La justicia federal extendió por un año más la permanencia del genocida en la cárcel. Tuvo en cuenta la “severa imputación” en su contra y la “gravedad de las penas” que podrían caberle. Había pedido la libertad condicional.
Con las firmas de los jueces Oscar Amirante y Adrián Grünberg, el Tribunal Oral Federal 1 de la Capital adoptó esa decisión en virtud de la “severa imputación” que pesa sobre el ex dictador, así como la “especial gravedad” de las penas que podrían caberle.
El tribunal destacó “la negativa incidencia que tendría la hipotética libertad de Videla sobre la posibilidad de recopilar elementos de convicción” para la causa, así como su “extrema complejidad”. La causa fue elevada a juicio oral hace cinco años por el juez federal Sergio Torres con 16 imputados, entre ellos Domingo Bussi, quien ya falleció.
Para negarle la excarcelación al dictador, los magistrados tuvieron en cuenta, entre otros puntos, la “severa imputación que pesa sobre Videla según el respectivo requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio; concretamente, como autor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada previsto por el art. 142 bis, reiterado en 102 hechos, en concurso real con la figura de asociación ilícita calificada”.
También evaluó “la especial gravedad de las penas que, como consecuencia de lo señalado en el punto anterior, podrían imponérsele a Videla en estas actuaciones” y las “particulares características y naturaleza de los hechos concretos que se le atribuyen a Videla en la causa”. Los jueces consideraron además “la negativa incidencia que tendría la hipotética libertad de Videla sobre la posibilidad de recopilar elementos de interés para la causa”.
En las conclusiones, el tribunal advierte “no sólo la existencia de los riesgos procesales que deben justificar cualquier detención preventiva, sino también que, aunque Videla haya permanecido en este estado (preso) un lapso mayor al que se establece por el art. 1º de la ley 24.390 -al que aludió a la hora de pedir su libertad condicional y la nulidad del resto de las causas en su contra- , y aunque el examen de lo planteado se lleve a cabo con la mayor cautela y rigor que tal circunstancia impone, el tiempo en detención cautelar sufrido por el nombrado hasta el momento no resulta irrazonable y corresponde que sea prorrogado por un año más en atención al estado de las actuaciones principales”.
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
Punto de vista
Argentina, a la vanguardia de Latinoamérica
Los últimos años han mostrado diferentes hechos a nivel internacional que pusieron en relieve la eterna lucha por "verdad, memoria y justicia" de los organismos de Derechos Humanos en Argentina. Fueron conflictos sociales acontecidos en países donde la historia fue sutilmente vedada y nunca se conocieron los hechos que marcaron una época.
Por: Jorge Hirschbrand ( jorgeh@elsol.com.ar)
Un borrón y cuenta nueva –siguiendo la línea de dichos populares– que nunca existe.
Los últimos años han mostrado diferentes hechos a nivel internacional que pusieron en relieve la eterna lucha por "verdad, memoria y justicia" de los organismos de Derechos Humanos en Argentina. Fueron conflictos sociales acontecidos en países donde la historia fue sutilmente vedada y nunca se conocieron los hechos que marcaron una época.
Uno de los casos emblemáticos se planteó en Chile. Los juicios y condenas a los máximos responsables de la represión ilegal durante la dictadura de Augusto Pinochet no se convirtieron nunca en política de Estado, y esa sensación de impunidad fue la herencia de las nuevas generaciones.
Crecieron aceptando reglas de juego que habían sido planteadas luego del golpe militar del 11 de setiembre de 1973, que derrocó al gobierno democrático de Salvador Allende.
La presión de la historia fue más fuerte. Un reclamo que durante años estuvo cautivo, que generó incertidumbre en miles de familias y que hizo aún más grande la brecha en ricos y pobres, estalló. Y con esa protesta vieron la luz los asuntos que llevaban pendientes durante décadas: la gratuidad de la educación, la igualdad de posibilidades, la oportunidad de movimiento en la escala social, la calidad de los servicios básicos.
La dictadura chilena –porque fue una dictadura, a pesar de los esfuerzos de los mensajeros del pasado que intentan cambios retóricos– tuvo una importancia clave en el desarrollo de la historia latinoamericana en la década del 70.
Pionero en la aplicación de la doctrina de Seguridad Nacional, Pinochet fue uno de los ideólogos del Plan Cóndor junto con miembros de la CIA, una operación que tenía como objetivo centralizar información de los organismos de inteligencia y seguridad de todos los países sudamericanos para la persecución de los llamados elementos subversivos o simpatizantes de partidos de izquierda.
De hecho, la primera reunión cumbre tuvo lugar en Santiago, con Manuel Contreras, jefe de la Dina (Dirección de Inteligencia Nacional), como anfitrión de representantesde Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Frente a la imposibilidad de juzgar a Pinochet –primero, porque se aseguró una red de contactos para que eso fuera imposible; y segundo, porque murió–, Contreras se convirtió en la cara de la represión en Chile. Fue juzgado y sentenciado a más de 200 años de prisión. Con él, poco a poco, casi una centena más de efectivos de la diferentes fuerzas de seguridad pasaron por el banquillo de los acusados.
Pero no fue hasta varios años después y por la insistencia de los organismos de Derechos Humanos que esto ocurrió. La transición democrática no había contemplado llevar a tribunales a los responsables de casi dos décadas de plomo.
Siempre con el Plan Cóndor como referencia, el de Bolivia fue un caso particular. El pasaje de gobiernos militares a democráticos fue no sólo traumático, sino también confuso.
Luego de los años de Hugo Banzer, hubo diferentes posturas dentro de las Fuerzas Armadas, con elecciones truncas y nuevas interrupciones golpistas, como la de Luis García Meza, quien fue uno de los pocos represores que, muchos años más tarde, vio el peso de la justicia.
Aún hoy, familiares de detenidos- desaparecidos piden que se reabran las causas y que el Ejército haga público sus archivos. Uruguay es otro de los casos paradigmáticos en la lucha por desacreditar la memoria. En 1986, y bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti, se promulgó una ley que, palabras más palabras menos, dejaba sin efecto cualquier intento por parte del Estado de acusar y juzgar a los responsables de la dictadura entre 1973 y 1985.
Ese "aquí no ha pasado nada" estuvo en sintonía con la tendencia existente en el resto de los países de la región, menos Argentina. Tanto los represores como los presos políticos y acusados de terrorismo fueron alcanzados por diferentes normas de amnistía. La etapa oscura de la historia uruguaya de esos 12 años quedó en el olvido.
Ni José Pepe Mujica, actual presidente y víctima directa de la represión ilegal, logró revertir esta situación. No hay consenso social para abrir los archivos y juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
En estos países, como en Brasil, por ejemplo, cuyo régimen de amnistía ha dejado impune centenares de casos de violaciones de derechos humanos durante los tiempo de dictadura, se emparentan con la frase elegida por Pedro Almodóvar para defender al juez español Baltasar Garzón y explicar el porqué de la necesidad de investigar los crímenes cometidos en ese país durante el período franquista.
"No tuve abogado ni juicio ni sentencia", repiten figuras del espectáculo ibérico, que representan a algunos de los miles de muertos y desaparecidos durante el gobierno del generalísimo dictador español.
Eso es lo que ocurre. Eso ocurrió. La historia de esas personas quedó trunca. Se borró de un momento para el otro sin la posibilidad de cerrar un círculo natural, más allá de las causas de las muertes. Y los responsables jamás pagaron algún precio.
Y del otro lado, Argentina. Sólo dos años después de la recuperación democrática, los dueños máximos del terror fueron puestos a merced de un tribunal que les ofreció todas las garantías de un juicio justo. Sin ánimos de revanchismo, tal cual vocifera desde prisión Jorge Rafael Videla.
Fue una apuesta a futuro. Una señal clara de qué país quería construirse a partir de ese momento. Se dijo "nunca más". Se cumplió a medias. El presidente RicardoAlfonsín cedió a la presiones, a los conceptos de "obediencia debida" y "punto final". Y llegó Menem, con una política económica similar a la los años de facto, y con la falsa creencia de la reconciliación nacional. Fue el artilugio utilizado para permitir el indulto a los criminales que habían sido condenados.
La sociedad argentina, a diferencia de otros países, no soportó esa situación. Y en cuestión de años, los procesos judiciales se encarrilaron. Volvió la idea de llevar a los criminales a la cárcel, de entender que las heridas del pasado sólo podían cerrarse en tribunales, con pruebas y testimonios que permitieran determinar si los acusados eran culpables o inocentes.
Hoy, más de 250 integrantes o colaboracionistas de la dictadura están cumpliendo sentencias. Casi mil más están procesados y comenzó a desentrañarse la segunda parte la trama: la complicidad del poder civil. Algo necesario para que ningún criminal camine impunemente por la calle y para terminar de formar una sociedad más justa.
FuentedeOrigen:ElSol.online
Fuente:Agndh
Por Juan Carlos Díaz Guerrero*
Dictadura paraguaya: Terror desde el Estado
Paraguay vivió con la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) uno de los regímenes autoritarios más largos y sangrientos de los instaurados en América Latina en la segunda mitad del siglo pasado.
Fuentes que prefirieron el anonimato, quizás aún inducidos por aquellos años de espanto, dijeron a Prensa Latina que con los sucesos de febrero del 89 del pasado siglo cayó Stroessner, pero no la dictadura.
Algunos, incluso, evocan una frase adjudicada al dictador que, viendo una fotografía de la toma de poder del general golpista Andrés Rodríguez, afirmó: "Aquí el único que falta soy yo".
Dictadura: Terror desde el Estado
La historiografía sostiene que Stroessner, a quien Augusto Pinochet en algún momento llamó "maestro", sustentó su régimen no en la simple doctrina del terror, sino en el terror practicado desde el Estado.
Sus pilares básicos de consolidación fueron la Alianza Nacional Republicana (Partido Colorado), las Fuerzas Armadas y el Estado, y sin lugar a dudas, las sucesivas administraciones norteamericanas con su Doctrina de Seguridad Nacional.
En este contexto, no puede dejarse de mencionar al Plan Cóndor, que coordinó de forma macabra las operaciones de las demás dictaduras de la región, bajo la guía de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos.
Paraguay sirvió de refugio hasta 1989 a delincuentes y terroristas de la extrema derecha internacional y fue centro principal de la CIA en el Cono Sur, según las fuentes, algunas de las cuales consideran que poco o nada ha variado esa historia.
Entre los protegidos por Stroessner se mencionan a Lucien Sarti, miembro de la mafia y supuesto magnicida del presidente John Kennedy en 1963, y Michael Townley, asesino en 1976 de Orlando Letelier, excanciller del presidente Salvador Allende.
Para el Frente Guasu, agrupación de más de una veintena de movimientos y partidos progresistas paraguayos, la dictadura no fue sólo cárcel, tortura, exilio y desaparición, sino también legado de sus males todavía vigentes.
La corrupción, saqueo, contrabando, narcotráfico, tráfico de armas y vehículos, y todo cuanto de ilegal se pueda imaginar, sustentaron el poder del dictador y derivaron a su vez en males estructurales y culturales.
En su mensaje público por los 23 años de la caída de Stroessner, el Frente señaló que referirse a la dictadura es hablar del "terrorismo de Estado y miedo sembrado" de un régimen que impidió "al pueblo paraguayo desarrollarse con valores democráticos y de tolerancia al disenso".
Cuando mencionamos a Stroessner y su dictadura, apuntó, nos referimos a las millones de hectáreas de tierras entregadas ilegalmente a represores militares y amigotes, y a lo mejor de la inteligencia paraguaya perseguida y forzada al ostracismo.
La Comisión Verdad y Justicia (CVJ) reveló en informe que siete millones 851 mil 295 hectáreas de tierras mal habidas, el 19 por ciento del territorio nacional, fueron distribuidas de forma irregular entre 1954 y el 2003.
Otro aspecto que contribuyó al sostenimiento del sistema dictatorial fue el surgimiento de varios medios de comunicación (hoy constituyen emporios mediáticos y poder económico) y otros ya establecidos que sometieron sus intereses periodísticos a favor de la propaganda del régimen.
Para algunos analistas sobre el tema, los medios de prensa fueron soporte para crear una imagen benévola del gobierno, lo cual es reflejo de los adeptos que hoy sigue teniendo aquel sistema de muerte y saqueo.
Un sondeo ordenado por el periódico Última Hora a una encuestadora, al cumplirse 20 años de la caída de Stroessner, reveló que la mayoría de los entrevistados (49,2 por ciento) dijo no tener dudas sobre el régimen de terror, pero admitió que en el orden económico "la gente se sentía bien".
Violaciones a los DDHH
Otra visión del sostenimiento de la dictadura la tiene la Comisión Verdad y Justicia al considerar que las detenciones ilegales, torturas y ejecuciones extrajudiciales fueron sustento que permitieron al tirano mantenerse más de tres décadas en el poder
El informe realizado entre octubre de 2004 y agosto del 2008 por la CVJ concluyó que las fuerzas al servicio de Stroessner efectuaron 20 mil 820 detenciones irregulares, de las cuales resultaron víctimas 19 mil 862
Esta cifra significa que el diez por ciento fueron privadas de libertad de forma arbitraria en más de una ocasión.
Durante 34 años fueron detenidas 584 personas por año, para casi dos aprehensiones por día, según el documento oficial, confeccionado sobre datos y testimonios de la época.
De acuerdo con los estimados de la CVJ, uno de cada 10 paraguayos fue afectado directa o indirectamente por privaciones ilegales de libertad, y 18 mil 772 resultaron torturados por los esbirros del régimen.
El informe, que fue entregado a los tres poderes del Estado, reveló que 425 personas fueron desaparecidas o ejecutadas de forma directa, de las cuales 337 fueron desapariciones forzadas, 59 ejecuciones extrajudiciales y 29 quedaron sin tipificar. Entre los métodos de tortura más utilizados por la dictadura, la Comisión Verdad y Justicia menciona la asfixia por inmersión, la picana eléctrica, trabajo forzado, violación sexual a mujeres detenidas y los golpes sin instrumentos.
Otros métodos de suplicio de carácter sicológico fueron el aislamiento extremo, la insuficiente alimentación, condiciones insalubres de encierro, privación del sueño, simulacros de fusilamiento y otros.
El significado de la tortura para el régimen lo describió Robert White, exembajador de Estados Unidos en Paraguay, al declarar ante un tribunal de su país que "es la base de la represión, es el corazón del sistema que permite al régimen de Stroessner mantenerse".
Impunidad, justicia y memoria
Las medidas dejadas en el Informe Final de la CVJ estuvieron dirigidas "a la revelación pública y completa de la verdad" sin afectar intereses, la búsqueda de las personas desparecidas, así como la revelación de identidades de niños secuestrados y cadáveres de las personas asesinadas.
Asimismo, otras tendientes a "obtener declaraciones oficiales que restablezcan la dignidad, reputación y derechos de las víctimas y personas estrechamente vinculadas a ella".
Además de medidas dirigidas a conseguir "disculpas públicas que incluyan el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades".
Y por último, "aplicar sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones".
Hasta la fecha fueron encontrados 20 cuerpos de víctimas de la dictadura en todo el país, 12 de ellos en la Agrupación Especializada, donde se hallaron, además, siete tumbas vacías con el objetivo de cubrir la impunidad.
Alguien dijo una vez que los pueblos que no tienen memoria corren el riesgo de cometer los mismos errores del pasado.
Sobre ese principio, 23 años después del derrocamiento de la dictadura, el Gobierno del presidente paraguayo, Fernando Lugo, convocó a la ciudadanía a una Semana de la Memoria, en relación con la dictadura de Alfredo Stroessner.
La memoria histórica de un pueblo "es uno de los mayores patrimonios y debe ser conservada por todos los medios posibles", indicó una resolución firmada por Augusto Dos Santos, ministro de la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo.
El documento consideró insuficiente limitarse a los festejos patrios, conmemorados el pasado año, a recordaciones de acontecimientos heroicos de los padres de la patria y guerras sufridas por la nación.
También planteó que debe guardarse "en la memoria histórica los hechos infaustos" que azotaron al pueblo paraguayo o causaron "un daño terrible a nuestra nación, para que éstos no vuelvan a repetirse".
El manuscrito señaló que recordar, conocer el origen y consecuencia de ese período es la mejor manera para que hechos como ese no se repitan nunca más.
Lugo calificó la jornada de siete días como gran homenaje a los paraguayos que lucharon por la libertad y la paz, en un país que tanto las necesita.
La memoria -dijo- ha estado deambulando por mucho tiempo por los caminos del Paraguay, escondida a veces ante el paso del miedo, la represión o la tortura.
* Corresponsal de Prensa Latina en Paraguay
FuentedeOrigen:Inventario22
Fuente:Agndh
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