04 de Febrero
El juez Baltasar Garzón pone a España frente al espejo
Por Alberto Galeano
A pesar de sus detractores, reunidos tanto en la derecha y el socialismo como en los vascos, el juez Baltasar Garzón siempre fue fiel a una norma jurídica: los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
Quizá esta sea una de sus cartas de triunfo en el proceso que afronta por supuesto prevaricato (dictar a sabiendas una declaración injusta), luego de declararse competente para juzgar los crímenes de la dictadura del general Francisco Franco.
Garzón, quien fue instructor del caso “Gürtel” que compromete a dirigentes del gobernante Partido Popular (PP) en un escándalo de estafas, se arriesga a ser inhabilitado por veinte años en caso de ser hallado culpable.
Hugo Relva, consejero jurídico de Amnistía Internacional (AI), dijo a Télam que “lo más grave es que el Tribunal Supremo afirma que ´investigar los crímenes del franquismo es algo criminal´”.
“Nunca investigar sobre violaciones a los derechos humanos puede ser un delito”, afirmó Relva, quien señaló que si Garzón es condenado “será un golpe durísimo para España”.
Garzón, que fue suspendido en sus funciones por la Audiencia Nacional de España en mayo de 2009, es acusado de prevaricato por no haber observado la Ley de Amnistía de 1977 y las normas relativas a la prescripción contenidas en las leyes penales de España.
“Es sabido, y ha sido la doctrina concordante de los tribunales de justicia españoles, que ni la amnistía ni la prescripción pueden impedir la investigación de pasadas violaciones a los derechos humanos”, dijo Relva.
La defensa y la fiscalía han pedido la absolución de Garzón, famoso por llevar al banquillo de los acusados a responsables de crímenes de las dictaduras de Chile y Argentina, entre ellos el ex represor de la armada Adolfo Scilingo y el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Ante las críticas del Supremo, Garzón dijo que frente al franquismo había seguido los mismos criterios que durante los procesos contra represores de varios países latinoamericanos.
“Hice lo que creí que debía hacer; no es cuestión de ideología. Aquí había cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos”, dijo el magistrado esta semana.
Fiel a sus argumentos, que le dieron fama internacional, Garzón se declaró competente para juzgar los abusos del franquismo entre 1936 y 1951, al sostener que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
También dijo que no ignoró la ley de Amnistía de 1977, pero indicó que esta norma se refiere sólo a delitos políticos.
Los testimonios de los familiares, presentados por la Asociación de Memoria Histórica, fueron elocuentes para relatar las barbaridades del franquismo, entre las que se incluye la desaparición forzada de personas.
Garzón, de 56 años, fue acusado de prevaricato por dos organizaciones ultraderechistas, luego de que en 2008 se declara competente para juzgar los crímenes de Franco, tras conocerse una lista de 119.000 víctimas reunida por familiares y por la Asociación por la Memoria Histórica.
La investigación sobre los crímenes del franquismo ha sacado a la luz el misterio que existe sobre los llamados “Niños perdidos del general Franco” que involucra a unos 30.000 chicos.
En los primeros años del régimen franquista el robo de niños fue políticamente instigado por Antonio Vallejo-Nájera, un siquiatra español que apoyaba la teoría nazi de que los comunistas “eran mentalmente enfermos”!.
Inspirado en Vallejo-Naguera, el gobierno franquista estableció leyes en 1940 para que aquellas familias”-que no apoyaban los ideales del franquismo- no tuvieran contactos con sus hijos”, quienes eran dados en adopción luego de nacer en cautiverio, señaló el diario británico The Independent.
“Podemos afirmar que el más infame caso tuvo lugar en la prisión de mujeres de Saturrarán (Guipúzcoa), en el País Vasco, cuando cerca de 100 hijos de republicanos fueron eliminados de un plumazo”, dice Alasdair Fotheringham, en una nota de dicho rotativo.
Garzón, que inició también varios procesos judiciales contra la organización separatista vasca ETA, es acusado por sus detractores de haber utilizado el tema de los derechos humanos para construir una carrera política internacional.
El magistrado enfrenta, además, un proceso por beneficiarse supuestamente con dinero del Banco Santander por unos cursos que dictó en Estados Unidos, entre 2005 y 2006, y una acusación por interceptar en forma ilegal las comunicaciones contra sospechosos del caso “Gürtel”.
Garzón logró que en 2005 la justicia española reconociera su competencia para investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad en todo el mundo.
A pesar de que fue delegado del plan nacional de drogas del gobierno de Felipe González -1982-1996-, Garzón investigó a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), creados por el socialismo para asesinar a miembros de ETA.
Con sus investigaciones, el ahora imputado se fue convirtiendo en un personaje molesto tanto para la derecha como para el socialismo, los miembros de grupos vascos extremos y para sectores independientes.
Pero organizaciones de derechos humanos y la Comisión Internacional de Juristas, entre otros, elogiaron su “coraje” para enjuiciar los crímenes de lesa humanidad en forma global.
Así como la justicia cambió drásticamente después de que se creara el Tribunal de Nüremberg, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, algunos juristas piensan que habrá un antes y un después del juez Garzón.
Fuente:Telam
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