Un general brasileño sostiene que también deben investigar a Dilma
El militar retirado, entrevistado por O Globo, pidió que la presidenta declare por un atentado en 1968 que dejó un soldado muerto. Rousseff integraba el grupo guerrillero VAR-Palmares, acusado de haber detonado una bomba.
“Ella (Rousseff) integraba el VAR-Palmares que detonó un carro bomba que mató al soldado Mario Kozel Filho. La comisión no va a convocarla. ¿Por qué?”, interrogó el general retirado Luiz Eduardo Rocha Paiva durante la entrevista. Su postura, similar a la que asumieron algunas organizaciones de militares en la Argentina cuando volvieron a ser juzgados tras la derogación de las leyes de impunidad, omite considerar que la dictadura utilizaba el aparato del Estado para perseguir, torturar, matar y hacer desaparecer a la población, un delito que es considerado imprescriptible.
A pesar de ello, la Comisión de la Verdad brasileña, por ahora sólo investigará y no tendrá potestad para juzgar los crímenes cometidos. Esto se debe a que en 2010 el Supremo Tribunal Federal (STF) ratificó la amnistía que en 1979 amparó a los torturadores y a quienes se alzaron en armas contra el último régimen militar.
La actual presidenta brasileña fue detenida en San Pablo en enero de 1970, mientras integraba la organización VAR-Palmares, y estuvo presa durante dos años.
Primero pasó por el centro de represión política Operación Bandeirante, donde fue torturada según consta en las declaraciones de sobrevivientes de ese centro con los que convivió, y luego fue llevada al Presidio Tiradentes de la misma ciudad, donde se juntó a cientos de mujeres presas políticas. Rocha Paiva, sin embargo, pone en duda esa historia. “Ella dice que fue sometida a torturas ¿Usted tiene certeza de eso? Yo no sé”, increpó a la periodista del diario.
La entrevista a Rocha Paiva se produjo a una semana de que grupos de militares retirados del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea cuestionaran públicamente a la Comisión de la Verdad y criticaran las posiciones de algunos miembros del Gabinete de Rousseff. Opinión que el general retirado extiende a los oficiales en actividad aunque, según dice, no lo planteen abiertamente.
Este cuestionamiento, que cuenta con el apoyo de varios medios conservadores, se produce en momentos en que se preparan las elecciones municipales de octubre próximo. Contexto en el que los aliados al PT, como el PMDB, aprovechan para hacer reclamos y esperar concesiones.
Dpa, Efe y Ansa
FuentedeOrigen:TiempoArgentino
Fuente:Agndh
UNA NOTA CASTRENSE IRRESPETUOSA PROVOCO LA DURA REACCION DE LA PRESIDENTA DE BRASIL
La insolente insubordinación militar
El texto dice no reconocer la autoridad del ministro de Defensa y critica a las ministras de Derechos Humanos, Maria do Rosario, y de la Secretaría de la Mujer, Eleonora Menicucci, quien fue presa política, compañera de celda de Dilma.
Por Eric Nepomuceno
Desde de Río de Janeiro
La presidenta Dilma Rou-sseff enfrenta un problema serio con los militares brasileños. O más exactamente, con militares retirados, que suelen manifestarse a través de sus asociaciones de clase, los clubes de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea. Una nota en términos insolentes e irrespetuosos lanzada hace algunos días provocó la dura reacción de la presidenta, que determinó a su ministro de Defensa, embajador Celso Amorim, a exigir que el texto fuese retirado de los portales, en Internet, de los tres clubes. La nota critica a las ministras de Derechos Humanos, Maria do Rosario, y de la Secretaría de la Mujer, Eleonora Menicucci (quien fue presa política, compañera de celda –y de suplicio– de Dilma). El texto dice no reconocer autoridad en Amorim y que, como jefe constitucional de las Fuerzas Armadas, Dilma debería haber reprendido a sus ministras por las “críticas exacerbadas dirigidas a los gobiernos militares”.
No es la primera ni la décima vez que los militares retirados (e incluso activos) se insubordinan, en términos groseros, contra presidentes civiles en Brasil. Nostálgicos de la dictadura y al amparo de una esdrújula ley de amnistía que impide que se investiguen los crímenes practicados durante la dictadura que duró de 1964 a 1985, y principalmente impide que se juzgue a los responsables, gozan de impunidad para manifestar total falta de respeto frente a los civiles que alcanzaron el poder por la vía del voto popular. Basta con recordar lo ocurrido cuando el presidente Fernando Henrique Cardoso, él mismo un ex exiliado político, creó el Ministerio de la Defensa, en 1998. Hasta entonces, cada fuerza armada era un ministerio en Brasil. El primer civil en ocupar la cartera de la Defensa, un político opaco llamado Elcio Alvarez, sintió la afrenta en el momento de asumir el puesto, cuando los tres comandantes de las fuerzas armadas se retiraron groseramente de la ceremonia.
Lula da Silva aguantó, a lo largo de sus ocho años en la presidencia, hartas demostraciones de la prepotencia de los uniformados, especialmente los retirados. Nada, en todo caso, se compara con lo que ahora enfrenta Dilma Rou-sseff que, además de primera mujer en llegar a la presidencia del país, es también la primera ex presa política, víctima de tortura, en gobernar Brasil.
En el fondo, se trata de una clara muestra de la resistencia que los sectores militares imponen a la instalación de la Comisión de la Verdad que investigará –aunque sin condición punitiva– los crímenes cometidos bajo la dictadura. Los presidentes de los tres clubes militares firmaron, ostensivamente, un manifiesto censurando a dos ministras civiles y a la propia presidenta, en un acto de insólita insubordinación. No hubo ninguna reprimenda de los comandantes militares activos.
La nota, firmada por 98 oficiales (incluso generales), provocó la inmediata reacción de Dilma, y luego de una rápida negociación entre el ministro de Defensa, Celso Amorim, y los comandantes de las tres armas, el texto fue retirado de Internet. Dilma determinó a su ministro punición para los responsables. Y ahí empezó la crisis: en la tarde de ayer, el mismo texto volvió a circular por Internet, pero ahora con la firma de 322 militares y 65 civiles. Firman el texto 44 oficiales-generales del Ejército y de la Fuerza Aérea (ninguno de la Marina), además de 195 oficiales superiores (13 de la Armada). Entre los civiles hay parientes de notorios torturadores.
Un comentario del general Gilberto Figueiredo, quien fue comandante militar de la Amazonia y presidió el Club Militar (que reúne a los tres clubes de las fuerzas armadas y es, con justicia, considerado un foco golpista desde hace al menos medio siglo), señala hasta qué punto se ejerce la insolencia. El general dijo que “cuando Lula era presidente, yo me sentía frustrado, porque nuestras notas de protesto eran sumariamente ignoradas y el tema moría en el mismo día”. Ahora, dice Gilberto Figueiredo, “gracias a la sorprendente reacción de Dilma Rousseff, eso se transformó en asunto nacional y el número de firmas de adhesión no hace más que aumentar”.
Entre los que firman el duro documento está el general Valdesio Figueiredo (un apellido común en el medio castrense brasileño, como se ve: conviene no olvidar que el último dictador también era un Figueiredo), ex presidente del Supremo Tribunal Militar. Es evidente que si adhiere a un gesto de clara insubordinación, lo hace por saber cómo los uniformados se juzgan entre ellos. También aparece el nombre del coronel retirado Carlos Alberto Brilhante Ustra, uno de los más perversos y cobardes represores y torturadores de la dictadura.
El auge de la insolencia, sin embargo, le tocó al general retirado Luiz Eduardo Rocha Paiva, quien fue comandante de la Escuela de Comando del Estado Mayor del Ejército y ocupó el puesto de secretario-general del Ejército, segundo en la escala de la fuerza en 2007, bajo la presidencia de Lula da Silva.
En una contundente entrevista concedida al diario conservador O Globo, de Río de Janeiro, Rocha Paiva reniega de la Comisión de la Verdad, critica frontalmente el deseo de aclarar torturas, muertes, desapariciones y ocultación de cadáveres y pregunta si Dilma Rousseff será convocada a testimoniar, ya que participó de “un grupo terrorista”. Luego de afirmar que nunca vio tortura en el Ejército durante la dictadura, dice dudar de que Dilma haya sido torturada. “Es lo que se dice, pero yo no sé...”, dijo.
Lo más sorprendente de todo eso es constatar que muy posiblemente no haya punición alguna a los insubordinados. Una ley firmada en 1986 por el entonces presidente José Sarney asegura a los militares retirados el derecho de opinar.
Es comprensible: durante la larga dictadura, Sarney era uno de los exponentes del partido Arena, que en la farsa parlamentaria de la época defendía ardorosamente el régimen. Ahora, para punir a los insubordinados, el gobierno tiene que encontrar alguna brecha en la ley.
Es decir, en Brasil, los torturadores quedan impunes, y militares irrespetuosos, insolentes e insubordinados, también. ¿Hasta cuándo?
FuentedeOrigen: Pagina12-sábado-
Fuente:Agndh
OPINION
Los cobardes y el pasado
Por Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro
Pero, más que un súbito ataque de cobardía, hay algo que necesita ser entendido en esa actitud. Los militares, lo sabemos bien, tienen una especie de culto fervoroso a la jerarquía y a la disciplina. ¿Cómo explicar, entonces, esa desairada ola de insubordinación, de insolente irrespeto, dirigida a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, como asegura la Constitución, la presidenta Dilma Rousseff?
No ha sido por mero azar ni por un brote de resentimiento que el Club Militar, que agrupa a los retirados de las tres armas, difundió una contundente nota exigiendo de Dilma Rou-sseff una reprimenda a dos de sus ministras, la de Derechos Humanos, Maria do Rosario Cunha, y la de la Mujer, Eleonora Menicucci, por los términos en que se refirieron a la dictadura que imperó en el país entre 1964 y 1985. Tampoco ha sido por distracción que aseguraron no reconocer autoridad en el ministro de la Defensa, embajador Celso Amorim. Dilma reaccionó y en un primer momento los militares retirados accedieron a retirar la nota de la página institucional del Club Militar en Internet, con sus 98 firmas. Pero cuando la presidenta determinó que los responsables fuesen castigados, empezó el alboroto.
Primero, los cabecillas de los uniformados retirados presionaron a los comandantes en activo. No aceptaban ser reprimidos. Segundo, aseguraban contar con respaldo legal para opinar. Y el texto volvió con 784 firmas (hasta la noche de ayer). Entre ellas, las de 64 oficiales-generales del ejército y de la fuerza aérea (ningún oficial-general de la Armada había adherido), 334 oficiales superiores (o sea, con rango de coronel), 192 oficiales y unos 200 civiles. Un número significativo, aunque el verdadero nudo sea otro: ¿por qué hacen silencio los comandantes de las tres armas? ¿Cuál el grado de impunidad con que cuentan los insolentes?
La ley brasileña es clara: a los oficiales retirados se les permite una serie de prerrogativas que son vedadas a los activos. Pueden postularse a elecciones, por ejemplo. Pueden emitir opiniones políticas y criticar a gobernantes. Pero en ninguna línea de ninguna ley está permitido que cometan actos de insubordinación, que desacaten a sus superiores, que desafíen a la presidenta. Y es lo que están haciendo.
Uno de los que niegan el pasado, el general retirado Luiz Eduardo Rocha Paiva, dice que el periodista Vladimir Herzog no ha sido asesinado bajo tortura, sino que murió “en una situación dudosa”. Dice que nunca supo de torturas en el ejército. Dice dudar de que la presidenta haya sido torturada a lo largo de sus más de dos años de cárcel. Y, para redondear, pregunta si Dilma Rousseff será convocada a dar testimonio frente a la Comisión de la Verdad, como supuesta cómplice de un atentado practicado por una organización armada que resultó en la muerte de un conscripto durante un ataque a un cuartel del ejército.
Es más que evidente que se trata de una clara reacción preventiva a la instalación de la Comisión de la Verdad, cuya tarea es precisamente sacudir a los cobardes, o sea, revisar el pasado. A dejar de negarlo.
Lo que llama la atención es, en primer lugar, que varios de los que ahora se manifiestan sean oficiales recién pasados a retiro, que hasta hace poco ocupaban puestos de relieve en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y de Lula da Silva.
En segundo lugar, lo que ocurre muestra que el tema de la memoria, de la verdad y de la justicia ha sido apenas tocado de roce en Brasil a lo largo de los últimos 27 años, cuando regresaron los civiles al poder. Siguen impunes los responsables por los crímenes de lesa humanidad. Y, más que impunes, siguen llenos de soberbia en su sacrosanta impunidad.
Es importante recordar que todo eso ocurre cuando un fiscal de la misma Justicia Militar, Otavio Bravo, decidió abrir investigación judicial sobre cuatro casos de desapariciones, o sea, de asesinatos durante la dictadura. Hay casi doscientos casos documentados, pero el fiscal decidió empezar por cuatro.
La tesis de Otavio Bravo asustó a los que niegan el pasado: el Supremo Tribunal Federal, corte máxima brasileña, declaró que la desaparición forzada es equiparable al crimen de secuestro, que no prescribe. Si hubo secuestro, y si el secuestro es un “crimen continuo”, no puede haber prescripción ni amnistía hasta que no aparezca el secuestrado o su cadáver. Y si aparece el cadáver, los responsables serán denunciados por el crimen de ocultación.
En realidad, el brasileño sigue la senda abierta por sus colegas chilenos. O sea: un fiscal de la Justicia Militar, otra excrecencia heredada de la dictadura, actúa a favor de la verdad. Ahí está el nudo de esa crisis: el miedo de los cobardes. La soberbia de los que se creen impunes.
¿Cómo Dilma Rousseff enfrentará ese problema, cómo logrará superar ese obstáculo? ¿Qué pasará a los insubordinados que temen al pasado?
De todas formas, una cosa ya está a la vista: las heridas de la confrontación entre los militares que violaron la Constitución y se apoderaron del país a lo largo de una noche de 21 años, y los que consagraron su juventud –y sus vidas– a la resistencia, están lejos de cicatrizarse.
Los que resistieron padecieron exilio, cárcel, torturas, persecución, muerte. Los golpistas padecen del peor de los males: el temor a la memoria, la verdad. El pavor al pasado. Padecen la enfermiza condición de cobardes sin otro remedio que la insolencia asegurada por la impunidad.
FuentedeOrigen:Pagina12
Fuente:Agndh
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