Un paso a la mina abierto a la fuerza
La policía provincial desalojó con empujones, balas de goma y gases lacrimógenos a vecinos de Tinogasta que bloqueaban el camino hacia la minera. Doce personas fueron hospitalizadas. También hubo un desalojo en Belén.
Por Carlos Rodríguez
En menos de veinticuatro horas, el Kuntur, grupo de elite de la policía de Catamarca, fue acusado de reprimir “con balas de goma y gases lacrimógenos” a dos grupos de personas que desde hace diez días vienen protestando con cortes de ruta contra la minería a cielo abierto en las localidades catamarqueñas de Belén y Tinogasta. Hubo 35 detenidos y doce vecinos tuvieron que ser asistidos en el hospital de Tinogasta. “En el pueblo jamás se vivió una situación de semejante violencia. Nos sacaron a empujones y a golpes de la ruta, sin tener en cuenta que había mujeres, incluso una de ellas embarazada, y muchos niños porque nosotros somos vecinos del lugar, no somos militantes de ninguna organización política”, le dijo a Página/12 Karina Olmos, integrante de la Asamblea Ciudadana de Tinogasta. Anoche, en esa ciudad, decenas de vecinos estaban volviendo a ocupar la ruta 60, para impedir la circulación de camiones que llevan insumos hacia la minera La Alumbrera, en la vecina ciudad de Andalgalá. Antes, cerca de un millar de vecinos se reunieron frente al municipio de Tinogasta para pedir la renuncia del intendente local, Hugo Avila. Ante la situación, el ministro de Gobierno de Catamarca, Francisco Gordillo, justificó el desalojo argumentando que el bloqueo del camino retenía el paso de camiones que trasladaban “explosivos” que significaban “un peligro para la sociedad”. Al mismo tiempo, Gordillo sostuvo que tienen “las puertas abiertas” para “dialogar con los ambientalistas” (ver aparte).
Karina Olmos le respondió al funcionario diciendo que ellos también están “muy preocupados por el paso de los camiones con explosivos, que de todas maneras, haya corte o no, circulan por las calles de Tinogasta sin que nadie se preocupe desde el gobierno provincial”. Sobre la protesta, Olmos sostuvo que se han organizado “porque sabemos muy bien, por lo que ha pasado en estos quince años en Andalgalá, que la minería a cielo abierto es nociva para la salud, para el agua y para la tierra y que no nos deja ningún beneficio”. También le pidió al gobierno nacional que “de la misma manera que se está pronunciando por Malvinas, se pronuncie por nosotros, porque las empresas multinacionales se están llevando lo que es nuestro y de todos los argentinos”.
La vecina de Tinogasta dijo que en esa ciudad hay “empresas australianas y canadienses que quieren el uranio que tienen nuestros cerros, pero lo que estamos diciéndoles es que no les vamos a dar la licencia social para que se lo lleven”. Al grito de “El pueblo unido, jamás será vencido”, los vecinos se estaban reagrupando anoche sobre la ruta 60. El “violento desalojo” que denunciaron se produjo ayer cerca de las 9 de la mañana. Los vecinos recibieron primero una notificación verbal de la fiscal Liliana Carrizo, pero aseguran que no hubo “ninguna orden judicial por escrito”. En ese punto discrepan con lo que dijo el gobierno provincial.
Según los vecinos, cuando comenzó la represión se habían concentrado en la ruta cerca de 150 personas. “El corte lo veníamos haciendo unas quince o veinte personas, pero después del anuncio de la fiscal avisamos a otros vecinos y se vinieron a la ruta con nosotros.” Karina Olmos denunció que hubo “disparos de balas de goma, gases lacrimógenos y nos golpearon a todos, hombres y mujeres, sin importar que había muchos niños a los que tuvimos que proteger”. Como protesta, los vecinos –cerca de un millar– marcharon ayer por la tarde a la intendencia de Tinogasta. Como no estaba su titular, Hugo Avila, le pidieron su renuncia al viceintendente Alanis Andra. Los vecinos marcharon con un cartel que decía “Las ideas no se reprimen, siguen presentes”.
El otro desalojo ocurrió en la ruta 40, en Belén, por donde también pasan los camiones que van hacia La Alumbrera. Esto ocurrió en la tarde del jueves, a partir de las 18, por “disposición del fiscal Jorge Flores”. En este caso se produjeron empujones y golpes contra un grupo compuesto por varias decenas de vecinos que en ese momento no estaban cortando la ruta. “Estábamos en un terreno privado, de la familia Barragán, cuando vino el grupo Kuntur y nos sacó a los golpes”, relató a este diario Mariano Cervantes. Sólo hubo heridos leves, pero se llevaron detenidas a 35 personas, “diez de ellas mujeres y dos chicos menores, de 14 y 16 años”. Estuvieron detenidos durante más de ocho horas, las mujeres en la Regional 3 de Belén y los hombres en la comisaría de la localidad de Londres.
“Lo curioso es que los que sí estaban cortando la ruta eran unos 40 trabajadores de la minera La Alumbrera y sus familiares porque la empresa había amenazado con echarlos si seguía nuestro corte de ruta. A ellos no los reprimieron, los dejaron”, aseguró Cervantes. Los detenidos aseguraron que ignoran cuál es la acusación en su contra: “Nos dicen que es por resistencia a la fuerza pública o por ‘averiguación de hechos’ que no fueron precisados. Lo cierto es que el fiscal nos había recomendado que nos fuéramos para que no nos pegaran los trabajadores de La Alumbrera”.
La explicación del gobierno provincial
El ministro de Gobierno y Justicia de Catamarca, Francisco Gordillo, aseguró ayer que era preciso desbloquear la ruta 60 porque los camiones varados del yacimiento Bajo de la Alumbrera estaban cargados de “explosivos” que representaban un “peligro para la sociedad”. Al referirse a la disparos de balas de goma y los gases lacrimógenos dispensados por la policía a los ambientalistas, afirmó que el gobierno catamarqueño “no quería estas consecuencias” y señaló que el operativo se hizo “en cumplimiento de una orden judicial, respetando sobre todas las cosas el derecho que tienen todos de transitar por la ruta”.
Tras mencionar que el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, se encuentra en Catamarca en una ronda de diálogo con distintos empresarios del sector, Gordillo dijo que la administración provincial tiene “abiertas las puertas” para dialogar con ambientalistas sobre la cuestión minera para “establecer un nuevo sistema de control ambiental que proteja a los vecinos” y rechazó lo que consideró “posiciones fundamentalistas”. También negó que el violento despeje de la ruta haya sido “por presión” de las empresas mineras.
Según el ministro, hay “entre doce y trece personas que ingresaron al hospital con algún tipo de contusiones y heridas” e informó que “once policías de Infantería resultaron heridos, una subcomisaria con fractura expuesta, un comisario con una pierna fracturada, seis perros lesionados y cuatro camionetas destrozadas”. Gordillo dijo que la policía procedió siguiendo “un protocolo” ante manifestaciones sociales que Catamarca “suscribió con el Ministerio de Seguridad nacional”.
El funcionario recordó que hace casi 20 días que los camiones están parados y dijo que algunos son de la minera, otros de proveedores. “La gente que trabaja en las minas ya le había dicho a esta gente que (por los manifestantes) se estaban quedando sin trabajo”, agregó.
Otras voces
- Aníbal Fernández(senador del Frente para la Victoria): “Jamás he estado de acuerdo con reprimir una protesta social o cualquier manifestación popular. Para que quede claro, tampoco estoy de acuerdo con el uso de la violencia en Tinogasta o en cualquier lugar del Noroeste argentino, cualquiera sea la causa”.
- Hermes Binner (Frente Amplio Progresista): “La utilización de la fuerza policial contra población civil constituye una violación al derecho de protesta y contradice la política de consensos y diálogos que debe regir en una democracia”.
- Jorge Rivas (diputado de Socialistas para la Victoria): “El proyecto que encabeza la presidenta Cristina Fernández se ha caracterizado desde su inicio por procurar respuestas a la demanda popular y no por reprimirla. Los que militamos por ese proyecto tenemos el derecho y el deber de reclamar consecuencia con ese principio a todos los dirigentes, de la provincia que sean, así como tenemos que comprometernos a examinar con rigor la legislación sobre minería y llevar a cabo las reformas necesarias”.
- Victoria Donda(diputada de Libres del Sur): “Observamos con gran preocupación esta escalada de violencia contra nuestro pueblo y siguiendo el discurso de ayer de la Presidenta sobre el tema de la minería, en la que llamaba a debatir entre todas las partes, ya vemos cuál es la forma de debatir que eligió: reprimir a quienes se oponen a que nos envenenen la tierra y se lleven nuestras riquezas”.
- Adrián Pérez (diputado de la Coalición Cívica): “Sin argumentos para dar el debate en el terreno de las razones, las autoridades nacionales y provinciales apelan al recurso de la fuerza para proteger los intereses de unos pocos y avanzar sobre la calidad de vida de todos. Queremos manifestar nuestro repudio a las acciones de represión”.
- Fernando Solanas (diputado de Proyecto Sur): “Repudio la brutal represión que se desató sobre los vecinos de Tinogasta. Como antes en Andalgalá y el intento frustrado de Famatina de desalojar el corte que el pueblo lleva adelante en defensa de su legítimo derecho de defender sus recursos esenciales para la vida y seriamente amenazados por las empresas mineras, el pueblo resiste”.
- Ricardo Gil Lavedra (diputado de Unión Cívica Radical): “Es absolutamente injustificable y contrario a los principios elementales de cualquier sistema democrático el uso de la violencia y la intimidación”.
Fuente:Pagina12
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