EL EX MILITAR ACUSADO SE DESLIGO DEL HECHO
Roque Pappalardo contó su verdad y dijo que no tuvo nada que ver con el crimen de Moreno
En un nuevo capítulo del histórico juicio por el caso Moreno en Tandil, ayer prestó declaración espontánea el acusado Roque Italo Pappalardo. Tras describir la cadena de mandos del Ejército, se despegó del homicidio del abogado laboralista. Intentó poner en crisis los elementos de prueba en su contra. Al final, sacó un rosario, lo besó y ofreció una oración. El juez Falcone le recriminó que no estaba en una misa, sino que se trataba de un juicio penal.
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Sí, confirmando la especulación de ayer, el ex militar Roque Italo Pappalardo quiso declarar. Puso sus condiciones –no aceptaba preguntas-, e iba a exponer lo que a su entender lo exculpa de las responsabilidades que le endilgan por el homicidio del abogado Carlos Moreno en la quinta de los Méndez.
Su relato sería seguido en un silencio sepulcral, con la expectativa que dijera algo nuevo de lo que vino siendo el argumento de los imputados y condenados castrenses a la hora de referirse a lo ocurrido en aquellos años de plomo. Pero aquella expectativa se iba esfumando con el paso de sus propias palabras. Empero, no dejó de puntualizar -a insistencia del Tribunal- sobre el hecho específico del homicidio de Moreno que no tuvo responsabilidad alguna ya que apenas era el jefe de operación logístico, que la comunicación radioeléctrica que le endilgan no existió y puso en duda el testimonio de los testigos del caso. Así, pediría que se lo juzgue con la honorabilidad que merecía y que se concluya en su absolución (ver aparte).
Cerraría así una nueva semana de juicio rumbo al desenlace de una histórica instancia que la ciudad protagoniza. Tras el nuevo cuarto intermedio hasta el jueves venidero, Tommasi, Pappalardo y los Méndez (Ojeda no estuvo presente en la sala) volvieron a salir raudos y fuertemente custodiados ante el acecho de los manifestantes que buscaron descargar la bronca de lo que había pasado adentro a puro insulto a la virulenta salida de los detenidos.
Más testigos
El primero de los testimonios fue el del ex comisario Alberto Balquinta, quien estaba a cargo de la comisaría de Olavarría donde se recepcionó la denuncia de la desaparición de Moreno. Su aporte fue escaso. Se mostró huidizo y desmemoriado y hasta alguno de la sala se le cruzó por la cabeza pensar en que iba a correr la misma suerte que Juárez –apresado por falso testimonio-, pero todo quedó en veremos, dado que su relato quedó suspendido al cotejo con otras declaraciones a ventilarse la semana entrante.
Luego se sucedieron declaraciones de otras tantas víctimas de aquella represión, que apoyaron nuevamente la hipótesis acusatoria sobre el rol de Pappalardo como de Ojeda, quien llamativamente esta vez no quiso estar en la audiencia, justo cuando dos de los testimonios lo iban a reconocer como el que los detuvo y participó de la privación ilegal de la libertad.
Resultaron conmovedores los dichos de aquellos que ayer atestiguaron frente a los jueces, frente al recuerdo que aún los acongoja y les quiebra la voz a la hora de reconstruir lo sufrido. Con lágrimas de dolor Celso Gómez, Jorge Puggioni, Carlos Saglul y Walter Fernández, recordarían aquellos tiempos de tortura y vejaciones.
Los últimos tres aportarían indicios sobre la posibilidad de haber estado detenidos también en la quinta de los Méndez y de haber escuchado que algo había pasado con algún detenido (Moreno) que lo habían matado porque había intentado fugarse. En cuanto a Puggioni, sería más contundente a la hora de involucrarlo a Ojeda, de quien no tuvo dudas en reconocerlo como quien procedió a detenerlo y luego, incluso amenazarlo de muerte apuntándole con un revólver en la cabeza en plena detención.
Tras aquellas exposiciones cargadas de dolor e impotencia, limitadas a la hora de detalles puesto que sus historias actualmente son parte de una investigación penal, llegaría otro testimonio, el de uno de los sindicados como responsable de aquellas atrocidades, el ex militar Pappalardo.
La historia escrita por Pappalardo
Así llegaría el turno del ex militar, quien papeles en mano se acomodó frente a los jueces custodiado en sus espaldas por un efectivo policial y expondría su visión de los hechos. Más que su mirada, criticó al fiscal y buscó dilapidar las acusaciones en su contra por lo que mereció, incluso, algunas observaciones del juez Roberto Falcone para que encarrile sus dichos a lo que era materia de debate, el crimen de Moreno.
Anticipó que se iba a referir a tres aspectos. Por un lado la organización del batallón logístico, sobre el que describió en tres niveles: el de combate, el apoyo de combate y elementos de apoyo logístico.
Pappalardo describiría entonces los elementos de apoyo logístico sobre lo cual dijo tener algunas diferencias técnicas para con lo que había expuesto el fiscal Adler.
Así referiría que el S3 de un batallón logístico depende de la Brigada, a quien se le hace el apoyo logístico como de los elementos que se le sumen del comando.
El apoyo logístico consistía en la provisión de municiones, arreglo de vehículos, sanidad, intendencia
“El señor fiscal confunde lo que es una unidad de combate con una unidad logística. Esta no prepara ni apoya de ninguna manera operaciones militares, se trata precisamente de operaciones logísticas”.
Marcando su segunda diferencia con el ministerio público, dijo que tomándose de las declaraciones del señor “Suárez”, califica la operación de cerco como una operación factible para el batallón logístico y “eso es un error garrafal”, aseveró, para añadir que la operación de cerco requiere un control en los 360 grados, un número importante de tropa, de inteligencia, y gran movilidad. “Por eso esa operación de cerco no la puede ejercer el batallón logístico”.
En síntesis, Pappalardo quiso decir que la unidad que estaba a su mando no tenía injerencia en la “lucha con la subversión”.
A posteriori leyó lo que dice el reglamento contra la subversión, “que se me ocurre que se le pasó por alto al fiscal”.
El artículo 4013 determina qué elementos pueden ejercerse para operaciones contra subversivos. Elementos ideales, regimiento de infantería por su movilidad y capacidad de desplazamiento. Luego viene el regimiento de caballería, después vienen las unidades de combate”.
Ninguna comunicación
Ya hablando sobre temas puntuales que hacen a la causa en el juicio ventilado, Pappalardo se refirió a la “supuesta” -y reiteró “supuesta”- comunicación radioeléctrica entre el oficial Juárez y el mayor Pappalardo.
Comunicación nunca pudo haber. “Cuanto menos estoy mintiendo si digo que desde los patrulleros policiales se comunicaban con el Ejército”.
Luego aludió sobre una radio experimental que el ejército tendría y eso fue taxativamente aclarado. “Acá en el Ejército no existe ninguna radio experimental”.
“Cuando el señor Ojeda, y lo digo entre comillas –siguió-, dicen que lo han detenido y que se comunicaron conmigo, no podía hacerlo porque no hay manera”.
Pappalardo afirmó que era cierto que hubo un detenido, “pero permítaseme la comparación entre un hombre de bigote, alto y entre un hombre bocón, sin bigote y con una marca en la cabeza. Todos los testigos convergieron en que el tal Ojeda era el de la marca en la frente, bocón y sin bigote y que tenía una voz provinciana”, aclaró.
Arremetiendo nuevamente contra el fiscal sostuvo que “habla con generalidades, en ninguna oportunidad fijó con precisión el famoso cómo, qué, cuándo. En ningún lado dice que Pappalardo dispuso. Tal es así que en un párrafo en particular el fiscal me acusa de coautor y responsable de la muerte porque habría tenido una comunicación radial por una persona que dicen que fue Ojeda y habría autorizado que lo liberaran”.
Pappalardo insistió en que “hay algo elemental para cualquier actividad: comprobar. Una llamada radioeléctrica no comprueba absolutamente nada”.
El juez Falcone, le preguntó a tono aclaratorio si las unidades de combate y de logística no luchaban contra la subversión, a lo que el imputado dijo que las unidades de logística no estaban en esa lucha, porque el batallón logístico no contaba ni con medios ni estaba capacitado para eso.
Falcone le repreguntó dónde estaba ubicada la unidad logística, a lo que el acusado respondió que en Tandil. “¿Y la de combate?”, preguntó otra vez el magistrado. “También en Tandil”, dijo el ex militar.
“Mal me pueden endilgar tareas que hubieran sido propias de un jefe o comandante de batallón. Yo era el tercero en la escala del batallón, no podía salir de las normas con que se regía el batallón logístico siendo que tenía dos superiores arriba”, agregó.
Después el acusado reseñó que “nueve años después surge un nuevo desencuentro. Aparece la señora de Posal y una suerte de confusión de días. El hecho que yo conozco ocurrió el 3 de mayo, en donde intervino la policía, donde hubo tiros, corridas, gritos y no hubo muertos”.
“El 4 de mayo –siguió- sí aparece la señora Posal con su versión particular. La señora el día 3 estaba a 70 metros de donde ocurrieron los hechos y no escuchó nada. Raro, no escuchó nada”.
Para Pappalardo, el fiscal hizo un entrecruzamiento entre lo que pasó el 3 y el 4 y así “cierra lo que dice la señora de Posal…”
El juez volvió a interrumpir su relato para aclararle que estaba realizando una impugnación de todo lo que en el juicio se estaba ventilando, impugnación que es propia del alegato, pero que su declaración ahora tenía que ser sobre los hechos que se le imputan, sobre la muerte de Moreno.
Así, el ex militar retomaría diciendo que “surge otra cuestión, en el lugar donde teóricamente se mató a Moreno estaba el que huía, los dos que lo perseguían, la policía, el ejército y la auxiliar del juez federal. Entre ellos nadie investigó lo que ocurrió, al menos resulta raro”, espetó.
Pappalardo subrayó que el fiscal “habla en general de lo que los libros hablaban sobre la estructura del Ejército para matar, de la estructura genocida y demás, y se refiere a Tandil. Yo apelo a usted, que sé que es un juez de la ley que recordemos dos temas. Uno para el señor fiscal, que tiene la misión de buscar los culpables. Aquí se refiere a temas antiguos y no buscó a los culpables del caso”.
Finalmente se refirió a lo que el juez le hizo llegar días pasados sobre el informe técnico de la división de comunicaciones convencionales. Pappalardo leyó un párrafo en la que los técnicos señalan que los transistores en cuestión no podían funcionar bajo distintas frecuencias.
Otra vez el juez lo inquirió diciendo que si iba a leer el informe que sea textual, no sólo la parte que le interesaba. Así se desprendería que las conclusiones del informe no eran tan determinantes, más bien las conclusiones del técnico refería que no se podía precisar si podía haber comunicación o no.
Después el ex teniente buscaría describir la situación vivida durante esos años, a lo que el juez lo volvió a increpar: “Nosotros no estamos juzgando la guerrilla, estamos juzgando un homicidio”, a lo que Pappalardo pidió disculpas.
Una cruz, una oración y el reto del juez
Cerrando su intervención, Pappalardo mencionó que vino con dos elementos, la cruz y el rosario. “Para que no se interpretara como una provocación, como el otro día apareció una bandera de los hijos, yo no comparto, ni compartí jamás el método, en consecuencia, yo le puedo ofrecer mi oración y mi cruz de quien murió por nosotros.
“Señor Pappalardo, la cuestión de la fe no tiene que ver nada con el proceso penal. Esto es un juicio, no es una misa, cada uno tiene sus creencias, y además la Constitución de la República Argentina le garantiza a los imputados hasta el derecho de mentir” espetó Falcone y provocó el espontáneo aplauso del público, a lo que el propio juez pidió abortar las manifestaciones-. “No hay que confundir (explotaron los aplausos), esto es un juicio y hay que conducirse con respeto y tenemos que hacer el mejor de los juicios. Acá la religión no tiene nada que ver, puede hacer la defensa de sus intereses sin meter la religión”.
Por último, Pappalardo quiso dejar sentado que entendiendo “la serie de vaguedades que se han dicho en esta acusación entiendo que quien preside el juicio sepa corroborar dónde está la verdad y ser juzgado honorablemente como creo merecerlo y requiero la absolución”.
FuentedeOrigen:El Eco Digital
Fuente:Agndh
EL ESPIONAJE DE LA BONAERENSE Y LA EMPRESA A LOS TRABAJADORES DE LOMA NEGRA DURANTE LA DICTADURA
Socios en la represión y los negocios
Los documentos revelan que durante la dictadura, y a instancias de la empresa, se creó un grupo de trabajo especial para hacer tareas de inteligencia en Loma Negra. El informe se presentará en el juicio en el que se investiga el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno.
Por Alejandra Dandan
En 1976 la inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires tomó nota de las leyendas rociadas con aerosol en las paredes de un secadero, dos baños y una ducha de una de las cementeras de Olavarría. “Unidad y lucha”, decía una en reclamo de un aumento de salario. “No al hambre.” “El pingo será de los obreros organizados.” No era la primera vez, sin embargo, que la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se inmiscuía entre los obreros de la zona. Desde 1954 las comisiones internas de las fábricas agrupadas en la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) fueron objeto de seguimientos. Y en particular, lo fueron los obreros de la cementera de Loma Negra.
A una semana de la muerte de Amalia Lacroze de Fortabat, un informe sobre los archivos de la ex Dipba revisa varios casos de persecución en la zona y se detiene en un expediente que demuestra que durante la dictadura, y a instancias de la empresa, los espías crearon un grupo de trabajo especial para hacer tareas de inteligencia en Loma Negra. El informe de la Comisión Provincial por la Memoria, que está a cargo de aquellos archivos, será la base sobre la que darán testimonio esta semana varios obreros en el juicio oral de Tandil. El juicio investiga el secuestro y asesinato de Carlos “El Negro” Moreno, un abogado laboralista de Olavarría que representó a los obreros de Loma Negra en varias causas judiciales porque en medio del proceso de producción contraían una enfermedad en los pulmones. Los documentos de la Dipba muestran a Moreno como un “peronista pacifista”. La ausencia de datos que lo vinculen con una organización política, y entonces a la categoría de “subversivo”, abrió las preguntas de por qué lo mataron. Los testimonios que surgieron en el juicio y las pruebas que presentó el fiscal federal Daniel Adler con antecedentes de las batallas judiciales que Moreno llevó adelante y ganó, con costos millonarios para la empresa, abonan la hipótesis de que pudo haber sido un crimen por encargo. ¿Por encargo de quién? La hipótesis más importante es que se haya tratado de un crimen por encargo del poder económico (ver nota aparte).
Los largos brazos de la Dipba
El nombre del organismo de inteligencia de la Policía Bonaerense es tan largo como la extensión que tuvieron sus brazos. La Dipba escudriñó las actividades de AOMA desde los años ’50 hasta los años ’90: “De la lectura de los legajos surge con claridad el énfasis puesto en esa Asociación”, dice el informe de la Comisión. “Podemos observar los registros de cada uno de los sindicatos durante 40 años: 40 años de vigilancia, infiltración, hostigamiento, es decir, 40 años de persecución ejercida por la Dipba bajo sus distintos nombres, sobre alrededor de 3000 obreros del cemento, cal y derivados, y sus formas organizativas, en un solo partido de esta provincia: Olavarría.”
El caso especial es Loma Negra: “Si bien en cada uno de los sindicatos o seccionales de AOMA, la Dipba hizo análisis de sus comisiones directivas, de sus integrantes, con datos personales y caracterización de pertenencia política; infiltración de sus asambleas, de quiénes participaban, cómo y dónde lo hacían, es sobre la seccional Cemento Portland-Loma Negra donde hicieron mayor hincapié”, continúa el informe en el que trabajó la perito Claudia Bellingeri, directora del programa Justicia por los Crímenes de Lesa Humanidad.
Perturbaciones en el horno número 7
Uno de los documentos paradigmáticos es de 1979. El legajo 88 ubicado en la sección de la Mesa B, dedicada a las actividades obreras y fabriles, se llama: “Loma Negra SA Anexo I - Olavarría”. A ojos de la Comisión, “permite ver, en parte, las relaciones de la empresa con las fuerzas represivas, por ejemplo con la inclusión del personal de la comisaría de Olavarría en tareas de vigilancia interna a pedido de la empresa”. Un dato que se repite años después, en otro legajo, que dice: “A requerimiento de la fábrica cúbrese servicio con personal de la Cría. Olavarría, sub Cría. Loma Negra e Infantería Azul, a cargo Crío. Julio Néstor Cazaux supervisado por Crío. Inspector Daniel Pérez”.
El legajo empieza con una carta “reservada” entre dos funcionarios de Loma Negra y contiene un informe con problemas de los últimos tres meses, detrás de los cuales intuyen un sabotaje. La carta, dirigida al director ejecutivo, la escribió el gerente de superintendencia de la fábrica, ingeniero Juan R. Pené. La cosa es tan protocolar que le puso un título: “Perturbaciones durante la ampliación del horno 7”.
La carta es sólo el comienzo del legajo. Los problemas estimularon la creación de un grupo especial para hacer tareas de inteligencia en la fábrica. A la cabeza del grupo se puso el director de Inteligencia Interior, comisario mayor Alberto Rousse, que sumó a hombres de la comisaría de Olavarría y de la Brigada de Investigaciones de Azul, entre otros. Según los informes, poco a poco se convencieron de que todos los problemas estaban localizados en una sola área: la del horno número 7. El lugar donde trabajaban las contratistas de la fábrica.
Las contratistas, dijeron, “han tenido problemas salariales con su personal dado que en el momento del contrato prometieron montos que no se concretaron en el momento de cobrar, lo que fue superado pero no solucionado, quedando latente la disconformidad de muchos operarios (...). Debemos tener en cuenta que todos los problemas aparecen en la zona del horno 7, que se encuentra precisamente en el área donde llevan a cabo su trabajo las empresas contratistas”.
Convencidos de que la planta “toda es tremendamente vulnerable”, explicaron en ese mismo informe que la situación parecía producto de la actitud de algunos disconformes, por lo tanto no organizados. En el punto final sugieren el alcance del acuerdo con la empresa: “Respecto de la reunión de información, ésta se verá grandemente facilitada –dicen– y será obtenida directamente en el terreno por dos suboficiales que han sido infiltrados y ya se encuentran desarrollando tareas como vulgares operarios en la planta y precisamente en los lugares físicos donde aparecieron las irregularidades”.
La evolución
Los documentos de la ex Dipba sobre los obreros de AOMA revelan cómo fueron creciendo gradualmente los seguimientos sobre el gremio y los de Loma Negra: los primeros informes son de 1954 y muestran a la comisaría de Olavarría recabando datos; luego avanzan hacia los momentos de huelgas con presencias de agentes infiltrados; más tarde sitúan la intervención de la SIDE y un pedido de información en una huelga, hasta llegar más tarde a la formación del grupo especial para las tareas de inteligencia dentro la empresa.
La mayoría de los legajos están en la Sección Mesa B. Uno de los más importantes, porque reúne en forma parcial tareas de seguimiento constantes entre 1951 y 1980. Es el legajo Nº 3, llamado “Asociación obrera minera argentina, Olavarría”. Al comienzo, el informe de 1954 muestra que ya para entonces existía un canal de información entre la comisaría de Olavarría, la delegación de Inteligencia de la Unidad Regional de Azul y la Dipba, con una delegación probablemente en Azul. Quien hace el pedido solicita a la comisaría los nombres de la comisión directiva de AOMA y también de sus “ideologías” políticas. En 1958 se ve el informe de un agente de Inteligencia encubierto llamado José Portas Vásquez, que se infiltra en una asamblea y envía los datos al jefe de la Sección Búsqueda de la Policía, comisario Emilio Mandagarán. En 1964 aparece Loma Negra: esta vez, en medio de una huelga, la SIDE requiere informes de los obreros de la cementera. Les pide a los espías nombres de la comisión directiva y de los afiliados del sindicato de obreros del cemento, cal y anexos de Loma Negra. A fin de 1971, otro documento muestra que existen varios canales de distribución de la información: un memorándum dirigido al inspector general Héctor Etchepare con detalles de un informe de otro agente infiltrado en una asamblea de AOMA en el conflicto con una empresa, pasa al ministro de Gobierno, el jefe de Policía, el subjefe de Policía, al jefe del Destacamento Inteligencia 101, al Primer Cuerpo del Ejército y al jefe del Batallón Inteligencia Militar 601, entre otros destinos.
Años después la carpeta sigue creciendo. En 1973 enumeran los nombres de la comisión directiva con mandato hasta 1975 y detallan procedencias políticas. Y aunque el legajo no tiene más información hasta 1980, hay otros que muestran la actividad de la Dipba sobre los obreros del cemento durante la dictadura.
En la misma Mesa B, el legajo 18 muestra en su última foja un listado de la comisión directiva de AOMA, seccional Calera Avellaneda, que asumió el 10 de enero de 1976. Y ese mismo año, en otro legajo del 6 de octubre, los espías sondean las paredes de dos baños, secadero y duchas generales de la empresa LOSA. El legajo está ubicado en la Mesa DS, dedicado a los sospechados de actividad “subversiva”: y “corrobora la presencia de personal de Inteligencia en el interior de la fábrica –dice el informe–, en particular la vinculación del capataz Fermín Cornejo con el personal policial. La Dirección de Inteligencia después de investigar sobre unas pintadas que aparecen solicitando aumento salarial se instala en la fábrica para realizar tareas encubiertas de persecución política”.
A Carlos Moreno lo secuestraron en abril de 1977. Para los peritos del archivo, estos antecedentes son importantes: “Dan cuenta del contexto que se vivía en Loma Negra”.
La ficha
- Carlos Moreno, “actividades de neto carácter subversivo”.
Los peritos encontraron dos fichas de Carlos Moreno en los archivos de la Dipba. La primera es del 11 de marzo de 1974. Ubicada en la Carpeta 37, con los registros de las agrupaciones políticas, bajo el legajo 271 de la Juventud Peronista Pacifista de Tandil, dice:
Apellido: Moreno
Nombres: Carlos
Nación: Argentina
Matrícula Nº: 4.987.004
Domicilio: Collinet Nº 2733
El informe firmado por el oficial inspector Luis Oscar Calcagno, jefe de la Delegación de la Sipba de Azul, expone que “el señor Carlos Moreno, de profesión abogado, Matrícula Nº 4.987.004, pertenecería a la Juventud Peronista Pacifista en la ciudad de Olavarría”. Más adelante, ya después del asesinato, aparece otro legajo. El nombre aparece en la sección “DS”, es decir personas caracterizadas como “subversivas” o “terroristas”. La ficha es del 20 de mayo de 1977 y recoge una denuncia que habían hecho sus allegados en Tandil. Hay una cita del entonces juez de la causa, Carlos Pagliere: en el punto tercero hace saber “la confirmación oficial del comunicado emitido por las autoridades del Primer Cuerpo del Ejército, en el que se involucra en forma inequívoca a Carlos Alberto Moreno como activo protagonista de actividades de neto carácter subversivo”.
EL ASESINATO DEL ABOGADO LABORALISTA CARLOS MORENO
Por encargo de las cementeras
A Carlos Moreno lo secuestraron en abril de 1977, mientras investigaba y ya había denunciado a Loma Negra por una enfermedad respiratoria que contraían los obreros del sector Embolsado, llamada silicosis. Moreno le había ganado a la empresa por lo menos tres demandas representando a algunos de los obreros que se ofrecieron incluso a hacerse una operación a “pecho abierto” para hacer los estudios que revelaron el problema. Los datos de la Dipba y la información que se recopiló en la investigación dan cuenta de que él no estaba vinculado con organizaciones políticas o gremiales, sino que era un abogado comprometido con los trabajadores. Las fichas de la Dipba lo encolumnan en el “peronismo pacifista”.
Los hijos de Moreno, Matías y Martín, asocian su muerte a los reclamos a Loma Negra. Hay, a esta altura, pruebas que fueron recogiendo en el juicio que avalan esa hipótesis. Por un lado, el fiscal federal Daniel Adler aportó los expedientes de los casos que Moreno llevó adelante y le ganó a la empresa. Por otro, están las fichas de la Dipba que lo desvinculan de una relación política. Y el jueves pasado, por ejemplo, declaró un testigo clave que apuntaló esa dirección. Ignacio Miguel Ruppel dijo que le ganó una demanda a una de las cementeras, y al día siguiente el mayor Roque Italo Pappalardo lo secuestró.
Esos son algunos elementos que hacen concluir que el homicidio se hizo por encargo del poder económico. Una de las escenas del día del asesinato de Moreno también agrega otro dato. Es el momento en el que el jefe de la Unidad Regional de Azul, el teniente coronel del Ejército Aníbal Verdura, le entrega el cuerpo a su familia. Para entonces, en Olavarría se había armado un revuelo porque los obreros de AOMA se levantaron para reclamar por el homicidio. El jefe, en ese contexto, le dijo a la familia que sólo les entregarían el cuerpo si lo enterraban fuera de Olavarría.
Fuente:Pagina12
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