Tinto con final claro
Por Alberto Pinzón Sánchez
Tinto en Colombia, quiere decir un pocillo de café oscuro. Por las características históricas y geográficas de la exportación de café colombiano a los mercados internacionales, a donde se enviaba el café suave cosechado y escogido manualmente, para su ulterior tratamiento industrial (nunca desarrollado en nuestro país) y, se dejaba para el consumo masivo “nacional”, los granos de segunda calidad o “pasilla”, con los que se cocinaba una solución de café negruzca, semejante a la tinta usada para marcar los costales o sacos de exportación.
Esa solución de café negro (creo que por extensión) se llamó tinto y, no se sabe aún porqué razón, pero la practica de su consumo masivo en los “tintiaderos”, demostró que esa pasilla tenía unas cualidades diferentes para estimular la locuacidad que no poseía el exportado de primera calidad. Así pues que tomarse un tinto en Colombia y echar carreta, es sinónimo de una larga conversación muy animada o agitada al calor de un café negro.
Sin proponérselo el jefe falangista colombiano había desnudado las tres principales fallas que habrían de dar al traste con el intento de buscar una solución política al histórico conflicto social armado colombiano y, que actualmente constituyen una experiencia irrepetible e inolvidable.
1- La división insalvable en el seno de la clase dominante y su aparato militar, en torno a las reformas (de todo tipo ) que se habían firmado oficialmente por ambas partes en la Agenda Común de la Machaca en 1999, enriquecida con los 2.553 documentos de las Audiencias Temáticas y que constituyen un tratado legal y legítimo entre partes contendientes.
2- La improvisación de no saber a donde llegar al final (tomar tinto y echar carreta) o como lo expresó uno de los delegado estatales (tan cercanos al mundo rural) citando el dicho arriero de que “por el camino se arreglan las cargas”; impracticable en un asunto tan serio y complejo como hallar la solución política a tan enmarañado problema social y continental.
3- Negociar en medio de la guerra (mientras por fuera corre la sangre) que demostró su manipulación cuando el presidente Pastrana lo usó como justificación, para finalizar el proceso del Caguán.
Hoy desconociendo estas tres fallas, algunos crédulos, o ingenuos hablan de la posibilidad de unos nuevos diálogos de paz entre la insurgencia de las Farc, y el gobierno de las locomotoras de Santos, que carece de locomotora (o programa) para la paz y, está empeñado en adelantar a como de lugar su re-elección presidencial, sobre la base del éxito de su plan de gobierno neoliberal de entrega a las multinacionales, soslayando la profunda división política que se debate en el seno de la clase dominante y dirigente y, que desde ya apuesta al fracaso de un proceso de dialogo para la paz, para montar sobre esa nueva frustración, la re-elección de su máximo representante Uribe Vélez.
Ante la carencia de un partido político “legal” de la Izquierda, que oriente y articule en la práctica al creciente y dinámico Movimiento Social colombiano, y conduzca más allá de lo electoral, la movilización del Pueblo Trabajador con el fin de que se apodere de la “llave de la paz” y la exhiba en sus combativas movilizaciones por calles, plazas, y veredas de Colombia; la red que agrupa a las diversas expresiones del Movimiento Social ha tenido que llenar este vacío político y ha tomado la iniciativa de convocar a todo el pueblo y mediante la movilización de masas, a imponer al gobernante de turno la Solución Política al conflicto armado y conseguir la anhelada paz democrática avanzada, con justicia social y soberanía. Eso es lo que se llamaría, un tinto colombiano con final claro.
Fuente imagen: EL ESPECTADOR
Fuente:Argenpress
miércoles 8 de febrero de 2012
Gobierno de Santos origina conflicto social al privilegiar a transnacionales exterminando a pequeños y medianos mineros
Por Fernando Arellano Ortiz
El gobierno del presidente Santos está incubando un enorme problema social que puede terminar en ola de violencia, al empeñarse en acabar con la actividad de los pequeños y medianos mineros del país, para favorecer única y exclusivamente a las transnacionales, entregándoles alrededor del 40% del territorio colombiano para la explotación minero-energética a gran escala. La grave afirmación la hicieron directivos de la agremiación Conalminercol que realizó una asamblea extraordinaria en Bogotá el pasado sábado 4 de febrero con el propósito de determinar acciones de resistencia civil y protesta pacífica contra la política entreguista de los recursos naturales al capital transnacional en concordancia con la denominada “confianza inversionista”, heredada de la funesta administración (2002-2010) del cuestionado Álvaro Uribe Vélez.
La Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) agrupa a medianos y pequeños empresarios del sector de 18 departamentos del país, organizados, a su vez, en cuatro federaciones, tres cooperativas y 45 asociaciones. Esta importante confederación reúne a alrededor de 300 mil afiliados que se ven notablemente perjudicados con la llamada “locomotora minera” de Santos.
“Nosotros, los medianos y pequeños mineros de Colombia somos los rieles de esa locomotora porque nos va a pasar por encima”, afirman gráficamente los líderes de este gremio de empresarios.
Para la directora ejecutiva de Conalminercol, Luz Stella Ramírez Guevara, está claro que el gobierno de Santos viene a poner en marcha la maquinaria que dejó instalada Uribe Vélez para el aprovechamiento del recurso minero por parte de las transnacionales.
A ello obedece, explica, el desprecio del gobierno por el pequeño y mediano empresario de la minería y la negativa de Santos a darle interlocución.
Estigmatización del gobierno
Pero algo más grave, agregan Vicente Jiménez y Nicolás Herrera, mineros de Córdoba y del oriente antioqueño respectivamente, es que “el gobierno de Santos nos trata como ilegales y hasta de terroristas pero nosotros pagamos impuestos y somos responsables del 85% de las exportaciones por concepto de explotación de metales preciosos en Colombia”.
No obstante el hecho de que los medianos y pequeños mineros cumplen con sus obligaciones tributarias y están formalizados como empresarios, la administración santista busca estigmatizarlos, hasta el punto que el ministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría, conocido de autos (por el caso Dragacol en el que siendo ministro de Transporte durante el gobierno de Andrés Pastrana favoreció mediante conciliación a esta empresa que defraudó a la Nación), se atrevió a señalar que iban a ser bombardeados y perseguidos militarmente porque son cómplices de las bandas de grupos paramilitares y de la guerrilla, y además, los calificó como “la coca del momento”.
Por eso, afirman los directivos de Conalminercol, “somos víctimas del terrorismo de Estado” propiciado por el propio titular de la cartera de Minas y Energía.
Informales pero no ilegales
Los voceros de este gremio minero señalan que dentro de la actual legislación del ramo que fue elaborada expresamente para favorecer a las empresas transnacionales, son considerados informales, pero ello no quiere decir de ninguna manera, subrayan, “que seamos ilegales”.
Al preguntarles el por qué de su informalidad, explican que de acuerdo con el Código de Minas expedido en 2001 durante el gobierno conservador de Andrés Pastrana, se considera informal a todo minero que no cuente con el respectivo título para realizar la actividad de explotación en determinada zona.
Si bien no cuentan con los títulos, estos empresarios afirman que ejercen una actividad ancestral y que no puede venir el Estado de la noche a la mañana a decirles que son un estorbo para la inversión extranjera y deben abandonar su trabajo del cual dependen en Colombia en forma directa más de dos millones de personas, sin plantear ninguna alternativa de reconversión laboral.
“Todo el tiempo, desde la época de la colonia se ha hecho minería sin títulos, nuestra actividad es tradicional”, afirman.
Saqueo a las comunidades por parte de las transnacionales mineras
La legislación minera en Colombia que se adecuó en el gobierno de Pastrana con la reforma al código del ramo a los intereses transnacionales y que se profundizó aún más en la administración Uribe con la Ley 1382 de 2010 para garantizar la expoliación y el saqueo, constituye una política apátrida que ahora pone a funcionar la “locomotora” santista.
En efecto, el código fue elaborado por los abogados de las mismas multinacionales, quienes lo redactaron y concibieron de acuerdo a sus intereses. En forma solapada intervinieron los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos para imponer las condiciones que se adapten a las tendencias de la globalización neoliberal y que fundamentalmente buscan sacar al Estado de la explotación directa de los recursos naturales y entregárselos al capital transnacional a precios irrisorios.
Para sacar a los medianos mineros de su actividad los igualaron con las transnacionales en cuanto a los estándares de exigencias. Así por ejemplo, se eliminó las categorías de pequeña, mediana y gran minería y fueron absorbidas en las llamadas “Unidades Productivas Mineras” en las que están en igualdad de condiciones el pequeño minero y el gran inversionista.
Fijó un nuevo esquema contractual a través de la figura de la concesión, que se convirtió en la única forma de contratar con el Estado, incluso en áreas de reserva minera especial.
Además, la legislación colombiana definió nuevas reglas para la expedición del título minero; eliminó el requisito de contar con licencia ambiental en la fase de exploración; y consideró a la minería como una industria de interés público al capital privado, independiente de su escala de explotación.
Pero ahí no paran las gabelas, se introdujo la figura denominada de “necesidad de bienes” que tiene como propósito la facultad de expropiar y/o de comprar por parte de las transnacionales aquellas áreas consideradas de interés público. De esa manera obligan a comunidades y a medianos empresarios mineros a salir de sus tierras y zonas de explotación, desplazándolos y abandonándolos a su suerte.
Minería en el marco del medio ambiente
Aunque reconocen que la actividad minera genera un impacto medioambiental, los agremiados a Conalminercol afirman que siempre han estado dispuestos a acogerse a las normas ecológicas.
“Podemos hacer minería en el marco del medio ambiente”, afirman pero acusan al Estado colombiano de ser permisivo y de no hacer cumplir las normas para reducir las consecuencias funestas que esta actividad genera en los ecosistemas.
“El problema –agregan- es que el gobierno no ha hecho nada en auditoría minera” y ahora que quiere entregarle el monopolio de la explotación de esta actividad a las transnacionales, sindica de grandes contaminadores del medio ambiente a los pequeños y medianos empresarios.
En contraste, está más que comprobado que la minería a gran escala y a cielo abierto que desarrollan las transnacionales no solo atenta de manera irreversible la naturaleza, sino que, además, afecta la salud de los seres vivos, acaba con recursos indispensables como el agua y contamina el aire.
En todas las actividades de Colombia se “vacuna”
En su afán de criminalizar la actividad minera de los pequeños y medianos empresarios, el gobierno de Santos los ha señalado con el dedo acusador de ser cómplices de las bandas criminales y de la guerrilla en su financiación. Es decir, que esta es una fuente de recursos económicos para los grupos al margen de la ley.
Los directivos de Conalminercol aceptan que son objeto de “vacuna” no solamente de las bandas paramilitares y la guerrilla sino también de lo que ellos denominan “las águilas verdes” (miembros de Policía y Ejército).
“En todas las actividades que son rentables en Colombia se ‘vacuna’ y las águilas verdes son las que más cobran, bajo la mirada permisiva y cómplice del mismo Estado”, señalan.
Integración de área y gobernabilidad
Utilizando el argot neoliberal impuesto por el Banco Mundial las transnacionales en complicidad con el gobierno colombiano disfrazan sus acciones de imposición y de compra de apoyos en las comunidades con términos eufemísticos como “integración de área” o “gobernabilidad”. Se trata de imponer “el gobierno de las palabras” con el propósito de “disciplinar y ocultar los conflictos sociales”, como bien señala el politólogo español Juan Carlos Monedero.
“Integración de área” para las transnacionales mineras y el código minero colombiano hecho a su medida, es la posibilidad de acceder a áreas de exploración y explotación a como dé lugar forzando a los propietarios a vender. En otras palabras, el propietario no tiene otra alternativa: “negocia o negocia”.
Y por “gobernabilidad” se entiende la capacidad que tienen las transnacionales de cooptar, comprar apoyos, financiar actividades políticas y sociales en las comunidades para acallar su protesta o inconformidad ante el impacto negativo que genera la actividad minera a gran escala.
No ha sido fácil obtención de “licencia social” en Colombia
Pese a la obsecuencia del gobierno colombiano a los requerimientos del capital financiero transnacional y a todas las gabelas que le ha concedido, no ha sido fácil para las gigantes empresas foráneas que explotan la minería a gran escala obtener lo que ellas denominan en su lenguaje eufemístico “licencia social”, que no es otra cosa que el ablandamiento y aquiescencia de las comunidades.
Casos como la resistencia social contra las minas de la Colosa en Cajamarca, Tolima; Santurbán en Santander; y Marmato en Caldas; para no citar más de tres ejemplos, han dificultado la viabilidad de los proyectos mineros de las transnacionales que hacen presencia en Colombia. Por ello es que sus directivos no solo están preocupados, sino molestos con el gobierno debido a que no han podido avanzar.
Adicionalmente, pese a los millonarios presupuestos que las transnacionales se gastan anualmente en “gobernabilidad”, amplias zonas del país ven en la minería a gran escala una verdadera amenaza, por lo que es previsible que sigan aumentando las protestas y la resistencia sociales contra esta actividad. Al fin y al cabo, el gobierno colombiano ha concesionado a estas empresas en su mayoría canadienses y norteamericanas, más de 38 millones de hectáreas, cuya explotación minero-energética amenaza en convertir el país en un territorio devastado y sin vida en el mediano y largo plazo.
Resistencia civil y protesta pacífica
A lo anterior se suma el descontento de los pequeños y medianos empresarios mineros que van a verse desplazados tanto por el gobierno de Santos como por las transnacionales que tienen como único objetivo sacarlos del negocio.
Obviamente que, como advierten los directivos de Conalminercol, no van a dejar que los desplacen y van a luchar cueste lo que cueste, por continuar en su actividad.
Por eso se preparan para enfrentar su lucha de reivindicación y conservación de su trabajo. En Bogotá, en su última asamblea extraordinaria, acordaron adoptar una serie de acciones para hacerse escuchar ante el gobierno de Santos.
En medio de los múltiples conflictos que vive Colombia, este es otro más que se abre debido a las criminales medidas neoliberales y a las actitudes obsecuentes de gobiernos cipayos como los que han regido Colombia durante buenas parte de su desventurada historia.
Fuente:Argenpress
miércoles 8 de febrero de 2012
Los Nule y “los nulos” del sistema penitenciario colombiano
Por Miguel Ángel Beltrán
Los medios de comunicación dieron a conocer la semana pasada un nuevo escándalo de corrupción en la Cárcel Nacional “Picota”, esta vez por cuenta de los empresarios Nule (Miguel, Manuel y Guido), procesados por el llamado “Carrusel de la Contratación en Bogotá” y condenados a una penas ínfimas de 7 años y medio (en el caso de su socio Mauricio Galofre a sólo 6 años y 8 meses), por el delito de peculado por manejo irregular y apropiación de cerca de 70 mil millones de pesos en materia de anticipo para la ejecución de tres contratos que le fueron entregados por el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano).
De acuerdo con la información suministrada por los medios periodísticos, un registro rutinario realizado por guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), puso en evidencia que los empresarios Nule contaban en su ya exclusivo sitio de reclusión con teléfonos celulares, computadores, ipods, Play Station y hasta quinientos mil pesos en efectivo. Todos ellos artículos prohibidos por la normatividad penitenciaria y carcelaria. Pocos se han preguntado ¿cómo llegaron estos artefactos allí? en una cárcel de alta seguridad donde las visitas de los presos son requisadas hasta límites que vulneran la dignidad humana.
Como suele suceder en estos casos, hay un escándalo periodístico que a lo sumo dura uno o dos días. En el mejor de los casos el director del penal es destituido, para luego ser reubicado en otro centro penitenciario como sucedió hace precisamente un año con la entonces directora Imelda López, con cuya anuencia los detenidos en el pabellón de parapolítica celebraron numerosas fiestas, acompañados de reconocidas orquestas musicales. Hoy la señora Imelda funge como directora de la cárcel de Valledupar (conocida como la “Tramacúa”), tristemente célebre por las continuas violaciones a los derechos humanos de los reclusos.
En aquella ocasión, cuando cerca de 20 personas ingresaron al pabellón de parapolíticos para celebrarle el cumpleaños al ex congresista Juan Carlos Martínez, el ministro del Interior y de justicia, Germán Vargas Lleras anunció con su estereotipado tono vehemente que “no iba a permitir más desórdenes y que el relajo [en las cárceles] no podía continuar”. Doce meses después la situación no ha variado ni un milímetro, sólo que esta vez, son sus amigos, los empresarios/delincuentes Nule, los protagonistas de estos escándalos, con quienes los une estrechos vínculos sociales y comerciales.
Por su parte el director del INPEC el general Gustavo Adolfo Ricaurte advirtió que “los Nule se exponen a perder los beneficios que la Fiscalía y un juez le otorgaron”(subrayado MAB). En un país donde la justicia realmente se aplicara, no “se expondrían”, sino que perderían ipso facto esos beneficios. De hecho cuando un prisionero regular, le es hallado un celular, inmediatamente se le sanciona con una suspensión de visitas por un año, cuando no es trasladado a otro centro penitenciario lejos de su núcleo familiar y de amigos.
Lo cierto es que el tratamiento penitenciario en Colombia pone en evidencia las desigualdades de un país atravesado por profundas diferencias sociales: mientras aquellos que tienen poder económico, político o delincuencial, reciben trato preferencial en los centros de reclusión, como en el caso de los señores Nule, aquellos que carecen de él, esto es la gran mayoría, sobreviven en condiciones que constituyen una afrenta a la dignidad humana.
Estos últimos no tienen ningún valor para el Estado colombiano y no reciben el trato de los Nule sino de los “nulos”; se les ignora, se les ningunea, se les aísla, se les invisibiliza, se les tortura física y psicológicamente. Esta es, justamente, la situación que viven los más de ocho mil presos(as) político(as) y prisioneros(as) de guerra, cuya condición de rebeldes es negada sistemáticamente por el Estado y violándose permanentemente sus derechos fundamentales.
A propósito de estos hechos, cabe recordar que cuando se inició la audiencia de legalización de captura de los empresarios Nule y todavía se discutía cuál sería su lugar de reclusión, llegó la orden hasta el pabellón de alta seguridad de la Picota, donde nos encontrábamos recluidos medio centenar de presos, que debíamos desalojar inmediatamente sus instalaciones, porque allí serían confinados los hermanos Nule.
Cincuenta internos seríamos trasladados y hacinados en otros patios o centros penitenciarios para dar comodidad a cuatro presos que requerían “medidas de seguridad excepcionales”. El director encargado en ese momento, Capitán® Aldemar Echeverry, visitó personalmente las instalaciones en compañía de los abogados de los empresarios. Al final de la inspección concluyeron que el lugar no reunía las condiciones de habitabilidad para los señores Nule por los malos olores, las filtraciones de agua, la estrechez de sus celdas y su falta de iluminación. Cuatro delincuentes “de cuello blanco” no podían estar ahí, pero medio de centenar de presos si debíamos permanecer en tan indignantes condiciones.
En un acto de “generosidad”, el mencionado oficial en retiro ofreció la Casa Fiscal, hasta ese momento su lugar de residencia, para que fuese adecuada como sitio de reclusión. En contraste con las celdas de 3 por 4 metros cuadrados, que ocupábamos cinco y hasta seis reclusos, los Nule podrían disponer ahora de una casa de 80 metros cuadrados de superficie con televisor, nevera, sistema de ventilación, cómodas camas y baños privados.
Ahora muchos funcionarios del gobierno se rasgan las vestiduras y salen a denunciar los “lujos” y “excesos” de los Nule, cuando ellos mismos han promovido una política penitenciaria, basada en la discriminación y la desigualdad entre la población carcelaria? La destitución de los directores de turno, los anuncios de liquidación del INPEC, o la construcción de nuevos establecimientos carcelarios lejos de resolver el problema carcelario sólo logran agudizarlo. Ejemplo de ello han sido los ERONES (Establecimientos Reclusorios de Orden Nacional, cuyo régimen penitenciario basado en los lineamientos trazados por el Bureau Federal de Prisiones de los Estados Unidos, riñe con los protocolos internacionales para el tratamiento de personas privadas de la libertad, acrecentando la violación de los derechos humanos de los reclusos.
Si estos ERONES constituyen -como lo afirma el discurso oficial- la real solución para el hacinamiento de las cárceles colombianas ¿por qué a la fecha no han sido trasladados a sus instalaciones los Nule o los centenares de políticos acusados de vínculos con grupos paramilitares? No es difícil responder a esta pregunta: estos establecimientos -construidos con dineros del “Plan Colombia”- vienen siendo utilizados como mecanismo de castigo para los miles de presos políticos y prisioneros de guerra privados de la libertad. Los medios oficiales de comunicación que tanto empeño colocan en mostrar el dramático rostro de los compatriotas presos por la guerrilla en las selvas colombianas, deberían también mostrar esta otra cara -no menos dolorosa- de la guerra en Colombia y que concita, cada vez más, la necesidad de una solución política al conflicto social y armado colombiano.
Miguel Ángel Beltrán es Profesor Asociado Departamento de Sociología Universidad Nacional de Colombia. Perseguido Político.
VIDEO adjunto, reportaje de Noticias UNO sobre los Nule y su imperio en la cárcel:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xE3voqUpje4
http://noticiasunolaredindependiente.com/2012/01/28/noticias/guardianes-dicen-que-algunos-pabellones-estan-fuera-del-control/
Fuente:Argenpress
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