Iglesia y corporación judicial, socias de la represión ilegal
En Tucumán empezará a ser juzgado el cura José Eloy Mijalchyk, quien está acusado de participar en torturas y entregar a militantes. Junto a una veintena de represores también llegará a juicio el escribano Juan Carlos Jesús Benedicto.
Por Alejandra Dandan
El cura José Eloy Mijalchyk era el “padre Pepe” dentro del centro clandestino del Arsenal Miguel de Azcuénaga, de Tucumán. Lo vieron varios sobrevivientes. Uno de ellos alguna vez se lo topó frente a un grupo de secuestrados, encapuchados, tirados en el piso. Le preguntó al cura si iba a rezar por ellos, pero Mijalchyk le respondió: “¡Para lo que les va a servir!”. Entre las tareas, se tomó el trabajo de persuadir a los prisioneros para que colaborasen con sus captores, les pedía que diesen la información que ellos tanto buscaban. Presenció sesiones de tortura. Y como entonces además era el párroco de la Iglesia Cristo Obrero, del barrio El Colmenar, en su entusiasmo colaboró con el régimen llenando planillas de inteligencia con datos de sus vecinos. Tal vez en agradecimiento, Mijalchyk pasó a ser capellán del Ejército y muchos años después, en 2006, cuando las investigaciones judiciales comenzaron a cercarlo, el papa Benedicto XVI lo premió con el título de prelado de honor.
En febrero, Mijalchyk quedó incluido en la resolución que eleva a juicio oral la causa por los crímenes en el centro clandestino del Arsenal Miguel de Azcuénaga, de Tucumán. Al cura –que el año pasado consiguió la libertad con una fianza pagada por el obispado tucumano–, se lo considera “autor material por el delito de asociación ilícita agravada y partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad agravada y torturas agravadas en perjuicio de Félix Viterbo Corbalán; María Angélica Mazzamuto de Romero; Antonio Raúl Romero y Roberto Romero”.
Con su nombre, el juez federal Daniel Bejas elevó a juicio a otros veinte represores, entre los que están los jefes más importantes del Regimiento 19 de Infantería, los jefes e integrantes de los grupos de tareas que pertenecieron al Destacamento de Inteligencia 142, con base en Tucumán, los gendarmes que estuvieron en el centro clandestino e interrogatorios, un policía y un civil: el escribano Juan Carlos Jesús Benedicto, parte de los estudios más encumbrados de la provincia, a quien los testigos recuerdan como El Escribano y que integró los grupos de la ultraderecha que, según la resolución, colaboraron “vocacionalmente” con el régimen. Benedicto, que no es el Papa pero lleva la figura de la Iglesia como parte de su nombre, está acusado formalmente de privación ilegítima de la libertad, torturas y torturas seguidas de muerte en el caso del estudiante de ciencias exactas de 22 años Gustavo Adolfo Fochi. De momento nadie sabe si cuando empiece el juicio estará sentado entre los acusados: desde el año pasado está prófugo de la Justicia.
“Las acusaciones muestran que actuó un complejo de varias puertas: participó gente de derecha y civiles que son ilustrativos de las complicidades del terrorismo de Estado y a esta altura ésa es una de las cosas más importantes –dice Julia Vitar, querellante de la causa–. Para nosotros este juicio es importante porque Arsenal es un lugar muy emblemático, uno de los centros más grandes, que funcionó durante uno de los períodos más largos, entre 1976 y 1978, y no sólo era un centro clandestino sino que fue un lugar para el destino final de víctimas: se ejecutaba y enterraban clandestinamente a los detenidos.”
En el nombre de Dios
El cura Mijalchyk es parte de esa Iglesia que funcionó en complicidad con la dictadura y de la que están apareciendo pruebas en los juicios de distintos puntos del país. Su nombre quedó identificado hace varios años y pese a que hubo testimonios que lo situaron dentro del centro de detención, las pruebas en su contra sólo cobraron solidez para procesarlo en 2010, cuando un sobreviviente de la Jefatura de Policía aportó en ese juicio oral una documentación que había logrado guardar con listas de desaparecidos y documentos de inteligencia que terminaron de cerrar la relación de Mijalchyk con el centro.
El sobreviviente es Juan Carlos Clemente, que fue además testigo de aquella respuesta del cura Pepe. Clemente aportó los documentos de inteligencia con información que suministraba el cura. Desde entonces, Mijalchyk se defiende. “Esto es cosa de zurdos –dijo alguna vez–. Me quieren agarrar porque soy capellán castrense y asisto espiritualmente al general Menéndez, como se la di a Zimmermann y Cattáneo hasta que murieron y a Bussi hasta que lo trasladaron.”
Para la Justicia, a esta altura está probado que el cura “se desempeñaba como párroco de la Iglesia Cristo Obrero de El Colmenar teniendo libre acceso al CCD Arsenal y colaboraba directamente con las fuerzas de seguridad en la Compañía de Arsenales 5 Miguel de Azcuénaga siendo fictamente el capellán de dicho CCD”. Las acciones desarrolladas por él, sigue la resolución, “contribuyeron –al menos– a la formación de la atmósfera de apoyo, fomento, cobertura, clandestinidad e impunidad que imperaba en el centro clandestino dentro del cual se cometieron los delitos a la par que, conforme a los testimonios, ‘persuadía’ a los detenidos de colaborar con sus captores entregándoles la información que éstos les requerían”.
El rol de Mijalchyk fue relevante, dice el escrito: “Al menos, en relación con la tortura de las personas en cautiverio dándoles un sufrimiento adicional a los tormentos físicos, tratos inhumanos y degradantes, al utilizar su calidad de religioso y los conocimientos propios de su oficio para lograr el quebrantamiento de su voluntad”. En ese sentido, el juzgado llama a recordar “el rol que le cupo a la Iglesia Católica en aquella época y los numerosos casos que se registran similares a éste”. Un contexto en el que el sacerdote “contribuyó a la implementación del plan criminal dentro de un dispositivo represivo, resultando ejecutor de delitos cometidos en el marco de la represión ilegal”.
Don Jesús
La decisión del juez Bajas también es importante en cuanto a la línea de las complicidades civiles que se investigan en varias causas: la acusación sobre Juan Carlos Jesús Benedicto muestra el carácter que tuvo la ultraderecha civil, que se sumó “por vocación” a la llamada lucha contra la subversión.
“Se encuentra acreditado que los oficiales del Destacamento 142 de Inteligencia comandaban las denominadas ‘patotas’ –dice el escrito–: es decir, las fuerzas de tareas que se encargaban de salir del centro clandestino para cumplir con el circuito de secuestro-interrogación–extracción de información. Esas fuerzas estaban conformadas además por personal civil de inteligencia a las órdenes del Destacamento 142 y también por personas que de manera vocacional se sumaron a las tareas de represión ilegal, provenientes de organizaciones políticas de ultraderecha”. Benedicto, sigue la resolución, “formaba parte de los grupos de tareas o grupos operativos (‘patotas’) del centro clandestino Arsenal y desde esa posición formó parte de llamada ‘lucha antisubversiva’ (...). Así, constituyó un eslabón en la implementación del plan criminal cumpliendo órdenes de represión clandestinas e ilegales, dentro de un dispositivo represivo, resultando ejecutor de delitos cometidos en el marco de la represión ilegal”.
En esta etapa, el juzgado lo acusa de asociación ilícita agravada; privación ilegítima de la libertad agravada y torturas agravadas en perjuicio de Adolfo Méndez Brander y Margarita Laskowski; homicidio triplemente calificado en perjuicio de Gustavo Adolfo Fochi.
Otros avances
Además de los acusados, la elevación de la causa de Arsenal tiene varios datos importantes. Entre otros, la imputación por el delito de violación sexual y abuso deshonesto en perjuicio de cinco víctimas. El juez Bejas ya lo había anticipado en 2010 durante los procesamientos y la resolución marcó un hito porque fue la primera que consideró las violaciones separadas de los tormentos y las consideró crímenes de lesa humanidad, un criterio que luego adoptaron otros tribunales hasta alcanzar la semana pasada un fallo de la Cámara de Casación que se define en otra causa, pero en la misma línea.
Otro punto importante es que Bejas considera que los crímenes se cometieron en el contexto del delito internacional del genocidio. Es una posición habitual del magistrado y, según Julia Vitar, es importante porque, entre otras cosas, no sólo define el contexto sino que esa figura, y la lógica del exterminio, permite pensar en penas de prisión perpetua en todos los casos aunque no exista la acusación específica por el delito de homicidio (la única con perpetua para el Código Penal argentino). De todos modos, es posible que esa posición no prospere al término del juicio oral. Desde el primero de los juicios por la llamada causa Vargas Aignasse, el Tribunal Oral repite la posición de la mayor parte de los tribunales de todo el país: es decir que no pueden condenar por genocidio, entre otras razones procesales, porque no está tipificado en el código argentino. Entre otras cosas, recuerdan que el Estatuto de Roma, que es el que contempla esa figura, excluyó ex profeso la figura de los perseguidos políticos. En esa lógica, exhortan al Congreso a pronunciarse sobre esto.
El Arzobispado
Por Alejandra Dandan
Para diciembre de 2010, el Arzobispado de Tucumán gestionó y depositó una caución de 115 mil pesos para liberar al cura José Eloy Mijalchyk, después del procesamiento. Por entonces, el arzobispo aún era Juan Villalba, famoso en diciembre de 2002 cuando se opuso en una homilía a la candidatura de José Alperovich por su condición de judío, y segundo hasta el cambio de autoridades de Jorge Bergoglio en la Conferencia Episcopal.
En una presentación hecha ante el juzgado (ver imagen aparte), el abogado de Mijalchyk indica que para llegar al total del dinero de la fianza que le impuso el juzgado de 150 mil pesos, el cura ofrecía una camioneta que estaba a su nombre, valuada en 35 mil pesos, y el resto del monto lo iba a poner el Arzobispado. El 20 de enero de 2011 se terminó todo el trámite con la orden de depósito al Banco Nación. Por entonces todavía no se había producido el cambio de arzobispos en la cabeza de la Iglesia tucumana. Después de doce años seguía en su puesto el arzobispo Luis Héctor Villalba, que saltó a la fama en diciembre de 2002 cuando, en medio de la crisis y los problemas de desnutrición de su provincia, usó una de las homilías para oponerse a la candidatura de Alperovich. En julio del año pasado, cuando se despedía de su comunidad durante el Tedéum, habló por última vez y habló de la memoria: “Conmemorar es recordar nuestro origen, los hechos. Debemos tener memoria histórica sin distorsionarla, sin ideologizarla. Debemos ponernos ante nuestra verdad histórica”.
Los borradores del cura
Por Alejandra Dandan
En la causa están los apuntes de inteligencia que tomó el cura José Eloy Mijalchyk, párroco de la Iglesia Cristo Obrero entre sus vecinos del barrio El Colmenar de Tucumán. Los documentos aportados en la causa en 2010 por un sobreviviente que logró guardarlos muestran cómo el padre Pepe, con libre acceso al centro clandestino de Arsenales, daba cuenta de lo que hacían sus vecinos, entre los que según sus indicaciones había un “posible militante del ERP” (ver imagen).
En la primera página, bajo el título “Iglesia José Obrero (El Colmenar)”, se lee: “Hay un tipo barbudo que todas las noches duerme en la Capilla de Granja Modelo, viste ropa verde”. Luego, aparte: “Ruta 205, frente a una escuela, vive un tal Villarreal, éste hace contacto con un tal Riojano, este vive detrás de la estafeta de Granja Modelo. Según varias personas, se siente cavar todas las noches”. Después de un pie donde se lee “para Casa de Gobierno”, dibuja un croquis de la Granja con las referencias necesarias. Enseguida escribe unas fichas con los datos de las personas:
“Benito Villarreal, 23 años, pelo negro enrulado, 1,70 de estatura, sin trabajo (siempre porta dinero, viaja a Buenos Aires ida y vuelta en avión, período 73-75). Posible ERP”, dice subrayado. “Reuniones semanales con el boliviano en su domicilio. Conoció sobre la muerte de dos japoneses que vivían en (no se entiende). Fue visto dos veces con el desconocido de la Iglesia.”
Luego da los datos de “boliviano; filiación: no conozco; domicilio: detrás de la estafeta de Granja Modelo. Reuniones semanales (días variables) en su domicilio con Benito Villarreal y desconocidos sobre todo en horario nocturno”. Finalmente también consigna los datos del desconocido: “Barbudo, delgado, 1,80 de estatura (...) Duerme en la Iglesia (secretaría)... Para su alimentación, se constató dos veces con Villarreal”.
La lista de acusados
elevación a juicio contempla a 21 represores. Además del cura José Eloy Mijalchyk y el escribano Juan Carlos Jesús Benedicto, serán juzgados Ernesto Arturo Alais, ex jefe del Regimiento 19 de Infantería; Miguel Alfredo Manuel Paz, ex segundo jefe y ex jefe del Estado Mayor del mismo Regimiento 19; Camilo Angel Colotti, su sucesor; Augusto Leonardo Neme, mayor del Ejército y ex oficial del Estado Mayor de la V Brigada de Infantería; Ariel Rolando Valdiviezo, teniente primero y ex jefe de la compañía C del Regimiento 19 y jefe de la fuerza de tareas Aconquija; Carlos Eduardo Trucco, teniente primero, ex jefe de la compañía A y jefe de personal del Regimiento 19; Luis Orlando Varela, segundo jefe del destacamento de Inteligencia 142 con base en Tucumán; Luis Daniel De Urquiza, ex capitán e integrante del destacamento de inteligencia 142.; Adolfo Ernesto Moore, ex capitán y jefe de dos grupos de inteligencia 142; Ramón Alfredo Ojeda Fuente, jefe del grupo Situación Subversiva de Inteligencia 142; Fernando Torres, ex jefe de la Primera Sección Ejecución y jefe del grupo Situación General del Destacamento 142; Hugo Enzo Soto, ex mayor de Infantería del Ejército y ex jefe de Arsenal 5 Miguel de Azcuénaga; Pedro Osvaldo Caballero, su sucesor; Tomás Adolfo Güemes, ex segundo comandante de Gendarmería Nacional Argentina, encargado del CCD bajo órdenes de la Vª Brigada de Infantería y luego para el Destacamento 142; Alberto Héctor Rafael Montes de Oca, ex primer alférez de Gendarmería Nacional y ex jefe del Destacamento móvil 2 de Villa María, Córdoba, a cargo de Arsenal, revistando normalmente en casa de gobierno y en el Comando de la V Brigada; Ernesto Rivero, ex primer alférez de Gendarmería Nacional y ex jefe del Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, interrogador del Arsenal; José Carlos Sowinski, ex alférez de Gendarmería y segundo jefe del Destacamento Móvil 2 de Villa María Córdoba; Roberto Heriberto Albornoz, ex jefe del Servicio de Informaciones Confidenciales/D2 de la Policía de la Provincia de Tucumán; Marcelo Omar Godoy, ex sargento de Gendarmería, con servicios en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, Buenos Aires, asignado a Arsenal, y Celso Alberto Barraza, ex primer alférez de Gendarmería, con servicios en el Destacamento Móvil 2 de Villa María, Córdoba y asignado a Arsenal.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario