31 de marzo de 2012

Causa AMIA: Menem, Anzorreguy y Galeano a juicio por el encubrimiento.

31.03.2012 
Paso clave en la investigación por la voladura de la mutual judía ocurrida el 18 de julio de 1994
Causa AMIA: Menem, Anzorreguy y Galeano a juicio por el encubrimiento
El juez federal Ariel Lijo acusó al ex presidente, al ex titular de la SIDE y al ex juez federal de haber desviado las pesquisas para dar con los responsables del ataque. La medida judicial también alcanza a Jorge “Fino” Palacios.

Carlos Menem, el ex juez federal Juan José Galeano, el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y el ex comisario y frustrado jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Alberto “Fino” Palacios, irán a juicio oral acusados de haber desviado la investigación por el atentado contra la AMIA para proteger a un presunto “paisano” del ex presidente. El abanico de delitos que les imputó el juez federal Ariel Lijo abarca los delitos de “encubrimiento, falsedad ideológica, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato y violación de medios de prueba”. También comparecerán en juicio el ex número dos de la central de inteligencia Juan Carlos Anchezar y el policía Carlos Castañeda, estrecho colaborador de Palacios. La lista debió completarse con el ex secretario presidencial y hermano del presidente, Munir Menem, pero murió en noviembre de 2010.
Carlos Menem llegará a juicio porque –según la acusación– “extralimitando las funciones acordadas por la Constitución Nacional y las leyes de la Nación al presidente determinó, por intermedio de una comunicación efectuada por su hermano Munir Menem –quien ocupaba el cargo de coordinador general de la Unidad Presidente–, al entonces juez federal Galeano a abandonar la investigación relativa a la denominada ‘pista Kanoore Edul’”. La orden presuntamente impartida por Menem arrastró a los demás acusados. “En cumplimiento de esa ilegal disposición presidencial, el magistrado a cargo de la pesquisa, frustró, ocultó, sustrajo, dilató y/o interrumpió, diligencias probatorias que podían comprometer al nombrado Alberto Jacinto Kanoore Edul y a su entorno –entre los que se encontraba Mohsen Ra-bbani por ese entonces sospechado de su participación en el hecho y hoy día con captura internacional en orden a su responsabilidad en el atentado–, aun cuando en aquel momento ya existían motivos suficientes como para sospechar acerca de su posible intervención en el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA”, explica la acusación.
Y agrega que Galeano, “a partir de una orden ilegal emanada del ex presidente ordenó la suspensión del allanamiento dispuesto en el domicilio del padre de Alberto Jacinto Kanoore Edul, Alberto Kanoore Edul, incorporando al expediente los falsos motivos de la suspensión, y prescindiendo de los elementos fundantes de la medida procesal por él mismo ordenada”. Anzorreguy y Anchezar “realizaron conductas tendientes a ocultar información recabada respecto de Kanoore Edul y su entorno”. El “Fino” Palacios, por entonces a cargo de la División Operaciones Federales de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, “colaboró en el ocultamiento de información que podía incriminar a Kanoore Edul”. Al igual que Castañeda, quien estaba cargo del Departamento de Protección al Orden Constitucional (POC) de la Policía Federal.
A lo largo de las 322 páginas del escrito, el juez Lijo subrayó que la también llamada “pista siria”, que había sido “interrumpida a escasos días del hecho terrorista, fue reanudada plenamente en fechas coincidentes con la salida de Carlos Saúl Menem de la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional.” La resolución que clausuró la etapa de investigación y elevó la causa a debate oral se basa sobre la presunta “existencia una decisión política, proveniente del Poder Ejecutivo, que, con la participación de actores judiciales y de otras agencias públicas, tuvo por objeto ocultar, favorecer y entorpecer la investigación que se llevaba adelante mediante mecanismos procesales y extra procesales ilícitos reiteradamente instrumentados.” Ello fue determinante en la “indeterminación de la verdad material que podría haberse obtenido si se hubiera obrado de modo lícito”. En otras palabras: por orden de Menem se abortó uno de los caminos que pudo haber conducido al esclarecimiento total del atentado que causó la muerte a 85 personas y heridas a cientos más.
“Lo que se ha determinado en esta etapa es que al momento en el que se habrían sucedido los diferentes actos ilícitos, existían elementos y cauces de investigación relevantes, en lo que hace a lo que fue denominado la ‘pista siria’ que determinaban la necesidad y la responsabilidad personal e institucional en cada uno de los roles que ocupaban los imputados, de actuar de determinada manera”.
La protección a Kanoore Edul fue sintetizada por Lijo en un párrafo: “Resulta por lo menos llamativo que el 25 de julio de 1994 el juez Galeano haya solicitado la urgente intervención telefónica con escucha directa, por tiempo indeterminado, entre otros, de los abonados telefónicos directamente vinculados a Kanoore Edul y la haya reiterado al día siguiente.”

Acusados
Carlos Menem
Ex presidente.
El ex mandatario está acusado de haber ordenado en forma ilegal al juez federal Juan José Galeano que abandone la investigación de la denominada “pista Kanoore Edul”. Esta presunta orden arrastró a los demás acusados y abortó uno de los caminos centrales hacia el esclarecimiento del caso.

Hugo Anzorreguy
Ex titular de la SIDE.
Como ex titular de la SIDE, Anzorreguy, junto a su entonces número dos, Juan Carlos Anchezar, “realizaron conductas tendientes a ocultar información recabada respecto de Kanoore Edul, y su entorno”. En ese círculo se encontraba, entre otros, el sospechoso Mohsen Rabbani, hoy con pedido de captura internacional.

Juan José Galeano
Ex juez federal.
A partir de la supuesta orden ilegal emanada de Carlos Menem, Juan José Galeano ordenó la suspensión del allanamiento dispuesto en el domicilio del padre de Alberto Jacinto Kanoore Edul, Alberto Kanoore Edul y “frustró, ocultó, sustrajo, dilató y/o interrumpió” diligencias probatorias que podían comprometer al sospechoso del ataque a la mutual judía.
Fuente:TiempoArgentino

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