro día, los obreros fueron a trabajar, pero no abandonaron el edificio. A una nueva asamblea masiva concurrieron ocho mil obreros y decidieron mayoritariamente mantener la toma y realizar un paro por tiempo indeterminado. La bandera del frigorífico fue izada a media asta. En tanto, Frondizi recibió finalmente a la comisión y a representantes de las “62 organizaciones” que le solicitaron que vetara la ley, pero éste se negó. En el testimonio de uno de los participantes de la reunión: “Entonces se preveía que iba a haber represión, los obreros para atrás no íbamos a ir”.
La organización interna de los obreros estaba meticulosamente estudiada, un grupo cuidaría las maquinarias para evitar sabotajes de los infiltrados mandados por los patrones, otro grupo atendería a los animales. Se dispuso entonces grupos de choque para defender el patrimonio nacional y la fuente de trabajo: se tendría que mantener la caldera caliente para resistir el embate con las mangueras de agua caliente, se largaría la hacienda para atropellar a los represores, desde el segundo y tercer piso se tirarían rondanas para trabar las orugas de las tanquetas o para pegar de lleno a los invasores. También había grupos externos buscando apoyo en la barriada de Mataderos.
A las pocas horas de iniciada la toma, el frigorífico estaba rodeado por miles de personas en señal de apoyo, estudiantes, vecinos, familiares, comerciantes. La prensa nacional se apostaba en la entrada, ante el portón en el que se colgó una bandera que rezaba: "En defensa del patrimonio nacional". (3)
Los piquetes de guardia en las esquinas del frigorífico fueron los primeros en dar la alarma. Lo que vieron fue una poderosa fuerza represiva que avanzaba hacia el establecimiento: 22 ómnibus cargados con agentes, carros de asalto de la Guardia de Infantería, camiones de bomberos, patrulleros, cuatro tanques Sherman del Regimiento de Granaderos a caballo y varios jeeps con soldados provistos de ametralladoras, estos últimos al mando del Teniente Coronel Alejandro Cáceres Monié. La fuerza así reunida era de unos dos mil hombres.
A las cuatro de la madrugada llegaron refuerzos de Gendarmería y un tanque tomó posición frente al portón. Los obreros en grupos se treparon a los muros y a la puerta de entrada. Ricardo Barco, delegado comunista que observaba la escena, lo cuenta así: “Avanzan los tanques. Estábamos colgados de los portones, porque un poco en la bronca y otro poco de inconciencia, lo que pensamos es que iban a meter la arremetida pero que lo iban a parar [...] Yo, desde el portón, cuando el portón pegó el cimbronazo, pasé por arriba de los árboles y fui a caer en un cantero allá como a cinco o seis metros…y todavía allí cayeron otros [...] En medio de eso, que el tanque entra, avanza, la gente se da vuelta, se para en el mástil y empieza a cantar el Himno Nacional…no hay palabras para decir lo que siente uno en ese momento. Algunos corren a refugiarse de las balas y gases policiales; otros, cuchillo en mano, se abalanzan contra la policía”.
Quienes tenían la misión de largar la hacienda lo intentan en vano. "En la huelga de 1948 las largamos y fue una estampida de decenas de miles de cabezas que se llevaba todo por delante, no quedaba nadie, ni policías ni nosotros. En cambio en el 59 salieron, pero al trotecito, y se pusieron a comer el pasto de las veredas: parece que las vacas también habían hecho su experiencia...". Los animales se movieron poco y nada, y se entretuvieron pastando en los canteros de la planta. Quedó para la historia aquello de “las vacas estaban cansadas”. (4)
La resistencia duró tres horas, aunque la mayoría de los obreros saltaron los muros y se refugiaron en su barrio. Desde el cuarto piso, un grupo tiraba con todo lo que tenía al alcance. A las siete de la mañana la policía retomó el control: 95 obreros fueron detenidos y nueve resultaron heridos.
Las 62 Organizaciones, hegemonizadas por el vandorismo, al frente de la CGT, decretan un paro nacional. Sin organizar la medida y sin tomar ninguna precaución, los dirigentes vuelven a sus respectivos sindicatos. Al llegar, uno a uno fueron detenidos: la burocracia se quitaba así de encima la responsabilidad de garantizar el paro que había declarado.
La indignación por lo ocurrido recorrió el barrio. Durante varios días obreros y vecinos libraron duras batallas contra las fuerzas de seguridad. Mataderos se convirtió en el barrio de las barricadas, se hacían con adoquines sacados de las calles, vías del tranvía, cubiertas de ómnibus de líneas incendiadas y clavos miguelitos. Por la noche los activistas cortaron el alumbrado y la policía fue recibida a pedradas desde las azoteas. Los trabajadores de las inmensas fábricas vecinas, Pirelli y Federal, se unieron a los del frigorífico.
La clase obrera de la zona se transformó en el dirigente espiritual de la población vecina. Era la industria frigorífica predominante quien gobernaba y ordenaba la existencia misma de todo ese complejo urbano. Los lazos informales de la familia, la vecindad y el lugar de trabajo adquirieron una potente homogeneidad, reforzada en su máxima expresión cuando el Estado y su aparato represivo se aprestó a atacarlos. Estos lazos primarios fueron los que comenzaron de entrada a proveer la seguridad y defensa a los obreros y activistas en un plano que ninguna organización formal podía igualar. El barrio vivió una conmoción: en la calle, ¡con las manos!, se levantaron las vías del tranvía. Se hicieron barricadas arrancando el adoquinado, se derribaron árboles, se acumulaba madera, se prendía fuego. Participaba todo el mundo, los obreros, los militantes, los familiares y los vecinos. Inclusive los comercios se adhirieron, porque era una lucha que le pertenecía a todo Mataderos.
En tanto, el gobierno allanó varios sindicatos y detuvo a varios dirigentes. Además declaró “zona militar” a las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada y ordenó su custodia con tropas militares. Entre tanto, Sebastián Borro y otros dirigentes de gremios chicos, como Jorge Di Pasquale, organizaban la huelga. Desde los Estados Unidos, Frondizi declaró: “…la conducción del país la tiene el gobierno y no los gremios”.
Luego de tres días el movimiento de fuerza se debilitó. El miércoles 21, las “62 Organizaciones” decidieron el cese de las medidas de fuerza.
El sindicato del “Lisandro de la Torre” nunca levantó la huelga; luego de varios meses y con Borro capturado, 5000 obreros fueron cesanteados. El frigorífico fue vendido a la CAP. Una investigación realizada en 1974 por una comisión de la Cámara de Diputados descubrió que la CAP había pagado sobreprecios a sus asociados durante años y que los quebrantos, que eran enjugados con fondos públicos, habían constituido una virtual estafa. (5)
El gobierno nacional pretendía más Productividad, Racionalización y Control Interno.
Entre abril y junio, durante 69 días se llevaron adelante dos importantes conflictos como las huelgas de bancarios y seguro. Luego entre julio y agosto se produjo una gran huelga de los azucareros de Tucumán.
Los bancos se habían visto alentados por la política económica impulsada desde el ejecutivo nacional, y a pesar de sus millonarias ganancias, se negaron a conceder el aumento de salarios solicitado y gestionado por los trabajadores bancarios, y el gremio decidió recurrir al paro para apoyar sus reclamos.
Durante toda la huelga, las asambleas generales se sucedieron casi con regularidad diaria, y todos los trabajadores afectados pudieron seguir, con su presencia y participación, las alternativas de la lucha y las gestiones realizadas por el Comité de Huelga. Desde las asambleas partían vibrantes manifestaciones callejeras; se realizaban concentraciones masivas como la concretada en plaza Congreso, apoyados por distintos sectores de la sociedad, hasta el punto de que el MUCS y las "62" declararon un paro general en solidaridad, que se cumplió el 15 de mayo de 1959.
El conflicto duró varias semanas y la huelga debió ser levantada y dejó 5.000 cesantes. Ello representó un duro revés, pero, como decían los bancarios en un folleto de balance “... la lucha, lejos de haber terminado, no ha hecho más que cumplir una importantísima etapa; la victoria final pertenece a las fuerzas sociales que crecen y se desarrollan: a la clase trabajadora, dueña del porvenir”. (6)
Del 23 de julio al 13 de agosto se produjo otra importante huelga, esta vez de los obreros azucareros de Tucumán. La política de los empresarios azucareros incluía no sólo no conceder los aumentos de salarios pedidos, sino que pretendían no levantar la cosecha ese año a fin de aplastar al proletariado azucarero, destruir su organización sindical, arruinar a miles de pequeños y medianos cañeros obligándolos a venderles sus tierras, provocar la intervención federal a la provincia y lograr la vuelta de los cuatro ingenios oficiales a manos privadas.
La Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) y la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) formaron un frente único para coordinar la lucha. Se sumaron a la lucha los cañeros, organizados en la Unión Cañeros Independientes de Tucumán, quienes realizaron grandes asambleas los días 2 y 4 de agosto, en Concepción y en Monteros. Por su parte, la Regional de la CGT, en su plenario del 1 de agosto, resolvió una huelga general para los días 6 y 7; ésta se cumplió con manifestaciones y la policía intervino brutalmente, sableando a los trabajadores y dejando como saldo un muerto y dos heridos de bala. En repudio a ese asesinato, se decretó la huelga general.
La huelga azucarera y el paro general conquistaron un aumento de salarios del 70 por ciento. El gobierno retiró la personería gremial a la FOTIA por solicitud del gobernador Gelsi. Castigados por la represión los azucareros volvieron al trabajo el 13 de agosto. (7)
A nivel nacional hubo intentos de unidad para enfrentar la ofensiva patronal y del gobierno. El sábado 22 de agosto de 1959, se realizó el plenario del MUCS y las 62 Organizaciones que conformaron el Movimiento Obrero Unificado y aprobaron una “Declaración de Principios” para la acción conjunta, que firmaron los Gremios Independientes, como la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Asociación del Personal Aeronáutico y Asociación Argentina de Telegrafistas, Radiotelegrafistas y Afines.
Plantearon el siguiente programa de reivindicaciones:
1.-Libre discusión de los convenios colectivos de trabajo y defensa del carácter nacional de los mismos, de acuerdo con la Ley 14.250,
2.-Lucha efectiva contra la carestía, mediante la fijación de precios máximos, y la creación de una comisión con amplia participación obrera, que estudie los costos, reajuste los salarios y vigencia del salario mínimo, vital y móvil.
3.- Medidas concretas para asegurar la estabilidad de los trabajadores. Paralización inmediata de suspensiones y despidos, derogación del Art. 13 de la ley 14.794 y reincorporación de todos los cesantes por motivos gremiales y / o políticos (bancarios, seguro, petroleros, etc.)
4.- Aplicación inmediata de la ley 14.449 que fija el 82% y 75% móvil para jubilados y pensionados,
5.- Sanción definitiva de la reformas de la ley 11729. Actualización y reforma de las leyes Nº 9688 y 11.933 (de accidentes de trabajo y de maternidad),
6.- Defensa y desarrollo de la industria sin afectar el patrimonio y la soberanía del país. Cese del plan de desnacionalizaciones (Transportes, Aerolíneas Argentinas, etc.) y cierre de la importación de todos los artículos de fabricación nacional,
7.-Solución inmediata al conflicto del Frigorífico Nacional de acuerdo al plan propuesto por los legítimos representantes obreros,
8.- Cese inmediato de todas las intervenciones en las organizaciones obreras, y convocatoria de elecciones en todas aquellas que aún no lo hubieran hecho, de acuerdo con la ley de Asociaciones Profesionales, en un plazo no mayor de 30 días,
9.- Defensa de los derechos y libertades sindicales. Devolución de la personería gremial a FOTIA,
10.-Derogación de la ley inconstitucional que cercena el derecho de huelga,
11.- Normalización inmediata de la Confederación General del Trabajo,
12.- Levantamiento del estado de sitio. Derogación de todas las leyes represivas y plena vigencia de la Constitución Nacional,
13.- Entrega de las tierras a quienes trabajan, mediante una profunda reforma de la actual estructura latifundista. (8)
Todo se complicaría para la clase obrera en 1960, ya que como hemos comentado, el año anterior se habían producido varias huelgas y según algunos analistas las derrotas sufridas trajeron “desmoralización y aislamiento”. En síntesis, producto de los paros en Capital Federal, no se trabajaron en total 1.078.138 días, y fueron a la huelga más de 1.400.000 obreros. En el año los enfrentamientos más importantes fueron los protagonizados por los obreros del frigorífico Lisandro de la Torre, los bancarios durante tres meses extendieron por todo el país su huelga, posteriormente se sumaron los metalúrgicos, con 41 días de lucha y los textiles con su paro por tiempo indeterminado. A ese panorama, de cuatro importantes conflictos, se agregaron cientos de disputas menores y tres huelgas generales.
El represivo Plan Conintes
Frente a la situación económica que se agravaba y la resistencia de amplios sectores obreros, hicieron que el gobierno pusiera en funcionamiento el “Plan Conintes”, establecido a principios de 1960, para reprimir a obreros y opositores, sometiendo a jurados militares a los acusados de terrorismo y las condenas fueron extremadamente severas. Los ferroviarios fueron movilizados militarmente tanto a fines de 1958 como en 1961, luego de dos conflictos que se extendieron por todos los ramales del país.
Se aprobó la Ley de Organización de la Nación para Tiempos de Guerra, y en marzo de 1960 decretó la aplicación del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), que permitía dividir el país en zonas de operaciones, y a partir de esa fecha los actos de terrorismo y similares ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales militares. El Artículo 15 preveía la aplicación de la ley marcial, que implicaba previo juicio sumarísimo el fusilamiento de las personas halladas culpables de actos de terrorismo. El plan fue un acuerdo general de ministros, y nombraba como autoridades de ejecución a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y colocaba bajo su subordinación a las policías provinciales. Hubo más de 2000 detenidos, 500 condenados, y se registraron numerosos despidos gremiales. Se produjo además una purga de activistas de base y depuración de delegados de las fábricas, y comenzaron a circular las listas negras.
El Plan Larkin
Las relaciones durante 1961 de los gremios con el gobierno fueron cada vez más conflictivas, y la CGT realizó varios paros generales, el primero el 18 de julio, el segundo el 6 de octubre, y finalmente en noviembre uno de 72 hs. La disputa gremial más importante fue la huelga ferroviaria entre el 30 de octubre y el 10 de diciembre, que finalizó con un triunfo de los ferroviarios.
Conocido el Plan Larkin de liquidación de los ferrocarriles, a instancias del Banco Mundial, que consistía en una larga serie de cancelaciones y levantamiento de vías, el gremio ferroviario reaccionó con distintas medidas de fuerza. La clase obrera en su conjunto se vio identificada con esa huelga que contó con masivo respaldo, lo que se expresó en un paro general de 72 horas.
Los ferroviarios realizaron varios paros durante el año: el 15 de mayo por 24 horas, el 21 y 22 de agosto por 48. Frondizi y su ministro Acevedo respondieron dictando el Decreto 4061, que disponía la cesantía de 80.000 ferroviarios, sumada a la “jubilación” anticipada de otros 20.000; la clausura de once talleres ferroviarios y el levantamiento de 23.000 kilómetros de vías. Otro decreto reformó los escalafones (convenios), sin discusiones ni acuerdo de partes.
Las medidas del ejecutivo nacional fueron una provocación a los trabajadores y la reacción se dio en distintos puntos del país como en Junín, Liniers, Santos Lugares, Remedios de Escalada, Rosario, Tafí Viejo, donde hubo asambleas y manifestaciones. En Rosario se declaró inmediatamente la huelga. La Unión Ferroviaria y La Fraternidad, ante las demandas de acciones contundentes, dispusieron la huelga general del gremio.
Una vez más, el gobierno respondió con la represión contra los huelguistas. “Un comando especial, a las órdenes del capitán Recaredo Vázquez, decretó la “requisición” del gremio ferroviario. Por la noche la policía invadió miles de hogares, sacó a los ferroviarios de sus casas y los llevó a trabajar. Pero la medida fue inútil. Los huelguistas se negaron a trabajar; centenares de ellos fueron a parar a la cárcel. En el río de la Plata, a quince kilómetros de la costa, se ancló el vapor Bruselas, donde quedaron alojados destacados militantes del gremio. La sede de la Unión Ferroviaria y de varias seccionales fueron asaltadas por la policía, y por elementos que pretendieron constituirse en “comisión directiva provisional”, pero se vieron rodeados por un vacío total”.
Todo el pueblo se solidarizó con la huelga. En Temperley, Rosario, Laguna Paíva, Junín, Bahía Blanca, se formaron comisiones populares de apoyo. El pueblo se instaló en las vías para no dejar pasar los trenes manejados por soldados. En Rufino y Laguna Paiva (provincia de Santa Fe) se ametralló desde los vagones, provocando un muerto y dos heridos graves. La población de innumerables pueblos del interior realizó colectas para ayudar a los huelguistas. También en otros países los sindicatos se solidarizaron.
La CGT declaró un paro general de 72 horas, que se cumplió los días 7, 8 y 9 de noviembre; fue el tercero del año. El 8 debía realizarse una concentración frente a la CGT, pero fuertes contingentes policiales ocuparon el lugar y detuvieron a unos 500 manifestantes. Los dirigentes de la CGT el 30 de noviembre en un plenario de secretarios generales resolvió: 1) que las organizaciones confederadas dispongan el aporte inmediato de medio jornal por afiliado para los ferroviarios; 2) realizar un gran mitin de solidaridad el 6 de diciembre, en Parque Patricios; 3) llamar a todos los partidos políticos e instituciones populares a constituir una comisión nacional de solidaridad. Los partidos políticos y organizaciones populares se reunieron el 1 de diciembre en la Unión Ferroviaria, y el 4 en la CGT, y proclamaron su total apoyo a los ferroviarios y su repudio a la política ferroviaria del gobierno. El 6, en Parque Patricios, se congregaron más de cien mil personas y ratificaron aquellas decisiones.
El gobierno tuvo que ceder: el 10 de diciembre sancionó el decreto 11.578, que disponía el retorno al trabajo sin ningún represaliado, libertad de todos los presos, pago del 80 por ciento de los días de huelga, aumento del 20 por ciento sobre los sueldos, mantenimiento del reglamento de trabajo y el escalafón anteriores, levantamiento de las clausuras de ramales y talleres, discusión posterior de los problemas pendientes. Ante el triunfo de la huelga, esta fue levantada. Las disposiciones del decreto no fueron totalmente cumplidas, ya que quedaron 3.000 cesantes, 90 detenidos y ocho talleres cerrados. Por otra parte, el interventor de los ferrocarriles, Recaredo Vázquez, y el ministro de Trasportes, Acevedo, tuvieron que renunciar. El gremio ferroviario y toda la clase obrera alcanzaron una gran victoria. (9)
Si bien el plan se suspendió, dejaron de correr trenes en la casi totalidad del ex Ferrocarril Provincial de Buenos Aires, ramales del ex Ferrocarril Patagónico así también como del Ferrocarril Central del Chubut, del Ferrocarril Roca y otras líneas.
Aquellos años y estos
De aquellos años que hemos analizado lo destacable fue el ajuste, las privatizaciones, el pase a disponibilidad de empleados estatales, congelamiento de salarios, despidos, pero a la vez huelgas, luchas y resistencia de muchos gremios, y también la decisión del Ejecutivo Nacional de sancionar y aplicar el Plan Conintes, para reprimir a los trabajadores que se oponían a esas políticas, se los llamaban “terroristas”, algunos fueron movilizados militarmente, a otros se los encarceló. El objetivo era aplicar un plan económico cuyo eje era el desarrollo de la industria pesada como el acero, química, petroquímica, celulosa, maquinarias. Para ello era necesaria más explotación.
Y hoy, vemos que en las maratónicas jornadas de fines del 2011, en el Congreso Nacional, se aprobó la Ley Antiterrorista, y se conoció el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 324/2011 (dispuesto a fines del 2011 por el gobierno nacional) que somete a revisión los salarios de los empleados de la Administración Pública Nacional, en todo aquello que denomina como pagos “extraordinarios”, o que no se adecuen a la normativa general.
Sobre la Ley Antiterrorista, la CORREPI, nos comenta entre otros conceptos “Esta nueva reforma al código penal, igual que las de 2003, 2005, 2007 y 2009, fue propuesta y aprobada en tiempo record para cumplir servilmente con las directivas impuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), uno de los organismos “especializados” internacionales usados por el imperialismo para asegurar sus planes de dominación. A través del GAFI, el FMI y otros organismos similares, el Departamento de Estado yanqui y el Pentágono ejecutan los objetivos formulados a partir de los documentos Santa Fe I y II, y ratificados, en las últimas décadas, en sus planes de seguridad para la región. Así, buscan garantizar el apoderamiento de recursos naturales, el subsidio de su propio déficit interno, la hegemonía en el comercio internacional y el control indiscriminado de los recursos financieros mundiales, homogeneizando la legislación mundial y adaptándola a su nueva versión de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que denomina “terrorista” al mismo enemigo que, décadas atrás, llamó “subversivo”, y basa su acción, ya no primordialmente en la intervención militar directa, sino en la defensa de la “gobernabilidad democrática” sustentada por la “cooperación continental”.
“La sistemática incorporación de más normas represivas, especialmente diseñadas para dotar al aparato estatal de mejores y más eficaces herramientas para criminalizar la protesta social y perseguir a los luchadores del campo popular, muestra que, pese a que con lo que ya tienen les alcanza para que más de 6.000 compañeros sufran el embate judicial por movilizarse en defensa de sus derechos, saben que, más temprano que tarde, crecerán las luchas, y quieren estar preparados para defender sus privilegios. Las leyes antiterroristas –ésta, y las siete anteriores- son herramientas revestidas de legalidad, destinadas a disciplinar a los sectores y organizaciones que combaten al sistema. Lejos de ser una novedad, son una actualización del esquema represivo del estado que responde a los intereses imperialistas de EEUU y sus organismos internacionales. Su propósito determinante es aislar las luchas, amedrentar a quienes se organicen, y eliminar la resistencia”. (10)
A la vez, el Consejo Directivo Nacional de ATE expresó su rechazo al decreto de Necesidad y Urgencia Nº 324/2011. Plantean que, tal como lo establece la Constitución Nacional en su Artículo 14 bis, el Estado debe garantizar un “salario digno”, que asegure al trabajador (como lo define la ley) "alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión". Y que “no se permitirá que por la aplicación de este Decreto o cualquier otra norma, se eliminen de las remuneraciones de los trabajadores del Estado cualquier rubro o suma que sea percibida como contraprestación por el trabajo”.
Además, en las últimas semanas en la prensa escrita hemos podido leer “Se amplía el déficit y extienden los ajustes en las provincias, el rojo provincial este año superaría los $ 12.000 millones. Pese a que la Nación les refinanció deudas, varios gobernadores aumentaron impuestos, revisan el gasto en empleados y podrían retrasar obras. El 2011 cerró con 24% de inflación. Los gobernadores arrancaron 2012 con la lupa puesta en la evolución de las cuentas públicas. La imagen que se proyectó desde esas cajas mostró un rojo más profundo que en años anteriores. El resultado: el ajuste que está llevando a cabo el Gobierno nacional, con recortes de subsidios, suba de tarifas y revisión de los sueldos de empleados públicos, también se está generalizando en las provincias.
“Una postal de la crítica situación de las provincias pudo verse el último 28 de diciembre, cuando la Presidenta anunció una nueva refinanciación para que los gobernadores se pongan al día con la Nación por las multimillonarias deudas de sus distritos. Y es por el manejo de la caja que hace el Gobierno nacional, que se queda con más del 70% de lo que se recauda por impuestos y después lo gotea a las provincias, en muchos casos de modo discrecional y como premio (o castigo) político.
“Ante este escenario, las provincias más apremiadas decidieron aumentar los ingresos con subas en las tasas (Ciudad y Provincia de Buenos Aires, por caso), otros servicios locales, y despidieron personal o demoraron el pago de salarios. Los casos más sonoros: el gobierno de Santa Cruz dejó en stand by el proyecto para incrementar la edad jubilatoria, pero avanzó en su estrategia para reducir el gasto público y suspender la contratación de personal. En Río Negro, habilitaron al pase a disponibilidad de más de 20 mil empleados estatales. En Puerto Madryn (Chubut) decidieron suspender una resolución que transfería a una porción de los empleados a planta permanente. En Córdoba capital, se retrasaron los pagos del sueldo de diciembre de los empleados estatales y el secretario de Gobierno de esa municipalidad, tuvo que rogarles a los trabajadores que “esperen para que se puedan juntar los ingresos”. El Gobierno catamarqueño anunció la suspensión de 178 contratos y dos municipios de esa provincia tomarían el mismo camino. En San Salvador de Jujuy ocurre algo parecido que en la capital de Córdoba: los trabajadores estatales con dificultades los salarios de diciembre. Macri, aumento considerablemente el boleto de los subtes. Con provincias endeudadas y dependientes de un Gobierno nacional que tiene menos recursos y encaró su propio recorte, es una incógnita hasta dónde llegarán los ajustes provinciales. Por lo pronto, recién comenzó el año y ya se están generalizando.
Y la frutilla del postre es el deseo del gobierno nacional de fijar un tope del 18% en las subas salariales a negociar en paritarias.
Con este panorama, los meses que se avecinan son de Resistencia, Lucha y Solidaridad de Clase. Debemos referenciarnos y tomar el ejemplo de aquellos trabajadores que resistieron la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre, las políticas económicas del desarrollismo y al represivo Plan Conintes.
Leónidas Ceruti, historiador
Citas
1.- La Capital, 26 de abril de 1958, pág. 5.
1 bis.- La Capital, 2 de mayo de 1958, pág. 7.
2.- Salas, Ernesto José, “La resistencia peronista: la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, CEAL.
3.- Salas, Ernesto José, op. cit.
4.- Salas, Ernesto José; “La toma del “Lisandro de la Torre”
5.- Salas, Ernesto José, op. cit.
6.- Iscaro, Rubens, “Historia del Movimiento Sindical”, Tomo 4, Editorial Ciencias del Hombre, Buenos Aires, 1974.
7.- Iscaro, Rubens, op. Cit.
8.- Unidad Popular, 1º Quincena de Setiembre 1959, pág. 4.
9.- Iscaro, Rubens, op. cit.
10.- CORREPI, “De la Doctrina de la Seguridad Nacional a la “gobernabilidad democrática con cooperación”.
Obras consultadas
Salas, Ernesto José, “La resistencia peronista: la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, CEAL.
Mercedes Petit, “Hace 50 años Frondizi privatizó el frigorífico Lisandro de la Torre
Salas, Ernesto José; “La toma del “Lisandro de la Torre”
Baschetti, Roberto, “Documentos de la Resistencia Peronista”. Buenos Aires. Puntosur, 1988
Portantiero Juan Carlos, “Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973”, en Revista Mexicana de Sociología, 1985.
James, Daniel, “Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976”, Editorial Sudamericana.
Iscaro, Rubens, “Historia del Movimiento Sindical”, Tomo 4, Editorial Ciencias del Hombre, Buenos Aires, 1974.
Fuente:IndymediaRosario
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