MÉXICO.

jueves 9 de febrero de 2012
Pasarela de procuradores y a las mujeres las siguen matando
Por Anayeli García Martínez (CIMAC)
Mientras la ola de violencia feminicida en México parece no tener fin, los procuradores de justicia de los estados –encargados de investigar y sancionar esos crímenes– comparecen uno tras otro ante la Cámara de Diputados para presentar cifras inexactas de los asesinatos de mujeres, investigaciones imprecisas y diagnósticos inconclusos sobre violencia de género.

Desde junio del año pasado la Comisión Especial de Feminicidio comenzó a realizar reuniones de trabajo con los procuradores de justicia de todo el país, las cuales, lejos de lo que se pensaba, no han derivado en compromisos serios, ni en avances a favor del acceso a la justicia para las mujeres.

Las comparecencias se acordaron con el fin de obtener información fidedigna sobre los homicidios de mujeres, e impulsar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre el asesinato de tres jóvenes en Ciudad Juárez en 2001, conocida como Campo Algodonero.

Sin embargo, las reuniones con los procuradores de Tamaulipas, Tabasco, Sonora, Oaxaca, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal, Sinaloa, Chihuahua, y recientemente San Luis Potosí y Puebla, se convirtieron en un ir y venir de cifras inexactas, datos imprecisos y respuestas vagas por parte de los funcionarios.

De ese modo, la Comisión Especial no ha logrado allegarse de información precisa sobre la realidad del feminicidio en México.

“Lentos resultados”
A decir de la presidenta de la Comisión Especial, la diputada del PRD Teresa Incháustegui, aunque las reuniones tienen como objetivo signar compromisos de colaboración y presentar avances sobre protocolos de investigación y bases de datos, entre otros temas, los resultados esperados “avanzan de forma lenta”.

Uno de los principales obstáculos es que las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia se niegan a presentarse ante las diputadas.

Así sucedió con el procurador de Baja California, Rommel Moreno Manjarrez, quien canceló su reunión en San Lázaro, lo que obligó a que la Comisión Permanente lo exhortara a presentarse.

Asimismo, la legisladora afirmó que algunas entidades del país han cambiado –de forma drástica e inesperada– a los titulares de las procuradurías estatales de Justicia, como sucedió en Veracruz o Guerrero, lo que significa empezar desde cero toda vez que los nuevos funcionarios pueden desconocer los acuerdos firmados, lamentó la perredista.

Pero no sólo eso, los problemas empiezan cuando los procuradores presentan información imprecisa porque acaban de llegar al puesto o porque el Ministerio Público no recabó bien los datos, el médico legista no hizo una autopsia o el encargado de recopilar esa información no fue a la reunión.

Exhibidos
Así por ejemplo, en septiembre pasado el procurador de Jalisco, Tomás Coronado Olmos, ante las cifras confusas afirmó: “Si yo tuve deficiencias en mi exposición, se van a subsanar con hechos, con la práctica cotidiana”, pero de esos hechos que anunció el funcionario aún no hay noticias.

En las comparecencias de hoy, los procuradores de Puebla, Víctor Antonio Carrancá; y de San Luis Potosí, Miguel Ángel García, al igual que sus antecesores señalaron que tienen avances significativos en “pláticas, talleres de sensibilización y foros sobre género”.

El procurador poblano afirmó que del año 2000 al 2010 se habían registrado 275 homicidios dolosos de mujeres, y que para investigar estos casos se elaboraron cuatro protocolos de investigación: de violencia sexual, homicidio, trata de personas y otro elaborado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la PGR.

El procurador de San Luis Potosí indicó que se llevaba un 80 por ciento de avance en la elaboración de los protocolos, pero que faltaba que las entidades de la administración pública firmaran un acuerdo para darle transparencia a estos lineamientos, y así concluirlos y presentarlos.

Al hacer un balance de estas reuniones, Incháustegui señaló que en términos generales cada vez hay mayor sensibilidad de las procuradurías para tocar el tema de la violencia de género y para emprender acciones en la materia, por lo que confía en que en un futuro se obtengan resultados más claros.

La legisladora detalló que la Comisión Especial elabora una propuesta estándar para el registro de casos de feminicidio y para revisar los protocolos de investigación de mujeres desaparecidas y asesinadas, a fin de que los procuradores tengan una propuesta uniforme que se aplique en todo el país.

Además explicó que luego de que la Cámara de Diputados aprobó un amplio paquete de reformas al Código Penal Federal, es necesario impulsar que el Senado avale la reforma tal y como se presentó en la Cámara baja. En cuanto a las comparecencias apuntó: “Estamos de nuevo enviando los requerimientos de información para los que ya vinieron”.
Fuente:Argenpress

jueves 9 de febrero de 2012
Austeridades
Por Gerardo Fernández Casanova 
“Que el fraude electoral jamás se olvide.
Ni tampoco los miles de muertos inocentes.”
Parece que el discurso de moda en el mundo es el de la austeridad gubernamental. Austeridad es la exigencia del Fondo Monetario Internacional y de las agencias financieras europeas, dirigida a las naciones del viejo continente que enfrentan severas crisis de insolvencia, particularmente Grecia, Portugal, España e Italia, pero que apunta hacia la generalización continental y mundial. En los Estados Unidos, los republicanos exigen austeridad y acotan al demócrata Obama.

Austeridad ha sido la receta aplicada por la nefasta administración pública mexicana. En general, los gobiernos de la derecha neoliberal se forman en las filas de los austeros. Por su parte, la izquierda también postula la austeridad como norma de aplicación a la administración pública. En México AMLO es campeón en cuanto al discurso que la postula y reclama. Pareciera increíble.

Pero hay de austeridades a austeridades. La de la derecha global se aplica como recortes al gasto público destinado al bienestar social: salud, alimentación, educación y cultura, en tanto que derrocha recursos públicos en el pago de deudas de origen artificial, rescates de negocios privados con dinero público, elevados bonos y salarios a burócratas y directivos bancarios ineficientes o ladrones; en Grecia y en Italia hasta se dieron el lujo de imponer a sendos tecnócratas para instrumentar el recortadero. En México todas esas cosas ocurren bajo la dirección de un “estadista global” galardonado en la cueva de Alibabá mundial con sede en Davos. O sea que, como de costumbre, los costos de los errores de los financieros privados y públicos sean pagados por quienes no tienen capacidad de escudarse en “los mercados” ni de chantajear con los retiros de capitales: los jodidos, que en todo el mundo abundan. No es pues de extrañar la respuesta social a tales agravios; los indignados y los ocupas son movilizaciones de protesta ante el atropello a los derechos mínimos al bienestar conculcados por las medidas de austeridad impuestas. En las ciudades mexicanas no pasa un día sin que se registren manifestaciones, cierre de vialidades, tomas de oficinas públicas y demás formas de expresión del descontento social acumulado.

Por su parte, del lado de los progresistas se postula la austeridad republicana para acabar con los regímenes de privilegios a las grandes empresas transnacionales y a los salarios exorbitantes de la alta burocracia, siempre acompañados por el dispendio y la corrupción. Se trata de que los recursos presupuestales –que son dineros del pueblo- se apliquen en el bienestar de la población, a través de los programas de salud, nutrición, educación, vivienda, cultura y pensiones; en la obra pública de infraestructura generadora de empleo e impulsora de la actividad productiva. Es un asunto de justicia, pero no nada más de justicia se trata, sino de regenerar el círculo virtuoso del crecimiento de la demanda interna que arrastra al fortalecimiento de la actividad productiva y que, si es sustentable y respetuoso de la naturaleza, genera y distribuye la riqueza. No es extraño que tal proyecto sume el apoyo de los verdaderos empresarios nacionales.

El proyecto neoliberal estimula la competencia, pero la concibe como aquella que busca atraer las inversiones del capital internacional a base de ofrecer los menores costos fiscales, laborales, ambientales y de recursos naturales para, con ello, montar instalaciones productivas para exportar a los mercados de los países más ricos. El modelo progresista aspira a un estado que combata a los monopolios pero que, más que competitivo, sea esencialmente competente para cumplir su función proveedora del bienestar de la sociedad; no se ignora el beneficio de la inversión, incluso foránea, siempre que concurra positivamente al progreso general sin privilegios.

Así se contempla en el Nuevo Proyecto de Nación y sustancia la oferta política de Andrés Manuel López Obrador en la contienda por la presidencia de la república, quien va hilando fino para sumar grupos y sectores. Saludo la adhesión de Cuauhtémoc Cárdenas, que me hizo recordar con emoción a Heberto Castillo, y la del Sindicato Mexicano de Electricistas, baluarte de la resistencia contra la ignominia neoliberal. El proyecto es incluyente por razón de que, a contrapelo de las exigencias de los que sólo buscan privilegios, se opta por la apertura de las compuertas de las fuerzas productivas para progresar.
Fuente:Argenpress