“La sociedad debe conocer la verdad sobre la dictadura”
Para el funcionario, la denuncia de los fiscales no contradicen la ley ni la jurisprudencia, ya que la desaparición de personas es un “crimen que todavía está siendo cometido”.
15.03.2012
Por: Javier Borelli
Amnistía es una palabra desagradable para la mayoría de los integrantes de las sociedades latinoamericanas que han sufrido gobiernos dictatoriales en décadas pasadas. En Brasil, sin embargo, amnistía tiene un doble significado, explica el secretario nacional de Justicia de ese país, Paulo Abrao. Por un lado, remite a la extinción de la responsabilidad penal. Por el otro, se la relaciona con la libertad y la reparación. Ejemplo de la primera acepción es la Ley de Amnistía sancionada en 1979 por la dictadura militar brasileña, que libraba de culpa a sus miembros por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas entre 1964 y ese año. Muestra de la segunda es la Comisión de Amnistía, creada en 2001 para implementar el derecho a la reparación moral y material de las víctimas de esa dictadura. Abrao preside la comisión desde 2007. Bajo su conducción se implementaron varios proyectos de memoria significativos, que contribuyeron a profundizar el reclamo sobre las otras dos grandes reivindicaciones de las organizaciones de Derechos Humanos: verdad y justicia.
La creación de la Comisión de la Verdad el 26 de octubre del año pasado comenzó a suplir parte de esa falencia, aunque la ley que le dio origen especificó claramente que los crímenes que identifique no podrán ser llevados a la justicia por la vigencia de la Ley de Amnistía, cuya validez fue confirmada por el Tribunal Supremo de Justicia en abril de 2011. Las posibilidades de juzgar a los represores parecía entonces sellada. Sin embargo, la presentación del Ministerio Público fiscal de ayer (ver aparte) reabrió la esperanza. Consultado acerca de la perspectiva de éxito de esta denuncia, Abrao, que visita Buenos Aires para participar de un seminario internacional sobre el juzgamiento de delitos de lesa humanidad y que mañana dará una charla en la organización de Derechos Humanos Memoria Abierta, considera que el futuro de la denuncia es incierto, aunque jerarquiza un elemento fundamental: no contradice la ley ni la jurisprudencia. “La iniciativa de la fiscalía se basa en dos aspectos que están contemplados por el Tribunal Supremo de Justicia. El primero es que el caso que se denuncia es una desaparición política que se encuadra bajo la tipología criminal de secuestro. Por tanto, en la medida en que los cuerpos no fueron localizados ni identificados, el crimen todavía está siendo cometido. Entonces se trata de un crimen que no está amparado por la Ley de Amnistía. En segundo lugar, la Suprema Corte ya se pronunció aceptando que la desaparición era un crimen de carácter permanente ante un pedido de extradición de un militar uruguayo (el coronel Juan Manuel Cordero implicado en una causa del Plan Condor), a pedido del Estado argentino”, señala Abrao.
Esta presentación judicial de la fiscalía da cuenta, para Abrao, de una mayor conciencia de la sociedad respecto de la importancia de que los crímenes no queden impunes. “La movilización social está creciendo, en especial desde la creación de la Comisión de la Verdad. Se crearon muchos comités sociales y locales que se autodenominan Comités de la Verdad y la Justicia con una perspectiva de que haya juicios en Brasil algún día”, explica. Aunque el secretario de Justicia brasileño no quiere sobredimensionar la situación. Por eso recuerda que en una encuesta recientemente publicada en su país el 75% de los habitantes declaró desconocer la Ley de Amnistía. “Eso demuestra la necesidad de establecer como prioridad un ejercicio de memoria, para que la sociedad pueda conocer la verdad sobre la dictadura.”
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
OPINION
Caminos contra la impunidad
Por Eric Nepomuceno
Brasil vive una curiosa circunstancia. La Comisión de la Verdad, establecida por ley y aprobada por el Congreso, siquiera ha sido integrada, y el país asiste, un tanto perplejo, a la resistencia insubordinada de los militares en retiro, acompañada por la omisión silenciosa de los que siguen activos. Y, en paralelo a eso, parten de la Justicia iniciativas que tratan de abrir brechas en la Ley de Amnistía decretada gracias a un muy discutible acuerdo entre civiles y militares en plena dictadura.
Es una especie de muestra cristalina de lo que podrá pasar cuando la Comisión de la Verdad empiece a trabajar: habrá resistencia feroz de los militares en retiro y la omisión igualmente dura de los activos, pero integrantes del poder judicial, incluso de la esdrújula Justicia Militar, seguirán buscando brechas para restablecer la verdad y eliminar la impunidad.
Uno de esos días el comandante del Ejército, general Enzo Perri, promovió una reunión cerrada con unos pocos generales en actividad y una veintena de los retirados. Para empezar, el general Perri aseguró, en su condición de jefe máximo del Ejército, que no habrá punición alguna a los militares retirados que firmaron un documento insolente desacatando a la presidenta de la República, Dilma Rousseff, y desautorizando al ministro de Defensa, embajador Celso Amorim.
Aquí, cabe una primera observación: Dilma pidió a Amorim que hubiese punición a los insubordinados. Amorim propuso que el encargo fuese pasado al comandante-jefe del Ejército. Y el general a quien se encargó la tarea trató, célebre, de comunicar a sus pares que no cumplirá la misión.
En la misma reunión, fueron tratados otros temas candentes. Hubo las esperadas quejas y reclamaciones contra “actos revanchistas” de parte del gobierno. Mientras, el número de firmantes del manifiesto de insubordinación sigue engordando. A la una de la mañana de este jueves eran 1238 militares retirados, de los cuales 112 eran oficiales-generales. El número de coroneles alcanzó la marca de 693. La novedad es que por primera vez aparecen seis oficiales-generales de la Armada entre los firmantes. A esta altura, es imposible, en la práctica, punir a todos, entre otras razones porque cada día hay más y más firmas.
Hay un dato de la reunión que merece una segunda observación. Entre los presentes estaba el general en actividad Raymundo Cerqueira. A cierta altura, él expuso su temor –común a todos, a propósito– de que la Comisión de la Verdad, a pesar de no tener poder legal para llevar a nadie a los tribunales, pueda “denigrar figuras militares y obtener de esa forma respaldo junto a la opinión pública, en volumen suficiente para impulsar cambios en la Ley de Amnistía”. Sería una opinión más, pero hay un detalle: el general Cerqueira integra el Superior Tribunal Militar.
A estas alturas, se vive una situación curiosa. De un lado, está absolutamente claro que la insubordinación de los militares retirados, respaldada por la silenciosa omisión de los activos, crecerá según se avance en la instalación de la Comisión de la Verdad. De otro, avanza el trabajo de Oscar Bravo, el fiscal de la Justicia Militar que abrió un proceso para juzgar a militares responsables por la desaparición de cuatro opositores a la dictadura. Y de ese mismo lado está el procurador de la República, Tiago Rabelo, que denunció formalmente a uno de los símbolos de la represión, el coronel retirado Sebastiao Rodrigues de Moura, conocido por el alias Curió, nombre de un pájaro popular en las selvas brasileñas. Curió dejó fama de represor sanguinario y un rastro de 67 desaparecidos entre los integrantes de una guerrilla frustrada en la región del río Araguaia, en el estado de Pará, en la Amazonia.
Tanto el fiscal Otavio Bravo como el procurador Tiago Rabelo utilizan el mismo argumento: los secuestros de los civiles en Río de Janeiro y de los militantes de la guerrilla en el Araguaia son “crímenes continuados”, ya que los cadáveres jamás aparecieron. O sea, los secuestrados siguen secuestrados, el crimen persiste y los responsables no pueden beneficiarse de la Ley de Amnistía.
Será un debate que seguramente llegará al Supremo Tribunal Federal. Ya se anticipan algunos movimientos: dos de los integrantes de esa Corte suprema, Gilmar Mendes y Marco Aurelio Mello, comentaron que votarán por mantener la impunidad de los acusados. Los dos son parlanchines habituales. Padecen de un mal curioso: incontinencia verbal. Abren la boca cada vez que alguien les apunta una grabadora o una cámara de televisión.
Ambos advirtieron que el “crimen continuado” no existe. La respuesta del fiscal de la República Tiago Rabelo los desconcertó, al espetarles en la cara que precisamente con ese argumento la misma Corte que Mello y Mendes integran devolvió dos represores argentinos a su país de origen, para responder por el crimen de lesa humanidad de secuestro. Un crimen continuado e imprescriptible.
Marco Aurelio Mello, al oír el argumento, quiso callar. Pero como había una grabadora prendida, no pudo evitar su incontinencia verbal: “Bueno, si hay ese antecedente será necesario aceptar el argumento. Pero desde ya aviso que votaré en contra”. Mendes se negó a comentar.
Es decir, no es solamente en las casernas y en los clubes donde se reúnen los militares en retiro que la verdad y la justicia son repudiadas en Brasil.
Fuente:Pagina12
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