Las razones de la minería
Africa, partes de Asia y América latina viven con tensiones el boom extractivo, que cambió de métodos y alimenta un mercado voraz. De la mano de las inversiones llegan los conflictos políticos y medioambientales.
Por José Natanson *
Junto con Africa y algunas zonas de Asia, América del Sur es una de las regiones más ricas en minerales del planeta. En los últimos años, casi todos los países han visto una expansión acelerada de la actividad. En Brasil, por ejemplo, la producción de bauxita pasó de 19,3 millones de toneladas en 2003 a 29 millones en 2010, mientras que la de hierro creció de 263,7 a 370 millones de toneladas. En Perú, que hoy lidera el ranking minero de la región, las exportaciones totales registraron en 2011 el record de 45.726 millones de dólares, lo que representó un incremento de 28 por ciento en comparación al año anterior: de ellas, el 58 por ciento son minerales. Las exportaciones mineras provenientes del Mercosur ampliado pasaron de 13 mil millones de dólares en 2003 a 42 mil millones en 2009 (todos datos de la Cepal).
El investigador uruguayo Eduardo Gudynas, muy crítico con el auge de la minería y las condiciones sociales y ambientales en las que se desarrolla, distingue sin embargo diferentes realidades (“Estado compensador y nuevos extractivismos”, revista Nueva Sociedad Nº 237).
Para Gudynas, países como Perú y Colombia practican un extractivismo clásico, en el cual las empresas trasnacionales de-sempeñan un rol centralísimo, con escasos o nulos controles estatales, mientras que otros países han intentado esquemas más o menos articulados, más o menos efectivos, que tienden a incrementar el papel regulador al Estado y aumentar los porcentajes de apropiación de la renta minera, ya sea mediante la creación de joint ventures (contratos de riesgo compartido) entre empresas nacionales y extranjeras, como en Bolivia, donde la Korea Resource se asoció con la Corporación Minera, sea a través de la creación de empresas estatales, como en Catamarca o Santa Cruz, o vía la imposición de nuevos tributos, como las retenciones argentinas o ecuatorianas.
Gudynas aclara que nada de esto modifica la inserción subordinada en la economía mundial de los países sudamericanos, que siguen siendo “tomadores de precios” y que se han mostrado incapaces de coordinar entre sí estrategias conjuntas al estilo de las potencias petroleras reunidas en la OPEP. Al final, las pulsiones del boom minero resultan tan irresistibles como las de la soja y condenan a los países de la región a su rol de exportadores de productos con escaso valor agregado, un problema no por conocido menos real y que ha sido retratado infinidad de veces, por ejemplo, por el padre del cine boliviano, Jorge Ruiz, en un documental cuyo título lo dice todo: Un poquito de diversificación económica.
En este contexto, decir que los gobernadores cordilleranos argentinos son “gobernadores mineros” es tan correcto como afirmar que Evo Morales u Ollanta Humala son “presidentes mineros”. Todos ellos enfrentan la resistencia de las comunidades locales al desarrollo de algunos de estos proyectos, como sucedió con el plan de la empresa australiana Republic Gold Limited para invertir 59 millones de dólares en la mina de oro Amayapampa, en el suroeste de Bolivia, o con el proyecto aurífero Conga, en Perú. En Bolivia, el intento de construir una carretera para unir las regiones de Cochabamba y Beni a través del Parque del Territorio Indígena Isiboro Sécure generó el rechazo de las comunidades que lo habitan, quienes fueron ferozmente reprimidas por la policía, a punto tal que Evo Morales tuvo que cambiar medio gabinete y anunciar la suspensión del proyecto.
La significación económica que ha adquirido la minería ayuda a entender por qué líderes como Lula o Evo, que difícilmente puedan ser calificados como conservadores, insisten con ella. No tanto por la capacidad de los emprendimientos mineros de crear trabajo o articularse virtuosamente con otras actividades económicas, pues en general funcionan como enclaves bastante cerrados, pero sí por su impacto en las exportaciones, con sus cruciales efectos en la balanza comercial de economías siempre sedientas de divisas, y como vía para incrementar los recursos fiscales, a través de la apropiación de un porcentaje variable de la renta minera.
Si se mira bien, esto es lo que está sucediendo en Argentina, donde la minería contribuye a fortalecer las cuentas fiscales de provincias con entramados productivos muy frágiles, como Catamarca o La Rioja o San Juan, y a mejorar la balanza comercial: se calculan unos 4 mil millones de dólares de exportaciones mineras en 2011 y, lo que es todavía más importante, con tendencia creciente (aunque, claro, debido a cargas tributarias comparativamente más bajas que las que pesan sobre, por ejemplo, la soja). En todo caso, la minería alimenta las exportaciones en un momento en el que ha reaparecido, aunque moderada, la temible “restricción externa”, que tantos problemas ocasionó a la economía argentina en el pasado. Y no sólo aquí. En Brasil, donde el gobierno acaba de anunciar un fabuloso ajuste fiscal, la minería constituye un rubro importante de exportación (la compañía brasileña Vale Do Rio Doce es de hecho la segunda minera más importante ¡del mundo!).
Como tantas otras cosas, el debate un poco exasperante que se vive hoy en Argentina es la versión local de una tendencia más amplia. Sin meterme en la cuestión de fondo (¿contamina la minería?, ¿crea progreso o es una garantía de expoliación y atraso?), creo que vale la pena revisarlo desde un punto de vista más político.
Puede ser hasta obvio decirlo, pero en medio de una discusión estridente, en la que algunos medios insospechados de sensibilidad ambiental se han vuelto ecologistas furiosos, quizá sea necesario: los gobernadores cordilleranos que apuestan a los emprendimientos mineros acaban de ser revalidados popularmente con porcentajes en algunos casos altísimos de votos. Con todo su cianuro, José Luis Gioja se impuso, hace apenas dos meses, con casi el 70 por ciento de los sufragios. ¿Quiere decir esto que Gioja tiene razón, o que los sanjuaninos no se equivocaron al votarlo? Ciertamente no: la idea de que el pueblo siempre tiene la razón es una pavada galáctica, desmentida por la historia cientos de veces. Aparte del hecho de que “razón” significa poco en política, no prueba nada, salvo tal vez una cosa: los sanjuaninos creen que es el hombre más adecuado para manejar su provincia, lo que al menos podría invitar a los analistas porteños a preguntarnos por los motivos de esta adhesión, y a explorar con cuidado temas fundamentales pero olímpicamente obviados en el debate actual, como la relación entre minas y votos, que es la relación entre ecología y democracia.
Una pista interesante en este sentido es la sugerida por Mario Wainfeld: “la licencia social”, es decir, la aprobación de las poblaciones involucradas a través de mecanismos como plebiscitos o referéndums, como condición para la realización de los proyectos mineros. Este tipo de consultas ayudarían a generar un debate amplio acerca de las ventajas y desventajas de los emprendimientos y permitirían definir situaciones trabadas de manera democrática. El problema, me parece, surge cuando se hila más fino y se avanza en cuestiones de implementación, la primera de las cuales es el alcance. ¿Quiénes deberían votar? ¿Los habitantes de la ciudad de Famatina? ¿Los del departamento? ¿O todos los riojanos, que tras la reforma constitucional del ’94 se convirtieron en los únicos propietarios de su subsuelo? No hace falta ser Artemio López para adivinar que el resultado variaría sustancialmente.
En Argentina hay unos pocos ejemplos de consultas populares: el plebiscito por el Beagle en 1984 y, más acá en el tiempo, el rechazo cerrado (81 por ciento) de los habitantes de Esquel a un proyecto minero y la negativa de los misioneros (89 por ciento) a la construcción de la represa de Corpus Cristi. En los últimos tiempos, América latina ha construido una breve pero intensa experiencia en este sentido, aunque en general relacionada con reformas constitucionales y revocatorias presidenciales, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador. El método, en todo caso, ha sido probado, y de hecho Evo Morales sugirió una consulta popular para zanjar el diferendo de la carretera y Pepe Mujica mencionó la posibilidad de realizar un plebiscito en la disputa por la minera de Aratirí. Curiosamente, en el caso de Gualeguaychú, que la socióloga Maristella Svampa ha definido como el “símbolo de la resistencia socioambiental asamblearia”, la Asamblea de vecinos se negó siempre a aceptar la resolución vía plebiscito, como propuso en su momento el gobernador Jorge Busti. Es el problema de los métodos de la democracia institucional, por más directa que sea: quienes se someten a ellos están obligados a acatar el resultado, sea cual fuere.
Director de Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur.
www.eldiplo.org
OPINION
Debate
Por Alfredo Zaiat
El debate sobre la minería ha adquirido mayor complejidad porque durante años las multinacionales dispusieron una política de ocultamiento de su actividad en el área de explotación. También por la subordinación de los poderes político y judicial provinciales a los intereses de esas megacompañías. Y por el silencio que cubrió las protestas y represiones a pobladores de esas zonas durante años, con muy pocas excepciones, entre ellas la de este diario. El kirchnerismo se ha sentido cómodo en ese marco de negocios de las mineras, incluso ha impulsado con énfasis esas inversiones. Ante las fuertes restricciones legales para implementar cambios profundos en el generoso esquema de promoción diseñado en los noventa, sólo pudo avanzar con fijar retenciones a las exportaciones del 5 al 10 por ciento, medida que algunas mineras resisten en la Justicia, y, desde noviembre pasado, con obligarlas a liquidar los dólares de sus ventas al exterior en el mercado local. Y en el marco de redefinición de la política de subsidios, le retiraron los que gozaban para la electricidad. Ahora también ha alentado la unión de las provincias mineras para unificar estrategias ante el poder de las mineras. El aspecto ambiental de la minería es relevante, como lo es también el de la producción sojera, petrolera, química, de curtiembres, petroquímica, y de toda industria. Concentrar el tema minero exclusivamente en la contaminación, cuando toda intervención humana en la naturaleza altera el ecosistema y cuando la actual fase del capitalismo transita el estadio del consumismo extremo, debilita y restringe el debate. La cuestión de la minería adquiere mayor densidad cuando se aborda además la articulación del poder económico, la apropiación de rentas de recursos estratégicos no renovables, la distribución del excedente y el perfil de especialización productivo.
A diferencia de Chile, país con el que se comparte la cordillera rica en recursos mineros, Argentina no tenía una historia importante en la actividad, excepto la de Yacimientos Carboníferos Fiscales. Sin antecedentes, en la formación de suficientes cuadros técnicos ni en inversiones de magnitud en la exploración, como lo hubo en el área de hidrocarburos con YPF desde las primeras décadas del siglo pasado, en la primera mitad de los ’90 se diseñó un cuadro normativo para el desembarco de las grandes compañías mineras, que traían los dólares y el conocimiento para comenzar la explotación, ya no con la tecnología antigua del socavón, que arrasa por dentro a la montaña, sino con la de cielo abierto, que directamente la dinamita.
El actual modelo minero fue estructurado con el acuerdo federal minero, con el Código Minero y con la reforma constitucional del ’94, que en su artículo 124 dispone que les corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esto último ha provocado una grieta difícil de reparar para instrumentar una administración nacional e integral de las riquezas hidrocarburíferas y mineras.
Ese marco legal facilitó el desarrollo de lo que se denomina “economía de enclave”: ingresan capitales del exterior para explotar ricos yacimientos mineros, realizan millonarias inversiones, pagan una muy baja proporción de impuestos en relación a su giro (por ejemplo, están exentos del impuesto al cheque, a los combustibles), tienen estabilidad fiscal por treinta años y gozan de un régimen de importación sin aranceles. Las regalías abonadas a las provincias son bajas (de 2,5 a 4,0 por ciento en boca de mina), pero a la vez esos recursos son muy importantes para las finanzas de esos gobiernos. Esta dependencia fiscal explica la defensa férrea que legisladores y gobernadores de provincias mineras realizan de esa actividad.
Para eludir las restricciones de ese marco legal, que además se refuerza con los Tratados Bilaterales de Inversión que implicaron la pérdida de la jurisdicción nacional a manos del tribunal internacional Caidi-Banco Mundial, se ha empezado a evaluar, aunque en forma incipiente, la participación del Estado, nacional y provincial, a través de empresas públicas en emprendimientos mineros. De esa forma, parte de la renta extraordinaria minera podría ser apropiada por toda la sociedad.
En esa misma línea, el Gobierno podría alentar en el Congreso la modificación del esquema regulatorio de la minería, aunque todavía no ha manifestado esa voluntad política. Esos cambios legislativos no alterarían los proyectos en curso por la existencia de derechos adquiridos, pero establecerían, para futuros emprendimientos, normas equilibradas entre el interés privado y el desarrollo nacional. Como la renta minera es generosa, en un contexto internacional de alza estructural de los precios de esas materias primas, las corporaciones mineras primero rechazarían esos cambios alertando por una caída de las inversiones, pero se sabe por otros antecedentes, pasados y recientes, que finalmente las realizarán –incluso asociadas con el Estado– por las abundantes riquezas escondidas en cerros y montañas.
Desde que se inició la minería en gran escala hace poco más de quince años, la actividad tuvo un crecimiento exponencial. Hay actualmente doce grandes proyectos en operación, tres en construcción y 340 “prospectos” en diversas etapas de desarrollo para extraer diversos minerales. Entre 1998 y 2009, la participación de la minería en el PBI saltó del 1,5 al 4,5 por ciento. Podría alcanzar el 6,0 por ciento cuando dentro de poco entre en funcionamiento el gigante Pascua-Lama, un emprendimiento binacional argentino-chileno en San Juan que tiene reservas de 18 millones de onzas de oro, de acuerdo a la información difundida a la prensa.
La secretaria de Minería de la Nación estima que existen 2,3 millones de kilómetros cuadrados con potencial geológico apto para el desarrollo minero. El tipo de explotación de recursos naturales, su destino y la forma de apropiación de sus rentas extraordinarias son cuestiones clave del desarrollo. Del mismo modo que la tierra forma parte del bien común de toda la sociedad, los minerales ocultos que contiene la cordillera también son riquezas que forman parte del patrimonio colectivo. Esto implica que la intervención de las multinacionales en ambas actividades (minería y agro) no tiene diferencias porque el patrón extractivo es similar. En clave medioambiental, el cianuro y el glifosato aplicados sin controles y en forma desaprensiva provocan daños irreparables. Y en términos económicos, la necesidad de avanzar sobre la renta minera es tan relevante como la captura social a través del Estado de la renta sojera mediante retenciones. Por eso en este debate resulta orientador encontrar respuestas a lo siguiente: ¿cuál es la tasa de ganancia “normal” en esas explotaciones?; ¿shocks extraodinarios que disparan al alza el precio del mineral extraído no cambian las condiciones de la explotación fijadas por el Estado?; ¿cuál es el beneficio para la sociedad de poseer una inmensa riqueza natural, de cuyos frutos disfruta muy poco y sólo los recibe vía impuestos y empleos?; ¿cuál es la prudente estrategia financiera y de acumulación de reservas de un país con ricas áreas mineras donde se esconden abundantes reservas de oro?
Avanzar sobre esos interrogantes profundizaría el actual debate de la minería, para empezar a cuestionar el modelo de “economía de enclave”, que cuando agota el recurso natural es abandonada con consecuencias sociales y laborales. Ese patrón extractivo se supera cuando se diseñan políticas que incorporan a ese esquema productivo la elaboración local de las materias primas. En el caso de la minería, sería la etapa de procesamiento de los metales en refinerías. Esto exige fuertes desembolsos de dólares y mayores escalas, con demanda de trabajo de calidad al necesitar ingenieros, técnicos, investigadores. La tarea es construir los eslabonamientos necesarios entre recursos naturales, manufacturas y servicios. Incentivar así la innovación científico-técnica en cada uno articulándolos en torno de conglomerados productivos, incorporando a las pequeñas y medianas empresas, de modo que el impulso exportador refuerce la capacidad de arrastre sobre el resto de la economía y que los resultados de ese crecimiento se distribuyan con mayor igualdad. Este es el gran desafío de la actividad minera, como el de otras industrias extractivas, para ser parte del desarrollo nacional y no sólo un gran negocio para multinacionales.
azaiat@pagina12.com.ar
Fuente:Pagina12
Las provincias quieren ser socias en el negocio minero
Año 5. Edición número 196. Domingo 19 de febrero de 2012
Por Eduardo Blaustein
eblaustein@miradasalsur.com
La creación de un nuevo organismo federal oscila entre las promesas ambientales y la obtención de una renta mayor.
Desde que la discusión sobre la megaminería a cielo abierto se instaló definitivamente en la agenda gracias a las últimas movilizaciones generadas en La Rioja y Catamarca, la conformación de un organismo interprovincial que tenga un rol más decidido en la materia es la iniciativa de mayor alcance conocida hasta ahora, con consecuencias que podrían ir de lo político y económico a lo institucional y cultural. “Podrían”, en potencial, porque sólo con el paso del tiempo se sabrá qué pasos concretos dará ese organismo y en qué sentido. El debate al que se amagó convocar desde el oficialismo se está haciendo realidad mucho antes de lo previsto, por la fuerza de los hechos. Antes que en los partidos políticos (con la conocida excepción de Proyecto Sur y poco más) o el Congreso nacional, la discusión comenzó a darse de manera acelerada en los medios –con mayor complejidad y rigor–, pero con un origen que quiebra una lógica añeja: las broncas, defensas o desconfianzas crecientes contra la megaminería a cielo abierto vienen desde abajo y de tierra adentro. Desde las provincias hacia Buenos Aires, no al revés.
El gobierno finalmente comienza a adoptar algunas decisiones nuevas frente a esta realidad política. Al igual que sucedió con la reactivación de la Ofephi (el organismo que nuclea a las provincias productoras de hidrocarburos) ante un escenario de fuertes dificultades en las producción de petróleo y gas, la creación de la Ofemi (Organización Federal de Estados Mineros) tuvo mucho que ver con una iniciativa encarada por las autoridades nacionales. El acuerdo de conformación fue firmado por los gobernadores de Jujuy (Eduardo Fellner será el presidente de la Ofemi), Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquén. La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, será una suerte de segunda en el organismo y el salteño Juan Manuel Urtubey un articulador entre éste y la Ofephi. Que la iniciativa y la presencia del ministro de Planificación, Julio De Vido, haya dejado opacada la figura del secretario de Minería, Jorge Mayoral, no puede sorprender. Mayoral, relacionado con las mineras, es una figura poco conocida de un gobierno cuya política en la materia optó más bien por el perfil bajo.
¿Qué se supone que van a hacer el Estado nacional y las provincias desde la Ofemi? En la interpretación de los titulares de Clarín y La Nación todo se sintetiza en un “respaldo a la actividad minera”, que así descripta parece ser una sola, sin complejidades. Si es por el documento firmado por los gobernadores (con la adhesión de los representantes de Río Negro y Santa Cruz, que no pudieron asistir a la reunión), efectivamente emerge la idea de seguir estimulando la minería sólo que (en teoría) extremando los recaudos medioambientales, distribuyendo más de las ganancias entre las provincias, mejorando los aportes de la actividad al desarrollo local.
El riesgo es que algunas de esas intenciones queden en segundo plano y sólo se atienda a la urgencia de “mejorar la imagen que la sociedad tiene de la actividad”, es decir de afrontar los conflictos sólo con herramientas comunicacionales. El documento subraya como un asunto crucial la necesidad de implementar “un marco de sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social, garantizado la plena ocupación y verificando el cumplimiento efectivo de los principios e instrumentos tanto de la gestión minera como ambiental”. Al respecto, se reivindica la figura de la “licencia social” como condición necesaria antes de que se inicien acciones de prospección o exploración. Se supone que los gobernadores deberían conseguir esa aprobación social y se habla de obtenerla mediante la construcción de obras de infraestructura para la comunidad, lo cual no es el punto planteado por los pobladores que objetan a la megaminería misma.
Otro asunto central del documento, y que recuerda también lo discutido entre las provincias productoras de gas y petróleo, es la eventual creación de empresas provinciales. Hay provincias que ya venían trabajando en esa dirección (Río Negro y Catamarca) y otras que prefieren otra estrategia (San Juan). En palabras de Eduardo Fellner, gobernador de Jujuy, “las provincias podrán intervenir solas o asociadas a empresas privadas en la exploración y explotación de recursos”.
Federalismo, debilidad. El apuro con que debió reactivarse la Ofephi y se creó la Ofemi puede verse como una respuesta nueva ante escenarios nuevos. O como una prueba de la debilidad del muy declamado sistema federal. O del raquitismo de las instituciones provinciales a la hora de relacionarse con las corporaciones. Según cómo, “relacionarse” puede significar “negociar”, “ceder”, “aliarse”. Según la secretaría de Minería, si en 2003 los empleos indirectos generados por la actividad eran 98.700, en 2008 ya eran 256 mil (ahí se acaba la actualización de datos en la web del organismo), con un promedio salarial de unos 5.700 pesos. Las proyecciones para el 2015, según la misma fuente: 87 mil empleos directos y 316 mil indirectos. En diálogo con este medio, Armando Domínguez, el dirigente minero de Olavarría que habló por teleconferencia con la Presidenta, fue más cauto en los cálculos del presente: “Entre 45 y 50 mil mineros”. Si es por el ejemplo emblemático de La Alumbrera, hoy en esa explotación trabajan menos de 900 personas… versus los puestos de trabajo alternativos que se pierden por el impacto de esa misma mina.
La discusión pública que comenzó a darse en las últimas semanas permite ir encontrando grises y matices. Por ejemplo, lo que sostiene el abogado Javier Garín, un egresado de la UBA que fue concejal kirchnerista en Lomas de Zamora y que en Andalgalá, Catamarca, presentó un amparo ambiental contra el proyecto de Agua Rica. Reivindicando su kirchnerismo, este abogado escribió en su blog cosas como éstas:
“Los pueblos cordilleranos no están en lucha debido a una ‘irracional oposición a la minería y al desarrollo’, como piensan algunos, o a la ‘interferencia de agitadores foráneos’, sino por motivos legítimos y serios”.
“La oposición es a la megaminería a cielo abierto de alto impacto en cercanías de las ciudades o de sus fuentes de agua, que llevan adelante las multinacionales aplicando metodologías restringidas en sus países de origen, y que amenazan con desertificar y destruir el entorno donde estos pueblos se asientan desde antiguo”.
“Otro falso dilema consiste en contraponer el desarrollo al cuidado del medio ambiente. El neodesarrollismo actualmente en boga contiene resabios de pensamiento colonizado que deben ser reexaminados y rediscutidos, ya que no sólo los gobiernos son ‘gobiernos en disputa’, sino también lo son los modelos de desarrollo.
“No hay que regalar la bandera ambiental a los oportunistas. Es muy tonto atribuirlo todo a la malicia de un multimedios, al extremo de justificar la represión y burlarse de los pueblos cordilleranos”.
Algunos de los párrafos escritos por este ambientalista kirchnerista coinciden (o, para algunas lecturas maximalistas, tenderían a coincidir) con párrafos de documentos emitidos por Carta Abierta y con el último publicado por Plataforma 2012, el 10 de febrero pasado. Dos enunciados de ese documento (ver propuestas en nota relacionada) son centrales, e imprescindibles para el debate:
“Lejos de ser ‘motor de desarrollo’, como argumentan sus defensores, la megaminería trasnacional refuerza la dependencia hacia los centros capitalistas de poder global, y profundiza las formas de desigualdad ya existentes a escala local, provincial y nacional: expoliación económica, devastación institucional, destrucción de territorios y depredación de bienes naturales, fragmentación y control social, cooptación científico-tecnológica, ya son hechos incontestables de nuestra realidad del siglo XXI, que no hacen más que remitir y actualizar la triste historia colonial del continente”.
“La megaminería no es cuestionada por desconocimiento, ni por falta de cultura productiva, sino precisamente porque ésta constituye una síntesis acabada del mal desarrollo. Se trata además de un modelo que pone en jaque a la democracia, pues avanza sin consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos sociales, divisiones en la sociedad y una nueva espiral de criminalización de las resistencias”.
Mapa de ruta: para el otro lado
Año 5. Edición número 196. Domingo 19 de febrero de 2012
Por GRUPO Plataforma 2012
Opinión.
Los siguientes son diez propuestas formuladas por el grupo Plataforma 2012 en torno de la megaminería:
1) Reforma integral del Código de Minería y derogación de la Ley de Inversiones Mineras (24.196) y sus modificatorias, que promueven y habilitan la destrucción de los bienes comunes y el despojo colonial de nuestras riquezas.
2) Aplicación efectiva de la Ley Nacional de Protección de los Glaciares en todo el país.
3) Recomposición ambiental de las zonas afectadas por los megaemprendimientos mineros que actualmente existen en el país.
4) Cierre de todas las causas abiertas a los ciudadanos criminalizados por manifestarse contra la megaminería.
5) Urgente derogación de la nueva Ley Antiterrorista.
6) Urgente sanción de las leyes provinciales derogadas en La Rioja y en Río Negro, que prohibían este tipo de megaemprendimientos mineros.
7) Activación y ampliación de mecanismos participativos y de democracia directa que apunten a la democratización de las decisiones.
8) Propuesta de Declaración de una moratoria a nuevas concesiones a la exploración y explotación minera metalífera.
9) Propuesta y debate de una ley nacional de prohibición de la megaminería metalífera con uso de sustancias tóxicas y la uranífera en todo el país.
10) Propuesta de un gran debate nacional que reflexione y genere políticas públicas que apunten a una salida del extractivismo, en pos de un equilibrado e igualitario desarrollo de los pueblos, respetando su cultura y sus formas de vida.
Minería Para Todos
Año 5. Edición número 196. Domingo 19 de febrero de 2012
Por Daniel Bosque. Director de Mining Press, diario on line de la industria minera
Opinión
La escalada del conflicto minero, junto a las irresponsables posiciones de algunas fuerzas políticas (principalmente el radicalismo) ha ido más allá de los deseos del Gobierno, que lo que menos quería era otro frente de batalla en momentos en que concentraba fuerzas versus Moyano, por Malvinas y en el difícil cuadro del sector externo timoneado por Guillermo Moreno.
El efecto Famatina fue capitalizado rápidamente por la izquierda (Bonasso, Solanas y compañía) y por Clarín y otros medios defenestrados por el poder. De La Rioja a Catamarca pasó la llamativa movida para detener la operación de la principal mina del país, que no arrancó hoy sino hace 15 años y que es generadora de fuertes divisas y del 47% de los tributos catamarqueños. Y para impedir la virtual prolongación minera a corporizarse en el rico yacimiento de cobre de Agua Rica.
Pero como toda crisis es oportunidad, la Casa Rosada y los gobiernos provinciales con intereses en la minería terminaron lanzando la Organización Federal de Estados Mineros (Ofemi), en una rápida reacción que arrancó en los mandatarios provinciales (el salteño Urtubey y el riojano Beder Herrera lanzaron una convocatoria a la Casa de Salta) y luego interceptada por la Nación, que invitó a los gobernadores a diseñar el futuro en términos de minería mixta: más protagonismo del Estado y repensar y acordar con las mineras otro reparto de la renta que genera el sector. A la foto con las provincias “cordilleranas”, como se autobautizaron en ocasión de la Ley de Glaciares, cuando proclamaron la potestad sobre los recursos naturales, se sumó el ministro Julio De Vido, que ha prometido para marzo un Acuerdo Federal Minero.
Esta Minería para Todos tendría como una de las herramientas importantes las empresas mixtas. La intención de la Nación y las provincias es atrapar más renta minera, pero lo que no está claro es quién se quedará con la plusvalía que surja del nuevo escenario. Y un New Deal con la minería extranjera. Qué me das, qué te doy.
Las empresas mineras, que hace un lustro veían la receta mixta como poco menos que inaceptable, hoy están dispuestas a conversar un “afecto societatis” que garantice legitimidad social y política a cambio de ceder parte del negocio. “Lo que no puede pretender el Estado –especulaba un empresario– es que seamos socios a cambio de nada.” Y recordaba casos como el de la estatal Fomicruz, que en situaciones de conflicto se desmarca de su socia Cerro Vanguardia para criticarla agriamente. Si el Gobierno Nacional admite que la minería es estratégica y vital para el país, deberá ser consecuente en desarmar las protestas antiminería atravesadas por la política. Sin ir más lejos, quienes pretenden abortar la sociedad Emse-Osisko en Famatina, se quieren llevar puesto el contrato más beneficioso para un Estado provincial hasta hoy firmado (30% para La Rioja, más regalías).
Después de este parto, seguramente se conocerán acuerdos y divergencias en la Nación y las provincias acerca de quién se queda con la mejor tajada del negocio minero. Además de ofrecerle áreas mineras para exploración y explotación, la política le está diciendo al sector privado que lo que vale es el paraguas frente a una protesta social que no dejó de crecer en estos años con la perezosa complicidad de la propia minería.
Si de algo ha servido el conflicto que disparó Famatina es para catapultar el debate minero a la escena nacional. Ver a la catamarqueña Lucía Corpacci en 6,7,8 frente a periodistas que hasta hace poco descalificaban a la mentada megaminería, es toda una novedad. Cianuro, agua, renta, regalías, todo se discute.
¿Pero de qué peso económico y social estamos hablando? ¿Por qué importa tanto al fin y al cabo la minería? El portavoz de la industria minera, Mario Capello, advierte que el país no puede perder la oportunidad de aprovechar la actual fase de expansión minera impulsada por gran demanda de China, India y otras naciones. La minería argentina, con 14 minas metalíferas en operación, ya representa el 4,5% del PBI y suma exportaciones por más de US$ 5.000 millones, constituyendo el tercer segmento exportador. Cuando se ponga en marcha la docena de proyectos mineros de oro, plata, cobre, molibdeno y potasio que tiene en el horizonte el país, este peso en la balanza comercial se triplicará y ayudará a equilibrar asimetrías históricas de la geografía argentina.
“Los impuestos nacionales y provinciales suman más del 47% del valor agregado de la producción metalífera. Argentina es el país de la región con mayor presión impositiva sobre la minería, incluso superior que en Canadá o Australia”, dice Capello. La minería ya genera 50.000 empleos directos y unos 250.000 indirectos y ese impacto es fácilmente palpable en provincias de reciente desarrollo minero como San Juan, Catamarca y Santa Cruz. “El sector no tiene salarios en negro y paga sueldos que están al tope del escalafón industrial y que triplican a los ingresos de actividades tradicionales”, reconoce el gremio Aoma.
La Argentina no es sólo una pampa agrícola como muchos imaginan. Las dos terceras partes de su territorio son desiertos y montañas, con abundantes minerales. Países de la región que hoy compiten por atraer inversiones mineras, festejan cuando en Argentina hay retrocesos impulsados por opositores a la minería. Hay US$ 25.000 millones de inversión proyectada que la Argentina, pero si crece el conflicto, se irán a otros países.
Entrevista a Héctor Nievas. Ingeniero en minas
Año 5. Edición número 196. Domingo 19 de febrero de 2012
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
Las grietas de La Alumbrera. Fue inspector de la Secretaría de Minería de Catamarca. Desde su experiencia cuenta los problemas de filtraciones que detectó en el año 1998. Una visión ajustada sobre los 15 años de explotación del yacimiento más mentado.
Las declaraciones de la Gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, acerca de que no se utiliza cianuro en la explotación minera La Alumbrera profundizó el debate sobre el impacto ambiental. ¿No hay cianuro como se dijo todo este tiempo?
–Sí, en realidad, probablemente lo que ha generado confusión es que en el proyecto inicial de este yacimiento pensaba utilizarse cianuro. Posteriormente se cambió, se pasó a una técnica de flotación. O sea, que en el gran volumen, no se utiliza el cianuro de sodio como elemento para recuperar el oro. O sea, que ellos flotan el cobre y hunden por flotación el oro, que recuperan por técnica gravitacional. Es decir, que por mayor peso específico, se van separando partículas de oro. Lo que puede suceder, y eso verdaderamente no lo sabe nadie, solamente lo sabrán ellos, es si en la etapa final, en la etapa de limpieza, se utilizan pequeñas cantidades de cianuro, porque es necesario que el oro esté en estado totalmente puro para ser fundido y volcado sobre lingoteras. Pero bueno, eso siempre ha sido negado sistemáticamente por la empresa; y a esa parte de la planta del edificio, nadie ingresa, por lo que es muy difícil de verificar.
–¿Cuáles serían en este proceso los factores contaminantes que se estarían denunciando en Catamarca?
–Mire, por un lado la gran minería mueve volúmenes importantes por día, hablamos de 300.000 toneladas. Cuando Farallon Negro, una empresa minera muy pequeña que depende de Ymad (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio), movía 240 toneladas en su mejor etapa, La Alumbrera está alrededor de 300.000. Así que, hablamos de volúmenes monstruosos. El gran problema de La Alumbrera que nadie o muy pocos dicen es la filtración que tiene el dique de cola donde se envían o se vuelcan desechos contaminantes. El dique de cola es como una prensa hidráulica. Imagínense ustedes, que es donde se supone que lo primero que debe existir es una estanqueidad absoluta porque no se embalsa agua pura, sino que son soluciones contaminantes. Es un vaso que se vuelca. Para que ustedes tengan una breve reseña histórica, en el año ’97, más precisamente en julio, a ese dique se lo probó hidráulicamente con agua fresca, con agua pura. Y estuvieron presentes: gente de la empresa, el Estado provincial y algunos pobladores de la zona. Ese dique perdía por todos lados. Se filtraba… Era un colador. No obstante eso, se siguió con el mismo proyecto inicial, es decir, volcar todos esos residuos con la peligrosidad de su deposición final –porque ya nunca más se va a mover de allí– se siguió volcando sobre el dique.
–Eso que se filtraba, ¿adónde va y qué consecuencias tiene?
–Bueno, las filtraciones… yo noto que otro aspecto importante de esto es que se hizo el dique de cola en la cuenca alta de un río. Es decir, en la parte seca… en la parte seca en la superficie, pero en la profundidad tenemos aguas subterráneas. Entonces, las filtraciones se producen en el sustrato, en la base del dique… y en las paredes también, de manera tal que esas filtraciones se van hacia abajo, se unen con el agua subterránea y se conectan hidráulicamente con el resto del río. ¿Qué hizo la empresa en ese caso? Cuando vio que había filtraciones por todos lados y ya se estaba incorporado material de desecho sobre ese dique… se hizo un sistema de retro-bombeo, es decir, se hicieron perforaciones, digamos, del muro del dique hacia abajo, chuparon esas filtraciones y las enviaron nuevamente al dique. Hoy por hoy debe haber 15 perforaciones para hacer este retro-bombeo. Esto va a tener que seguir funcionando, por lo menos entre 18 y 20 años más después de que finalicen las obras de explotación de la mina.
–¿Con esas medidas de reparación o parches es suficiente como para evitar la contaminación o lo mismo queda contaminado ese río y la zona aledaña a la mina?
–No. Obviamente que ya las situaciones son muy profundas, o sea que es muy difícil hacer una captación absoluta y total de todas las filtraciones. Nosotros, cuando controlábamos y monitoreábamos el río, vimos que en el año ’99, o sea, dos años después, ya empezaron a haber cambios químicos en el río. Y estamos hablando de 2 km fuera del área de concesión minera. Eso fue denunciado por nosotros porque tenemos responsabilidad administrativa. Lo hicimos y el resultado de haber dicho: “Señores, acá hay problemas; ya es difícil volver atrás todo esto”, fue que directamente nos corrieran de las funciones. Pasaron a otra área a hacer los controles.
–Cuando dice: “Nosotros”, ¿a quiénes se refiere?
–Bueno, en realidad yo era el único responsable profesional de los que teníamos a cargo el monitoreo que se hacía simultáneamente con la empresa. Se fijaban puntos…
–Y usted, en ese caso, ¿contratado por quién?
–Yo trabajaba para la Secretaría de Ambiente de la provincia. Por el otro lado estaba la empresa minera. Se tomaban dos muestras conjuntas y una contra-muestra. Cada parte enviaba a su propio laboratorio y obviamente tenían el resultado.
–Usted, que descubrió cosas técnicas, que no eran favorables, por lo menos a la manera en que se llevaba a cabo la megaminería, a usted, ¿le dijeron: “Bueno, ingeniero Nievas, no lo necesitamos más… gracias por los servicios prestados” o aceptaron que usted pusiera los puntos sobre las íes y dijeron “que Nieva se quede aquí trabajando porque contrapesa lo que dice la empresa”?
–No, en absoluto. Los monitoreos se hacían cada tres meses. Al último monitoreo que fuimos, cuando llegamos a la empresa para hacer el monitoreo conjunto, no nos dejaron entrar. Directamente nos quedamos afuera, en el puesto número uno. La empresa dijo: “No; ya hay otra gente haciendo el control”. Y a nosotros ni siquiera nos habían avisado. Porque si nos decían: “No vayan”, directamente no íbamos, porque no íbamos a gastar comisión de servicio, insumos… tenemos una Land Rover con la que nos movíamos permanentemente. A la que ni nos dijeron…
–Es sorprendente esto que dice.
–Pero mire, lo más impresionante, ¿sabe lo que es? Que la empresa… y el Gobierno –porque ambos son responsables del impacto ambiental, porque ellos hicieron esto a sabiendas– sabían que eso iba a suceder.
–¿De qué año estamos hablando?, ¿quién estaba en el Gobierno? ¿Castillo?
–Del ’97. Sí, estaba Castillo. Y estoy hablando de julio, pero en octubre ya entró en producción de la mina. Es decir, había otras posibilidades. Se podía impermeabilizar. Excepto que en su momento costaba 800 millones de dólares impermeabilizar todo el dique… pero que de todos modos lo íbamos a pagar nosotros, puesto que según la ley 24.196 todos los insumos, los gastos producidos para ponerla en marcha, después se les reintegraba al momento de pago del Impuesto a las Ganancias. Es responsabilidad por parte de la empresa –y, obviamente, del Estado– controlar… un Estado que no tuvo capacidad de control.
–Para que se entienda: si un ser humano o un animal consume agua contaminada de ese dique ¿qué le pasa a los animales o los cultivos regados con esa agua?
–Mire, le voy a explicar porque no es tan complejo y es fácilmente entendible. El gran problema es la actividad antrópica, es decir, lo que hace el hombre en ese momento. Ese yacimiento tiene piritas de sulfuro de hierro. Tal vez ustedes hayan oído hablar del “oro de los tontos”, que es amarillento, tiene una cristalización cúbica. Bueno, ese mineral cuando se expone al aire más el agua de la lluvia, da como resultado ácido sulfúrico. Y como en la base del dique está filtrándose, está pinchado –recuerden que era un colador– todas esas soluciones enriquecidas de metales pesados se van directamente al río, porque se conectan hidráulicamente. Hoy por hoy, a esta fecha, y mientras la empresa esté ahí, va a haber un control de toda el área de concesión, porque ellos están agregando alrededor de 80 millones de litros por día y grandes toneladas de óxido de calcio. El problema va a ser cuando la empresa se vaya y no se agregue más el óxido de calcio, y no se agregue más el volumen impresionante de agua que utilizan, ahí van a empezar a bajar los niveles de pH hasta convertirse plenamente en ácido y ahí sí se van a empezar a movilizar todos los metales pesados.
–Usted decía que son 15 ó 18 años los que podría tardar el agua en este dique para poder normalizarse, ¿cuántos años le quedan a la minera para dejar la explotación? El día que se vayan las empresas, ¿quién va a pagar esto?
–Lo que va a pasar es lo siguiente: finalizada la última tonelada de mineral, al otro día se van. Porque son empresas off shore. Construyen sólo para generar un negocio y cuando se les acaba el negocio, inmediatamente desaparecen. Como la memoria alta de una computadora, usted la apaga y se desintegró todo. No va a tener una dirección de correo electrónico ni siquiera para insultarlos. No sé, no queda nada. Lo que sí, ellos prevén porque se lo pide la ley, tienen que fijar un monto para el cierre de operaciones. Ese valor está estimado en 50 millones de dólares. No alcanzar, obviamente, para nada. Como es una empresa que se ha constituido junto con Ymad una unión transitoria de la empresa, y más siendo una empresa del Estado, va a pasar todo a Ymad que va a hacerse cargo de todo… y como es una empresa del Estado, lo vamos a pagar entre todos… es una empresa que no puede quebrar.
–Ymad es una empresa en la que está incluida la Universidad de Tucumán, que va a monitorear y, sin embargo, hay muchísimas denuncias de que la Universidad de Tucumán, más que monitorear, está al servicio de los intereses de la empresa minera o del consorcio minero que debe hacer esa labor del fiscalización que usted hacía.
–Exactamente. Sinceramente, yo no me confío de ninguna universidad del país. Porque de alguna manera han crecido al amparo de las multinacionales. Estas empresas siempre dan algo. Yo soy de Catamarca, la tenemos cerca. Empiezan dando beneficios: una tiene una FM, en fin… micros, pasantías de estudiantes, viajes del personal de alto nivel de universidades; o sea, que están comprometidas. Lamentablemente, nuestras universidades… y la San Martín hizo público el compromiso que tenía con la empresa Alumbrera… que después despegó poco…
–¿La Universidad de San Martín de aquí, de la provincia de Buenos Aires?
–Efectivamente. Que después un poco se despegó, por lo menos ya no siento más que estén haciendo nada. Como que les ha pesado este tema y se tuvieron que abrir. Pero…
–Dada la experiencia acumulada de tantos años y una posición objetiva respecto de este tema, ¿usted fue consultado por el gobierno provincial o es consultado por autoridades nacionales sobre sus saberes respecto de la producción minera?
–El gobierno asumió hace poquito, el año pasado… hay un frente gobernando acá en Catamarca. Yo soy peronista, estoy afiliado al partido, tengo mi manera de pensar respecto de la minería, de qué manera se debe hacer para que sea menos impactante… hemos tenido reuniones técnicas después de que ganó este frente gobernante, he tenido una reunión a fondo y a solas con el esposo de la actual gobernadora pero, mire, pasó el tiempo y me di cuenta que la suerte de los catamarqueños ya está echada. Lamentablemente, lo tengo que decir de esa manera, porque no hubo ni habrá ningún cambio respecto de esta política, cuando el catamarqueño había votado un cambio de la política en este aspecto. Es prácticamente la continuidad de lo que hizo el frente cívico, el anterior gobierno, y está en la continuidad de ese proceso. Es exactamente lo mismo. Así que, a mí nunca más me llamaron… es más, yo creo que como Alumbrera está asociada con este nuevo gobierno, Alumbrera dijo: “No, con este caballero no queremos saber nada de que esté”; obviamente, por las razones que ya he expuesto.
–En el caso de Alumbrera se puede creer que es una empresa de capitales argentinos y, sin embargo, a cualquiera que busque en google va a salir el nombre de una empresa británico-suiza o suizo-británica que es Xstrata.
–Exacto. Eso es así. Son los socios mayoritarios, tienen el 51 ó 52% del capital accionario… y después debe haber otras empresas, pero en definitiva todas son más de lo mismo. Cambian el nombre nada más. Pero, lamentablemente, es así… hoy tenemos un conflicto por Malvinas…
–Eso es lo curioso. Uno dice el subsuelo de la patria está explotado por una empresa que en definitiva, más allá que el conflicto es diplomático y que lo que pretenden las autoridades nacionales es recuperar la soberanía popular por vía pacífica, el esfuerzo por la soberanía Malvinas debería hacernos tomar conciencia de que necesitamos Malvinas por los recursos petroleros, por la historia, pero también necesitamos lo que está en las provincias y que desde el año ’94 tiene una normativa que favorece muchísimo a estas multinacionales.
–Exactamente. A veces parece extraño, pero bueno, así sucede. De Catamarca se llevan 600.000 toneladas de concentrado de cobre y tenemos que comprar 350 millones de dólares en cobre electrolítico para nuestra industria… es decir, son una serie de contradicciones que uno no las entiende… pero bueno, así está hecho este país. Y esperamos que de una vez se corrija ¿no?.
Petróleo
De Vido, a cara de perro con Repsol
El ciclo de tensiones entre el Gobierno y las empresas petroleras, particularmente Repsol-YPF, llegó a un nuevo pico de tensión con las últimas declaraciones del ministro de Planificación, Julio De Vido, que anunció la aplicación de un sistema de control del stock de combustibles en las estaciones de servicio. Se trataría de implementar un alerta temprana de posibles faltantes de combustibles que responde a una advertencia lanzada por Repsol, según la cual en pocos el país podría quedarse sin gasoil. El anuncio de De Vido, que podría llevar a sanciones contra la petrolera fundamentadas en la aplicación de la Ley de Abastecimiento, se interpretó como una contrapresión oficial.
Repsol, tanto a través de una comunicación directa con De Vido como apoyándose en declaraciones de Raúl Castellano, presidente de la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro (Fecac), argumentó que si no puede entregar más gasoil es porque el Gobierno le impone trabas a la hora de comprar las divisas que necesita para importarlo. La respuesta del ministro fue enfática: “Que una empresa que el año pasado remitió utilidades por 1.200 millones de dólares diga que no tiene divisas para importar combustibles suena, por los menos, irrisorio”.
Después de años de buena relación con Repsol-YPF, e incluso de apostar a una presunta argentinización de sus capitales, el Gobierno ve con preocupación la baja dramática de la producción de petróleo y gas y está buscando el modo de obligar a la empresa a incrementar la explotación.
Fuente:MiradasalSur
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