“Es inconcebible que los represores puedan tener salidas transitorias”
Publicado el 29 de Enero de 2012
Por Manuel Alfieri
Patricia Isasa fue secuestrada en 1976 por la dictadura genocida. Vivía en Santa Fe y apenas tenía 16 años. Durante más de 24 meses, pasó por distintos campos de concentración, donde sufrió abusos, torturas y las más terribles vejaciones.
Según la condena que emitió la justicia el 22 de diciembre de 2009, los responsables directos de ese horror fueron el ex juez federal Víctor Hermes Brusa y los ex policías Eduardo Alberto Ramos y María Eva Aebi. A pesar de que los tres fueron condenados por delitos de lesa humanidad y recibieron penas de entre 19 y 23 años de prisión, el 29 de diciembre pasado la Justicia Federal santafesina decidió beneficiarlos con salidas transitorias.
Para Isasa, esto fue posible gracias a distintos ardides legales pero, sobre todo, por la “inoperancia” de la Secretaría de Derechos Humanos provincial.
En el caso de Brusa, los jueces invocaron un informe del Instituto de Detención U-2, según el cual el recluso “posee conducta y concepto ejemplar” y “no registra causas en las que interese su detención”.
“Es una barbaridad. ¿Cómo puede ser que les den este beneficio a personas que fueron condenadas por delitos de lesa humanidad y que la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe no nos haya avisado a los testigos?”, se lamentó Isasa.
Ella fue una de las primeras en denunciar los crímenes cometidos por la dictadura en la capital santafesina y la principal testigo en la denominada Causa Brusa, que dejó como saldo la condena de seis represores y se convirtió en la primera sentencia dictada en esa provincia contra personas que cometieron delitos de lesa humanidad.
Víctor Brusa recibió 21 años de prisión, tras ser declarado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe como “autor penalmente responsable del delito de apremios ilegales” en perjuicio de ocho personas. En tanto, los ex policías María Aebi y Eduardo Ramos, que recibieron 19 y 23 años respectivamente, fueron declarados coautores “penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas” e “imposición de tormentos” a cinco personas.
El tribunal entendió que este accionar se dio en el “marco de un plan sistemático y generalizado de represión por parte del Estado”. Por otra parte, Brusa, Ramos y Aebi no sólo coinciden en su pasado procesista, sino que los tres se dieron a la fuga cuando se intentaba enjuiciarlos.
A pesar de estos antecedentes, hoy, cada 15 día gozan de salidas transitorias de entre 24 y 48 horas de duración. Según los jueces Roberto López Arango, Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus, quienes concedieron este beneficio a los represores, el objetivo es “afianzar y mejorar sus lazos familiares y sociales”.
Isasa, que dedicó gran parte de su vida a luchar contra la impunidad, definió a la situación como lamentable. “Todas las mujeres que estuvimos detenidas en ese momento fuimos abusadas –relató–. Mataron organizadamente, robaron y destruyeron familias. Son asesinos y no se les puede dar semejante privilegio. Cuando condenaron a estos asesinos pensé que había terminado todo, que esto ya era parte del pasado. Ahora, es como volver a empezar.”
–¿Qué fue lo que sucedió el 29 de diciembre pasado?
–La justicia santafesina ordenó beneficiar a estos tres verdaderos asesinos seriales con salidas transitorias, sabiendo muy bien quiénes son. La decisión coincidió, casualmente, con la víspera de Año Nuevo y la posterior feria judicial, que comenzó en enero.
–¿Y qué llevó a que el tribunal interviniente tomara una medida de esta naturaleza, tan polémica?
–Los abogados de estos personajes basan su defensa en encontrar cualquier tipo de tecnicismo que permita beneficiar a sus defendidos. Ya no discuten el fondo de la cuestión: se sabe que son asesinos, que participaron del genocidio y el terrorismo de Estado. Regentearon campos de concentración, jugando a la ruleta rusa con los detenidos y participando de crímenes masivos.
–Entonces, ¿cómo se entiende que los jueces les hayan concedido este beneficio?
–Esa es la pregunta, pero habría que hacérsela a los jueces. Se trata de cuestiones puramente técnicas y leguleyas. Hubo apelaciones en el orden de lo procesal, hubo vericuetos y artimañas legales. Ahora, el fondo de la cuestión no se discute: Brusa, Ramos y Aebi son represores que participaron en el aparato del terrorismo de Estado.
–Resulta llamativo que los mismos tres magistrados que los condenaron por estos delitos aberrantes, ahora les concedan un privilegio de este tipo. ¿Cuál es su lectura con respecto a este cambio?
–La situación es antojadizamente legal pero ilegítima. Se trata de crímenes de lesa humanidad, crímenes aberrantes que no pueden estar al mismo nivel de los delitos penales tradicionales. Por algo son los únicos delitos que no prescriben y que, según Naciones Unidas no son excarcelables. Es inconcebible que estas personas puedan gozar de salidas transitorias para “mejorar sus lazos familiares y sociales”.
–A esto se suma que los tres estuvieron prófugos hace algunos años, cuando se los quiso enjuiciar.
–Claro. Es doblemente grave. Les están dando libertad a criminales que ya escaparon de la justicia, que tienen antecedentes. Tienen la posibilidad de fugarse en cualquier momento. Es un riesgo altísimo. Por eso, esta gente no tiene derecho a salir ni cinco minutos. Por algo tienen que estar en cárceles de máxima seguridad.
–Después de tanto tiempo de luchar para ver tras las rejas a sus verdugos, ¿cómo la afectó a nivel personal conocer esta noticia?
–El fallo que mandó a prisión a estas tres personas salió el 22 de diciembre de 2009. Así que las navidades de ese año, del siguiente y de 2011 brindamos muy felices, sabiendo que estos asesinos estaban en la cárcel. Para mí todo había terminado. Sentía que, después de tantos años, todo quedaba en el pasado. Sentí también una sensación de reparación. El impacto que tuvo en mi vida el criarme en un campo de concentración, donde sufrí torturas y abusos, fue terrible. Estos tipos me dieron vuelta la vida. Ese fallo, entonces, había sido en algún sentido reparatorio. No es que todo esto no existió, pero había quedado en el pasado. Que estos tipos estén libres de nuevo es como volver a empezar otra vez.
–En un primer momento, ¿cuál fue la reacción de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe?
–Le contesto de esta forma: la Argentina tiene una de las políticas más progresistas del mundo en relación a los Derechos Humanos del pasado reciente. En casi todo el mundo está prohibido mirar hacia atrás, revisar el pasado. Acá no. Pese a eso, la provincia de Santa Fe no tiene política de Derechos Humanos. Y eso quedó demostrado en este caso.
–¿Y en qué hechos se vio reflejada esta situación?
–Primero, porque me enteré a través de los medios de las salidas transitorias que les otorgaron a Brusa, Ramos y Aebi, y no por un llamado de la Secretaría de Derechos Humanos provincial. Yo misma tuve que llamar a todos los testigos para avisarles de esta situación. El día 8 de enero ya habían salido dos notas periodísticas sobre el tema. Me comuniqué con la Secretaría y todavía estaban viendo qué hacían. Lo grave es que ellos estaban avisados desde el mismo día en que el tribunal decidió otorgar las salidas transitorias.
–Y después de esto, ¿qué acciones tomó la Secretaría?
–Lo único que hicieron fue publicar un par de notas para desembarazarse del problema, expresando su “preocupación”. ¿Eso es una política de prevención, de protección a las personas que testificaron en una causa sobre crímenes cometidos en la dictadura? ¿No se dieron cuenta que estaban saliendo tres condenados por delitos de lesa humanidad, que además tienen antecedentes de fuga? Repito: no tienen política de Derechos Humanos.
–¿Cree que esto puede estar relacionado con que el mandato de Antonio Bonfatti recién comienza?
–Esa no es una excusa válida. Porque, por un lado, heredaron la estructura administrativa de la anterior gestión, ya armada y en funcionamiento. Y en cuanto a política, debieron presentar un plan de acción de gobierno cuando se postularon para las elecciones, hace un año.
–¿Volvió a comunicarse con autoridades de la Secretaría?
–Sí. Dicen que se enteraron tarde, que no les avisaron. No pueden decir eso. Ellos deben seguir un protocolo de actuación, como se hace a nivel nacional.
–Usted recorre el mundo dando charlas sobre Derechos Humanos, ¿cuál considera que es la solución para el cuadro que acaba de describir?
–Debe haber coordinación entre la propia Secretaría, el Ministerio Público Fiscal, el Programa de Protección de Testigos, los jueces federales, la mesa de trabajo de querellantes y un grupo de psicólogos. Si entre todos esos actores se articula un grupo de trabajo, cada vez que se está por liberar a un represor no suceden cosas como esta. En cambio, en Santa Fe la Secretaría se enteró por los diarios y no le avisó a nadie, a ningún testigo. Acá los socialistas no sólo que no se hacen cargo de sus propios errores de gestión, sino que además están boicoteando, con su inoperancia, una política nacional de Derechos Humanos que es ejemplo en el mundo.
Secuestrada a los 16 años
A los 16 años, Patricia Isasa acudía a la Escuela Industrial y participaba en la UES. Fue capturada el 30 de julio de 1976 y estuvo detenida en la comisarías 1º y 4º, y en la Guardia de Infantería Reforzada de la provincia de Santa Fe.
Estuvo tres meses
desaparecida y más de dos años a disposición del Poder Ejecutivo. Mientras permaneció cautiva, sufrió abusos y torturas. “Llegué a estar seis meses con una sola luz prendida muy fuerte, sin ventanas y sin salir a un patio”, relató.
En 1997, comenzó una investigación con la que determinó quiénes fueron sus torturadores. Un año después, vendió su casa y se fue a España a llevar las 1200 fojas que tenía sobre Víctor Brusa al juez Baltasar Garzón.
En 2009 los responsables fueron condenados por delitos de lesa humanidad.
Isasa es arquitecta, tiene 51 años y vive en Buenos Aires. Viaja por el mundo dando conferencias sobre Derechos Humanos.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
Brusa, Ramos y Aebi: piezas del terrorismo de Estado
Publicado el 29 de Enero de 2012
En total, 18 personas denunciaron haberlo visto en algún “chupadero”. Ya en democracia, fue impulsado al cargo de juez federal por el menemismo. En 2001, cuando el juez español Baltasar Garzón pidió su extradición, Brusa estuvo prófugo por once días.
Eduardo Ramos, más conocido como “Curro”, también se dio a la fuga en aquella ocasión, hasta que se entregó en la sede del Arzobispado de Santa Fe, junto a su amigo Edgardo Storni, prelado provincial de pasado procesista, que fue condenado a ocho años de prisión por abuso sexual.
Ramos fue uno de los más perversos torturadores que actuaron en el circuito santafesino. Allí, cientos de personas fueron victimizadas y muchas de ellas, sometidas a delitos de violencia sexual.
En cuanto a la carcelera María Eva Aebi, fue secretaria del jefe del centro de detención de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y, según testimonios de torturados, hacía las veces de nexo entre las patotas que llevaban a cabo las más terribles vejaciones y las detenidas políticas. Para ellas, su presencia era una auténtica pesadilla: sabían que cuando Aebi iba a buscarlas, habría más golpes y torturas.
Gracias al beneficio concedido por la justicia santafesina, estos represores pudieron recibir el año 2012 junto a sus familiares más cercanos.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
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