Año 5. Edición número 190. Domingo 8 de enero de 2012
Por Laureano Barrera
lesahumanidad@miradasalsur.com
Promediando febrero de 2010, la Legislatura porteña dispuso que para marzo los registros de los dueños y empleados de las agencias de seguridad privada y sus antecedentes, deberían ser publicados en internet, para escrutinio de la sociedad civil. Transparencia PRO. En marzo, cuando Miradas al Sur publicó una nota sobre represores reciclados en el rubro de la seguridad privada en la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, los registros todavía se estaban digitalizando. Lamentándose por la dilación administrativa, un funcionario muy cercano al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, dijo al ser consultado sobre el tema: “Qué complicación es eso, porque yo no sé si el Gobierno de la Ciudad tiene poder de vetar a un tipo. Yo lo que sí sé es que la responsabilidad por la contratación de un ex represor (sic) en definitiva es de la empresa privada, yo no sé el Gobierno de la Ciudad cuánto puede hacer, ¿no es cierto?”.
No sabía nada. La Ley 1913, sancionada en diciembre de 2005, establece en su artículo 5 los requisitos para integrar las firmas. El inciso g dice: “No haber sido condenado ni indultado por delitos que configuren violación a los derechos humanos”. A un marco de por sí laxo, el posterior decreto reglamentario 446 lo hace de goma: la Dirección de Seguridad Privada debe, “de creerlo pertinente”, solicitar informes sobre los postulantes al Ministerio de Derechos Humanos y Sociales, cosa no muy frecuente. Por esos vacíos legales transitan, como si fueran jubilaciones de privilegio, represores procesados, presos y sometidos a juicio, firmes sospechosos y ex comisarios y militares que predican desde sitios apologéticos de la dictadura. Incluso así, algunos vigiladores que hoy velan –con habilitaciones irregulares– por la suerte de instituciones, empresas, comercios, espacios públicos y personas, han sido indultados por sublevarse a la patria.
En la provincia el panorama podría ser peor. Los nombres de policías privados y empresarios del miedo no se difunden, pero casi todos los casos oscuros detectados en la Ciudad tienen su correlato provincial; a pesar de que la ley específica proscribe también a los procesados, Secretaría de Derechos Humanos bonaerense advirtió –sólo hasta 2009–, cuarenta casos con antecedentes, sin ninguna eficacia. Las nóminas públicas abrieron la caja de Pandora.
Los casos. El subprefecto retirado Jorge Marcelo de los Santos tenía 10 años cuando los hombres de Videla asaltaron la Casa Rosada. Sus ideas se fueron moldeando con la dictadura militar. Cuando cumplió los 21 años participó de los alzamientos de Semana Santa en 1987. Fue indultado en octubre de 1989. Hoy figura como vigilador habilitado de SSP Servicios de Seguridad Privada, que tiene la habilitación 00030 del gobierno de Macri, aunque rastrillando la web se lo puede encontrar con el cargo de gerente. Su empresa le presta servicios nada menos que a la Defensoría del Pueblo de la Nación, a Osde, al consulado de Perú, entre otros.
El subteniente Oscar Darío Minguitti también se sublevó aquella Semana Santa. Con De los Santos no sólo comparten el indulto de Carlos Menem, también su afición a la seguridad privada. Con su experiencia, Minguitti ganó el privilegio de ser uno de los escasos vigiladores autorizados a portar armas dentro de su empresa, Resguard SA, que opera en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires. Minguitti tiene responsabilidades varias. Entre sus custodiados se encuentra La Razón y Radio 10, pero también Pérez Companc, el Grupo Camuzzi y Esso.
Un tercer carapintada refuerza la seguridad de los porteños. Luis Alberto Brun cobró cierta notoriedad como carapintada: “Si Seineldín llega a morir pasaremos a ejecutar acciones especiales hasta asesinar a todo aquel personal que se oponga. Tenemos todos los medios para hacer lo que decimos”. Lo extraño es que fue contratado en 2004 por el entonces ministro de Seguridad León Arslanian como director de Planeamiento y Gestión del Ministerio y luego asignado a la coordinación entre los foros y el Ministerio. Nunca abandonó su hobby: hoy es jefe de Seguridad de Cooperativa de Provisión de Servicios en Seguridad Privada y renovó la habilitación el 14 de junio.
Estos ejércitos al mejor postor ofrecen una gama de servicios que va desde la custodia de edificios hasta la “investigación prelaboral de personal doméstico para countries”, como dice la plataforma de Trident Investigative. La Correpi asegura que los guardias privados son responsables de 2% de los 3.393 asesinatos desde 1983 hasta hoy: 63 muertes.
Sabiéndolo, no es menor la desidia de los gobiernos estatales para fortalecer las regulaciones y hacer cumplir las que existen. Este diario había anticipado en marzo de 2010 que Víctor Fogelman, el sabueso predilecto de Eduardo Duhalde, procesado por su participación en la represión ilegal en Bahía Blanca, era socio de la empresa Siccurezza, que tiene clientes como Lacoste y el Exxel Group, entre otros. Nada cambió desde entonces.
Similar es el caso del coronel retirado Jorge Luis Toccalino, que está siendo juzgado en Mar del Plata por decenas de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, y dos homicidios en los chupaderos conocidos como La Cueva y la comisaría 4ª. Toccalino es el apoderado de Servicio de Guardi y Custodia SA, una agencia que tiene la bendición del alcalde y el gobernador.
Roberto Armando Balmaceda, jefe de la Sección Central de Reunión del Destacamento 101, un hombre de inteligencia preso por sus crímenes en La Cacha, es el director técnico de Grupo Seguridad Norte SRL, también con sedes en ambas jurisdicciones y autorizados a portar armas. Sus socios son Alicia González, su esposa, y uno de sus hijo, Ricardo.
Otros dos casos oscuros son los de los comisarios retirados de la Federal Rolando Nerone y Cayetano Nacarato. Nerone fue uno de los federales que desenmascaró Rodolfo Walsh, integrante de la célula que persiguió y secuestró exiliados cuando mandaba la Triple A. Participó del secuestro de la uruguaya Victoria Lucía Grisonas y el asesinato de su esposo Roger Julien. Julien alcanzó a herirlo en la pierna, lo que poco después le costó el retiro. En el legajo personal de Nacarato, su camarada, fue hallado el informe del comisario Alberto Obregón donde exaltaba la necesidad de “neutralizar en forma satisfactoria la actividad de organizaciones de tipo subversivo”, que utilizó el juez Daniel Rafecas hace unas semanas para procesarlo.
Nerone fue el centro de una polémica, porque la empresa que lo contrató hasta junio pasado –Anselmi SRL– custodiaba la Secretaría de Cultura de la Nación. Nacarato, por ahora lejos del banquillo, se mantiene indemne en sus sedes de la ciudad de Buenos Aires y de La Plata –a pesar de que la Secretaría de DD.HH. los observó en 2003– al frente de Audiseg SA, una agencia que ni siquiera tiene web.
“Son un poder metalegal y parapolicial”
Año 5. Edición número 190. Domingo 8 de enero de 2012
Por Martín Fernando Medina. Politólogo y magíster en Políticas Sociales. Miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Político.
contacto@miradasalsur.com
Fragmento del libro "Quién custodia a los custodios". “La inseguridad de los sectores pudientes ha devenido en un cambio en la configuraciónde las ciudades.”
Es muy notorio el proceso por el cual el Estado ha dado su consentimiento para que se produzca la transferencia hacia sectores privados de lo que podía ser catalogado como su poder monopólico: la utilización de la fuerza y la coerción.
Este no es el único traspaso que se ha producido, podemos citar los casos de la proyectada privatización de la justicia y el manejo de algunas prisiones por intereses privados. Todo lo anterior responde a una coyuntura en la cual el Estado debe enfrentar la sempiterna crisis fiscal, reformulando sus distintos roles y dando un mayor espacio de actividad al sector privado.
¿El Estado sólo encauzará la ansiedad de la población hacia la demanda de cerrar puertas y ventanas, colocar sistemas de alarmas en las casas, apostar un sistema computado en los puestos fronterizos, instalar vigilancia electrónica en las cárceles, patrullas de vigilancia en las calles, evaporando de esta manera toda posibilidad de llegar a la raíz de la inseguridad pudiendo controlar las fuerzas que la alimentan?
Afirmo que esta renuncia de la soberanía estatal acarrea peligros evidentes para las garantías jurídico-penales de los individuos, ya sea debido a su reciente encuadre legal, a la falta de control por parte de los órganos de gobierno que deberían monitorear sus actividades, a su actuación en detrimento de la intimidad y libertad de los ciudadanos, a su exponencial crecimiento que aumenta el riesgo de impunidad y de constituirse en un poder metalegal y parapolicial.
Se produce un retroceso por parte del Estado-Nación en la vida económica, pero acrecienta y robustece su intervención en el ámbito penal. Se instaura la seguridad ciudadana (definida sólo en términos físicos y económicos, y no teniendo en cuenta los sociales, sanitarios, educativos o salariales) como el principal orientador de las políticas públicas, operando en sintonía con la ideología económica y social instituida en el individualismo y en las máximas imperantes del mercado. La exclusiva relación entre el deterioro del sector social del Estado y el despliegue de su extremidad penal, con la contribución del sector privado, se consuma a través del trato punitivo de la inseguridad y de la exclusión social, consecuencias directas e irrebatibles de esas políticas.
Es evidente que los sectores sociales privilegiados tienen la posibilidad de incorporar una nueva adquisición: el poseer una policía propia que actúa según sus preferencias. Todo lo anterior se desarrolla en un marco en el cual la seguridad se ha mercantilizado, reduciéndose a actuar como un bien más en el mercado de la oferta y la demanda, pasando de ser un monopolio estatal a un “oligopolio privado”.
El acceso a la seguridad privada es desigual, lo cual se puede hacer extensivo a la capacidad de disponer servicios de alarmas y monitoreo de distintos lugares; todo converge en un ensanchamiento de las diferencias sociales que se evidencian en la Argentina de hoy.
La inseguridad de los sectores más pudientes ha devenido en un cambio en la configuración urbana de las ciudades, limitando la sociabilidad vecinal: barrios cerrados, countries, malls (áreas comerciales cerradas), aumento de condominios y guardias privados. Es en el ámbito urbano donde la polarización de la sociedad alcanza su máxima expresión, donde es expuesto el aislamiento social bajo formas de espacio semi-privado o semi-público. Es así como se crean espacios defendibles en donde los “protegidos” se resguardan de los “no protegidos”, esos guetos o islas militarizadas demuestran la existencia en sus habitantes de un sentimiento de desprotección, miedo y sospecha al mundo exterior.
La seguridad privada se ha traducido en una mayor proliferación de armas entre personal sin capacitación adecuada, lo cual ha hecho que se produjera un fenómeno contrario a los resultados anhelados: en lugar de una disminución de los índices de delitos, la disponibilidad de armamento acrecentó y agravó las consecuencias de hechos de violencia.
Estos actores ponen en crisis los presupuestos esenciales con los que jurídica y políticamente eran consideradas las cuestiones referidas a la seguridad pública, teniendo su nacimiento en una sociedad caracterizada por complejidades subyacentes con una primacía absoluta de las leyes del mercado. Es por lo expuesto que en la concentración estatal de la violencia se ha producido un quiebre debido a la aparición de las agencias de seguridad privada, con un inminente fracaso de la pretendida prestación colectiva de la seguridad.
FuentedeOrigen:MiradasAlSur
Fuente:Agndh
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