Una sociedad marcada por el miedo
Por Emilio Silva Barrera *
Tras la muerte del dictador Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, las élites políticas que gestionaron el retorno de las libertades en España acordaron una amnistía que dejó en el cunetas del olvido a 113.000 hombres y mujeres asesinados por la represión de los militares fascistas.
El terror de la dictadura obligó a cientos de miles de personas a cavar una fosa en su memoria y enterrar en ella el recuerdo de los traumáticos acontecimientos que les tocó vivir. Cuando en 1979 conquistaron poder municipal partidos que habían sido clandestinos durante el franquismo, algunos familiares iniciaron la exhumación de fosas comunes. Lo hicieron sin medios técnicos, movidos por el impulso de dar un entierro digno a sus seres queridos.
En diferentes provincias españolas surgió un movimiento social que se vio truncado el 23 de febrero de 1981, con el golpe de Estado del teniente coronel Tejero, que, pistola en mano, entró en el Parlamento al grito de “¡Quieto todo el mundo!”. Así, como un reflejo condicionado, despertó el miedo acumulado por las familias que habían sufrido cuarenta años de vigilancia y castigo y se paralizó la relación con ese pasado traumático. Los partidos políticos convivieron perfectamente con el silencio, mientras la élite de la dictadura conservaba sus privilegios y blanqueaba su biografía. Al tiempo, comenzó a construirse el mito de la transición; el retorno a la democracia se había llevado a cabo en España y era el modelo a imitar. Una ficción que evitaba contar, por ejemplo, que entre 1976 y 1981 fueron asesinadas seiscientas personas, fundamentalmente por la extrema derecha. El repunte del miedo hizo que hubiera que esperar casi veinte años para que la generación de los nietos de los asesinados rompiera el silencio, cuestionara el relato oficial de la transición y mirara hacia el pasado a través de los derechos humanos.
El 21 de octubre de 2000, en un pequeño pueblo de la provincia de León llamado Priaranza del Bierzo, un grupo de arqueólogos y forenses exhumó los restos de trece civiles, militantes de izquierda. Allí se puso en marcha un movimiento social que no ha dejado de crecer y que, sin apenas apoyo institucional, ha exhumado en estos once años los restos de 5700 personas en más de trescientas fosas comunes a lo largo y ancho del territorio español.
A partir de julio del año 2002, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó decenas de casos ante el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de la ONU, y, con el asesoramiento de alguno de los abogados argentinos que habían promovido los juicios desde España en los casos de Argentina y Chile, inició sus primeras denuncias. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, cuando aparecen restos humanos con signos de violencia un juez se tiene que presentar inmediatamente en ese lugar. Pero decenas de jueces en estos años han imcumplido conscientemente su obligación.
El 14 de diciembre de 2006, un grupo de asociaciones presentó en la Audiencia Nacional una denuncia acompañada de varios listados de desaparecidos. El reparto que se da en ese tribunal llevó el caso al Juzgado NO 5, del que entonces era titular Baltasar Garzón. El magistrado se declaró competente para investigar esos crímenes el 16 de octubre de 2006. A partir de ese momento comenzaron a producirse situaciones inverosímiles que lo obligaron a inhibirse y a repartir su causa por decenas de juzgados españoles.
Unos meses después, Garzón fue denunciado por el sindicato Manos Limpias, organización recientemente premiada por la Fundación Francisco Franco. Lo acusaban de prevaricación por haber iniciado la investigación sabiendo que la Ley de Amnistía le impedía hacerlo. En estos días, el juez que intentó ayudar a las familias de 113.000 desaparecidos está siendo juzgado y se enfrenta a la posibilidad de ser considerado un delincuente.
La sociedad española vive todavía marcada por el miedo. La élite del franquismo ha conservado todos sus privilegios, incluido el del olvido. La investigación de Garzón supuso una amenaza para una estructura social surgida de una terrible violencia. Mientras tanto, miles de víctimas han muerto sin existir para los poderes del Estado y eso aumenta la deuda con los descendientes de quienes crearon nuestra primera democracia durante la Segunda República.
* Presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Nieto de la primera víctima de la represión franquista identificada mediante una prueba de ADN.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agndh
HABLO GARZON ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO, LUEGO DE QUE ESTE AVALARA LA ACUSACION DE LA ULTRADERECHA
“No hice nada distinto que con Pinochet”
El juicio contra el magistrado español seguirá hoy con la declaración de testigos de la defensa. Será la primera vez que familiares o víctimas del franquismo comparezcan en España ante el máximo tribunal.
La segunda jornada del juicio contra Baltasar Garzón por investigar crímenes del franquismo comenzó ayer con una mala noticia para el juez suspendido de la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo de Madrid (TS) rechazó los pedidos de nulidad del proceso que habían presentado la semana pasada tanto la defensa como la fiscalía, por severas irregularidades en el procedimiento de la acusación. En este juicio Garzón está acusado por prevaricato al supuestamente arrogarse competencias que no le correspondían cuando investigó en 2008 los crímenes de lesa humanidad comprendidos entre la Guerra Civil española (’36-’39) y la dictadura de Francisco Franco (’39-’79) que dejaron más de 160.000 desapariciones forzosas. Garzón enfrenta la posibilidad de una pena de inhabilitación de sus funciones por 20 años, lo que significaría el fin de su carrera.
“La investigación de esos crímenes contra la humanidad está justificada. El propio Estatuto de Nuremberg despliega sus efectos más allá de los años ’30 y justifica esa investigación”, declaró Garzón ante su abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, tras negarse a contestar el pliego de la asociación de ultraderecha Manos Limpias, que presentó la acusación. Este supuesto instrumento del Partido Popular para querellar no fue reconocido por Garzón para acusarlo por prevaricato. En ese sentido, tanto la defensa como la fiscalía pidieron que se aplicara la llamada Doctrina Botín, que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa si la fiscalía no acusa. El argumento contra el juez instructor de la causa, Luciano Varela, es que corrigió y orientó el escrito que presentó el colectivo Manos Limpias, situación que reviste un carácter de ilegalidad e imparcialidad. Esta agrupación había previamente intentado sin éxito sentar al magistrado en el banquillo al menos 19 veces.
A Garzón se lo acusa de haber violado la Ley de Amnistía de 1977, hecho que el magistrado negó por completo. “(Aquella ley) se refería a delitos de intencionalidad política y en ningún caso los crímenes contra la humanidad tienen este carácter político. Son un delito permanente, sus efectos permanecen en el tiempo y se siguen produciendo hasta que esos efectos cesan, por lo que no era necesario ni referirse a la ley de amnistía”, argumentó Garzón. En ese sentido el magistrado citó el criterio de instituciones judiciales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la imprescriptibilidad de estos delitos a partir del inicio de su investigación. “El juez tiene la obligación de investigar los delitos; no es una cuestión de ideología; me correspondió el caso por reparto y a partir de ahí hice lo que tenía que hacer”, afirmó Garzón.
El magistrado aseguró que durante el franquismo existió un plan sistemático de eliminación de personas, e insistió en que miles continúan desaparecidas. Su abogado le preguntó si existía en España un censo de desapariciones forzosas, a lo que respondió que sólo en el País Vasco, Andalucía y Barcelona se habían elaborado mapas de fosas comunes donde se enterraba a las víctimas del franquismo. “Desde diciembre de 2006 hasta octubre de 2008 no autoricé ni una sola exhumación solicitada. Expresamente se dijo que no se hicieran hasta que no quedara delimitada la competencia”, dijo Garzón. El magistrado explicó que una vez comprobado que los principales responsables de la represión franquista estaban muertos, se inhibió a favor de los juzgados territoriales para que investigaran de manera autónoma el destino de las más de 160.000 víctimas. Además, aseguró que ninguna administración colaboró para confeccionar los listados de víctimas, a excepción del ayuntamiento de Madrid.
“No hice nada distinto en el caso del franquismo que en el de Pinochet o Argentina”, reafirmó, haciendo referencia al juicio en España al represor argentino Adolfo Scilingo en 2005 y la detención en Londres del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998.
Juristas internacionales y observadores como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) se hicieron presentes ayer junto a un gran número de manifestantes de derechos humanos que apoyaron a Garzón a las puertas del TS. En diálogo con Página/12, el consejero de HRW contó que en la sala de audiencias retumbaban los gritos de aliento a Garzón que llegaban desde la calle. “Resulta paradójico que esté siendo juzgado por intentar aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional”, dijo Reed Brody. El vocero de HRW dijo que, si bien Garzón le manifestó estar tranquilo, el magistrado se prepara para ser condenado. “Si no es en el caso del franquismo, pues en uno de los otros casos”, dijo haciendo alusión al caso Gürtel y el de los fondos del Banco Santander (ver aparte). En el primero Garzón también está acusado por prevaricato y en el segundo por cohecho.
El proceso del franquismo continuará hoy con la declaración de testigos de la defensa. Será la primera vez que familiares o víctimas de la última dictadura española comparezcan en España ante el Tribunal Supremo. “Es un juicio muy importante para los derechos humanos y también para la independencia judicial”, concluyó Brody desde Madrid.
Informe: Juan Nicenboim.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agndh
LOS HONORARIOS DE GARZON
El tercer caso
El Tribunal Supremo le asestó ayer otro golpe a Baltasar Garzón en la causa por manejo de fondos privados al rechazar todas las pruebas que la defensa presentó para demostrar su inocencia. La semana pasada, el instructor Manuel Marchena lo imputó por cohecho impropio por una gestión presuntamente irregular de fondos privados para unos cursos que dictó en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. Garzón había recusado anteriormente a Marchena por oficiar simultáneamente de juez en la causa de corrupción conocida como Gürtel, por la que aún aguarda sentencia.
El magistrado del TS había dicho que existían indicios de que hubo un reparto clandestino de dinero procedente de subvenciones. “Se creó un interesado escenario de descontrol en el reparto de las abultadas partidas que recibía la Universidad de Nueva York”, había dicho Marchena.
Garzón, quien negó en un comunicado haberse contactado personalmente con empresas para pedir fondos, quería que se tomara declaración a una empleada de la Universidad de Nueva York y a un traductor. Esto para aclarar el error de la página web del centro, que presentaba al magistrado como quien gestionó y obtuvo la financiación para la realización de los cursos. Para justificar los cobros, Garzón había pedido la declaración del asesor Angel Luis Durán. El fue quien liquidó el impuesto sobre el patrimonio de Garzón en 2002. Con esto el acusado quería demostrar que disponía de una única cuenta bancaria el Citibank en Nueva York y la remisión para reclamar al Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad la documentación de las subvenciones del Banco Santander. “La declaración como testigo de Durán poco o nada puede añadir acerca de si el investigado disponía de una o más cuentas en la entidad bancaria”, aseguró Marchena. En el auto conocido ayer, el instructor rechazó la incorporación de los justificantes de la aplicación de los patrocinios realizada por el Centro de Derecho y Seguridad de la Universidad de Nueva York. Marchena dijo que el testimonio de los principales responsables de las entidades que ofrecieron fondos para los cursos organizados por el querellado pone de relieve que ninguna de aquéllas exigió una cuenta pormenorizada de los términos en que fueron aplicadas las cantidades abonadas al centro académico. El instructor dijo que carecía de sentido promover una comisión rogatoria a Estados Unidos para indagar sobre los certificados, ya que el Banco de Santander –uno de los patrocinadores de los cursos junto con Cepsa, Endesa, BBVA y Telefónica– no les había exigido liquidación pormenorizada de la subvención aplicada.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agndh
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