Prófugo en las playas de Reñaca
El ex camarista federal mendocino, con pedido de captura por su participación en crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, caminaba por la calle. Al ser identificado corrió y subió a un colectivo, pero no pudo evitar que lo fotografiaran.
El ex juez Otilio Romano en el colectivo al que subió con el afán de no ser fotografiado.Imagen: MDZ Online
Estaba tranquilo hasta que detectó que lo identificaron. El ex juez Otilio Romano, con pedido de captura por “crímenes contra la humanidad”, fue encontrado por un medio mendocino mientras caminaba por las calles del balneario chileno de Reñaca. El ex camarista federal, de 68 años, que está prófugo de la Justicia argentina, fue hallado en las inmediaciones de la torre Euromarina, en Cochoa, cerca de Reñaca. Ayer, poco antes de mediodía, un fotógrafo de MDZ on line le gritó ¡Romano!, y el magistrado corrió hasta alcanzar un ómnibus de transporte público.
Según esa publicación, vestía un buzo polar, jeans y zapatillas cuando paseaba por avenida Borgoño al 17.400 e interrumpió el paseo para subirse al micro en su escape de la prensa. Terminó ubicado al fondo del vehículo camino al centro de Viña del Mar.
El 15 de diciembre, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo destituyó como miembro de un tribunal de alzada por su complicidad con la dictadura, y un día antes pidió asilo en Chile. El jury lo acusó de haber “omitido” en forma “sistemática” denunciar e investigar secuestros, desapariciones, torturas, apremios ilegales y violaciones, de los que tenía conocimiento directo por las declaraciones y reclamos de las víctimas que recibió como fiscal y como juez subrogante desde 1975, y durante la dictadura. Romano ya tenía un procesamiento firme como partícipe de 103 crímenes de lesa humanidad. La decisión del Consejo fue por unanimidad, y luego de un proceso en ausencia en el que varios sobrevivientes del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza testimoniaron sobre la pasividad de Romano ante las denuncias por violaciones a los derechos humanos que recibía.
Enterados de que Romano había volado el 24 de agosto, un día antes de su preventiva suspensión, el jurado expresó que esa actitud “refuerza la convicción” de expulsarlo. El camarista mendocino había hecho todo para evitar el juicio, que logró frenar casi un año con una medida cautelar. Romano fue durante años un pilar fundamental para obstaculizar el avance de las causas de lesa humanidad en las tres provincias de Cuyo, donde siguió actuando como magistrado incluso después de haber sido procesado, situación que sólo fue posible porque consiguió que un juez ad hoc dictara esa medida.
La última noticia de Romano se conoció en diciembre, cuando a través de un abogado presentó una carta ante la Cámara Federal de Mendoza para decir que se consideraba despedido porque el Consejo de la Magistratura le había suspendido el pago del sueldo, que rondaba los 40 mil pesos mensuales por tratarse de un camarista. Los consejeros habían evaluado que huir del país para no enfrentar un proceso judicial es “incompatible con el mantenimiento de las prerrogativas de un juez federal”.
Si bien el asilo político que pidió Romano no le correspondería por estar imputado de delitos de lesa humanidad, sí le permitió ganar tiempo hasta que la Justicia chilena se pronuncie. A mediados de enero, la Corte Suprema de ese país pidió a la Justicia argentina un resumen de los cargos que se le imputan, y el Ministerio de Interior solicitó que informe sobre el estado del pedido de refugio político invocado por Romano. A partir del 19 de diciembre integra la lista de las 315 personas más buscadas por la Interpol, junto a narcotraficantes y terroristas.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había dicho sobre Romano: “Ya lo vamos a traer, lo traerá la Justicia”. La decisión de detenerlo y extraditarlo está en manos de la Corte chilena, y si ese tribunal decide avanzar será el presidente Sebastián Piñera quien defina su destino. Romano, por ahora, pasea por Reñaca.
POR LOS CRIMENES COMETIDOS EN LA PERLA
Catorce represores procesados
Catorce ex militares fueron procesados con prisión preventiva por violaciones a los derechos humanos cometidas en el Centro Clandestino de Detención (CCD) La Perla, durante la última dictadura militar. La medida fue dispuesta por el juez federal de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, a cargo de la causa “Rodríguez, Hermes Oscar y otros”, en la que se investiga el paso de 115 personas por el mayor CCD cordobés. En la causa estaba imputado el represor Luciano Benjamín Menéndez pero, por razones de salud, el magistrado resolvió suspender su procesamiento. De todas formas, Menéndez deberá declarar en el nuevo juicio oral que se iniciará el próximo 12 de junio por delitos cometidos en el mismo centro clandestino de detención.
Sánchez Freytes ordenó el procesamiento con prisión preventiva de Jorge Gorleri, ex jefe de Operaciones (G3); de Alberto Lucena, ex segundo comandante y ex jefe del Estado Mayor de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada, y de Luis Santiago Martella, ex jefe de la V Brigada con asiento en Tucumán. La misma resolución alcanzó a Vicente Meli, ex jefe del Estado Mayor de la IV Brigada; a Héctor Hugo Lorenzo Chilo, ex jefe de la División Inteligencia (G2), y a Jorge González Navarro, ex jefe del G5 y miembro del Estado Mayor de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada.
La medida de Freytes recayó también sobre Mauricio Poncet, ex jefe de la División Personal de la IV Brigada de Infantería Aerotransportada; Raúl Fierro, ex jefe del Grupo de Inteligencia (G2) de la misma brigada, y sobre Italo César Pasquini, Juan Eusebio Vega, Oreste Padován, Ricardo Lardone, Carlos Vega y el ex carapintada Ernesto “El Nabo” Barreiro, considerado “jefe de los torturadores de La Perla”, centro clandestino ubicado en la ruta nacional 20, a 12 kilómetros de la capital cordobesa. Al carácter restrictivo de la aplicación de la prisión preventiva, el magistrado le sobrepuso “una serie de presunciones que autorizan la medida, las que pueden inferirse de distintas circunstancias y pruebas que indican la necesidad del encarcelamiento procesal que se dispone”. Freytes remarcó que los hechos investigados “integran la categoría de ‘crímenes de lesa humanidad’, cuyo juzgamiento resulta inexorable, razón por la cual el Estado debe garantizar el proceso de los imputados, adoptando las previsiones para evitar todo intento de eludir el accionar de la Justicia”.
En tanto, la Justicia Federal confirmó para el próximo 12 de junio el inicio de un nuevo juicio oral y público por delitos cometidos en La Perla entre 1975 y 1978. Entre otros, allí deberá declarar Menéndez –séptima vez que se sentará al banquillo de acusados, condenado seis veces a prisión perpetua–, y también el capitán Héctor Vergez y el ex mayor Ernesto “El Nabo” Barreiro, jefes de La Perla.
Fuente:Pagina12
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