Aprobaron en Córdoba un subsidio de 3 mil pesos para ex presos políticos
25/03/2012
Con votos disidentes, la Legislatura de Córdoba aprobó la ley que otorga este beneficio a unas 500 personas. El legislador Carlos Alessandri dijo a Cadena 3 que el gobernador De la Sota la promulgará "de inmediato".
En el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Legislatura de Córdoba realizó una sesión especial al recordarse los 36 años del golpe de Estado de 1976 y convirtió en Ley el proyecto mediante el cual se crea el subsidio honorífico: "Reparación provincial a ex presos políticos de la dictadura".
La iniciativa tiene por objetivo efectivizar el pago de una suma equivalente a dos veces el haber jubilatorio mínimo previsto por la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba, con carácter no contributivo, personal, mensual, vitalicio e inembargable, a todos aquellos ciudadanos que hayan sido detenidos por causas políticas entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
Además, la normativa reconoce el subsidio a aquellas personas que hubiesen sido víctimas del denominado Plan Conmoción Interna del Estado (Conintes).
La sesión especial que se realizó en Córdoba fue presidida por la vicegobernadora de Córdoba, Alicia Pregno y estuvieron presentes el ministro de Transporte y Servicios Públicos, Dante Heredia y representantes de organismos, agrupaciones y asociaciones de Derechos Humanos.
El presidente provisorio de la Legislatura, Carlos Alessandri (Unión Por Córdoba) habló con Cadena 3: "Hemos aprobado una ley de reparación para todos los que sufrieron las cárceles de la dictadura y en ese sentido produce una gran satisfacción que la Asociación de ex Presos Políticos de Córdoba, uno de los organismo de Derechos Humanos, tenga esta herramienta de quienes hoy no alcanzan el universo de ex preso político".
"Esto es la consolidación de los Derechos Humanos como política de Estado en Córdoba", indicó Alessandri.
El legislador explicó que el beneficio alcanza a unas 500 personas en forma vitalicia.
"Se va a contemplar la situación de todos los compañeros que por distintas causas no han podido reinsertarse en la sociedad
o que tienen problemas económicos graves o que pasan por un problema de enfermedad producto de su detención en las cárceles de la dictadura", señaló Alessandri.
"A todo los que no tengan una retribución que no supere a la asignación del subsidio para que pueda tener un emolumento que pueda hacerles vivir dignamente lo que les queda de vida", indicó el legislador.
La votación no fue unánime sino que hubo votos disidentes. "Hubo disidencia producto del oportunismo politico que la oposición expresa".
"Es más fácil se oportunista que ponerse a trabajar en un tema que para la provincia de Córdoba es política de Estado como son los Derechos Humanos", dijo Alessandri.
"El organismo de aplicación es el Ministerio de Justicia y en trabajo con la Asociación de Ex Presos Políticos. Se abrirá el registro donde cada uno expresará los motivos de su detención y corroborará con los certificados pertinentes y comenzará el trámite para accder a este subsidio", dijo Alessandri.
Por su parte el legislador Sergio Busso, señaló a quiénes alcanzará el beneficio: "Para quienes estuvieron menos tiempo detenidos, la ley habilita una excepción que se puede tramitar ante el Ministerio de Justicia", aclaró Busso.
Organizaciones de derechos humanos, como Abuelas filial Córdoba y la Asociación de Ex Presos Políticos, manifestaron en las afueras del recinto su rechazo a la propuesta al considerarla un subsidio a la pobreza.
Informe de Gonzalo Carrasquera y Juan Pablo Viola .
Fuente:Cadena3
Multitudinaria marcha para pedir justicia
Bajo la consigna “Sin memoria no hay futuro” el sábado se realizó la marcha en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. No asistió el gobernador José Manuel de la Sota. En La Perla León Gieco actuó ante 15 mil personas.
2012-03-26
La marcha fue convocada por Abuelas de Plaza de Mayo, HIJOS, la Asociación de Ex Presos Políticos, Familiares de detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), entre otras organizaciones sociales y políticas de Córdoba. En la ex cárcel del Buen Pastor se leyó un documento (http://www.prensared.com.ar/indexmain.php?lnk=1&mnu=2&idnota=8014)
Anteriormente a la marcha, desde HIJOS comunicaron que la convocatoria fue una invitación a "formar parte de la histórica marcha por Memoria, Verdad y Justicia" y al mismo tiempo efectuar el reclamo por una "mayor celeridad en los juicios por crímenes de lesa humanidad en nuestra provincia y la profundización de las políticas públicas de Memoria".
Cabe señalar que gran parte de quienes participaron de la marcha también estuvieron en el evento que se realizó en La Perla, donde funcionó el mayor Centro Clandestino de Detención y Exterminio (CCDyE) de Córdoba, bajo las órdenes del represor Luciano Benjamín Menéndez, durante la última dictadura cívico militar.
En el lugar cantó por casi dos horas León Gieco. La convocatoria en este caso fue de alrededor de 15.000 personas y tuvo a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) como organizadora.
Estuvieron presentes en esta instancia la rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, Carolina Scotto, y el ministro de Salud, Carlos Simon, quien saludó a integrantes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Por su parte, el gobernador José Manuel de la Sota no asistió al evento.
Fuente:www.prensared.com.ar
Envío:CecilioM.Salguero
Prisión perpetua a ex integrantes del Comando Radioeléctrico
El Tribunal federal N° 2 condenó a José Olivieri, Pedro Nolasco Bustos y Jorge Worona por los asesinatos de los militantes de la JUP, Carlos Delfín Oliva, Ana María Villanueva y Jorge Diez, ocurrido el 2 de junio de 1976.
2012-03-26
Por Katy García
La condena recayó sobre los ex policías Pedro Nolasco Bustos (58 años), José Olivieri (67) y Jorge Worona (65), al encontralos cupables del asesinato de los jóvenes militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Carlos Delfín Oliva, Ana María Villanueva y Jorge Diez, ocurrido el 2 de junio de 1976.
En el fallo, el tribunal integrado por los jueces Carlos Lascano, José María Pérez Villalobo y Fabían Asis condenó a los ex policías al considerarlos “coautores por dominio funcional del hecho, penalmente responsables” de los delitos de “privación ilegítima de la libertad agravada” y “homicidio calificado por alevosía”.
En la última audiencia del cuarto juicio por Crímenes de Lesa Humanidad, que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal N°2 y tras la negativa de los acusados a hacer uso de la última palabra, se pasó a un cuarto intermedio hasta las 12.30.
Reanudada la sesión el presidente del tribunal Carlos Lascano leyó el veredicto y posteriormente ordenó el inmediato traslado de Nolasco Bustos y Worona a una cárcel del servicio penitenciario, mientras que mantuvo la prisión domiciliaria de Olivieri por razones de salud.
Asimismo, remitió copias a la fiscalía de turno para que investigue la participación de Gustavo Dietrich y Ernesto Barreiro en un supuesto delito surgido de la declaración de la sobreviviente Graciela Geuna.
Conocido el fallo la reacción de los imputados fue de indiferencia. Nolasco Bustos tenía entre sus manos la revista Evita Montonera en cuyas páginas encontró argumentos para justificar los hechos basado en la teoría de los dos demonios.
En la calle, en tanto, militantes de organizaciones de derechos humanos y estudiantiles se apropiaron del espacio público, instalaron una radio abierta y estallaron de alegría cuando escucharon la voz del Juez que dictaminaba la condena. Lágrimas, abrazos y cánticos hicieron vibrar los cimientos del lugar y por un par de horas la zona se transformó. 36 años más tarde la justicia llegaba.
Testimonios
José María Pérez Villalobo, miembro del Tribunal
“Se ha cumplimentado otro juicio más de crímenes de lesa humanidad en Córdoba y se está esclareciendo de esta forma todo un pasado negro que nos tocó vivir a los argentinos que esperamos culminar para encarar una nueva etapa y un futuro mejor para todos. Quedó demostrado que se trató de un plan sistemático, un genocidio. Estamos en la etapa de juzgar, como manda la ley, y como manda la prueba para condenar. La prueba ya estaba y la que aportaron dio lugar a que se condenaran a estas personas”.
Carlos Gonella, fiscal de la causa
“Estoy conforme porque el tribunal en su resolución ha acogido el pedido de condena en similares términos a lo solicitado por la fiscalía y la querella. Me parece que se ha demostrado suficientemente la culpabilidad de los acusados con todas las pruebas que hubo y por esta razón si bien no conocemos aún los fundamentos el fallo ha sido conforme a derecho".
"Toda sentencia más allá del resultado es un paso importante porque realza la institucionalidad de un periodo democrático en el marco del cual se están juzgando gravísimas violaciones a los derechos humanos así que desde ese punto de vista me parece positivo para la sociedad. Y particularmente en este caso queda demostrado que el terrorismo de estado en su complejidad también se dedicó a perseguir a los estudiantes universitarios con una militancia pública y es importante para el debate y la reflexión”.
Claudio Orosz, abogado querellante
“Estoy muy contento. Era lo que esperábamos y nunca deja de sorprendernos y de producir satisfacciones. Y saber que este camino es largo y nos queda mucho aún como las causas de La Perla, La Ribera, el D2 y del 24 de marzo. Hay que seguir adelante, nos queda mucho por hacer todavía.”
Guillermo Tito Villanueva, querellante, hermano de Ana María Villanueva
“Llegó la victoria. Valió la pena empezar la búsqueda, acercarme a los familiares, a las viejas, a los hijos, y volcarlo como algo colectivo. Me refiero a los organismos de derechos humanos, a los estudiantes y algunos sindicatos. Lo mío toma cuerpo cuando me uno a estos compañeros".
"Esta sentencia hay que tomarla como un triunfo de la sociedad. Basta de genocidio. Nunca más y nunca menos. Este no fue un acto aislado. Fueron asesinadas tres personas en el marco de un plan genocida que la sociedad no quiere nunca más. Y en lo personal un recuerdo a mis padres que murieron con los genocidas impunes. Comienza una nueva etapa y vamos a seguir luchando.”
Rosa Benítez, prima política de Jorge Diez
“Vine desde Buenos Aires para estar presente en la sentencia. Jorge era primo de mi esposo que falleció. Los cuatro militábamos en la JP y coincidíamos ideológicamente. Estoy viviendo con mucha emoción este momento, esperé justicia y una condena a prisión perpetua en cárcel común. Y así fue. Este juicio junto a todos los demás que se están haciendo en todo el país son un ejemplo para el mundo. Jorge era tranquilo, reflexivo, generoso.Pasamos las últimas vacaciones juntos, las dos parejas, en Pinamar. La imagen que tengo de él es la de un buen tipo que dio todo.”
Emiliano Salguero, integrante de HIJOS
“Ha sido bastante positivo porque se los condenó a cadena perpetua. Seguramente, alguno se nos escapó en este juicio porque lamentablemente es muy difícil reconstruir toda la historia de lo que pasó y juntar prueba porque la ocultaron o la quemaron y sobre todo porque la impunidad genera un manto de olvido".
"Ha sido una victoria de la justicia sobre la impunidad que obviamente tiene que acelerar sus tiempos porque no son los mismos que los de las víctimas. Nos parece importante que se haya condenado a los policías del comando radioeléctrico porque el terrorismo de estado tuvo entre sus mentores principales a Luciano Benjamín Menéndez, pero hubo otros sectores como este que participaron en la tortura y la desaparición”.
"Es muy importante el trabajo realizado por la comisión de derechos humanos del Centro de Estudiantes de la ECI que difundieron, y apoyaron a la familia. Creo que han sentido que e Anita era una más de ellos, que se sentaba con ellos y luchaba con ellos”.
Carmen Oliva, hermana de Carlos “Chaco” Oliva
“Estamos muy conformes, muy contentos porque nunca pensamos llegar a una sentencia de este tipo. Y esto se debe al trabajo de muchas personas y lo tomamos como un reconocimiento para todos los que quedaron en el camino”.
Luis Baronetto, querellante en la causa UP1, ex preso político, ex director de derechos humanos de la Municipalidad de Córdoba
“A mí me parece que este es un juicio bastante particular, importante. Particular, porque a diferencia de otros han sido juzgados, casi exclusivamente, los autores materiales. No hubo autores mediatos porque quedó apartado Menéndez. Esa es una particularidad.
"También me parece que a pesar de todos los intentos de alguno de los acusados que pretendió atribuirle otras connotaciones, las pruebas fuertemente marcadas en los alegatos de la querella y de la fiscalía han sido tan contundentes, que han mostrado que la ejecución de la represión inundó toda los estamentos de la Policía de Córdoba. Contaminada con el terrorismo de estado, mantiene una cultura del atropello, del asesinato, de las violaciones a los derechos humanos que perdura hoy".
"Porque esa impunidad con que se manejaban, como se dijo en el juicio que no era el único hecho, y que uno de los acusados tuvo otros asesinatos en su función de policía ha reafirmado una conducta que ha continuado en el periodo democrático. Si no hay una voluntad política de cambiar la cultura de la represión y la impunidad a través de una policía de prevención, no de represión, vamos a seguir teniendo en las víctimas a los jóvenes y a los pobres vía el Código de Faltas para impedir que se organicen y reclamen por sus derechos”.
Masacre azul
“Este juicio demuestra que toda la estructura de la Policía de Córdoba recibía órdenes de Luciano Benjamín Menéndez”, consideró el fiscal Carlos Gonella. Una de las pruebas principales se registra en una felicitación por el asesinato de tres integrantes de la JUP en 1976, incluida en el legajo de los acusados, con carácter oficial.
2012-03-27
Por Guilermo Posada (*)
El juicio se realizó en el Tribunal Oral Nº 2 y se vio alterado por sucesivas amenazas a familiares de las víctimas. Es que el llamado “juicio del Comando Radioeléctrico” movió el amperímetro de los sectores reaccionarios que vieron cuestionada la imagen de la policía cordobesa. Efectivamente, el fiscal concluye que durante el proceso quedó “absolutamente probada la subordinación” de la fuerza de seguridad “a las directivas de Luciano Benjamín Menéndez en el aparato represivo”.
Los jueces tuvieron en sus manos material probatorio que incluye una felicitación en los legajos de los procesados de parte del jefe de la policía por fusilar a Ana María Villanueva, Carlos Delfino Oliva y Jorge Manuel Díez. Así de impune se constituyó la represión cordobesa, “un aparato de Estado terrorista, que actuaba con previsión de impunidad, con testigos amenazados, otros muertos, y órdenes de quemar pruebas, todos mecanismos para implantar el miedo”, avanza Gonella.
–¿Qué sumó este cuarto juicio al cúmulo de sentencias sobre el terrorismo de Estado en Córdoba?
–Además de brindar justicia a las familias de las víctimas, el dato relevante es que está comprobada por primera vez la participación de personal del Comando Radioeléctrico, en una operación típica de lo que fue un operativo “ventilador”. Es decir, personas que fueron secuestradas y las mataron, arrojándolas en la vía pública, con la excusa de un intento de fuga y posterior enfrentamiento.
–En los juicios anteriores la participación de integrantes del Comando era aislada.
–En el juicio de la UP1, donde se acumuló la causa Urquiza, ya teníamos identificado a un ex comando radioeléctrico como Fernando Rocha, adentro del D2, torturando a Urquiza y a su compañeros. De manera tal que allí tuvimos una muestra de que es lo que hacía esta gente que pertenecía a la repartición. Aquí se demostró el rol operativo que les cabía a brigadas del Comando Radioeléctrico, en el sentido de que ellos patrullaban, hacían controles en la calle, con información de inteligencia que recababan del departamento de informaciones, detectaban a los blancos, o enemigos como los llamaban. Este fue un caso paradigmático: secuestro en la vía pública y ejecución a escasas horas en un lugar acostumbrado para este tipo de operaciones como fue la zona del Chateau Carreras. Recordemos que en esa zona se mató a Vaca Narvaja, De Breuil y Toranzo y hubo otro hecho con cuatro víctimas de julio de 1976.
Una esquina, el territorio. El comando policial secuestró a los tres jóvenes militantes en la esquina de las avenidas Octavio Pinto y Caraffa, en barrio Bajo Palermo, a escasas cuadras del domicilio histórico de Menéndez.
Ángel Villanueva, hermano de Ana María, una de las víctimas, inició su propia investigación para recabar elementos que le permitieran llevar a juicio a los asesinos de su hermana. La joven, junto a sus dos compañeros, había quedado en juntarse para trasladar un mimeógrafo con que imprimían volantes de la JUP. El caso fue el de tantos de su generación comprometidos más allá de los riesgos.
–En la lógica represiva, el papel de la policía estaba relacionado con su cobertura territorial, donde el Comando Radioeléctrico tiene un papel clave en ese despliegue. ¿Este juicio reelabora el papel de los sectores internos de la policía bajo el control del Ejército?
–Por ser una fuerza que trabaja sobre el territorio, el papel policial es central. En esta causa, testigos como Graciela Geuna, Ricardo Escalep, como el diputado Félix Ernesto Martínez, dieron a conocer que el Comando Radioeléctrico era temido por los estudiantes, porque a través de los controles callejeros se detenía mucha gente que llevaban automáticamente al D2. El testimonio del comisario retirado Salgado en este juicio, acusado en la causa UP1, también estableció que había una nutrida concurrencia del personal del Comando al D2. En resumen, secuestraba gente en la vía pública y la llevaba al D2 para que los torturen. Esta participación es orgánica, con un patrón de actividades represivas. Las víctimas de esta causa fueron reconocidas en la calle porque ya habían estado en el D2. El Comando Radioeléctrico dependía de la unidad Regional Nº 1, de capital, por encima estaba la jefatura de policía. Desde 1976 hasta 1982 todos los jefes de policía fueron militares. Los tres acusados cuentan con una felicitación en su legajo por participar en el operativo, junto a otros tres que ya fallecieron. Fue un pedido del comisario a cargo del Comando al jefe de policía, en virtud a “los méritos puestos de manifiesto” en la masacre. El jefe de policía los felicitó y los premió con cinco días de licencia.
–¿Cómo era la relación entre la policía y el Ejército en la práctica?
–Está demostrado el papel de la Policía de Córdoba en la represión ilegal, durante el terrorismo de Estado. Y tenemos abultada prueba que acredita que hay seudonormas que establecían que las fuerzas de seguridad policiales y penitenciarias a nivel nacional dependían del Ejército en la denominada lucha contra la subversión. Estuvo dispuesto por el decreto del PEN 2272/75 y la directiva del Ejército Argentino 404/75, de Jorge R. Videla.
–¿Era la forma de darle un encuadramiento normativo a la represión?
–Hicieron una especie de reglamentación de la directiva 175, que es la del Consejo de Defensa de María Estela Martínez de Perón, donde le atribuyen al Ejército la responsabilidad primaria en la lucha contra “la subversión”. Recordemos que esto empezó en 1975, en Tucumán, y después se extendió a todo el país. A través de esta directiva se le da al Ejército la responsabilidad y la fuerza, elaborando los detalles de cada rol y ahí es donde se dispone que la policía quede bajo su control operacional. Así, dentro del orden jerárquico dentro de la carrera de mandos, la policía recibía órdenes de los titulares de los cuerpos de Ejército. En Córdoba era Luciano Benjamín Menéndez, toda la estructura de la Policía de Córdoba recibía sus órdenes. Está acreditado por las reuniones de la Comunidad Informativa, que era una instancia donde se reunían regularmente todos los jefes de inteligencia de las distintas áreas de fuerzas de seguridad de Córdoba, incluidas las de gobierno, para evaluar las políticas para la represión en la provincia.
–Esa relación era previa al golpe de estado de 1976.
–Sí, es importante establecer que la relación de la policía y el Ejército antes del golpe de Estado se produce a través del Comando Libertadores de América, donde las relaciones eran diferentes. Antes del 24 de marzo se manejaban en una cierta posición de igualdad, e incluso podría arriesgarse que la policía tenía un poco más de poder que el Ejército. Pero al derrocar al gobierno democrático, los militares pasaron a tener preeminencia. Ellos eran mucho más avezados en técnicas de guerra contrarrevolucionaria. Los testimonios de Geuna indican que en La Perla se lamentaron por la rápida muerte de las tres víctimas porque acusaban a la policía de matar sin obtener información previamente.
El secuestro
Carmen Oliva, hermana de Carlos Oliva, testimonió en la sala de audiencias del TOF 2 que el 2 de junio de 1976, al mediodía, recibió la visita de Héctor Hunziker, quien militaba junto con las víctimas. Según explicó Oliva, Hunziker, muy “shockeado”, le contó que cuando que se encontraba con Jorge Diez, este vio pasar a un agente del D2 al que reconoció por haber estado detenido antes por averiguación de antecedentes.
Hunziker se dirigió a una parada de colectivo y los demás subieron rápidamente al Fiat 128 azul, propiedad de Diez. Desde ahí pudo observar que “dos patrulleros los interceptan. Intentan huir, pero a Jorge y Ana los agarran de los pelos y meten al auto”. Oliva dijo que su hermano se había agarrado a un poste y no lo podían sacar. “Se siente un tiro, ahí se desploma, lo arrastran al auto y se van”, contó la testigo.
La memoria como prueba
Uno de los puntos más fuertes de la estrategia de la defensa de los imputados fue cuestionar la validez de los testimonios, a más de 30 años de ocurridos los hechos. Esto planteos llevaron a Gonella a fundamentar en su alegato sobre el papel de la memoria como herramienta probatoria en procesos de lesa humanidad. “Desde la perspectiva de las ciencias sociales –dice el fiscal–, Yosef Yarushalmi acuñó el término anamnesis (o razón anamnética) como imperativo ético de la memoria para recordar procesos industriales de extermino. Esto se aplica en situaciones como el nazismo o la represión argentina. Sucede que el concepto de memoria es complejo, donde interactúa lo individual con lo colectivo, que no es sólo la suma de memorias individuales. Es producto de tensiones de los sujetos consigo mismos y con el resto que los rodea acerca de eventos traumáticos vividos en el pasado. Hay un fuerte contenido simbólico en ese concepto. Por eso vemos cómo esas tensiones se transforman en un imperativo ético para las sociedades, al momento de buscar justicia sobre estos procesos criminales.
Gonella analizó el uso que los distintos gobiernos hicieron de la memoria, desde la vuelta de la democracia. “Alfonsín introdujo los juicios y el informe de la Conadep, junto con las leyes de impunidad, utilizando en definitiva la teoría de los dos demonios (que equilibra la el terrorismo de Estado con el accionar violento de la guerrilla, N. de R.); Menem instrumentó la política de no memoria, incluso reuniendo a las cúpulas militares y de Montoneros en una misa en la catedral de Luján, con el objetivo de olvidar el pasado y mirar hacia el futuro. Esto se coronó con los indultos”, reconstruye.
Y agrega: “A partir de aquí aparecen elementos que trastocan el análisis de los delitos de lesa humanidad, como la irrupción de HIJOS con los escraches, las confesiones de Scilingo ante el juez Baltasar Garzón, la gesta de las Madres y Abuelas de Plaza de mayo”.
Gonella entiende que en el 2003 se inicia otro proceso donde las demandas de justicia se plasmaron en una política de Estado. “Esto no quedó reservado al ámbito del Poder Ejecutivo sino que se trasladó a los otros dos poderes, porque la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que permitió continuar causas detenidas y que se abrieran otras.
A su vez, el Congreso dictó leyes para agilizar los juicios. El Ejecutivo instrumentó programas de memoria, verdad y justicia, creándose equipos de protección de testigos en el ámbito del Ministerio de Justicia.
El Ministerio Público Fiscal creó la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas de lesa humanidad, un equipo de trabajo ha sistematizado la información disponible y propone soluciones prácticas acerca de cómo llevar adelante estos juicios. Esto fue refrendado por una acordada de la Cámara de Casación Penal, recomendando a los jueces que apliquen metodologías que den respuesta razonable a las demandas de justicia”.
Excusas
El acusado Pedro Nolasco Bustos basó parte de su defensa en argumentar que era víctima de una persecución por haberse casado con una funcionaria judicial. Se trata de la secretaria del Juzgado Federal Nº 1, Liliana Navarro. Según Bustos, Navarro aspira a ocupar mejores cargos en la Justicia Federal cordobesa y el juicio era una excusa para frustrar la carrera de la madre de su hijo, que también trabaja en tribunales.
Navarro viene siendo impugnada públicamente para concursar cargos por su relación con el genocida, entre otros por Luis Miguel Baronetto, ex preso político y dirigente de DD.HH. Si Bustos quería ayudar a Navarro, mejor se hubiese callado.
(*) Revista 23 - Secretario de Prensa del Cispren.
Fotografía de Leonardo Luna - Comercio y Justicia.
Fuente:www.prensared.com.ar
Envío:CecilioM.Salguero
Patotas probocadoras fascistas en la Marcha del 24 de marzo del 2012 en Cordoba
En la historia argentina y en más de 36 años solo dos grupos se pararon delante de las Madres de PLAZA de MAYO, con palos, los milicos y estos…la fascista PCR de Cordoba que apoyo a Menéndez diciendo que era un militar nacionalista y a Lopez Rega en el ‘73. El PTS (que se dice de izquierda) que fue a Palermo a apoyar la Sociedad Rural golpista en el 2008, la nueva izquierda del MTR y FPDS cordobes que reproduce el discurso de Mario Pereyra (CADENA 3 ) y la teoría de los “dos demonios” actualizada en los derechos humanos “de ayer y de hoy” como si fueran distintos. El estafador de Pedro Lencina (ex PC ) de UniDHOS que vende terrenos a los pobres sobre el viejo basural de Villa Libertador diciendo que se pueden recuperar 40 metros de basura patógena con “técnicas ancestrales”. A esto se sumaron sorprendentemente la Diputada provincial Liliana Olivero y Eduardo Salas del FIP y David Lanouscou de los residuos del traidor de Mario Firmenich (autoexiliado en Barcelona ) que pidió perdón por la lucha y aceptó los indultos de Menem. Patoteros, sectarios, vanguardistas, oportunistas, gorilas, traidores, antipopulares, provocadores, mentirosos, fascistas y golpista también. Su pequeña columna no tuvo ninguna existencia y por suerte miles y miles de personas comprometidas con la Memoria, la Verdad y la Justicia, contra los crímenes de siempre pudieron advertir la jugarreta (usando banderas falsas cual obra de teatro) de estos autoritarios que pretendieron romper la marcha del 24 y no dejarnos marchar.
Su único argumento “los organismos son oficialistas”. Antes éramos subversivos, terroristas, negros, peronistas, descamisados, cabecitas negras, anarquistas, zurdos, comunistas, negros de mierda, bolivianos. Siempre tienen un epíteto para descalificarnos.
Ni un paso atrás. El pueblo se abre camino. La verdadera izquierda también los repudio, el pueblo les cantaba “Hay que saltar, hay que saltar, el que no salta es De la Sota y la Rural” . Un solo dato dice todo: en esa guardia pretoriana venida a menos no había una sola foto de desaparecidos: DONDE HABRAN ESTADO EN LA DICTADURA?
Juan Carlos Gonzales
Ex preso político
Cordoba
28/3/2012
patoteros fascistas ATACAN a MADRES y ABUELAS en CORDOBA 24/3/2012
Envío:CecilioM.Salguero
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