Cuando los genocidas enjuician al juez
Publicado el 3 de Febrero de 2012
Por Pablo Perel Coordinador del Área de Derechos Humanos - C.C.C. Floreal Gorini.
“España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo.”
Artículo 1º de la Constitución de la Republica Española de 1931.
La premisa es clara: investigar el genocidio no puede constituir un delito. Evidente, también, es el resabio conservador que se manifiesta en el poder judicial español al sostener una acusación contra el juez Baltasar Garzón por indagar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo.
Una de las facciones de ultraderecha española solicitó la pena de 20 años de inhabilitación para Garzón por aplicar “incorrectamente” la ley en forma intencional, pero no hay acusación del fiscal ni de ninguna supuesta víctima por el delito de prevaricato por el que se lo acusa.
Según los procedimientos legales y la jurisprudencia, esta circunstancia bastaría para cancelar la parodia judicial que vulnera al menos tres cuestiones: los derechos del juez; la independencia judicial; y, desde ya, los derechos de las víctimas de Franco, que fueron dejadas sin el acceso efectivo a la justicia
Claro que han pasado décadas desde el inicio de la llamada transición democrática española sin que se reconozcan y amplíen derechos y se establezcan medidas en favor de quienes padecieron persecución de la dictadura de la falange. A pesar de constituirse como uno de los países con más víctimas por desaparición forzada, España no ha garantizado el derecho a conocer la verdad sobre el genocidio.
Como señala Carlos Slepoy, impulsor de la causa por los crímenes del franquismo, “tras 40 años de dictadura y 35 de democracia, en España no existe siquiera una Comisión de la Verdad. Ni a un solo niño robado por la dictadura se le ha restituido su identidad; ni un solo victimario ha sido identificado judicialmente; ni a un juez se le ha tomado declaración. No hay nadie, en fin, que haya sido imputado por la comisión de alguno de los múltiples, masivos y generalizados crímenes cometidos”.
En 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a España a derogar la Ley de Amnistía de 1977 y a garantizar que los tribunales nacionales no aplicasen plazos de prescripción en los casos de delitos de lesa humanidad. Asimismo, en 2009, el Comité contra la Tortura recomendó que España debería “asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía” y alentó a “continuar intensificando sus esfuerzos para ayudar a las familias de las víctimas a esclarecer la suerte de los desaparecidos, identificarlos y obtener las exhumaciones de sus restos, siempre que sea posible”.
Juristas vinculados con el régimen, que intervienen en este proceso, han calificado a Garzón como paradigma de la “ignorancia inexcusable”.
Lo cierto es que si la condena al juez Baltasar Garzón se llevara a cabo, supondría la denegación de justicia para las víctimas y una clara muestra del papel de la corporación judicial española como cómplice del genocidio franquista.
Fuente:TiempoArgentino
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