El grito que resumió los nueve años de lucha por Marita
La madre de la joven, la hija. Los diversos sectores sociales y políticos. Todos, en reclamo de justicia por el secuestro de Marita Verón a manos de una red de trata. En el arranque, los defensores de los imputados pidieron que se anulara el juicio. Hoy decide el tribunal.
Por Marta Dillon
El grito desgarró el sopor de la mañana: “Justicia, justicia por Marita”, clamó y medio centenar de personas se pusieron en marcha. Su destino fue el Palacio de Justicia de la ciudad de Tucumán, apenas cinco cuadras de camino, un recorrido simbólico para describir otro más arduo. Ese que recorrió la familia de María de los Angeles Verón desde que fue secuestrada, el 3 de abril de 2003, hasta ayer, cuando se inició el juicio oral y público por la “privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución” de la joven que entonces tenía 23 años; por quitarle la chance de acompañar a crecer a su hija, de convertirse en maestra de artes plásticas, de darle el último adiós a su padre, de diseñar su propio proyecto de vida. Por convertirla en una desaparecida.
Al frente de la marcha, Susana Trimarco, mamá de Marita, y Sol Micaela Alcalá, su hija ahora convertida en una señorita de pecas y ojos redondos, se daban la mano. Ellas, mejor que nadie, saben qué quiere decir aquello que rezaba la pancarta: “Buscamos a Marita, encontremos justicia”. Con su extraña sintaxis, la frase resume una trayectoria doble: la esperanza de encontrarla con vida, la necesidad de que se haga justicia aun de manera parcial. Porque en este juicio histórico que se abrió ayer, los hechos investigados se extinguen en 2004, cuando la fiscal Adriana Reinoso Cuello dio por cerrada la causa y pidió su elevación a juicio oral.
Los delitos que comenzaron a juzgarse ayer describen el secuestro de la joven, cómo la retuvieron contra su voluntad en una casa de un barrio periférico de San Miguel de Tucumán, cómo fue vendida cual ganado en pie a una banda de proxenetas de la ciudad de La Rioja, cómo la explotaron sexualmente en tres prostíbulos de la zona, y nada más. Después su rastro se pierde entre pistas mal investigadas o directamente descartadas, entre encubrimientos –de los que nadie duda aunque tampoco hay quién los señale con claridad– y vericuetos judiciales que llevan ocho años sin resolverse del todo.
Trece personas estuvieron sentadas ayer en el lugar de los acusados. Todos comparten la misma imputación: “Privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución en concurso ideal”. María Jesús Rivero, su hermano, Víctor Rivero; Daniela Milheim y Alejandro González, todos oriundos de Tucumán, serían los responsables de haberla secuestrado, retenido y vendido a la banda de La Rioja, integrada por Lidia “Liliana” Medina y sus hijos, José Gonzalo “Chenguita” Gómez y José Fernando “Chenga” Gómez –dueños de los prostíbulos Candy, Candilejas y El Destino, todos ubicados a la entrada de la capital riojana, sobre la ruta 38–; y por Carlos Luna, Paola Gaitán, María Azucena Márquez, Mariana Bustos -–todos regentes de los burdeles mencionados– y Carlos Andrada, un ex policía que sería quien trasladó a Marita Verón desde Tucumán a su provincia cuando todavía estaba en actividad.
Sobre la izquierda de una sala pensada hasta en sus últimos detalles –la altura de las sillas, la separación entre acusadores y acusados, el sitio destinado a la prensa, a los organismos de la sociedad civil, a los funcionarios públicos—, sólo estuvieron los dos fiscales, Manuel López Rouge y Carlos Sale, y los abogados de la querella y la demanda civil. Susana Trimarco, la madre de la víctima, no estuvo presente; su calidad de testigo no se lo permitió. Hablará el martes frente al Tribunal de la Cámara Penal Sala II de San Miguel de Tucumán y después podrá seguir el debate mirando de frente a quienes convirtieron a su hija en víctima. A Sol Micaela Alcalá Verón, que tenía tres años cuando vio por última vez a su mamá, no se le permitió ingresar a la sala. Ni siquiera cumplió los 14 y el Código Procesal tucumano impide que “los menores incapaces” presencien audiencias públicas. Hasta la noche del martes, cuando terminó la misa que pidieron para acompañar el pedido de justicia, estaba enfurruñada y con el puchero listo para convertirlo en llanto. No entendía que la dejaran afuera, alguien tenía que representar a la familia en ese primer día tan buscado y sólo quedaba ella; su abuelo materno, Daniel Verón, murió en el curso de estos diez años de búsqueda. Ayer, después de hablar con la defensora de menores que la representó en la audiencia, había aceptado que tal vez ése no era el mejor lugar para ella y eligió hablar a través de una carta pública (ver aparte).
La cita para la apertura del juicio oral y público era a las ocho. Tucumán ardía a esa hora bajo un cielo gris y una humedad que apenas dejaba respirar. Susana Trimarco, su nieta Micaela y la monja Berta Povalej –una anciana que es directora de la misma escuela a la que asistió Marita y ahora su hija– se despidieron en la puerta del resto de las y los manifestantes, donde organizaciones de mujeres y agrupaciones políticas habían instalado sus banderas. Medio centenar de periodistas se acomodaron como pudieron en la sala de prensa; sólo ocho consiguieron lugar dentro de la sala. La lectura de la acusación, en la voz de la secretaria del tribunal, Norma Díaz Volachec, provocaba gestos que pretendían manifestar sorpresa entre los imputados.
El interés político de la causa quedó claro con la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde. También estaban allí Miriam Medina, mamá de Sebastián Bordón, asesinado a fines de los ’90 por efectivos de la policía mendocina, y Eugenia Viera, hermana de Andrea Viera, asesinada por la Policía Bonaerense dentro de una comisaría. Las dos integran la Oficina Anticorrupción que desde 2004 elabora estrategias para hacer visible la trama de la trata de personas con fines de explotación sexual a través del caso de Marita Verón. La diputada Victoria Donda llegó después de iniciada la audiencia.
Desde la calle, los altoparlantes pedían por el fin de las redes de trata y exigían a los gritos la aparición de Marita y de Fernanda Aguirre –desaparecida en Entre Ríos en 2004–; esas voces fueron interpretadas como “hostilidad manifiesta” por los defensores de la mayor parte del grupo de los riojanos y exigieron que se pidiera silencio antes de seguir. Fue la primera de las maniobras dilatorias. Apenas terminada la lectura de la requisitoria penal y una vez descriptos los daños y pedidos de indemnización del actor civil, Carlos Garmendia, empezaron a presentarse las nulidades pedidas por los distintos defensores. Fueron cinco en total, la mayoría concordaba en lo mismo: deficiencias técnicas a la hora de tomar indagatoria a los acusados en el año 2003 por no haberse descripto acabadamente “el hecho histórico” que dio origen a la imputación. Pero estos cuatro pedidos de nulidad de todo lo actuado después de ese primer momento ya habían sido presentados y rechazados en cuatro instancias judiciales anteriores. Sólo una, a juicio de la querella representada por Carlos Vega, Belén Lembo y Jorge Dantona, merece análisis y respuesta. Se trata de la presentada por Roberto Flores, defensor de Carlos Luna, Paola Gaitán y José Gonzalo Gómez, quien dijo que no había sido notificado de la elevación a juicio en relación con Gómez, lo que lo habría dejado sin legítima defensa y en cambio se había notificado a Carlos Posse, defensor del hermano mellizo de Gómez, José Fernando. Que ambos imputados compartan uno de sus nombres de pila, el apellido y la fecha de nacimiento podría explicar el error; a esto hay que sumarle que los abogados Flores y Posse fueron alternativamente abogados de uno y otro de los mellizos y en la información presentada por el tribunal aparecen como codefensores de José Gonzalo Gómez. Todo esto hace suponer que la nulidad no será tomada en cuenta.
Lo cierto es que el debate no se abrió y se pasó a cuarto intermedio hasta hoy, cuando se dé vista al fiscal y el tribunal, integrado por Alberto Piedrabuena -–presidente– y los vocales Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, tome la decisión que corresponda. “Este juicio va a seguir –insistió, frente a Página/12, Carlos Garmendia—; desde 2004 que se intenta detenerlo con diferentes estrategias, el último recurso se presentó en diciembre del año pasado. Ahora no hay vuelta atrás y demostraremos, además de la responsabilidad de los imputados, cómo funciona una red de trata con fines de explotación sexual. Porque aunque no sea la ley de trata la que se aplica porque se sancionó en 2008 y la ley no es retroactiva, en todos los hechos descriptos estamos hablando y demostrando eso: un caso de trata, con una mujer secuestrada, retenida, vendida, trasladada y lamentablemente desaparecida.”
“No tengo ni tenemos miedo”
Por Marta Dillon
Micaela tomó la decisión, por sí misma, de no hablar con la prensa. Mejor dicho, de no dar entrevistas. Porque hablar, habla. Creció entre periodistas que iban a hablar con su abuela, aprendió a escribir sobre fotocopias de escritos presentados en sede judicial, de actas de allanamientos, de denuncias tomadas a las apuradas en su propia casa. Creció, sobre todo, sin su mamá. Ayer, antes de que se iniciara el juicio que podría terminar en condena para seis imputadas y siete imputados y tal vez echar luz sobre el destino que corre o corrió Marita Verón, Micaela dio a conocer una carta.
“Tenía tres años cuando mi madre fue secuestrada; no recuerdo su despedida porque –dice en el texto– nadie sabía que no la volvería a ver. He acompañado a mis abuelos (...) en todas sus búsquedas y excavaciones; he escuchado los insultos y las palabras de aliento; he llorado en soledad o con mis abuelos al lado. En esta lucha mi abuelo falleció y creo que debo estar en su lugar, y en lugar de mi madre en esa sala; ellos querrían que fuese así. Hemos pasado todos los infiernos, pero no tengo ni tenemos miedo. Puedo escuchar todas las cosas que se digan sobre mi madre o mi familia, y quiero estar presente con mi silencio o mi respeto; es una oportunidad que no sé si se repetirá, pero es quizá cuando la justicia se encuentre con la verdad, cuando más cerca estaré de haber encontrado a mi madre, y esa esperanza sólo la puedo encontrar en esa sala con Uds.”
Esa decisión, que supo poner en palabras, se desarmó ayer cuando habló a solas con la defensora de menores. “Me dijo muchas cosas que me hicieron pensar. Si no puedo entrar, lo acepto.” Y, sinceramente, es un alivio no temer por la claridad de su mirada, obligada a enfrentarse con los captores de su mamá que, durante toda la jornada de ayer, no se privaron de mirar socarronamente a la querella y de tildar de “delirio” –durante el cuarto intermedio– a los 43 cuerpos que componen la causa en su contra.
CARLOS GARMENDIA, ABOGADO DE TRIMARCO
El paso de la incredulidad al compromiso
Es el “actor civil” en el juicio. Aquí, cuenta cómo se convenció de que existen las redes de trata. Y explica qué espera del juicio que se inició ayer.
Por Marta Dillon
–¿Cómo conoció a Susana Trimarco?
–Yo era director de Protección de Personas en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. La veía a menudo aunque no venía a hacer denuncias sino a solicitar ayuda para alguna de las chicas que rescataba buscando a su hija. Pero si me comprometí con el tema fue porque me tocó escuchar a una changuita, de primera mano, que vino a hacer una denuncia junto a sus padres.
–¿Cuál fue esa denuncia?
–Primero vino el padre a comentar que una tía de su hija le había ofrecido trabajo de niñera. Como la changuita era un poco rebelde, decidieron que podía ser una oportunidad de encauzarla. Pero el primer fin de semana que tenía que volver a la casa, no lo hizo. Cuando la fueron a buscar, sin abrirle la puerta, esta persona les dijo que la chica ya no estaba, que se había escapado. El hombre decidió ir a hacer la denuncia a la comisaría local –en Lules– y ahí no sólo no le tomaron la denuncia sino que le dijeron que si insistía lo iban a meter preso. Efectivamente, lo metieron preso, lo maltrataron mucho y lo acusaron de haber violado a su hija.
–¿Prosperó esa denuncia?
–La changuita no la ratificó porque logró escaparse. Como yo no creía ese relato, le pedí que volviera con la hija y con la madre de ésta; le tuve que dar cinco pesos para el pasaje de todos. A la hora y media estaba de nuevo en mi oficina. Los relatos eran coincidentes pero, además, me di cuenta por el testimonio de la changuita que había pasado por una situación de estrés bien grave. Con los testimonios hice una denuncia ante la fiscalía, sobre todo para perseguir a los policías que habían inventado la denuncia. Pero no tuve ningún eco en la fiscalía, por lo que decidí representar a la familia. Y fue recién después de que se inició el trámite legal y la changuita declaró a solas frente a una secretaria de juzgado que logró decir, textuales palabras, “me hicieron tener mi primera vez y después me querían hacer trabajar de puta”.
–Ese fue el fin de la incredulidad en relación a la trata.
–Seguro. Me involucré en ese caso y también con Susana. Me conmovía que tanta gente fuera a hacer denuncias frente a ella y no en la policía o en sede judicial. Lo que hace evidente la desprotección de muchas familias y la complicidad de funcionarios públicos. De hecho, los policías que maltrataron a ese hombre que me abrió los ojos están vinculados al caso Verón.
–Sin embargo, en el caso de Marita Verón no hay un solo funcionario implicado.
–No por ahora. Veremos qué líneas de investigación se abren a partir de las audiencias orales. Porque esta investigación fue corta y sin duda se desaprovecharon muchas pistas, tal como se escuchó en la requisitoria que se leyó en la primera jornada.
–¿Por qué no se continuó investigando?
–La fiscal Adriana Reinoso Cuello dio por terminada la investigación en 2004. Nosotros apelamos pero tuvimos que llegar hasta la Corte Suprema de la Nación para que nos acepten el recurso porque se suponía que como querella no podíamos apelar la decisión de la acusación. La Corte se pronunció recién en diciembre de 2011 pero no sobre la cuestión de fondo sino que ordena que la Cámara revise nuestro pedido de ampliación de la investigación y de las imputaciones. Más allá de lo que pase en este juicio, la historia no está cerrada.
–¿Qué es lo que usted espera de este juicio?
–Lo que queremos demostrar es cómo operan las redes de trata. Cómo se reclutan mujeres, la logística para su traslado, las técnicas de sometimiento y finalmente el usufructo; como si no fueran personas. Y eso, sin duda, va a quedar claro. Tenemos testimonios muy fuertes, como los de Anahí Manaceo o Fátima Mansilla, chicas que lograron romper el circuito de la explotación, algo que es muy difícil porque las técnicas de sometimiento son muy efectivas.
–¿De qué se tratan estas técnicas?
–Se trata de reducir a una persona a una cosa. Ya desde el momento en que le sacan sus documentos, se les quita parte de su identidad. Se les destruye la autoestima, se las convence de que su único valor es el valor del pase. Y lo peor es que muchas de estas chicas, captadas de muy changuitas, cuando crecen creen que ya no tienen oportunidades y se transforman a su vez en reclutadoras. Pero en esto hay una responsabilidad social: por la naturalización de la prostitución, la naturalización de que hay mujeres que pueden ser víctimas y otras que no. Lo que exige la trata es un cambio cultural muy profundo.
Fuente:Pagina12
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