Diputados aprobó una ley que alcanza a unos 400 detenidos entre marzo de 1.976 y diciembre de 1983. El monto variará de acuerdo a cada caso en particular.
miércoles, 01 de enero de 2012
Los mendocinos que fueron detenidos en la provincia por causas políticas durante la última dictadura militar comenzarán a recibir una pensión mensual media de 1.900 pesos mensuales a partir de una ley aprobada hoy en la Cámara de Diputados.
Según detallaron desde la oficina del diputado Alejandro Viadana (PJ), autor del proyecto, el beneficio alcanzaría a alrededor de 400 personas, aunque el cálculo es estimativo ya que cada damnificado debe realizar una presentación personal para acceder a él.
La ley aprobada incluye a quienes entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 hayan sido condenados “por Consejo de Guerra, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y/o privados de libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o de cualquier otro grupo, haya habido o no sentencia condenatoria en su contra”.
El texto aclara que la pensión se otorgará independientemente del tiempo de detención.
Además, en caso de fallecimiento del beneficiario -antes o después del reconocimiento del beneficio- podrán solicitarlo la viuda o viudo; el concubino, quien concurrirá en la forma prevista por el régimen nacional de jubilaciones y pensiones para el derecho pensionario; los hijos e hijas menores de edad al momento del fallecimiento y hasta la mayoría de edad; o los hijos e hijas con discapacidad sin límite de edad.
El monto del beneficio será el equivalente a la asignación de clase del personal de categoría 10 en el Estado, del agrupamiento administrativo y técnico, subtramo “personal de ejecución” de la Ley 5126 y sus modificatorias.
Según fuentes de la oficina del diputado Viadana, esto equivaldría a unos 1.900 pesos, aproximadamente.
Cómo acceder al beneficio
Para obtener la pensión, la ley el postulante debe haber tenido domicilio real en la provincia de Mendoza al momento de haber sido privado de su libertad, y no percibir ninguna prestación mensual o pensión de origen nacional, provincial o municipal, derivada de la misma situación.
Aprobada la ley, se espera ahora su reglamentación para determinar a través de qué canales se deberá tramitar la solicitud.
La autoridad de aplicación, que será el ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos por intermedio de la Subsecretaría de Derechos Humanos, deberá decidirlo dentro de un plazo de treinta días corridos.
Fuente:LosAndes
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