La independencia interna de un juez
Por E. Raúl Zaffaroni *
Pero esta independencia externa no basta para garantizar la función judicial, pues el juez no puede decidir conforme a su entendimiento del derecho si no goza de independencia interna dentro del propio Poder Judicial.
Una judicatura bien organizada, en el marco de un Estado de derecho, sólo logra la imparcialidad cuando se garantiza el pluralismo ideológico, o sea, cuando sus integrantes tienen diferentes concepciones y consiguientes interpretaciones del derecho. No hay otra imparcialidad posible, porque como bien decía Carnelutti, los humanos no podemos ser imparciales porque todos somos parte. El juez es un ser humano, con su sistema de ideas y preferencias, su propia concepción del mundo y su consiguiente interpretación del derecho.
Una judicatura democrática debe garantizar el pluralismo en el entendimiento del derecho y, por tanto, el debate interno. Lo contrario es suponer que hay Übermenschen, superhumanos, que están más allá de los valores, y por suerte éstos no existen, o los pocos que existen están bajo tratamiento psiquiátrico.
Para garantizar el pluralismo como condición de imparcialidad democrática, el juez debe gozar de independencia interna, es decir, de garantías ante los propios cuerpos colegiados de la judicatura.
Un Poder Judicial no es una corporación vertical ni mucho menos. Es sabia la disposición de la Constitución italiana, que dispone que no hay jerarquías entre los jueces, sino únicamente diferencia de competencias. Tan juez lo es el del tribunal de última instancia como el de primera. La pluralidad de instancias sirve para hacer prevalecer la decisión de los jueces del cuerpo plural, pero éstos no pueden impartirles órdenes a los de primera instancia en cuanto al modo de decidir en derecho, pues son tan jueces como ellos. Si sus decisiones no coinciden con las de los jueces de instancias menores, lo que deben hacer es revocar lo decidido.
El modelo de Poder Judicial corporativo, donde no hay independencia interna, hace que los cuerpos colegiados supremos consideren a los otros jueces como sus subordinados o amanuenses, que deben repetir sólo lo que éstos deciden.
El origen del modelo judicial corporativo es napoleónico y cundió por toda Europa en el siglo XIX, hasta su desprestigio político en el siglo XX, porque los jueces alemanes no se inmutaron cuando se separó a los jueces judíos, los franceses en masa juraron fidelidad al gobierno de Vichy, los italianos siguieron funcionando sin problema bajo el fascismo y los españoles y portugueses bajo el franquismo y el salazarismo.
Más allá de todas las consideraciones que merezca el caso Garzón en cuanto a intencionalidad ideológica y cualquiera que sea la simpatía o antipatía que despierte su conducta, lo cierto es que la condena del Supremo español representa un peligro para todos los jueces del mundo, por el ejemplo de autoritarismo y verticalismo interno que pone de manifiesto.
La intolerancia de un cuerpo supremo a los criterios dispares de los jueces de primera instancia revela una decisión que pone fin a la independencia interna de los jueces y consagra una dictadura de los órganos supremos.
El caso Garzón no es un juicio a un juez, sino una agresión incalificable a la independencia interna de los jueces y una regresión al modelo napoleónico de verticalismo interno corporativista, incompatible con una magistratura democrática.
Cualquier juez del mundo, ante semejante ejemplo, puede pensar qué le puede suceder a él, mucho menos conocido públicamente. Es un peligroso mensaje a los jóvenes, de carácter disciplinarista, autoritario, vertical, que busca asegurar un pensamiento único dentro de una judicatura.
No olvidemos que el juez de primera instancia tiene mucho poder inmediato, pero decide en soledad, lo que lo hace más vulnerable al temor que le puede infundir un cuerpo supremo que pierde su camino y olvida que su función es precisamente la de garantizar la independencia interna, sin perjuicio de la responsabilidad que le incumbe de corregir lo que no comparte en una instancia definitiva.
El daño que esto provoca a la independencia judicial es enorme. El ejemplo puede cundir. La sensación de poder que deriva de un sitial en el cuerpo supremo de cualquier país puede sentirse estimulada con semejante decisión aberrante. En particular puede suceder en Europa, donde se avecinan conflictos serios y difíciles. Otros cuerpos supremos pueden verse tentados de desviar su competencia y confundir ésta con una jerarquización corporativa. La publicidad mundial del caso puede facilitar la confusión de competencia con superioridad jerárquica.
La importancia de la independencia interna es fundamental. La violación de la independencia externa es escandalosa pero esporádica, en tanto que el desconocimiento de la independencia interna se sufre cotidianamente y en cualquier caso, abre las puertas a todos los vicios burocráticos, las insidias y las habladurías, la hipocresía y el servilismo al pretendido superior, los jueces pierden ciudadanía para pasar a la condición de súbditos sumisos del cuerpo máximo.
Ante este avance contra la independencia interna de los jueces, sea cual fuere el juicio personal acerca del juez Garzón, de sus ideas y de su conducta, los jueces del mundo no pueden quedar callados, pues el silencio implica serruchar la rama en que todos están sentados.
* Ministro de la Corte Suprema de la Nación.
Fuente:Pagina12
Un castigo universal
Año 5. Edición número 195. Domingo 12 de febrero de 2012
Por Roberto Montoya
Desde Madrid
internacional@miradasalsur.com
En un fallo que irritó a los organismos de derechos humanos en todo el mundo, el Tribunal Superior de España inhabilitó a Baltasar Garzón, el juez que encarceló a Pinochet, imputó a los genocidas argentinos e impulsó juzgar a los crímenes del franquismo.
Es una nueva victoria del Estado de deshecho.” Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, calificó de “monstruosidad” la decisión del Tribunal Supremo de España de inhabilitar por once años al juez Baltasar Garzón.
Numerosos juristas, organizaciones humanitarias y personalidades de todo el mundo, han mostrado su consternación por la sentencia dictada por la Justicia española contra el juez que de forma más tenaz ha combatido en España la corrupción, el terrorismo de Estado, el narcotráfico, el que más luchó por los principios de justicia universal y el único que se atrevió a investigar los crímenes del franquismo.
Todos coinciden en que la sentencia supone un durísimo golpe contra la independencia de los jueces y uno de los reveses más serios sufridos por la democracia España en las últimas tres décadas. El alto tribunal condenó al juez por la primera de las causas que sigue contra él, por sus investigaciones en la macro trama de corrupción política del Partido Popular, el llamado caso Gürtel, estando aun pendientes las sentencias por las otras dos. Se lo condenó por “prevaricación” y “vulneración de las garantías de defensa de detenidos”, por ordenar a la policía interceptar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel con sus abogados los principales responsables de la trama.
Por medio de las intercepciones, Garzón pudo confirmar que los detenidos seguían moviendo los hilos desde la cárcel gracias a la complicidad de sus abogados. Pero estos últimos plantearon a su vez una acusación contra el juez por grabarlos y lograron finalmente su condena por ello.
El Supremo ni tuvo en cuenta el resultado de esas comunicaciones, al considerarlas pruebas ilegales, ni reconoció que el juez pidió específicamente a la policía que eliminara de las grabaciones todo lo que pudiera afectar a la defensa legal de los detenidos. Paradójicamente, Garzón es el primer condenado por la trama Gürtel que él investigaba, mientras que numerosos cargos del PP involucrados siguen libres y algunos ya han sido absueltos.
La condena de inhabilitación de Garzón, que el juez piensa recurrir ante el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Estrasburgo, supondría apartarlo definitivamente de la carrera judicial.
En los próximos días, el mismo tribunal podría dictar también sentencia contra el magistrado por otra de las causas que se siguen contra él, por aceptar el reclamo de numerosas organizaciones de familiares de víctimas del franquismo para que investigara esos crímenes y el paradero de cerca de 130.000 desaparecidos.
Garzón lo hizo pero la Justicia aceptó la acusación de “prevaricación” que lanzaron contra él organizaciones ultraderechistas, al estimar que el juez era consciente de que no podía investigar esos crímenes al existir la amnistía general de 1977.
Garzón, como muchos otros juristas nacionales e internacionales, consideran que esa amnistía es preconstitucional y que debe ser derogada –la Constitución actual es de 1978– y que dichos crímenes son de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. Tres de los siete miembros del Supremo votaron a favor de anular el juicio, pero los otros cuatro han decidido seguir adelante.
Muchos familiares de desaparecidos citados por la defensa de Garzón pudieron así testimoniar por primera vez ante un tribunal español. Paradójicamente, lo hicieron no porque finalmente los tribunales hayan decidido romper ese muro de impunidad que subsiste 37 años después de la muerte del dictador, sino para salir en defensa del letrado que decidió investigar el asesinato de sus seres queridos.
Uno tras otro, pasaron ante el Supremo ancianos emocionados que vienen reclamando desde hace décadas que se juzgue a los asesinos de sus familiares y que se abran las cientos de fosas comunes diseminadas por toda España. Mientras, en la céntrica Puerta del Sol y emulando a las Madres de Plaza de Mayo, hacen su ronda todos los jueves de ocho a nueve de la noche los familiares de los desaparecidos españoles.
Comunicado
La autodefensa de Baltasar
Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada. Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada. He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas. Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.”
Fuente:MiradasalSur
TRAS LA SUSPENSION DE GARZON, SE ILUSIONAN CON LA CAUSA ABIERTA EN LA ARGENTINA
Sigue la espera de víctimas del franquismo
Ante la imposibilidad de ser oídos en España, familiares de los miles de asesinados y desaparecidos durante la dictadura española reafirmaron la necesidad de que la jueza Servini de Cubría avance en la causa abierta en la Argentina.
Los franquistas solían colgar en la plaza pública a los represaliados. Era una advertencia para el pueblo. Una forma sistemática de domesticar por el terror, de sembrar silencio. A lo largo de 40 años, la dictadura amontonó los cadáveres de al menos 114 mil fusilados desaparecidos. Hoy, en democracia, los poderosos encontraron una nueva forma de linchamiento. El Tribunal Supremo de Madrid condenó el jueves a Baltasar Garzón al fin de su carrera, en un claro mensaje de indiferencia para con los cientos de miles que habían depositado su esperanza en el jurista. El magistrado cometió un delito imperdonable: intentar hacer justicia por los crímenes del fascismo. Ante la imposibilidad de ser oídos en España, los familiares de víctimas que realizan la misma demanda pero desde la Justicia argentina dialogaron con Página/12 y reafirmaron la necesidad de que la jueza María Servini de Cubría avance en la investigación.
Silvia Carretero Moreno (57) sufrió en carne propia el terrorismo del Estado español. Militaba con su marido en una agrupación universitaria, integrante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que buscaba derrocar al régimen de Franco. En 1975, cuando llevaba dos meses y medio de embarazo, fue detenida, desnudada, interrogada, golpeada y torturada al punto de conservar cicatrices en las manos. “Nos importa tres cojones si abortas”, le dijeron sus carceleros, que incluso la amenazaron con hacerla copular con un perro, técnica usada por la Gestapo para destruir el útero de la mujer. Su marido, José Luis Sánchez-Bravo Solla, fue condenado a la pena de muerte, con la aprobación del mismo Franco.
“Si puse la demanda en los tribunales argentinos fue porque en España sabía que no iba a encontrar la reparación que les debemos a todos aquellos que murieron por la defensa de la República. Lo hice con la esperanza de que haya justicia para los niños que fueron robados durante la dictadura, para todos aquellos familiares que siguen buscando en las cunetas a sus seres queridos. Espero que la jueza Servini de Cubría tome medidas rápidas, pues todavía estamos a tiempo, aún siguen vivos muchos torturadores y asesinos de esa época. No demos tiempo a que se mueran más”, cuenta Carretero Moreno a este diario.
La demanda contra los crímenes del franquismo apela a los mismos principios de justicia universal que utilizó Garzón para investigar las dictaduras argentina y española, y detener en 1998 a Augusto Pinochet en Londres. La denuncia se basa en que los crímenes de lesa humanidad o genocidio no prescriben y pueden ser juzgados desde cualquier lugar porque son delitos contra la humanidad. Fue iniciada en Argentina ante la suspensión de Garzón en 2008 cuando se le inició el proceso por prevaricato, o sea haber aplicado erróneamente la ley a sabiendas.
El jueves pasado, el reconocido juez fue condenado a 11 años de inhabilitación por la Sala Penal del Tribunal Supremo, que lo halló culpable de intervenir las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama Gürtel que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace tres años. De ese modo, quedó expulsado de la carrera judicial a la que dedicó más de 30 años de su vida. “En España –asegura Carretero Moreno– nos amordazaron con la Ley de Amnistía de 1977 y más tarde con la Ley de la Memoria Histórica de 2008. El haber llevado a Garzón a los tribunales ha sido para dar un escarmiento a él y a la ciudadanía, es un aviso que nos quieren dar: ‘No sigáis reclamando porque no os vamos a hacer ni caso’.”
“Lo que están haciendo es una vergüenza”, evalúa Adriana Fernández, querellante argentina que encabeza la denuncia por el fusilamiento y desaparición de su abuelo, fusilado en 1936 “a consecuencia de la lucha contra el marxismo”. Adriana está convencida de que “el pasado sin justicia es presente, porque en la impunidad no hay cimientos porque va a seguir reinando la impunidad”. Militante por los derechos humanos, recuerda que para Argentina “Garzón era una lucecita de esperanza en tiempos en que, con las leyes de impunidad, uno pensaba: ‘Ya está todo perdido’. Y en ese momento, la condena al ex capitán Adolfo Scilingo a 640 años de prisión fue muy importante. Creo que ahora le estamos retribuyendo a Garzón todo eso”.
Inés García Holgado, argentina, pide justicia por las muertes de un tío y dos tíos abuelos. Viajó a Madrid para presenciar el juicio a Garzón, en el que, dice, corroboró que “la Justicia española es franquista”. Al juez “le han levantado causas para incriminarlo, impedirle que continúe haciendo justicia, al gobierno le molesta y ahora se lo condena por la causa de escuchas, cuando ha habido otros jueces que han hecho lo mismo y no tuvieron estas consecuencias”.
Con ella, coincide Darío Rivas, querellante oriundo de Galicia, que vive desde sus 9 años en Buenos Aires. El hombre, que acaba de cumplir sus 92 años, perdió a su papá, alcalde de Castro de Rey, provincia de Lugo, en 1936 y recién pudo encontrar sus restos en 2005. “Es repugnante. Está todo organizado para condenarlo. No hay justicia en España. La Falange disfrazada de Manos Limpias, es decir los criminales, están juzgando al juez. Llegaron a esa exageración. Pero no podía ser de otra forma, ¿qué se puede esperar si fue Franco el que puso las leyes? Los culpables no han sido juzgados, el gobierno de España no busca a sus desaparecidos y muchos niños secuestrados –la causa de Garzón habla de 30 mil– no conocen su verdadera identidad. Eso es una vergüenza de la humanidad. Si no los juzgan ellos, lo haremos desde aquí.”
Informe: Rocío Magnani.
Fuente:Pagina12
El caso Garzón
Por Santiago O’Donnell
Bueno, como ya sabemos, a ese tipo acaban de condenarlo a once años de inhabilitación. Dicen que al investigar los crímenes del franquismo pateó un hormiguero y la clase política no se lo perdonó. Sería como meterse con la ley de amnistía acá en la Argentina como hicieron los K, pero mucho peor, porque la amnistía de los españoles regía desde la década del setenta. Dicen que los acusadores son unos fachos medio truchos con buenos contactos dentro del sistema judicial. El mismo Garzón dijo que la sentencia es una barbaridad, que no la acepta de ninguna manera. “Rechazo frontalmente la sentencia. Lo hago por entender que me condena de forma injusta y predeterminada”, declaró el ahora ex juez. Hasta un par de Altos Comisionados de las Naciones Unidas salieron a hablar en su favor. Encima a la opinión pública española no le gustó que lincharan a su juez preferido. En fallo dividido, decidió que había sido víctima de una persecución política.
En este escenario, uno espera encontrarse con una sentencia payasesca emitida por un tribunal al borde del ridículo, una versión burda de la mayoría automática de Menem, con un comisario de presidente, un tenista cheto de vice, un representante del Opus Dei, algún rezagado de la Corte anterior y un par más para hacer negocios. Uno espera un fallo medio dividido, generoso con Garzón en los considerandos, lleno de mamarrachos jurídicos pero medio pícaro, como para cumplir con la orden de Rajoy, salvar las apariencias y limitar el papelón.
Pero resulta que nos encontramos con que el fallo lo emitió el mismo Tribunal Supremo que lo declaró competente a Garzón y otros jueces españoles para perseguir a dictadores por todo el mundo. Un tribunal tan pionero a nivel Corte como Garzón a nivel juez, en la aplicación del principio de Justicia Universal. Un tribunal que no es cuestionado por la sociedad española y que no recibió ningún pedido de juicio político por juzgar y/o condenar a Garzón, ni nada que se le parezca.
El abogado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra (foto, izq.), sonó tímido al hablar del fallo en comparación con la indignación que habían expresado otras personas en todo el mundo con menos acceso al expediente. De hecho, el letrado eludió una crítica del fallo para apuntarle a la instrucción. “Una sentencia como ésta necesita una reflexión profunda y yo aún no la he leído atentamente, pero el rastro que ha dejado esta instrucción, de denegación de pruebas, indefensión, recusaciones no aceptadas, permite recurrirla sin dudas”, dijo Baena.
Entonces vamos al fallo. Un fallo durísimo, que no se ahorra la palabra “totalitaria” al calificar la conducta del acusado. “La sentencia ha sido adoptada por unanimidad por los siete juzgadores. Al presidente, Joaquín Jiménez y, al magistrado Andrés Martínez Arrieta se les atribuían posiciones menos beligerantes contra Garzón. Sobre la posición del ponente, Miguel Colmenero, considerado el jefe del sector conservador de la sala, y de los magistrados del mismo sector Ramón Berdugo y Francisco Monterde no había demasiadas dudas. Y respecto de los jueces Manuel Marchena y Luciano Varela, que se han significado como instructores de otros proceso contra Garzón, sus inclinaciones eran inequívocas, dice el diario español El País. Por cierto, el matutino pro Garzón expresa cierta sorpresa ante la firmeza y unanimidad de un tribunal al que describe como más bien heterogéneo.
Entonces vamos a lo que dice el fallo. No lo encuentro completo en El País pero sí por suerte en la página del derechista ABC. No voy a aburrir con detalles, pero hay distintas maneras de contar lo que pasó. Quienes queremos y admiramos a Garzón solemos decir que fue condenado por pincharles los teléfonos a políticos corruptos del partido de la derecha en el poder con el fin de desarticular una poderosa red de lavado de dinero con vinculaciones en las altas esferas del poder. Es cierto, pero no es toda la verdad. Para ser más precisos, Garzón ordenó pinchar conversaciones entre unos presos y sus abogados. Parece que la ley española es bastante clara al respecto y que sólo se puede hacer de manera excepcional en casos de terrorismo, y sólo si hay indicios firmes de que los abogados estaban cometiendo crímenes. Garzón dijo que los pinchó porque había indicios y porque no había otra manera de encontrar el dinero que los presos escondían a través de sus abogados. El Tribunal dijo que Garzón ignoró el tema del terrorismo y nunca dijo qué indicios tenía en contra de los abogados. Más aún, dijo que cuando cambiaban los abogados, Garzón automáticamente pinchaba al abogado nuevo, por lo cual era casi imposible que Garzón ya tuviera indicios sobre un abogado que acababa de conocer.
Garzón se defendió diciendo que en el Congreso español había un proyecto de ley para reformar el Código Penal para extender pinchaduras de abogados más allá del terrorismo. El tribunal contestó que ese proyecto no sólo nunca se aprobó, sino que el Congreso terminó rechazándolo. Otro argumento muy difundido en los medios que usó Garzón es que los fiscales y un par de jueces locales de primera instancia avalaron sus pinchaduras. Es cierto y es de esperarse que esos funcionarios sean juzgados con la misma vara y de acuerdo con el nivel de sus responsabilidades. Pero como argumento jurídico no resiste el contrafáctico “mal de muchos consuelo de tontos”.
Claro que los jueces del Tribunal tenían que dar por probado no sólo que Garzón había violado la ley, sino que lo había hecho a propósito, pues de eso se trata el delito de prevaricato. A mí me parece que en el fondo de su corazón Garzón está convencido de que no violó la ley a sabiendas, tal como él entiende La Ley. Pero es entendible también que el Tribunal no se deje llevar por mi corazonada. Fallaron que Garzón sabía lo que hacía por dos razones: primero, porque al ordenar las pinchaduras invocó la ley antiterrorista, sabiendo que no investigaba terrorismo sino lavado. Segundo, porque la pinchadura automática de los abogados nuevos demuestra que no tenía indicios de actividad criminal de los abogados, aunque escribió que tenía esos indicios sin explicitarlos. Todo medio complicado pero hasta ahí lo pude entender.
No soy abogado. No voy a criticar la sentencia que nadie más criticó, ni siquiera el abogado de Garzón, en medio de un océano de críticas en contra del proceso. Tampoco soy tan ingenuo como para pensar que la Justicia es independiente de la política. Pero reconozco que la política puede tener un peso relativo en las sentencias del más alto tribunal de una democracia consolidada, en relación con el peso de las evidencias y lo que dice la ley. Así funciona el sistema.
Como se ha dicho muchas veces en estas páginas, nada de esto borra la historia. Garzón será por siempre el gran juez del siglo veinte y los argentinos le estaremos eternamente agradecidos. ¿Pero es posible decir desde la defensa de los derechos civiles, sobre todo de los sectores más vulnerables como son las poblaciones carcelarias, aun en un caso en que los reos son unos empresarios ricos y bien conectados, y que el juez en cuestión es un ídolo, podemos decir que pinchar teléfonos de abogados vulnera el derecho de defensa? Porque cuando se pierde esa protección, los que más lo sufren son los inocentes, los perejiles y los ladrones de gallinas. ¿Podemos decir desde ese lugar que hemos perdido a un gran juez, quizá entre otras cosas porque Garzón, en su afán de justicia, de tan creativo y ambicioso en el buen sentido que es, humano como es, cometió un error? ¿Se puede decir que en las grandes ligas de la política internacional donde supo brillar Garzón, esos errores se pagan caro? ¿Se puede decir, sin falsos maniqueísmos y sin entrar en el juego de nadie? Ojalá que sí.
sodonnell@pagina12.com.ar
Fuente:Pagina12
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